La instructora del accidente de El Bocal (Santander) considera que el mantenimiento de la pasarela correspondía a Costas y dirige acción penal contra dos de sus funcionarios

 

La reparación de la pasarela en 2024, que se limitó a la estructura de madera, “ha podido resultar insuficiente”, y ve “indicios de negligencia” en el jefe de Servicio de Proyectos y en el director de Obras del proyecto de 2014

• Advierte de que el Ayuntamiento, detectado un riesgo, debe precintar aunque la infraestructura sea de otra administración, así que quiere conocer si el deterioro de la pasarela era visible antes del accidente
• Pide a la Policía Judicial que recabe documentación visual sobre el estado de la pasarela antes del siniestro y localice a personas que la frecuentaban y puedan aportar testimonios e imágenes
• Solicita al perito judicial que también informe si la reparación efectuada por Costas en el verano de 2024 fue suficiente
• Cita a declarar como testigo a una vecina miembro de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte

La titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado dirigir acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria al considerar que es la administración central “la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento” de la pasarela de la playa de El Bocal siniestrada el pasado 3 de marzo y en la que fallecieron seis personas.

En concreto, la acción penal se dirige contra el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas y contra el director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, jefe de la citada Demarcación.

En un Auto hoy dado a conocer y contra el que cabe recurso de reforma ante la propia magistrada y de apelación ante la Audiencia Provincial, se declara a la Demarcación de Costas en Cantabria posible responsable civil dado que es la única responsable del mantenimiento de las unidades de obras ejecutadas dentro del Proyecto de la senda peatonal al tratarse de obras no finalizadas, hallando “serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela”.

En concreto, explica la magistrada que la reparación llevada a cabo en el verano de 2024 se limitó a la estructura de madera pese a que, según el informe de la Policía Científica, todos los elementos metálicos estaban completamente oxidados, por lo que la instructora considera que esa actuación “ha podido resultar insuficiente concurriendo, por ello, serios indicios de negligencia”.

 Costas es la única responsable del mantenimiento

La decisión de dirigir acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas se adopta a la vista de la documentación requerida y aportada por la propia administración central y por el Ayuntamiento Santander.

Analizada la misma, la instructora concluye que “las obras de ejecución de la senda peatonal en modo alguno han finalizado”.

Así, las obras iniciadas con el primer Proyecto de 2012 se paralizaron porque Demarcación de Costas decidió resolver el contrato con la empresa adjudicataria por “desistimiento”, y el segundo Proyecto de “Finalización” de 2016 ni siquiera llegó a aprobarse mientras que “el compromiso municipal asumido por el Ayuntamiento de Santander de hacerse cargo del mantenimiento de tales obras quedaba condicionado o supeditado, lógicamente, a que tales obras finalizaren”.

“Son obras no finalizadas ni, por ello, recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander, de forma que era y es Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra, entre ellas, la pasarela objeto de autos, que, como tal, desde el año 2014 se ha hallado en todo momento abierta al público en general sin ningún tipo de restricción”, señala la magistrada.

Además, indica que Demarcación de Costas “era muy consciente de tal deber de conservación y mantenimiento”, y es que un informe de mayo de 2024 elaborado por un vigilante de Costas advertía al jefe de Servicio de Obras “del mal estado de ciertas maderas”, por lo que meses después se llevó a cabo una reparación de las infraestructuras, entre ellas la siniestrada.

Actuar negligente en el mantenimiento de la infraestructura

Si bien la magistrada ya ha solicitado un informe pericial sobre distintos extremos técnicos que ayuden a esclarecer los hechos, pendiente de emisión, “del conjunto de lo actuado hasta la fecha concurren serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela”.

Y lo infiere a partir del acta de inspección de la Policía Científica que advirtió de que “todos los elementos metálicos de la estructura se encuentran completamente oxidados”, mientras que el único mantenimiento documentado de la pasarela, realizado cuando ya llevaba 10 años construida, intervino solo sobre su estructura de madera “lo que, a nuestro juicio, ha podido resultar insuficiente, concurriendo serios indicios de negligencia en ello”, razona la magistrada.

