Arias Cañete apuesta por una Ley de Costas que corrija “las arbitrariedades generadas por la errática aplicación de la ley vigente”

El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha afirmado hoy en el Congreso de los Diputados que la nueva Ley de Costas “no pretende sino corregir las arbitrariedades que ha originado la errática aplicación e interpretación de la ley vigente por parte de los gobiernos socialistas en las CCAA con litoral”.

Miguel Arias Cañete respondía así a una pregunta formulada por la diputada del grupo socialista, María Luisa Carcedo, interesada en conocer en qué medida tiene previsto el Gobierno que la modificación de la Ley de Costas cambie el modelo de gestión en la costa asturiana.

El ministro ha añadido que “la Ley de Costas respetará el reparto competencial establecido en la Constitución y en los Estatutos de autonomía”. “Como Ley estatal vamos a querer coordinar toda la política medioambiental, incluyendo la tecnología y los conocimientos científicos que la lucha contra el cambio climático incorpora”, ha añadido.

Arias Cañete también ha asegurado que la nueva norma va a cumplir con las recomendaciones del informe AUKEN, aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de 2009, que instaba a revisar urgentemente y, en su caso, modificar la Ley de Costas “a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero”.

Asimismo, el ministro ha señalado que la Ley de Costas “pretende corregir las rigideces e ineficiencias que contiene la actual norma, para garantizar mejor la protección del dominio público marítimo terrestre”. Además, cambiará la forma de gestión del litoral en todas las Comunidades Autónomas, con una mejora del modelo de protección de la costa.

Un modelo, ha apuntado Arias Cañete, “en el que se respetarán los derechos y las legítimas expectativas de los ciudadanos, un modelo en el que la gestión del dominio público marítimo-terrestre se aplicará de forma homogénea en todo el territorio, no como ha ocurrido hasta ahora”. En definitiva, ha completado el ministro, “un modelo en el que la protección de nuestra costa y de sus valores ambientales vayan de la mano del desarrollo económico y social”.

En definitiva, el ministro ha señalado que la nueva ley tiene dos objetivos principales, mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa, y hacer compatible la protección del espacio natural del litoral con una actividad económica generadora de empleo y sostenible. Y eso no supone alterar los valores medioambientales del litoral español, ha concluido.

http://www.elperiodicodeaqui.com/noticia/arias-canete-apuesta-por-una-ley-costas-que-corrija--arbitrariedades-generadas-por-erratic/16386

El Senado pide al Gobierno, con el rechazo del PSOE, modificar la Ley de Costas para aclarar el régimen de ocupación

Demanda "restablecer la seguridad jurídica" de los derechos adquiridos "de buena fe y de forma legítima" antes de la aplicación de la vigente ley

El pleno del Senado ha aprobado, por 177 votos a favor (PP, CiU, Entesa Progrés Cataluña, Grupo Vasco y Grupo Mixto) y 75 en contra (PSOE), una moción presentada por el PP por la que insta al Gobierno a modificar la Ley de Costas de 1988, para que sea compatible proteger las costas con el crecimiento económico y la seguridad del empleo, así como con los derechos de las personas físicas y jurídicas con propiedades en estas zonas del litoral.

   La iniciativa es resultado de una enmienda transaccional de una moción inicial, por la que se reclama flexibilizar los requisitos y clarificar el régimen de ocupación del dominio público marítimo terrestre, para favorecer una aplicación homogénea de los mismos a las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio publico marítimo terrestre por establecimientos de comidas y bebidas en el litoral, teniendo en cuenta los intereses de todos los ciudadanos.

   Asimismo, la moción pide adecuar la compensación de los derechos adquiridos "de buena fe y de forma legítima" con anterioridad a la aplicación de la vigente ley, "restableciendo seguridad jurídica" que la mayoría de grupos han manifestado, en el pleno del Senado, que falta en la actualidad.

