El Boletín Oficial del Estado publica el decreto por el que los municipios perderán parte de su paraje y los propietarios las viviendas
El
Gobierno aprueba el deslinde de Costas en los municipios de Cabanes y
Torreblanca. Hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado y esto afecta a un
terreno de 10.235 metros de longitud donde hay viviendas y parcelas cuyos
propietarios van a perderlos.
En la
Diputación se ha debatido en pleno la situación de las casetas de Torre la Sal
y la pérdida de propiedades por parte de los vecinos tras rechazar el Gobierno
a través de la dirección general de Costas las alegaciones presentadas por
estos.
Todos los grupos políticos han votado a favor de la moción
presentada por el Partido Popular para defender las casas de primera línea,
aunque con ciertos matices y diferencias.
Desde el equipo de Gobierno el diputado provincial de Medio
Natural, José María Andrés, le pide al Partido Socialista que defienda a los
vecinos ante el Gobierno de España. "Vayan
a sus compañeros, ministros, que venga la ministra y que vea qué mal ha hecho
el núcleo de viviendas de Torre la Sal".
Por parte socialista, la diputada María Jiménez ha querido
responsabilizar a los populares por no blindar las propiedades cuando han
gobernado a novel nacional y muestra el apoyo a los vecinos. "Estaremos con los vecinos de Torre la Sal y de
cualquier municipio de la provincia que tenga problemas".
Desde Compromís se advierte que no solamente Torre la Sal corre riesgo de perder estas propiedades, si no que también en otras localidades están amenazadas por los deslindes de Costas: Nules, Moncofa, Almassora... y reclama el portavoz, David Guardiola, que el litoral se gestione desde la Comunitat Valenciana.
"Es necesario intentar defender a las personas
porque nadie se merece la condena de la incerteza y la negación de recibir una
resolución arbitraria que les quitara sus casas".
Y VOX señala que la ley de Costas va en contra de los derechos
constitucionales de los españoles. Su portavoz, Luciano Ferrer, explica que
"
Y en este sentido, el Ayuntamiento de Torreblanca acudirá a la vía
judicial para recurrir el deslinde aprobado por el Gobierno en el Prat y que
afecta a propiedades y parcelas. "La Ley
de Costas ha fracasado, generando inseguridad jurídica; se ha olvidado de la
Constitución y el derecho a la propiedad privada".