Por ello, también acuerda en su Auto ampliar el objeto del informe pericial que ya solicitó el pasado 13 marzo. Ahora, la magistrada pide que el mismo aclare si la reparación que Costas llevada a cabo en el mes de julio de 2024 en la pasarela “interviniendo exclusivamente sobre la estructura de madera fue suficiente”.

“Procede, pues, investigar la actuación de aquellas personas que, por el cargo que ostentaban y ostentan, pueden tener responsabilidad directa en su deber de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de la pasarela”, por su posición de garante, concluye la magistrada.

El Ayuntamiento debe precintar

El auto de la magistrada también advierte de que, aunque el mantenimiento corresponda a Costas, “el Ayuntamiento de Santander ostenta la llamada potestad de policía administrativa en materia de seguridad en espacios accesibles al público”.

Así, “detectado un riesgo debe proceder a acotar, señalizar o precintar el mismo, aunque la infraestructura afectada corresponda a otra administración, más aún en el supuesto de autos, donde el Ayuntamiento promovía o incluía la zona en rutas turísticas o senderos”.

Por ello, “resulta relevante y necesario conocer si, en la fecha del siniestro, el deterioro de la pasarela era visible y en qué grado, es decir, si el riesgo de colapso podía ser perceptible”.

Para clarificar este punto, la magistrada acuerda en su auto pedir al Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de la Policía Judicial que trate de recabar “material probatorio sobre el estado que presentaba para cualquier ciudadano la pasarela días o semanas antes del siniestro, en forma de fotografías anteriores al derrumbe y testimonios de personas que frecuentaran la misma”.

También quiere escuchar a una vecina miembro de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte que fue identificada después de que la magistrada pidiera a la Policía Judicial recabar quejas sobre la pasarela.

Esta vecina comparecerá como testigo el próximo viernes 27 de marzo. Declarará después de los ya citados: los dos ciclistas que avisaron del accidente, el vecino que llamó al 112 el día previo, la operadora que recibió su llamada, la policía local que a su vez recibió la comunicación del 112 y los agentes que realizaron la inspección ocular tras el accidente.

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cantabria/Noticias-Judiciales--TSJ-Cantabria/La-instructora-del-accidente-de-El-Bocal--Santander--considera-que-el-mantenimiento-de-la-pasarela-correspondia-a-Costas-y-dirige-accion-penal-contra-dos-de-sus-funcionarios

Frente común en la costa de Huelva contra los retranqueos en el frente litoral

 
Viviendas en primera línea de playa en El Portil gravemente afectadas por los últimos temporales / Jordi Landero

El debate sobre el futuro del litoral onubense ha dejado de ser una cuestión estrictamente técnica para convertirse en un conflicto abierto entre propietarios y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la Dirección General de la Costa y el Mar. En tres enclaves especialmente sensibles: Matalascañas (Almonte), El Portil (Punta Umbría) y Mazagón (Moguer y Palos de la Frontera) distintos representantes vecinales coinciden en un diagnóstico común: su rechazo al retranqueo de la línea de costa como solución prioritaria y exigencia de actuaciones estructurales que aborden el origen del problema.

Un panorama que dibuja un frente común contra la expropiación y demolición de viviendas en primera línea, aunque cada zona introduce matices propios tanto en el análisis de la situación como en las alternativas propuestas.

El Portil: "Eso se va a judicializar y eternizar"

En la playa de El Portil, la propuesta de retranquear hasta 200 metros la línea de edificación ha generado un profundo malestar. Prudencio Serrano, presidente de la Asociación de Vecinos Portileños, admite que la medida podría contemplarse "si fuera la última opción", por lo que subraya que "habiendo muchas más opciones, no tiene mucho sentido".

Afirma que el colectivo mantendrá una próxima reunión con técnicos del Ministerio, donde defenderán esas otras medidas. "No se trata sólo de proteger o de no proteger las viviendas en primera línea, se trata de regenerar la playa", afirma. A su juicio, expropiar y demoler no resolverá el problema estructural: "Con ello se va a retranquear 200 metros con la expropiación y posterior demolición de las casas, pero dentro de tres años el mar va a seguir avanzando".