   Igualmente, propone que se estudie la paralización de las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Costas hasta que se pueda modificar la ley 22/1988, cancelando "todos" los actos administrativos.

LA LEY ACTUAL NO FRENÓ LA "DEPRAVACIÓN MEDIOAMBIENTAL"

   Durante la defensa de la moción, la senadora del PP Patricia Navarro ha denunciado la "aplicación injusta y arbitraria" de la actual normativa vigente que ha llevado al anterior Gobierno socialista a poner "en vilo a propietarios de viviendas y negocios".

   Así, ha dicho que mientras que la Ley de 1988 llegó para "poner freno" a los abusos en las costas, en todo el litoral se observan "ejemplos de la depravación medioambiental (...) pero que, aprovechando sus ambigüedades o vacíos, ha servido al Gobierno del PSOE para vulnerar los derechos" de ciudadanos españoles y extranjeros y a violar el principio de no retroactividad de las normas.

   A su juicio, la peor consecuencia de esta tropelía no es la legal, sino el drama personal y familiar de quienes ven la expropiación o demolición de su vivienda o negocio sin poder hacer nada, al tiempo que ha añadido que otros "grandes afectados" son los dueños de los chiringuitos. "Ellos han sido víctimas de los arrebatos del Gobierno. Nunca la aplicación de una ley sembró tanta incertidumbre 20 años después de ser aprobada", ha apostillado.

PSOE CREE QUE LA REFORMA SERÁ EN 15 DÍAS

   Por su parte, el senador socialista Miguel Fidalgo ha asegurado que el Gobierno llevará "el 2 o el 9 de marzo al Consejo de Ministros" una reforma de la Ley de Costas, por lo que ha criticado la "precampaña que está realizando" el PP. Además, ha criticado cada reunión del Ejecutivo es "una sorpresa de contrarreformas, retrocesos en los avances y libertades con la disculpa de la crisis".

   Por ello, ha defendido que la Ley de Costas "no tiene nada que ver con la crisis" ya que ha funcionado "perfectamente" durante 24 años en los que también ha habido gobiernos del PP. "Me da la sensación de que este gobierno nos va a hacer bueno hasta a (el expresidente José María) Aznar", ha sentenciado.

   En este contexto, ha ofrecido en nombre del PSOE un "pacto" en defensa de las costas públicas, ya que, en su opinión, sería un error muy grave volver atrás y aprovechar la costa para un nuevo crecimiento basado en el cemento. De hecho, ha concluido su intervención en el pleno de la Cámara Alta asegurando que esta reforma de la Ley de Costas que plantea el PP es "el proyecto de FAES" --la fundación de análisis afín al partido del Gobierno--.

VISIÓN DE LOS GRUPOS

   Por su parte, el senador de Coalición Canaria en el Grupo Mixto, Narvay Quintero Castañeda, ha reclamado que en la reforma se tenga en cuenta y de participación a las comunidades autónomas y a las entidades locales.

   "Queremos el mismo nivel de competencias que tienen otras comunidades autónomas", ha insistido porque ha asegurado que para Canarias, la defensa del litoral, del mar y de su medio ambiente es una cuestión "fundamental" y ha lamentado que el "desconocimiento de la realidad insular lleva a veces a la injusticia y a la torpeza".

   Mientras, la senadora del Grupo Vasco Miren Loren Leanizbarrutia, ha criticado la Ley de Costas vigente porque es una norma "arbitraria", que "vulnera el derecho a la propiedad y produce confiscación", es "una perversión", "vulnera el derecho a la propiedad" y conculca principios generales del derecho, va contra la Constitución y contra los principios fundamentales europeos.

   Leanizbarrutia ha pedido que la reforma de la "injusta ley" se acometa de forma "breve" y que cuando se modifique se base en criterios económicos pero siendo sostenible.  

   Por otro lado, el portavoz de Entesa en temas medioambientales, el senador Joan Saura, ha denunciado que el litoral español es "el más degradado" de toda la Unión Europea, porque la ley, "que ha sido buena, no se ha aplicado siempre bien".

