LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

domingo, 15 de agosto de 2021

Crea un problema y soluciónalo / PABLO SEBASTIÁ

 

Es de primero de manipulación. De primero de totalitarismo. De primero de fascismo ideológico y pensamiento único. Crear un problema donde no lo hay y después resolverlo para hacerse pasar por grandes estadistas. Tipos cojonudos que resuelven problemas. Nadie caerá en la cuenta de que fueron la solución porque crearon el problema.

Y si alguien cae en la cuenta, no importa. El rodillo mediático progubernamental se encargará de distraer la atención.

Y esto, que es tan obvio, tan repugnantemente evidente, es lo que está pasando en estos momentos con el poblado marítimo de Torre la Sal. El poblado lleva allí media vida. Yo lo recuerdo desde siempre. Y ahora el Gobierno, a través de Costas o del Sunsuncorda, la ha liado parda y quiere no se sabe bien qué. Derribarlo, estremecerlo, contenerlo, apabullarlo…


El Gobierno central ha creado un problema donde no lo había, sin importarle un carajo comprometer a la alcaldesa y diputada de Turismo, al Gobierno valenciano y a quien haga falta. Aunque sean de su misma cuerda. De su mismo color.

Lo importante es enmerdar para así, una vez resuelto, gritar a los cuatro vientos que son la pera limonera por resolver un problema tan complicado. En fin, Serafín…

Si la cosa cambia de color en Madrid en uno o dos años dejarán el marrón para el que venga. Y entonces le exigirán soluciones. ¡País!


miércoles, 11 de agosto de 2021

¡Fuera Costas de Torre la Sal! Los vecinos se manifiestan para que se paralice la expropiación

No es expropiación es CONFISCACIÓN


“¡Fuera Costas de Torre la Sal!”. Con esta reclamación unánime más de un centenar de vecinos del poblado de Torre la Sal han trasladado sus reivindicaciones a las calles de Castelló y a la Dirección Provincial en defensa de sus viviendas.  La protesta comenzó en la Plaza Juez Borull y recorrió la ciudad hasta las puertas de la sede de la Dirección Provincial de Costas, de Delegación del Consell de la Generalitat Valenciana y de la Subdelegación del Gobierno. Afirmaron que el expediente de Costas pretende convertir el litoral castellonense en dominio público a costas de sus viviendas.


Esta mañana los residentes del pueblo costero de Torre la Sal se han vuelto a reunir, frente a la Casa dels Caragols, para solicitar el archivo del expediente de recuperación iniciado por Costas. Un procedimiento, que pretende convertir la zona donde se asienta el poblado en un espacio de dominio público, lo que significará la expulsión  y expropiación que obligará a los  vecinos a abandonar sus hogares. La directora territorial de Presidencia en Castelló, Eva Redondo, que ha escuchado las demandas de los afectados, ha reiterado el apoyo total de la Generalitat Valenciana a los vecinos y vecinas y al ayuntamiento de Cabanes, tal y como ya hizo el presidente, Ximo Puig, en su visita al poblado.

La representante del Consell ha afirmado que “desde la Generalitat estamos trabajando para buscar la mejor solución posible para los propietarios y para el consistorio, “y llegaremos hasta donde haga falta para defender el poblado”.


L
os vecinos de Torre la Sal,  frente de la sede de la Dirección Provincial de Costas, han leído  un manifiesto en el que han detallado sus reivindicaciones al Gobierno de España y a la Dirección de Costas: “En primer lugar , que cese la continuación del expediente de recuperación posesoria del poblado marítimo de Torre la Sal. Segunda: que se declare la caducidad de los expedientes de deslindes basados en las supuestas órdenes ministeriales del 28/10/1975 y 25/05/93, que en realidad nunca llegaron a concluirse.  Tercero: que por simple economía de medios no es necesario realizar nuevos deslindes para solucionar la actual situación, ya que el simple reconocimiento de su caducidad supone reemplazar la línea de costa a su situación previa, sin afección a las viviendas de Torre la Sal y a coste cero. Y, finalmente, que se desista de las continuas insinuaciones a las que se hace referencia sobre la no existencia de concesiones a las propiedades del poblado“.