Su propuesta pasa por "construir elementos de retención como un espigón, y después aportar arena". En este sentido recuerda el reciente precedente de La Antilla e Islantilla, donde "con el espigón que han hecho, la playa urbana ha quedado intacta tras los temporales"

Sobre el futuro, Serrano es pesimista en cuanto a los plazos: "Seguramente lo podrá ver mi hijo, yo no creo que lo vea". Y advierte que "sin duda, eso se judicializaría, y por tanto se eternizaría”.

Más contundente se muestra Rafael Barroso, presidente de la Comunidad de Propietarios de la urbanización Riomar (PU-C1), que representa a 101 familias. Defiende que su urbanización, desarrollada desde 1968, es anterior a la Ley de Costas de 1989 y sostiene que el deslinde que afectó a la zona fue "absolutamente arbitrario".

Barroso considera que el problema no es técnico sino político, ya que a su juicio "nunca han regenerado nada. Absolutamente nada", por lo que el retranqueo sería "matar moscas a cañonazos" y una "cortina de humo". "¿Que si expropian propiedades va a haber más playa?. Eso es mentira. Esa no es la solución", afirma.

Insiste en que hay alternativas técnicas como "mini espigones o arrecifes sumergidos, aportaciones de arena…", pero denuncia falta de inversión. "Mientras que no haya un cambio político en la Dirección General de la Costa y el Mar, no va a haber soluciones para El Portil", sentencia.

Matalascañas: el debate sobre la arena y el paseo

En la playa de Matalascañas el discurso incorpora un componente técnico más marcado. Francisco Sánchez, presidente de la Comunidad de Propietarios Pueblo Andaluz, representa a 240 familias, 60 de ellas en primera línea y 40 gravemente afectadas por los temporales.

Su rechazo al retranqueo es frontal: "Nos parece fatal". Aunque reconoce la realidad del cambio climático, sostiene que el problema local tiene otro origen: la alteración del transporte natural de sedimentos tras la construcción del espigón Juan Carlos I.

"El problema de Matalascañas es que hemos perdido durante años mucha de playa", explica, y asegura que hay informes del propio Ministerio que avalan que la falta de arena es por dicha infraestructura, "y eso no es un problema del cambio climático -añade-, viene por la mano del hombre. y es una dejadez totalmente”.

Frente al aporte puntual de arena mediante draga -actualmente en marcha- plantea soluciones estructurales como un bypass en el espigón Juan Carlos I que permita el paso natural de sedimentos. "Si todas las soluciones del MITECO pasan por lo que están haciendo ahora, que venga una draga y que aporte arena, pues será algo temporal, pero de cara al futuro no puede ser la solución".

Considera, además, que el retranqueo de casi 100 metros sería económicamente inviable y socialmente explosivo: "Estamos hablando de millones de euros… muchísimas familias afectadas. ¿Cómo van a pagar todo eso?. Es imposible".

Mazagón: sensación de abandono

En la playa de Mazagón la situación presenta otra dimensión: la percepción de inacción. Francisco Martínez, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Mazagón (AVEMA), señala que en la zona de Casas de Bonares hay viviendas "casi al borde del talud" y denuncia, además, un colector de aguas fecales roto que vierte a la playa.

"Nadie ha abierto la boca", afirma sobre las administraciones competentes. Recuerda que en 2013 el propio Ministerio elaboró un estudio del litoral onubense que proponía para Mazagón "la construcción de varios espigones horizontales y el aporte de arena". Trece años después, asegura, "no sabemos absolutamente nada de eso".

Martínez considera que la problemática aún podría tener solución si se ejecutan esas medidas: "Con esa actuación, probablemente aguantaríamos unos años todavía sin que nos viésemos afectados". Pero mientras tanto, concluye, "lo único que nos queda es el derecho al pataleo y reivindicar".

Un conflicto abierto sobre el modelo de costa

Aunque cada enclave presenta sus propias particularidades, el denominador común es el rechazo al retranqueo como respuesta principal.

Los colectivos sostienen que la expropiación y demolición de viviendas no ataja la raíz del problema geomorfológico y reclaman inversiones en ingeniería costera, regeneración y planificación a largo plazo. También advierten de largos procesos judiciales si se ejecutan las órdenes de expropiación, ya notificadas en algunos casos como en El Portil.