   Finalmente, ha advertido de que no se puede dejar que se siga desprotegiendo el litoral y ha apuntado a que "el PP tiene intención de incrementar la desprotección".

http://www.europapress.es/galicia/noticia-senado-pide-gobierno-rechazo-psoe-modificar-ley-costas-aclarar-regimen-ocupacion-20120222182136.html

El Senador Aparici ha mostrado su satisfacción y ha declarado haber cubierto el primer gran objetivo de esta legislatura en el Senado

La moción para la paralización de acciones derivadas de la Ley de Costas se ha aprobado esta mañana en el Senado, con el voto en contra del PSOE, por 177 votos a favor y 75 en contra.

El Senador Vicente Aparici, portavoz de la comisión de Medio Ambiente del Grupo Popular en el Senado, ha declarado sentirse muy satisfecho con el resultado de la votación que ha aprobado la moción presentada por el PP para modificar la ley de costas y mientras tanto paralizar las actuaciones previstas contra los intereses de los vecinos, basadas en una interpretación retroactiva de la ley, y que cancela todos los actos administrativos hasta la puesta en marcha de la nueva ordenanza.

Aparici ha destacado la dedicación de los parlamentarios populares en defensa de los intereses de la provincia, de sus vecinos y del litoral castellonense, que una vez más demuestra que el Partido Popular cumple sus compromisos y su programa electoral y ha señalado que “con la aprobación de la moción se ha cubierto el primer gran objetivo que teníamos para esta legislatura en el Senado”.

Asimismo Aparici ha asegurado que “con esta actuación se pone de manifiesto el papel incuestionable que esta institución, el Senado, representa en la defensa de los intereses de los ciudadanos y su eficacia para abordar los problemas de todos los españoles”.
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/160008_paralizacion-costas-aprueba-voto-contra-psoe.html

A NUESTRA COSTA (Un documental politicamente incorrecto de Yeray Gonzalez)

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

Documental periodístico que aborda la polémica aplicación de la Ley de Costas en Canarias. Una norma que se ejecuta de manera arbitraria, retroactiva y eliminando el derecho a la propiedad; elementos, estos tres, prohibidos en la Constitución española de 1978.

Este trabajo muestra el trato de favor que muchas instituciones canarias y nacionales profesan a las grandes empresas hoteleras, en detrimento de los pueblos costeros tradicionales con una historia que, en algunas ocasiones, supera los 200 años de antigüedad.

'A Nuestra Costa' se ha rodado por profesionales en el Paro, y sin ningún tipo de ayuda pública o privada. Es por este hecho, que algunos medios de comunicación han tildado este trabajo de 'políticamente incorrecto'. Y es que no muchos están habituados a escuchar la verdad.

http://vimeo.com/36731983

Registradores piden proteger a propietarios de viviendas amenazados con demolición

El decano-presidente del Colegio de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Alfonso Candau, se ha mostrado partidario de introducir modificaciones en la Ley Hipotecaria o en la Ley de Suelo para que propietarios que adquirieron viviendas pensando que estaban en regla, pero que luego fueron declaradas ilegales, tengan la garantía de que no serán demolidas, un temor que habitualmente comparten los no residentes que se plantean comprar una vivienda en España.

   Según avanzó a los medios en el marco del 'Congreso Iberoamericano de Registradores', celebrado en Cádiz, los registradores mantendrán un encuentro el próximo lunes con el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, en el que le expondrán algunas propuestas y le ofrecerán sus servicios para colaborar en la salida de la crisis.

   Antes, explicó que el principal problema que existe actualmente es que cuando una de estas viviendas es declarada ilegal con posterioridad a su compra, en ocasiones por declararse así el planeamiento urbanístico, el Tribunal Supremo siempre plantea como prioridad el interés urbanístico antes que el del particular.

