El riesgo de desahucio de Torre la Sal tiene precedentes en la provincia como el derribo de 18 viviendas de Xilxes, del que fue testigo de joven el actual conseller Vicente Martínez Mus y que marcó a toda una generación
La incertidumbre se cierne como una oscura nube sobre el cielo del poblado marítimo de Torre la Sal, donde la vivienda de medio centenar de familias ha quedado supeditada a un expediente de recuperación posesoria por parte de la Dirección General de la Costa y el Mar. El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado carpetazo a este trámite recientemente, sentenciando que las históricas casetas de primera línea de la playa de Cabanes se ubican en territorio público marítimo-terrestre y que, por lo tanto, son propiedad del Estado. Todo ello, en virtud de dos órdenes ministeriales del siglo pasado y de una Ley de Costas razonablemente ‘temida’ en el litoral castellonense, pues provocó uno de los episodios más lacerantes de la historia de la costa provincial y hasta llegó a virar el rumbo del destino de un municipio castellonense.
Le letrada experta en esta materia y miembro de la Asociación Mare de Déu del Carmen que lucha por la protección de las viviendas de la playa de Nules, Inma Yáñez, recuerda un triste aunque importante dato que ningún abogado especializado en la materia desconoce: la provincia de Castellón fue el primer punto de la geografía española donde se ejecutó en su forma más irrevocable la citada ley. Concretamente, en Xilxes.
Apenas un año después de que el gobierno socialista de Felipe González aprobara la Ley de Costas en el año 1988, este nuevo brazo del legislativo español cayó por primera vez y con todas sus fuerzas sobre un poblado marítimo. Los testimonios orales a los que ha tenido acceso Yáñez (que por aquél entonces todavía no había nacido), curiosamente, coinciden en el uso del mismo adjetivo que emplea el actual conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus: «Muy traumático». El ‘popular’, que fue también alcalde de Xilxes, sí presenció unos hechos que, asegura, le marcaron para siempre como a muchos de sus convecinos.
«Es un recuerdo muy traumático, no solo para mí, para todo el pueblo». Comienza a recordar que «aquella madrugada un cordón policial acordonó todo el casco urbano de la playa y no dejaron entrar a los vecinos», relata sobre los propietarios de las 18 viviendas que derribaron en poco tiempo «con buldócers».
Más de tres décadas después parece, en este sentido, que haya habido pocos cambios y este es un hecho que desmotiva y preocupa gravemente a los propietarios de Torre la Sal, que guardan sus reservas sobre si a pesar de todo la ley autonómica del gobierno de Carlos Mazón llega a tiempo o incluso si será suficiente para evitar otra tragedia.
Ante ello, Martínez Mus no niega la máxima: que «la solución tiene que venir siempre de la mano de la normativa estatal», es decir, es el Ministerio quien debe dar «una solución definitiva», no el Consell. Aún así, está convencido de que «con la ley autonómica podemos complicar bastante todo ese procedimiento y este es uno de los primeros efectos que queremos conseguir».
La normativa contempla la figura de núcleo de valor etnológico para este tipo de poblados con la que la Generalitat pretende que «ninguna administración, tampoco la estatal, tenga la libertad de derribar algo que para nosotros tiene un valor no solo para los propietarios sino para el interés general de todos los ciudadanos».
Con todo, parece que en el caso de Torre la Sal no llegará tanta sangre al mar, y no solo por el apoyo de la Generalitat Valenciana. Justo esta semana la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Castellón aseguraba al Ayuntamiento de Cabanes que Costas no tiene intención de derribar las viviendas de Torre la Sal, lo que evitaría la parte más dramática de lo sucedido hace 36 años en Xilxes: la demolición de las viviendas cuyo coste, además, tuvieron que asumir en su día los vecinos para más inri, que habían perdido su casa.
En el aire queda, sin embargo, la posibilidad de que se les desahucie y cierta desconfianza razonable, pues hace solo poco más de un año que el Gobierno sí echó abajo, casi repitiendo las escenas de Xilxes de 1989, tres viviendas de primera línea de la playa de Babilonia del municipio alicantino de Guardamar del Segura mientras los propietarios aún litigaban en los juzgados.
Yáñez señala que este fue el desenlace para una familia que había heredado las propiedades y que no llegaron a tiempo a solicitar la concesión a Costas. Más cerca de Torre la Sal pero más atrás en el tiempo, la letrada especializada en este tipo de litigios también recuerda cómo el Ministerio despojó a Moncofa de sus dos únicos hostales, echándolos abajo.
Sucedió durante la primera década del presente milenio y, aunque por aquél entonces aún no era alcalde, el actual primer edil, Wences Alós Valls, no solo tiene muy presente este recuerdo, sino que es consciente de que la ejecución cambió el destino del municipio.
«El Hostal Chavarro y el Hostal Pinche, ambos ubicados a pie de playa en lo que luego fue la ampliación de la plaza Ruiz Picasso, eran los dos únicos establecimientos hoteleros de la localidad y nunca recuperamos aquellas plazas, por lo que a partir de ese momento Moncofa pasó a ser una playa turística pero del tipo residencial», explica Alós.