En este sentido, la directora territorial ha explicado al portavoz de la asociación de vecinos, Juan José Agost, que,  aunque el gobierno autonómico no puede personarse en el expediente abierto por Costas porque no es parte afectada, desde la Dirección General de Urbanismo se está estudiando iniciar la vía legal para defender los actos administrativos aprobados por la Generalitat, es decir, el Plan General de Ordenación Urbana de Cabanes de 1983, “ya que este plan, que contó con los informes favorables de todas las administraciones, declaraba suelo edificable Torre La Sal, lo que ha conllevado una serie de actuaciones urbanísticas durante cerca de 40 años que generan una serie de derechos a las casas”.


Cabe recordar, que el Ayuntamiento de Cabanes ha estado en todo momento junto a los vecinos y vecinas que tienen su vivienda o negocios en Torre de la Sal. “Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano y seguiremos haciéndolo, llegando hasta donde sea necesario, para que Torre de la Sal siga como hasta ahora”, afirma la alcaldesa.

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domingo, 8 de agosto de 2021

El Gobierno desatasca el proyecto de regeneración de las playas afectadas por el Puerto de València


Foto: EVA MÁÑEZ

7/08/2021 - 

VALÈNCIA.  El Gobierno ha dado un paso más para la ejecución definitiva del proyecto de regeneración de varias playas del sur de València, afectadas por la regresión de la arena por el efecto adverso del Puerto de València. La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que forma parte del Ministerio para la Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera, ha formulado la evaluación ambiental de declaración de impacto ambiental del mencionado proyectopublicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta se desarrollará concretamente en las playas de L'Arbre del Gos, El Saler y Garrofera de València, en un terreno con una longitud de cerca de 7.000 metros. En ellas, la previsión es llevar a cabo una recarga artificial de 2,9 millones de metros cúbicos de arena, además de prolongar los dos espigones de la Gola de Pujol.

Según recoge la memoria del proyecto, este tramo "se encuentra en un estado de regresión grave debido principalmente a la falta de aportes sedimentarios del río Túria y de la costa al norte del puerto" y "al efecto sombra y de difracción que provocan las obras de abrigo" del Puerto de València. Algo constatado ya por diversos estudios que se vienen haciendo por el ministerio desde 2007.

En este sentido, dice la memoria, por ahora la administración ha acometido actuaciones de "sucesivos aportes de material" con "carácter puntual", pero explica que "únicamente han supuesto soluciones a corto plazo, sin llegar a abordar globalmente el problema". Este no es otro que el peligro que supone la regresión de las playas, que "amenaza de forma especial a los ecosistemas de la Dehesa, por estrechamiento de la restinga que cierra la Albufera".

Fue en 2019 cuando el proyecto se sometió a información pública para recabar las alegaciones de todos los interesados y afectados. También se realizó consulta a todas las administraciones vinculadas. No fue hasta un año después, en julio de 2010, cuando se remitió el estudio de impacto ambiental a la mencionada Dirección General, que tardó medio año -enero de 2021- en solicitar información complementaria al promotor del proyecto, la Dirección General de Costa y Mar.

Esta remitió la documentación en abril de este año, y es ahora, tres años desde que se sacara a información pública el proyecto, se formula la declaración de impacto ambiental. Hay que recordar que inicialmente se habían planteado tres alternativas diferenciadas para este proyecto: una de ellas pretendía recuperar la costa a su posición en el año 1965, otra planteaba además prolongar la Gola de Pujol para reducir el material transportado hacia el sur, y otra añadía la construcción de apoyos intermedios que retuvieran los materiales.

Finalmente, se eligió la segunda opción, de manera que se restituirá la línea de orilla actual a su posición en el año 1965 y se prolongará la Gola de Pujol, lo que permitirá a su vez el apoyo del material vertido. 