   Para evitar que estos propietarios acaben viendo su casa demolida, y aunque existen otras alternativas para dotar de seguridad jurídica a estos propietarios, Candau consideró que "siempre lo más determinante y seguro es cambiar la ley", aunque ello supone un proceso mucho más complejo.

   El decreto 8/2011 de medidas de apoyo a los deudores, aprobado el pasado mes de julio y promovido por la entonces secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, ya introducía para el comprador más exigencias antes de inscribir la vivienda en el registro y se le facilitaba el conocimiento previo de posibles ilegalidades que pudiera arrastrar dicho inmueble. De esa manera se trataba de cubrir su indefensión en el futuro y tratar de mejorar la imagen del mercado español de cara al exterior para intentar atraer a la demanda extranjera.

   Sin embargo, Corredor, que también estuvo presente en el Congreso de los registradores, indicó a los medios que el problema es que el decreto solo es efectivo para las nuevas adquisiciones y no para las compras consolidadas años atrás.

   En esta situación, Corredor señaló que la jurisprudencia del Supremo supone una "alarma tremenda" para los propietarios de viviendas y una "espada de Damocles" con la que algunos extranjeros que compraron una vivienda en la costa española para su retiro tienen que vivir.

   "Hay una casuística tremenda", aseguró Corredor, quien criticó que la doctrina del Supremo "no da cabida al principio de fe pública" que se establece en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, en el que se establece que un comprador debería ver reconocido su derecho a la propiedad, aunque posteriormente se anule, si las causas de la ilegalidad de la vivienda no constaban en el mismo Registro.
http://www.europapress.es/sociedad/consumo-00648/noticia-registradores-piden-proteger-propietarios-viviendas-amenazados-demolicion-20120208181716.html

Vilaboa espera de Medio Ambiente un trato para su costa similar al de otros municipios

La teniente de alcalde de Vilaboa, la nacionalista Ornela Fernández Salgado, reclamó ayer a la Consellería de Medio Ambiente un trato similar, a efectos de los núcleos de litoral, que el concedido por el departamento autonómico a otros concellos. La Xunta sostuvo recientemente, en una respuesta a los grupos de la oposición parlamentaria, que la actual legislación le impide paralizar las demoliciones en este concello. El pleno solicitó a la consellería esta suspensión alegando que se estaba redactando el PXOM y que el documento urbanístico daría cobertura a la mayoría de los casos cuestionados. Medio Ambiente replicó que no puede acceder a esta petición y que las sentencias firmes, seis en el litoral del municipio, tienen que ejecutarse.

Salgado se mostró decepcionada por la respuesta de la Xunta, si bien no le cogió de sorpresa su contenido. En su opinión, la explicación de la consellería «non se corresponde co trato que se lle da a outras construccións» en otros municipios de la provincia. La teniente de alcalde también señaló que parte de las viviendas con infracción «teñen licenza municipal e están nun núcleo» y añadió que en la apertura de expedientes «non se respectaron as normas subsidiarias».

Por su parte, la asociación vecinal Salvemos Vilaboa, que agrupa a muchos de los afectados en el litoral, solicitó una reunión con la senadora popular Dolores Pan. Los vecinos esperan que Pan pueda explicarles en qué medida les puede afectar la reforma de la Ley de Costas anunciada por el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2012/02/09/vilaboa-espera-medio-ambiente-trato-costa-similar-municipios/0003_201202P9C8996.htm

La capital se une a los vecinos afectados por la Ley de Costas

Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento defenderán en los tribunales a los vecinos de Igueste de San Andrés para evitar que las casas afectadas por la Ley de Costas sean demolidas.

El alcalde del municipio, José Manuel Bermúdez, junto al primer teniente de alcalde, Julio Pérez, y el concejal del Distrito de Anaga, Fernando Ballesteros, se reunieron ayer con los vecinos de este pueblo costero para tratar la sentencia de la Audiencia Nacional que ha ratificado que 97 parcelas y 22 viviendas del barrio incumplen la actual Ley de Costas porque invaden los 100 metros fijados dentro de los límites del dominio público marítimo.