El litoral onubense se encuentra así en un momento decisivo. Mientras el Ministerio plantea rediseños y retranqueos para adaptarse a la nueva realidad climática y marina, los propietarios defienden que, antes de derribarse viviendas, deberían agotarse todas las soluciones técnicas posibles. El choque entre adaptación ambiental y defensa patrimonial está servido, y su desenlace marcará el futuro de tres de las playas más emblemáticas de la costa onubense.

https://www.huelvainformacion.es/provincia/comun-costa-huelva-retranqueos-frente-litoral_0_2006000680.html

El litoral en disputa: el bloqueo de la Ley de Costas frente a los modelos que ensaya Europa

Playa de Les Deveses en Dénia, sujeta a un proceso de de expropiaciones a través de deslindes de Costas.

 

En la Europa del litoral amenazado por temporales, crecidas y sequías, la pregunta de fondo ya no es si el Estado debe intervenir, sino cómo se reparte la factura del cambio climático y la regresión de la costa con los propietarios de casas y terrenos junto al mar y los ríos. España llega ese debate (en la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas, UNECE) con un modelo de dominio público muy expansivo, una reforma de la Ley de Costas bloqueada desde hace dos años en el Congreso y un choque abierto con la Generalitat Valenciana por la protección de los núcleos históricos del litoral.

Frente a ello, Finlandia, Grecia, el Reino Unido o Moldavia exploran fórmulas distintas para compatibilizar seguridad climática y seguridad jurídica en la franja más frágil de sus territorios. Y así lo han reflejado en diferentes informes presentados ante la agencia de la ONU el pasado jueves 29 de enero en Ginebra.

El estudio preliminar de UNECE ha puesto por escrito esa tensión al situar a España entre los países con una legislación de costas más dura para los ciudadanos, tanto por el impacto sobre la propiedad privada como por las limitaciones en la participación pública. La Ley de Costas de 1988, retocada en 2013 pero nunca replanteada a fondo, permite al Estado transformar suelo privado en dominio público marítimo‑terrestre a través de deslindes que muchos vecinos perciben como expropiaciones sin suficientes garantías.

Ese marco se mantiene mientras la reforma aprobada por el Senado en 2024 -centrada en proteger núcleos urbanos con valores etnológicos, como las casas tradicionales de Guardamar o Dénia- acumula decenas de prórrogas en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso y sigue sin debatirse. En paralelo, la nueva Ley de Costas valenciana, que introduce una categoría autonómica para esos barrios marineros, está encallada en una comisión mixta con el Gobierno central que apunta ya al Tribunal Constitucional.

Mientras España se mueve en ese limbo político, Grecia ha optado por blindar el carácter público de su litoral y regular con lupa cualquier ocupación privada. Allí la costa es siempre propiedad del Estado, no admite transacciones ni construcciones permanentes, y no existen playas privadas, pero el sistema reconoce hasta un 50% de cada tramo de arena que puede ser concesionado temporalmente a negocios, con límites estrictos de superficie, distancias mínimas a la orilla, obligaciones de accesibilidad universal y control ambiental reforzado.

El Estado asume, de manera explícita, que el mar y la primera línea pertenecen a todos; los empresarios sólo alquilan, bajo vigilancia, un uso parcial y reversible del espacio. La factura climática —la necesidad de preservar un recurso frágil y un paisaje clave para el turismo— se reparte así entre un dominio público fuerte, un catastro detallado y un sistema de concesiones sometido a inspecciones, drones y denuncias ciudadanas vía aplicaciones como MyCoast.

Finlandia, en cambio, se sitúa casi en el extremo opuesto del mapa conceptual: su sistema no prevé una franja de dominio público obligatoria entre tierra y agua, y una misma finca puede incluir suelo y superficie acuática hasta donde lo marcan los límites jurídicos. La peculiaridad finlandesa es que el cambio climático convive con un fenómeno geológico, el reajuste isostático glacial, que provoca que el terreno se eleve en zonas como la bahía de Botnia hasta 9 milímetros al año, frente a una subida del mar mucho más lenta, creando “nuevas tierras” emergidas llamadas áreas de relicción.