Así pues, se prolongarán los dos espigones actuales: el norte con una longitud de 161,1 metros para permitir que pase un 40% de transporte longitudinal de sedimentos, y el espigón sur tendrá 172,3 metros de longitud, según especifica la evaluación. La forma en planta de ambos espigones arranca continuando la traza de los espigones actuales, y se adentran en el mar siguiendo una alineación recta hasta alcanzar las cotas batimétricas indicadas. Estas alineaciones forman un ángulo de unos 125 grados respecto a la línea de costa.

Asimismo, la regeneración consistirá en recargar artificialmente la playa hasta conseguir un ancho entre 40 a 70 metros según las zonas, aumentado la protección frente a temporales y para ello se utilizarán cerca de 3 millones de metros cúbicos de material procedente de un yacimiento submarino ubicado frente a la costa valenciana (Sueca/Cullera) a una profundidad de entre 60 y 80 metros, alejado de la fachada litoral.

Dado que en el entorno de la actuación se registran especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) y en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe), la Dirección General de la Costa y el Mar ha asumido medidas para minimizar la afección sobre las especies protegidas de las zonas de actuación.

En cuanto a la Red Natura 2000, antes del inicio de las obras y una vez redactado el proyecto definitivo, se deberá recabar informe favorable del órgano gestor para ejecutar el proyecto.

viernes, 30 de julio de 2021

Torre de la Sal es legal / CARLES MULET

 

El PAI Torre la Sal aprobó en 2003 gracias al PSOE, días antes de las elecciones. Ahora se comenta la venta del PAI inacabado a un fondo buitre y, justo, devuelve la amenaza de tirar a los vecinos del poblado marinero de la Torre de la Sal, de delante del PAI. Los molesta no ser primera línea y tener modestas casitas delante.

Coincidencias: PSOE hace deslinde del 93, PSOE aprueba el PAI, PSOE hace desaladora para hacer posible el PAI y ahora, de nuevo, gobierno del PSOE, coincidencias, quiere okupar las viviendas.

Desde el neolítico, fenicios, íberos, romanos, islámicos, medievales, hasta ahora, han vivido de manera sensata en la zona. Será este gobierno quien expulsará a los legítimos propietarios. Gente que ha tenido siempre licencias y permisos.

El padre del padre de mi padre, construyó una caseta para marineros con su dinero. Una ministra quitará, porque sí, la propiedad a mis primas porque alguien, un día, decidió que la línea diseñada desde Madrid debía afectar al poblado.

Que el poblado esté ahora dentro del dominio marítimo es porque algún iluminado en 1975 y 1993 decidió que el deslinde al reunir al poblado, por sus narices, entraría artificialmente para afectar a las casas, cuando son legales y consolidadas como suelo urbano. 

El Gobierno rechaza las alegaciones sin argumentos y se enroca diciendo que el deslinde se haga bien. Insistimos que no y esto acabará en los tribunales. Pero tenga quien tenga la razón, no existe ningún impedimento para practicar una nueva partición de las playas de Cabanes.

Recuperación posesoria equivale a decir que tu casa ya no es tuya, que quizás te dejan disfrutar temporalmente, pero nada de venderla ni dejarla en herencia, y que en un futuro la tirarán. Continuar con este expediente de ocupación posesoria es una auténtica barbaridad.

https://www.elperiodicomediterraneo.com/opinion/2021/07/30/torre-sal-legal-55648004.html

Un fallo burocrático abre la vía a frenar el proceso de Torre la Sal

 Responsables ministeriales informan a Mulet que el deslinde del año 1993 no se publicó en el BOE

Vecinos, autoridades y todos los partidos políticos defienden la conservación de las casas del poblado de Torre la Sal.


Un posible fallo burocrático, al no publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden ministerial que establece el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en mayo de 1993, podría frenar el proceso iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que amenaza con derribar las casas del poblado de Torre la Sal.

De hecho, el senador por Compromís, Carles Mulet, informó ayer de que responsables ministeriales corroboraron verbalmente que el deslinde, tanto el de 1975 como el de 1993, «no se publicaron en el BOE, con todo lo que ello supone de posible nulidad de todo el proceso», aunque añade que «falta mucha documentación --en relación a la larga lista de preguntas formuladas por el senador en sede parlamentaria-- o bien no me la han querido proporcionar».