Los representantes de la Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga y la Asociación Cultural y Medioambiental El Asío, ambas de Igueste de San Andrés, fueron Yolanda Déniz, Camilo León y José María Alberto. Déniz se mostró "muy satisfecha" tras el encuentro ya que, sea cual sea el resultado final, al menos "el Ayuntamiento ha escuchado todo lo que teníamos que decir". Bermúdez se comprometió a ofrecerles "toda la ayuda posible" y les aseguró que tendrán "la información del proceso que necesiten a través del abogado que lleva el caso en el Ayuntamiento", añadió Yolanda Déniz.

Durante la reunión se informó a los portavoces vecinales que en estos momentos los servicios jurídicos municipales defienden en los tribunales la misma posición que ellos. Además, aseguraron que sienten la misma preocupación que los residentes afectados por el futuro de todas las parcelas que se encuentran en dominio público. Pérez, Bermúdez y Ballesteros insistieron en que están en total sintonía con los vecinos del pueblo y esperan que se resuelva una sentencia favorable para la tranquilidad de todos sus habitantes.

Ambas partes se mostraron esperanzadas con la posibilidad de la aprobación de la nueva normativa en materia de Costas que ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy, que suavice la actual legislación y les permita "respirar un poco más tranquilos", explicó la portavoz de los vecinos. Lo que sí tienen muy claro todos los habitantes de Igueste de San Andrés es que llegarán "hasta el final, cuesta lo que cueste". "Nadie va a dejar que entre una pala en el pueblo o que sus casas queden fuera de ordenación", concluyó Déniz

http://www.laopinion.es/tenerife/2012/02/09/capital-une-vecinos-afectados-ley-costas/395894.html

«Enlaze» defiende que una directiva europea respalda su oposición a la ley de Costas

(Foto Daniel Mora)

Los vecinos de Gozón que residen en el linde con la ría de Avilés defienden a capa y espada sus propiedades frente a la ley de Costas. De hecho, los miembros de la asociación de vecinos «Enlaze» se agarran ahora a una directiva de la Unión Europea de la ley de Costas firmada en Estrasburgo en diciembre de 1998 para seguir defendiendo su causa. Los socios de la entidad mantienen que en un apartado de este documento de noventa y ocho páginas deja bien claro que «se ha de proteger las vidas humanas y asentamientos ya que en muchos países, las costas tienen una importante función en la protección de los humanos, vidas y los asentamientos. La protección del litoral, por tanto, debe contribuir a la seguridad de las personas que viven allí».

Los vecinos de Zeluán siguen afectados por esta normativa mientras que algunos de los empresarios de Maqua ya han dejado de estar perjudicados tras la presentación de sus alegaciones. La entidad vecinal aún espera por la contestación de las sugerencias aportadas al Estado referentes, principalmente, a las afecciones de la ley del litoral a la localidad de Zeluán.

Según palabras del presidente de la asociación vecinal, César Fernández, esta directiva europea viene a dar la razón a los vecinos que defienden sus viviendas y terrenos ubicados en las inmediaciones del estuario. «Esta decisión nos beneficia, pedimos más protección para los vecinos, eso es todo», indicó el dirigente vecinal, que aseguró además ha movido Roma con Santiago para hacerse con toda la documentación posible para alegar contra una ley que no convence a los residentes. Tras años de lucha, los vecinos ven que los últimos acontecimientos se ponen de su lado aunque son conscientes de que aún es demasiado pronto para celebraciones. Esta directiva europea que defiende los intereses vecinales se suma ahora al último anuncio realizado por el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que aseguró que su equipo iba a aplicar una serie de modificaciones en la polémica ley de Costas. Para la asociación de vecinos «Enlaze», la ley actual debería desaparecer y la mejor opción sería la elaboración de una nueva legislación en materia de Costas que cuente a la hora de su redacción con el consenso de los afectados tanto en Asturias como en el resto del Estado.