Cuando el agua retrocede, el dueño del antiguo fondo marino pasa a ser propietario de ese nuevo suelo, pero si sólo es utilizable junto con la finca de la orilla, la ley reconoce al propietario ribereño el derecho a forzar su expropiación, o a la inversa. En lugar de extender el dominio público, Finlandia acepta la plena propiedad privada en la orilla, pero restringe de forma intensa los usos con la planificación municipal y normas sectoriales que prohíben edificar en primera línea y condicionan el aprovechamiento forestal. El coste del ajuste climático se gestiona más como un problema de ordenación del suelo que como una batalla por el estatuto de la propiedad.

El caso británico añade la lógica del common law: en Inglaterra y Gales no existe una gran figura de dominio público marítimo como en España, sino un conjunto de presunciones consolidado por la jurisprudencia que fija, por ejemplo, que la propiedad junto al mar se extiende hasta la línea de pleamar media, mientras que la franja de mareas, el foreshore, se presume de la Corona salvo prueba en contrario.

El Registro de la Propiedad mantiene un sistema de límites generales que pueden precisarse mediante procedimientos específicos, y el Estado conserva amplias potestades para adquirir forzosamente terrenos por interés público, lo que incluye infraestructuras de defensa costera y reordenación de zonas inundables. Aquí el reparto de costes se articula más a través de compras y expropiaciones clásicas, con compensación, que mediante una expansión unilateral del dominio público sobre viviendas preexistentes.

La República de Moldavia, sin salida al mar pero atravesada por miles de ríos, lagos y embalses, ofrece un laboratorio de cómo el cambio climático redefine las relaciones entre propietarios y Estado a través del catastro. La combinación de sequías recurrentes y riesgo de avenidas ha llevado a diferenciar jurídicamente el “fondo de agua”, las franjas de protección y las servidumbres ribereñas, cuya anchura se gradúa según el tamaño del río -desde cinco metros en arroyos pequeños hasta cien en grandes cauces- y debe inscribirse de forma precisa en el registro inmobiliario.

Una red de datos interoperables entre el catastro de bienes inmuebles y el catastro de aguas permite delimitar con exactitud dónde termina la finca privada y comienza la zona de protección, qué actividades están prohibidas y qué parcelas se consideran vulnerables en las estrategias nacionales de gestión del riesgo de desastres. En ese esquema, el propietario no pierde formalmente su título, pero sí ve restringido su uso en nombre de la protección frente a inundaciones y del buen estado ecológico de los ríos, con la cartografía como árbitro.

En el caso español, la UNECE ha detectado una combinación particularmente tensa de dominio público amplio, instrumentos de cambio de titularidad percibidos como expropiaciones poco compensadas y un sistema político que ha sido incapaz de actualizar las reglas del juego a la velocidad a la que cambian el clima y las comunidades costeras. La reforma de la Ley de Costas, apoyada en el Senado por una mayoría que incluía al Partido Popular y orientada a proteger barrios marineros con valores etnológicos en varias comunidades, lleva bloqueada en el Congreso desde febrero de 2024, con decenas de prórrogas en la presentación de enmiendas y sin horizonte claro de debate.

A la vez, la Generalitat Valenciana ha aprobado su propia norma para blindar esos núcleos históricos, pero el Gobierno central la ha llevado a una comisión mixta que no logra un acuerdo sobre el artículo que permite declararlos “núcleos urbanos con especiales valores etnológicos”, y el conflicto se encamina al Constitucional.

Comparado con Grecia, Finlandia, el Reino Unido o Moldavia, el modelo español parece atrapado en una paradoja: asume un nivel alto de intervención pública sobre la franja litoral, pero carece de un consenso político y social amplio sobre cómo compensar a los afectados, cómo reconocer el valor cultural de los asentamientos tradicionales y cómo integrar a las administraciones autonómicas y locales en un reparto claro de responsabilidades.

https://www.elespanol.com/alicante/20260202/litoral-disputa-bloqueo-ley-costas-frente-modelos-ensaya-europa/1003744111052_0.html

El dilema: ¿el mar avanza o la costa retrocede? JAVIER CREMADES PERIS

 El “avance del mar” como coartada para desviar la atención del verdadero origen de la regresión de nuestras playas 

Durante los últimos años se ha repetido hasta la saciedad que «el mar avanza» para justificar la regresión de playas, la desaparición de arenales, deltas y la creciente fragilidad del litoral. La frase suena rotunda y cómoda: parece describir un fenómeno inevitable ante el que solo cabe resignarse. Sin embargo, ese enunciado es tan habitual como impreciso.