Al respecto, Mulet hace hincapié en que «lo más importante de todo es que reconocen en Costas que nada impide hacer un nuevo deslinde, ni modificaciones o revisiones del que supuestamente está en vigor, que es lo que venimos pidiendo desde Compromís, como tampoco nada impide una desafectación de los inmuebles». 

Puerta abierta

De esta manera, la contestación parcial del Ministerio que lidera Teresa Ribera a las preguntas del senador castellonense abre una nueva vía hacia la probable paralización de un proceso contra el que se han postulado desde todos los grupos políticos, incluso el propio president de la Generalitat, Ximo Puig.

Con todo, y pese a las posturas coincidentes de todos los partidos, al menos a nivel provincial y autonómico, el cruce de acusaciones, de manera especial entre el PP y el PSOE, no cesa. En este sentido, la vicesecretaria de la ejecutiva de los socialistas castellonenses y senadora, Ana Edo, aseguró ayer que «el único interés de la presidente del PPCS, Marta Barrachina, por Torre la Sal es sacar rendimiento político». Y añadió: «Frente a la demagogia del Partido Popular, los socialistas seguiremos trabajando para buscar una solución y regularizar la situación».

Por su parte, desde el PP de Cabanes reclaman al PSOE el apoyo a la modificación de la Ley de Costas que los populares han propuesto en la Cámara Alta, «para proteger Torre la Sal de los derribos promovidos por el PSOE».

Declaración institucional

Las tres formaciones políticas que cuentan con representación en el Ayuntamiento de Cabanes (PSPV-PSOE, Units Pel Poble-Compromís Municipal y Partido Popular) dejaron ayer sus diferencias ideológicas a un lado y suscribieron, en el transcurso del pleno de la corporación, la declaración institucional propuesta por el ejecutivo local, liderado por la alcaldesa Virginia Martí, para escenificar la unidad de todos los vecinos de la localidad a la hora de defender el mantenimiento de Torre la Sal.

En concreto, el documento reclama a la Dirección General de Costas «la paralización de los expedientes que pretenden recuperar para el dominio público el núcleo costero de Torre la Sal». Además, también se solicita una mesa de diálogo a tres bandas --Ayuntamiento, Costas y vecinos--, «en la que abordar la situación del poblado marítimo para garantir su futuro», así como solicitar a la Dirección General «que facilite a los interesados toda la información que soliciten, así como la relativa a los deslindes de los años 1975 y 1993, con el objetivo de verificar la tramitación de los mismos». Un proceso que podría no haberse completado ni publicado en el Boletín Oficial del Estado, lo que abriría la puerta a la nulidad de todo el proceso.

En cualquier caso, los grupos políticos de Cabanes reafirman en su postura de «reivindicar el poblado marítimo de Torre la Sal con su tipología actual», y los derechos de sus vecinos. 

https://www.elperiodicomediterraneo.com/comarcas/2021/07/30/fallo-burocratico-abre-via-frenar-55656866.html

domingo, 25 de julio de 2021

ANTES ERAN LOS PIRATAS LOS QUE ATERRORIZABAN A LOS HABITANTES DEL LITORAL. AHORA ES EL DEPARTAMENTO DE COSTAS

 

Más de 240 edificios de La Manga y el Mar Menor, en el limbo por ‘pisar’ dominio público en la costa

El Ministerio sigue sin aclarar qué hará y si son ilegales las viviendas, hoteles y restaurantes afectados por su plan para proteger la costa regional desde San Pedro a Cabo de Palos


El proyecto del Ministerio de Transición Ecológica para proteger la costa desde Pilar de la Horadada hasta Cabo de Palos y toda la franja marítima del Mar Menor ya está en marcha, pero con dudas en el horizonte. El Plan para la Protección del Borde Litoral del Mar Menor pretende proteger y recuperar un tramo de costa muy afectado por la presión urbanística y que tiene un importante reto como el de ‘poner barreras’ a las consecuencias del cambio climático. Todo esta macroactuación del Ministerio también pone en aprietos la continuidad de más de 300 edificaciones en La Manga y en los municipios ribereños del Mar Menor, entre ellos 245 edificios, 15 restaurantes, cuatro hoteles o un parking por ocupar parte del domino público marítimo terrestre y, en algunas ocasiones, rebasar por completo hasta tocar la propiedad privada la orilla del mar.

