La aprobación definitiva por parte del Ministerio para la Transición Ecológica del deslinde en la zona de Les Deveses sigue caldeando el ambiente. La asociación Playas Norte de Dénia eleva a 300 las propiedades afectadas por esa decisión, frente a las poco más de 40 que decía la semana pasada la edil de Territorio dianense, Maria Josep Ripoll. Un baile de cifras que ya se dio a finales de octubre de 2023.
El presidente de este colectivo, Francisco Ros, ha detallado este miércoles que hay más de un centenar de viviendas afectadas directamente y otras 200 más por servidumbre. Eso significa, según ha recalcado, que todas «tienen una afección irreversible».
Esta asociación ha denunciado las «irregularidades» que presenta la propuesta del Gobierno para este tramo de 3.500 metros de la playa de Les Deveses, en la zona comprendida entre la desembocadura del río Molinell y la calle Riu Xinxilla. Una Orden Ministerial de 20 de diciembre de 2024 que salió publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 8 de enero. Ros ha señalado que cuesta entender cómo es posible que se den casos de dos viviendas que entren dentro del dominio público y que otra ubicada justo entre esas dos no lo esté.
Ante los «atropellos» que están sufriendo los vecinos de esta zona, la asociación Playas Norte de Dénia ha avanzado que va a recurrir. «Vamos a luchar hasta donde haga falta», ha asegurado Francisco Ros y ha recordado que ya mandaron una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. De momento, ahora sólo se puede presentar un recurso de reposición contra la aprobación del ministerio y a partir de ahí habría que ir a un contencioso.
Otro paso que está estudiando este colectivo es convocar una nueva manifestación para que la gente salga a la calle y muestre su rechazo a los efectos de la Ley de Costas, a la que califica como un «despropósito que hay que abolir». Según su presidente, «parece que esa es la única manera de que nos escuchen».
Ros ha definido la Ley de Costas como un mecanismo para que «el Estado se nutra de suelo público y gratis». Este procedimiento implica una especie de expropiación, ya que las viviendas que pasan a Dominio Público Marítimo Terrestre dejan de pertenecer a sus propietarios, que pasan a tener una concesión por un tiempo determinado y sin ninguna contraprestación económica. Para el presidente de Playas Norte, se trata de «una confiscación porque el Estado te deja pasar un tiempo en la que ahora es 'su casa' y cuando te vas te toca pagar la demolición».
En su opinión, si expropian a alguien, le deben dar un justiprecio. También ha propuesto que, a los vecinos que pasen a concesión, se le vuelva a valorar su propiedad porque el deslinde la ha devaluado y que se les rebaje el IBI un 80%. Además, ha abogado por acometer proyecto de regeneración de las playas con los fondos europeos Next Generation como medida para frenar la regresión del litoral porque, según han recalcado, el problema no surge de las viviendas que se construyeron en su día al amparo de la legalidad vigente en ese momento, sino en que los sedimentos de ríos y embalses no llegan a la costa.
Asimismo, ha expresado su convencimiento de que el Ayuntamiento de Dénia sólo hizo el informe del suelo consolidado del litoral, que presentó en sus alegaciones para que se alejara la línea de dominio público en determinadas zonas, «al ver las protestas de los vecinos». También ha arremetido contra el gobierno local. «Creo que un alcalde debería, al igual que un capitán de barco, preocuparse por sus ciudadanos y su territorio y defenderlos a muerte y aquí no funciona así », ha aseverado Francisco Ros.