Estos espacios no son estáticos. Funcionan como sistemas vivos que dependen de un proceso bien conocido: los ríos transportan arenas y gravas desde el interior, las corrientes marinas las redistribuyen a lo largo de la costa y los temporales las desplazan. Cuando ese sistema funciona, el litoral tiene capacidad de adaptación incluso frente a episodios extremos o a la subida progresiva del nivel del mar. Pero cuando se rompe —principalmente por la construcción de presas en los ríos y espigones en los puertos—, como está ocurriendo en gran parte de nuestro litoral, la costa se queda sin su “materia prima” y pierde terreno.

En ese contexto, nuestra costa retrocede de forma sustancial por causas humanas de ámbito local, al haber perdido el equilibrio natural que durante siglos la sostuvo. A menudo se atribuye esta regresión al aumento del nivel del mar asociado al cambio climático, pero su incidencia sigue siendo secundaria frente al déficit de sedimentos, como han señalado tanto el proyecto europeo EUROSION, elaborado para la Comisión Europea, como la propia ONU, que identifican la interrupción del transporte sedimentario como la causa central de la erosión costera, en un contexto hoy agravado por el cambio climático.

Sin embargo, este matiz suele desaparecer del discurso público en nuestro país. Y no se trata de una discusión semántica: hablar de “avance del mar” presenta el problema como algo inevitable, mientras que hablar de “retroceso de la costa” obliga a mirar decisiones internas y responsabilidades políticas que, por falta de voluntad política, han permanecido demasiado tiempo en segundo plano. Así lo vienen alertando desde hace años más de 50 asociaciones cívicas que integran el grupo de interés de la Generalitat Valenciana SOMOSMEDITERRANIA, que advierten del daño generacional que se está produciendo.

Conviene recordar un hecho esencial: las viviendas tradicionales y los paseos marítimos de municipios de la costa valenciana como Cabanes, Nules, Xilxes, Dénia o Guardamar del Segura, al igual que en otros puntos del litoral español, no se construyeron dentro del mar y se levantaron conforme a la legalidad vigente en cada momento. Sin embargo, hoy la Administración del Estado ignora las causas reales de la erosión para sostener que esos suelos debieron considerarse dominio público marítimo-terrestre y aplica por ello la Ley de Costas con carácter retroactivo sobre realidades urbanas consolidadas, dando lugar a órdenes de demolición o a la pérdida efectiva de los derechos de propiedad, sin una compensación justa y proporcionada, en los términos exigidos por el artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Aquí aparece un punto clave: la diferencia entre cómo la jurisprudencia española ha venido interpretando estas situaciones y cómo lo hace la jurisprudencia europea en materia de derechos humanos. Aunque en España no se califiquen formalmente estos supuestos como “confiscación”, el enfoque europeo se fija en algo esencial: la propiedad no es solo un título legal, sino el derecho real a usarla, disfrutarla y conservar su valor.

Por ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado que, cuando una actuación pública priva de forma sustancial a una persona de ese contenido esencial sin una compensación justa y proporcionada, se vulnera el derecho de propiedad, con independencia del nombre jurídico que se utilice.

Dicho de forma clara, así se aplica hoy en España: cuando, mediante un deslinde, una propiedad privada pasa al dominio público marítimo-terrestre, el propietario pierde su título y, como “compensación”, recibe una concesión administrativa temporal para seguir usando lo que ya era suyo, ahora de forma limitada y revocable. El resultado es claro: pierde la vivienda y, además, debe asumir los costes de su demolición. No existe, por tanto, una indemnización económica real ni un derecho equivalente que sustituya al perdido.