El documento definitivo con las actuaciones que llevará a cabo la Dirección General de la Costa y el Mar recoge a día de hoy la necesidad de recuperar esos terrenos ocupados por estas edificaciones y que supone a todas luces un problema para el Ministerio. En la última actualización de las actuaciones que lleva a cabo el Ministerio en el Mar Menor, señaló que la Demarcación de Costas de Murcia está tramitando seis expedientes para recuperar sí o sí terrenos públicos costeros ocupados ilegalmente y estudia otros 59 casos para determinar si la vivienda o cualquier otro elemento tiene licencia para ocupar el dominio público.

El pasado mes de mayo, los vecinos impidieron con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena el desalojo y derribo de una vivienda en la playa del Levante que incumplía con la Ley de Costas, según la Demarcación de Murcia. La oposición social a este tipo de actuaciones será el principal caballo de batalla del Ministerio para la recuperación de terrenos que ocupan el dominio público.
El documento fue presentado ayer por Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, al consejero de la misma área en la Región, Antonio Luengo, a quien remarcó que el Ministerio se propone «como acciones prioritarias la revisión y, donde corresponda, la redefinición del dominio público marítimo terrestre y la recuperación de ocupaciones ilegales». Las zonas que más complicaciones presentan son las playas del Arenal, el Estacio o el Pedrucho en San Javier, municipio donde cerca de 50 edificios pisan terreno público; en Cartagena las playas de Levante, Lebeche o Cavanna, con varias decenas de ocupaciones, y en la zona de Los Nietos, con 83 edificios situados en dominio público.

Actuaciones prioritarias

La Dirección General de la Costa y el Mar ha definido todavía más sus actuaciones prioritarias cuando se inició la tramitación del plan a principios del pasado año. En San Pedro del Pinatar, en la playa de la Llana, se plantea la construcción de un espolón junto al contradique del puerto deportivo y el trasvase de 40.000 m3 de arena desde la playa de la Torre Derribada, así como la recuperación de una superficie empleada como aparcamiento en la playa de Torre Derribada.

En la caleta y gola del Estacio, el Ministerio tiene pendiente retirar las tablestacas de Puerto Mayor y recuperar y reordenar el terreno al sur de la desembocadura de la gola del Estacio.

PLAN PARA LA PROTECCIÓN DEL BORDE LITORAL DEL MAR MENOR

EDIFICIOS PROPUESTOS PARA EL DERRIBO (Ni son ilegales ni están en dominio público. Si Costas quiere quedarse con propiedades ajenas, que las expropie y las pague. La CONFISCACIÓN esté prohibida por la Constitución Española)


domingo, 6 de junio de 2021

La promotora no claudica: "Mar de Tambo es víctima del mal hacer de las administraciones"

 

Desde la ya extinta entidad Vigobarro S.L., Florencio Cruz, carga contra Costas y Concello

Los cruces de acusaciones que en las últimas semanas se han vertido en el seno de la política local sobre una licencia concedida hace 20 años y que en la actualidad pone en jaque a ocho de las 16 viviendas de las familias de la urbanización Mar de Tambo, situada en Chancelas, han señalado de forma directa a la promotora, Vigobarro S.L., una entidad ya extinta por quiebra, de la que había sido titular Florencio Cruz Barreiro, administrador y promotor de la urbanización, quien ha manifestado su total rechazo "a las acusaciones" por parte del Concello, que recientemente ha apuntado la situación de los chalés, que acaban de recibir la notificación de presentación del proyecto de demolición parcial ante el juzgado por parte de la APLU, a "un erro cometido pola empresa construtora".