Aunque la localidad ha conseguido duplicar su población en el último cuarto de siglo gracias a la explotación de este turismo residencial, el alcalde no deja de subrayar la importancia de disponer de unas plazas hoteleras que todavía se intentan recuperar: «El gasto para el comercio local es mucho mayor con ese tipo de turismo».
El alcalde de Moncofa y diputado autonómico en Les Corts coincide con el conseller de Medio Ambiente y mira a Madrid recordando que «la modificación que realmente frenaría este tipo de situaciones es la modificación de la Ley estatal de Costas que ha aprobado el Senado con la mayoría del Partido Popular y que, sin embargo, el PSOE mantiene paralizada en el Congreso», lamenta Alós, bajo cuyo mandato Moncofa también ha visto desaparecer otras tres viviendas de primera línea que Costas ha derribado en los últimos años debido a su mal estado y riesgo de derrumbe «porque el Ministerio no permite realizar obras de mantenimiento a los propietarios».
Estas son, por lo tanto, algunas de las huellas más importantes que ha dejado la Ley de Costas a su paso por la provincia de Castellón. Ahora, en el horizonte, está por ver si Cabanes consigue una solución no «traumática» para Torre la Sal, cómo se pronuncian los tribunales al contencioso-administrativo que presentarán en breve tanto Ayuntamiento como vecinos; también está por ver el devenir de la tramitación de la ley autonómica de costas, si el Gobierno no la lleva a los tribunales y qué fallaría el Tribunal Constitucional; incluso si llega a tiempo para salvar a Torre la Sal.
LA RECUPERACIÓN POSESORIA DE LA LEY DE COSTAS SEGÚN LOS DESPACHOS ESPECIALIZADOS
El riesgo de perder sus viviendas a los que se exponen los vecinos del poblado marítimo de Torre la Sal en Cabanes, y al que sucumbieron tristemente los habitantes del antiguo poblado de Xilxes que Costas derribó en 1989, tiene su origen en los deslindes realizados por el Ministerio y que, a través de órdenes ministeriales, estipulan si una propiedad queda dentro o fuera de espacio público.
En este sentido, y consultados sobre su experiencia en casos similares al de Torre la Sal, desde el despacho Ramos Alcántara Abogados, especialistas en Ley de Costas, la letrada Mayte Ramos Alcántara explica que «la recuperación posesoria es una facultad que disponen las Administraciones Públicas para reintegrar un terreno de su propiedad al uso público, al uso y disfrute general, y que está siendo usado y disfrutado, detenta la posesión, un tercero. En muchas ocasiones, esta posesión (ocupación o aprovechamiento) de terrenos públicos se lleva a cabo sin título que habilite para ello (concesión o autorización), de manera que sería una herramienta útil para revertir esta situación de ilegalidad». La abogado puntualiza que «sin embargo, no siempre estamos ante situaciones de ocupaciones ilegales, en muchas ocasiones la Administración está acudiendo a esta figura de una forma, a mi juicio, irregular».
Como ejemplo, cita el caso supuesto de «un terreno que ha sido declarado como bien de dominio público marítimo-terrestre, mediante la Orden Ministerial que aprueba un deslinde, por presentar las características propias de bienes demaniales, pasa a tener titularidad Estatal, y en estos casos se puede ejercitar esta potestad de la recuperación posesoria, liberándolos de esa posesión privada». Ahora bien, «en estos supuestos de terrenos privados que pasan a ser bienes de dominio público marítimo-terrestre, con carácter previo a incoar un expediente de recuperación posesoria, es preciso que se tenga en cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria 1ª de la Ley de Costas, que regula el reconocimiento de los derechos que podrían corresponder a los anteriores propietarios, estos derechos con carácter general consisten en un título de concesión para los usos o aprovechamientos que existieran a la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988 o a fecha de la aprobación del deslinde, y un derecho preferente para futuros usos o aprovechamientos».
Así, «la propia disposición transitoria 1ª LC manifiesta que si este reconocimiento de derechos no fuera solicitado por los particulares, será otorgado por la Administración, lo que les obliga a analizar en cada supuesto si concurren los requisitos y presupuestos para tal reconocimiento». La letrada señala que «este despacho ha tenido oportunidad de conocer cómo se están incoando expedientes de recuperación posesoria (a veces incluso de 3 metros cuadrados, obligando a mover muros de cerramientos de parcelas), sin realizar esa valoración previa de si les corresponden los derechos regulados en las disposición transitoria 1ª de la Ley de Costas, y que en algunos casos pueden alcanzar títulos de concesión de hasta 60 o 75 años, sin abonar canon».
https://castellonaldia.elmundo.es/comarcas/plana-alta/benicassim-abre-el-ceam-al-publico-por-primera-vez-en-el-marco-de-las-fiestas-patronales-IG22711559