A esta situación se suma una paradoja difícil de justificar. En marzo de 2024, el Senado aprobó por mayoría la toma en consideración de una reforma de la Ley de Costas para proteger los núcleos urbanos tradicionales del litoral con valor etnológico. Sin embargo, casi dos años después la iniciativa permanece bloqueada en el Congreso de los Diputados, pese a que la propia Cámara Baja aprobó su toma en consideración el 10 de junio de 2025, con 189 votos a favor y 155 en contra, para iniciar el debate de la reforma, mientras miles de viviendas continúan atrapadas en un limbo jurídico.

Para comprender la magnitud del problema, basta un ejercicio de empatía. Imaginemos que se aprueba una nueva ley urbanística y se aplica con carácter retroactivo en barrios consolidados de ciudades del interior y que, para adaptarlos a las normas actuales, se retira a los propietarios su título de propiedad para ensanchar calles o crear zonas verdes, ofreciéndoles como única “compensación” un permiso temporal para seguir viviendo en su casa hasta su derribo, asumiendo además los costes del mismo y sin indemnización.

La pregunta es inevitable: ¿lo aceptaríamos?

Proteger la costa y los asentamientos humanos es una obligación colectiva y, en contadas ocasiones, cuando no existe alternativa de protección o concurren razones claras de interés general, una vivienda puede llegar a demolerse. Pero un hogar no debería destruirse sin una compensación justa y proporcional. Cuando se sacrifican hogares en nombre del bien común sin reparar adecuadamente a quienes los pierden, lo que se resiente no es solo la costa, sino la calidad democrática de nuestras decisiones públicas.

https://www.levante-emv.com/opinion/2026/01/30/dilema-mar-avanza-o-costa-126187721.html

El desahucio de la memoria: crónica de una Democracia canalla con sus abuelos (FRANCISCO ROS)

Hay una crueldad que no grita, que no sangra a la vista. Es una crueldad de papel timbrado, de expedientes y de plazos. Es la crueldad de una sociedad que mira para otro lado mientras desahucian el alma de sus propios abuelos.

Hablemos de ellos. De esa generación que levantó un país de sus cenizas. Hablemos de esas manos, hoy temblorosas y manchadas por la edad, que en la España gris de la posguerra no supieron de descanso. Manos que amasaron pan, pero sobre todo amasaron ladrillos empapados en sudor y necesidad. Hombres y mujeres que construyeron su hogar como quien construye una promesa: con la ilusión de que el sacrificio, al menos una vez en la vida, tendría recompensa.

No conocieron las vacaciones. No supieron lo que era viajar. Resulta una ironía sangrante que muchos de esos abuelos, que levantaron su casa a pocos metros de las olas, jamás vieran el mar más que como el telón de fondo de su faena. El mar no era ocio, era el horizonte de una vida de trabajo. Y todo para qué. Para que ahora, 47 años después de que este país estrenara una Constitución que prometía justicia y protección, esa misma democracia les pague de la forma más canalla posible.

El verdugo tiene nombre: Ley de Costas de 1988. El ejecutor, un Ministerio (MITECO) que, con la frialdad de un cirujano amputando un miembro sano, traza una línea en un mapa y sentencia: "Esto ya no es suyo".

No nos engañemos. Esto no es un procedimiento administrativo. Es un acto de maltrato institucional. Es la confiscación de una vida entera. Aquella casa, comprada legalmente, construida bajo un plan urbanístico vigente, con cada permiso en regla, se convirtió de la noche a la mañana, por el capricho retroactivo de una ley, en una usurpación. El Estado les dice a nuestros abuelos que son intrusos en el único castillo que han tenido, en el refugio que construyeron con lágrimas y privaciones. ¿Qué clase de sociedad permite esta infamia en silencio?

Nos hemos convertido en una sociedad de memoria selectiva. Lloramos por ficciones en una pantalla, nos indignamos por injusticias a miles de kilómetros, pero somos incapaces de ver la humillación que sufren quienes viven en nuestra misma calle. Hemos normalizado que la palabra "ley" esté por encima de la palabra "justicia". Hemos aceptado que el "interés general" sirva de excusa para triturar el interés más básico del ser humano: morir en paz en su propio hogar.