En este sentido, Cruz Barreiro ha manifestado que "desde el mismo momento en que se contrató a la empresa Eilá Proyectos S.A. en 1997" (una entidad anterior contratada por Costas) se han sucedido "continuos errores y desatinos por parte de las tres administraciones, mezclados con su silencio cómplice". En este sentido, ha expresado, "se ha culpabilizado a la empresa Vigobarro S.L. y a mi persona, cuando se puede demostrar que he sido la víctima del mal hacer de todas y cada una de las administraciones intervinientes en el deslinde". Cuando Vigobarro S.L. adquirió la parcela, explicó, esta circunstancia "se puso en conocimiento a las administraciones", como nuevo titular de la finca. El promotor ha asegurado poder "probar mi inocencia", a pesar de existir una sentencia en su contra que ha valorado como "injusta".

CRONOLOGÍA. En el año 1997 Costas del Estado contrataba a la empresa Eilá Proyectos S.A. para la asistencia técnica de la realización del deslinde del término municipal de Poio. Sin embargo, y según la documentación aportada por el promotor, en una sentencia del TS de 2007, en el marco de una reclamación sobre la deuda de avales necesarios para la realización de las asistencias técnicas, señala que "desde mediados de los 90 la sociedad se encontraba sin actividad, por lo que difícilmente podía realizar alguna labor, y la mayoría de sus empleados están despedidos". 

En agosto de 1998 el Servicio Provincial de Costas de Pontevedra envió al Concello los planos de delimitación provisional y la solicitud de suspensión cautelar de las licencias. En el mes de septiembre, según apuntó el promotor, el Pleno acordó "no suspender la licencia de obras", por lo que en noviembre Costas alertó a la Subdirección General de Gestión de dominio público de que esto "es contrario a la ley". (Art. 12.5 de la Ley 22/1988)

Según ha argumentado el promotor, casi un año después la Subdirección General respondió que el procedimiento legal contra la negativa del Concello "ya no estaba en plazo". En este sentido, criticó Cruz Barreiro, "la negativa del Concello y la permisividad de Costas tuvo como consecuencia que se otorgara la licencia a Vigobarro S.L. para la construcción de Mar de Tambo" con lo que, lamenta, supuso "graves consecuencias para el constructor".

La compra de la parcela se llevó a cabo en diciembre de 1998 "cuando ya se había iniciado la incoación del procedimiento del deslinde". En este sentido, el promotor asegura que "todas las administraciones eran conocedoras" de ello, pero acusa especialmente al Concello como "responsable de la paralización de licencias mientras durase el expediente de deslinde. No se había realizado ninguna anotación en el Registro de la Propiedad y todos eran conocedores menos yo, ya que nunca me notificaron ningún procedimiento de deslinde", afirmó. Por ello, acusó la "existencia de un silencio administrativo desde 1999 hasta 2008", fecha en la que "se dan a conocer los errores de los planos", por los que se contrata a otra empresa.

Mar de Tambo toma Chancelas en repulsa de los inminentes derribos

 

 Vecinos y vecinas de Mar de Tambo durante la marcha por la PO-308. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Alrededor de 50 vecinos de la urbanización y sus alrededores salieron en comitiva desde la finca, pasando por un tramo de la PO-308 ► "Temos dereito a unha vivenda digna", lamentaron 
La premisa: "Sin orden ministerial no puede haber derribos". A ella se aferran los vecinos y vecinas de la urbanización Mar de Tambo, situada en Chancelas, sobre la que pende de un hilo el derribo parcial de ocho de los 16 chalés que la forman, y tras conocerse que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ya presentó ante el juzgado el proyecto de demolición, abriendo así un período de alegaciones. Ante el serio peligro de quedarse sin sus casas, en algunas de las cuales habitan familias con menores, alrededor de 50 personas, vecinos de la urbanización, junto a miembros de la Asociación Veciñal, Cultural e Recreativa de Combarro y otros vecinos de los alrededores que decidieron mostrarles su apoyo, se concentraron el sábado por la tarde en los terrenos situados ante los chalés, para salir luego en comitiva por la PO-308 a golpe de pancarta y puño en alto. "É un dereito constitucional ter unha vivenda digna, e aínda así van adiante co derribo, e incluso ás nosas costas, porque tivemos que ir a Santiago a comprobalo", aseguraron.
El objetivo: visibilizar una situación sobre la que pesa la incertidumbre desde alrededor del año 2008, tras la ocupación de unas viviendas que terminaron las obras en 2005 y para las que el Concello otorgó licencia en 2001. A lo largo de 20 años, el asunto ha estado marcado por la burocracia derivada de la situación del deslinde de costas del término municipal de Poio.

La singular procesión atrajo las miradas y también los apoyos de muchos de los conductores y transeúntes que se cruzaron con la comitiva. La convocatoria se llevó a cabo por los afectados de los derribos, a pesar de que desde la AVCR Combarro trasladaron al Gobierno local su propuesta de movilización sobre la que, critican, "non obtivemos resposta". Los vecinos acudirán ahora a la Consellería de Medio Ambiente, en busca de una institución que atienda sus demandas.


martes, 25 de mayo de 2021

Torre la Sal somos todos (CRISTINA FERNÁNDEZ)

 

Pocos anuncios han movilizado tanto a la opinión pública y a los partidos políticos con representación en nuestra provincia como el derribo del poblado marítimo de Torre la Sal. Una chapuza administrativa más en el largo historial de la Dirección de Costas, tras Nules o Xilxes, que demuestra la nula sensibilidad de sus responsables con nuestra costa. Porque una cosa es garantizar que se cumpla la ley y otra, muy diferente, olvidar que las leyes las hacemos entre todos para garantizar nuestra convivencia. Nunca el enfrentamiento. Y menos la expropiación y derribo a golpe de decreto.

Siempre he entendido el ejercicio de un cargo público como una responsabilidad a pie de calle, así que nada más conocer la noticia cogí mi coche y fui a Torre la Sal. Es un viaje que cada año hacemos miles de castellonenses, porque en pocos enclaves provinciales se respira esa esencia de lo que fuimos y lo que somos como pueblo. Un poblado marinero que siempre entendió que el Mediterráneo era mucho más que una fuente de alimento, una autopista a la historia por la que transitaron fenicios, griegos, romanos o cartagineses. En Torre la Sal todo empieza y acaba en el mar, es su razón de ser. También la nuestra.

Nada más llegar, apenas recorridos unos cuantos metros, ya me encontraba hablando con una de las vecinas afectadas que no dudó en invitarme a entrar en su casa: Conchín Andreu. Como responsable de Turismo en Benicàssim, siempre he pensado que la mejor campaña de promoción es la hospitalidad, y os puedo asegurar que ella sería una excelente embajadora de nuestras costas. Tres de sus cuatro hijos viven en Torre la Sal, incluso sus nietos que van a diario al colegio de Torreblanca, lo que habla a las claras lo que significa esa playa para ella. Fue su marido, que hoy tiene 73 años, el que la heredó de su abuelo quien a su vez la compró a Capitanía Marítima de Vinaròs. Toda una vida de recuerdos frente al mar.

Conchín me enseñó la famosa carta de Costas en la que les daban a ella y a su familia ocho días para alegar contra la expropiación de sus viviendas, las mismas que han mantenido ella, su marido y sus hijos con el trabajo de toda su vida. Ocho días para alegar contra el derribo de unas casas que llevan 150 años en pie. Un despropósito. ¿Y no hubiese sido mejor ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Cabanes, mantener reuniones con los propietarios y trabajar juntos para proteger esta singularidad dentro de la legalidad?

Estoy segura que ninguno de los responsables de Costas en Madrid han estado nunca en Torre la Sal, ni de visita. No han escuchado a Conchín, ni a Juan, ni han comido nunca en Casa Artemio que lleva abierto desde 1970, hace más de cuatro décadas. No se puede decidir la vida de las personas desde un despacho en el que ni se adivina el mar. Les invitamos a que utilicen otro tipo de brújula, la emocional, y den marcha atrás a una decisión incomprensible. Nos tendrán enfrente si no lo hacen, a Ciudadanos y a toda la provincia de Castellón. Torre la Sal lo merece. Torre la Sal somos todos.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación Provincial y teniente alcaldesa de Benicàssim

lunes, 17 de mayo de 2021

¿POR QUÉ SE PERMITE A COSTAS DESTRUIR LA HISTORIA DE LOS PUEBLOS?