Y en medio de este atropello, están los nietos. Les contamos cuentos sobre el valor del esfuerzo, sobre el respeto a los mayores, sobre la importancia de las raíces. Pura hipocresía. Porque lo que ven con sus propios ojos es la lección más brutal de todas: que el esfuerzo de tus abuelos no vale nada. Que el Estado puede robarte tu historia con una firma. Que la casa donde aprendiste a andar, donde celebraste las navidades, donde aún huele a la comida de la abuela, puede ser demolida por un concepto tan abstracto y cruel como el "Dominio Público Marítimo-Terrestre". Les estamos legando un solar de cinismo.

La sociedad de antes, la de nuestros abuelos, era una sociedad de sacrificio, de comunidad, de palabra. ¿Y ahora? ¿Qué sociedad somos ahora? Somos la sociedad que mira el móvil mientras a nuestro lado se comete un despojo. La que calla por comodidad. La que ha olvidado que un país que no honra las cicatrices y el sudor de sus viejos es un país sin alma, a la deriva.

La próxima vez que vean una de esas casas amenazadas, no vean una infracción. Vean un monumento al esfuerzo, un santuario de la memoria que estamos dejando caer. Porque cada ladrillo que se derriba no es una victoria de la costa, es la prueba de nuestra propia miseria moral. Es el eco de una pregunta que deberíamos hacernos todos, mirándonos al espejo: Si esta es la forma en que tratamos a quienes nos dieron todo, ¿qué nos queda?

La ley de Costas de 1988

Se suele atribuir la desaparición de playas al cambio climático y al aumento del nivel del mar. Sin embargo, estudios técnicos muestran una realidad más compleja: la causa principal es la falta de aporte de sedimentos.

El ciclo natural de formación de playas depende del transporte de sedimentos -arena y gravas- arrastrados por los ríos hacia la costa. Durante miles de años este proceso regeneró las playas de forma natural.

Hoy, presas, embalses y puertos bloquean este flujo: se estima que alrededor del 60% de los sedimentos ya no llegan al mar. El resultado es un litoral sin arena suficiente para mantenerse frente al oleaje.

El cambio climático influye, pero en muchos casos su impacto es secundario. Investigaciones en California y el sur de España demuestran que restaurar el aporte de sedimentos es mucho más eficaz que centrarse únicamente en el aumento del nivel del mar.

Aunque infraestructuras como embalses y puertos son necesarias para el desarrollo, alteraron gravemente el equilibrio litoral. Diseñados sin considerar la interdependencia entre ríos y costas, interrumpieron los ciclos naturales de sedimentación.

Esto afecta no solo a la morfología de las playas, sino también a la biodiversidad costera. Las dunas, que dependen de arena continua, desaparecen, aumentando la vulnerabilidad frente a temporales y erosión.

La Ley de Costas de 1988, que pretendía proteger el dominio público marítimo-terrestre, eliminó la propiedad privada de miles de viviendas costeras, muchas de ellas legales y consolidadas, sustituyéndola por concesiones administrativas solicitándolo, de 30 a 75 años, y siendo revocables en cualquier momento. Desde entonces, numerosos propietarios han visto cómo sus bienes eran convertidos en dominio público sin compensación económica.

Aunque la Ley pudo justificarse inicialmente en términos de protección ambiental, en la práctica ha derivado en un instrumento de despojo masivo. Hoy supone una violación de derechos humanos y un ataque al principio de justicia social.

El verdadero dilema no es elegir entre medio ambiente o propiedad privada, sino lograr un equilibrio que proteja ambos. Podemos tener costas limpias y sostenibles, sin sacrificar derechos fundamentales.

Europa nos recuerda que la propiedad privada es un derecho esencial. No puede subordinarse a políticas que ignoren la justicia social ni a normas que generen inseguridad jurídica. Es imprescindible que España adapte su legislación al marco europeo y garantice indemnizaciones justas, transparencia y respeto por las comunidades costeras.

No basta con ser espectadores: debemos ser protagonistas del cambio. Nuestras voces deben llegar a Bruselas para exigir una reforma de la Ley de Costas de 1988 que respete los principios europeos de equidad y protección integral.

Francisco Ros es presidente Asociacion en Defensa de Playas Norte de Denia (APNDenia)

https://www.elespanol.com/alicante/opinion/20251014/desahucio-memoria-cronica-democracia-canalla-abuelos/1003743967695_12.html