 

Derribo abusivo de un pueblo marinero centenario: SALVEMOS TORRE DE LA SAL!

Torre la Sal: la ley de Costas para el desalojo 'chirría'

 El Ministerio dice que la ocupación de viviendas en régimen compensatorio se extinguió en 2019 y los vecinos expresan dudas

Viviendas ubicadas en el poblado de Torre la Sal.E. M

El Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Costas, sale en defensa de su decisión de recuperar el dominio público de Torre la Sal procediendo al desalojo de unas 60 viviendas. Un proceso al que ha alegado el Ayuntamiento de Cabanes y de cuya legalidad dudan los vecinos. Fuentes de Costas aseguran que el desalojo responde al cumplimiento de la Ley y al deslinde aprobado en los años 70. «Conforme a la Ley 28/1969, de 26 de abril, sobre Costas, mediante Orden Ministerial de 28 de octubre de 1975 se aprueba el deslinde de la zona marítimo-terrestre y de las playas, en el tramo del término municipal de Cabanes, comprendido entre el límite con el término municipal de Oropesa del Mar y la casa de carabineros a la altura del P.K. 97 de la C.N. 340, quedando calificado el denominado núcleo costero de Torre de la Sal como playa y, por tanto, como bien de dominio público», aseguraron fuentes de Costas a este periódico.

Las mismas fuentes afirman «tras la promulgación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, con fecha 25 de mayo de 1993 se dicta nueva Orden Ministerial que, en el tramo que ocupa, expresa que sigue vigente la línea de playa aprobada en su día por Orden Ministerial de 28 de octubre de 1975 y, por ello, se confirma la pertenencia del espacio ocupado por el núcleo o poblado en cuestión al dominio público marítimo-terrestre». «Al tratarse de dominio público marítimo terrestre según la Ley de Costas de 1988 y todas las posteriores modificaciones, ese tramo es de titularidad estatal única y exclusivamente. Las parcelas que conforman el núcleo de Torre la Sal son ocupaciones sin título, cuyo hipotético derecho a título de ocupación en régimen compensatorio se extinguió en julio de 2019», exponen. Ahora, casi dos años después, «se ha abierto el Expediente de Recuperación Posesoria, siguiendo el procedimiento establecido con ocupaciones ilegales en el citado dominio público para devolver esas parcelas a la titularidad pública del Estado». «Se les ha notificado la obligación de desalojar, con el preceptivo plazo de alegaciones previsto en la normativa», defienden estas fuentes, señalando que «el periodo de alegaciones sigue abierto».

Las afirmaciones de Costas chocan con las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos, así como del Ayuntamiento. El presidente de la agrupación vecinal, Juanjo Agost, insiste en que dicha orden ministerial «no llegó a publicarse en el BOE» ni llegó una comunicación a los damnificados ni se llevó al Registro de la Propiedad, mientras los vecinos sí ocuparon los terrenos «cumpliendo con la legalidad e inscribiendo nuestras propiedades, que estaban fuera de ese deslinde, en el Registro». «A nosotros nadie nos ha explicado nada y antes de dar un paso adelante, queremos una explicación», defiende Agost. «Estamos totalmente indefensos», lamenta Agost, quien deja la puerta abierta a presentar alegaciones. Este periódico pidió el citado BOE al Ministerio, pero, a esta pregunta, no obtuvo respuesta.
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2021/05/17/60a22067fdddff0c628b4595.html

¿Por qué Costas siempre dice que todo está hecho conforme a la normativa pero nunca lo demuestra? Es tan fácil como entregar el expediente completo a quién lo solicite. ¿O tiene algo que esconder?

jueves, 10 de diciembre de 2020

La regeneración de las playas dañadas por el Puerto de València se retrasa al caducar el informe ambiental del trasvase de arena