Los propietarios desean que sus exigencias no caigan en saco roto y rechazaron cualquier tipo de concesión a cambio de sus propiedades. Los vecinos, a juicio de la asociación «Enlaze», quieren seguir siendo dueños de los terrenos que adquirieron y por los que han pagado sus impuestos desde 1988, año al que corresponde la ley que se pretendía aplicar hasta la llegada del PP a La Moncloa.

http://www.lne.es/aviles/2012/02/08/enlaze-defiende-directiva-europea-respalda-oposicion-ley-costas/1195842.html

La reforma de la Ley de Costas (Santiago de Munck Loyola)

El reciente anuncio del nuevo Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, sobre la intención del Gobierno popular de revisar y reformar la vigente Ley de Costas ha hecho abrigar esperanzas positivas a los miles de afectados por la misma. La aplicación de la vigente Ley de Costas que data de 1988 afecta a unos 160.000 ciudadanos tanto españoles como extranjeros y ha sido a lo largo de los años objeto de numerosas críticas, controversias y resoluciones judiciales incluso fuera de nuestras fronteras.

La necesidad de proteger y de recuperar el deteriorado litoral español no es puesta en duda por nadie con un mínimo sentido común. Pero, simultáneamente, nadie debería cuestionar la necesidad de compatibilizar con esa necesidad la de preservar la actividad económica y los miles de puestos de trabajo que pueden verse afectados o incluso desaparecer como consecuencia de una aplicación errática y errónea de la legislación actual. Del mismo modo, deberían ser objetivos irrenunciables para cualquier responsable político preservar de una manera clara y nítida la seguridad en el tráfico jurídico de la propiedad, la primacía de la fe pública registral, la irretroactividad de las normas desfavorables y el principio de equidad y justicia en las compensaciones económicas que hubiesen de producirse como consecuencia de la aplicación de la norma en su actual configuración.

Una reforma de la vigente Ley de Costas debe hacerse contemplando todos estos parámetros y en modo alguno puede desviarse de los principios constitucionales en los que ha de inspirarse.

Las diferentes situaciones de afección del litoral marítimo que la realidad presenta deben contemplarse de manera bien diferenciada considerando aspectos muy diversos: el carácter urbano o no de las mismas, la fecha de su aparición anterior o posterior a la Ley de 1988, el grado de protección medioambiental de los distintos emplazamientos, el carácter de los titulares sean personas físicas o jurídicas, la naturaleza de las anotaciones registrales, los deslindes efectuados y los parámetros físicos usados que, hasta el día de hoy, provocan diferencias notables de tratamiento, etc.

Transformar sin más, como hasta ahora, el derecho de propiedad adquirido de forma absolutamente legítima y legal con anterioridad a 1988 en un simple derecho de concesión, sin más compensación que el propio valor que a la misma concesión arbitrariamente se confiere, constituye un auténtico ataque al derecho de propiedad y a la seguridad del tráfico jurídico, al margen de la evidente inconstitucionalidad que la retroactividad supone. Diferente alcance, aunque igual de negativas consecuencias para los propietarios, supone la aplicación de la misma técnica a propiedades adquiridas con posterioridad a la aprobación de la Ley pues se produjeron mediando fedatarios públicos obligados por Ley a prevenir a los adquirientes de los condicionantes legales nuevos. Distinta es, igualmente, la situación de todos los inmuebles construidos en el dominio público después de 1988 en la que la intervención de las administraciones públicas con responsabilidades urbanísticas es la única responsable de las transgresiones de la norma y, por tanto, quienes deberían asumir las consecuencias que pudieran derivarse.

En todo caso, la problemática es tremendamente variada y la reforma de la Ley anunciada va a ser compleja, pero por mucha dificultad que entrañe debe abordarse con urgencia, con rigor, con diálogo con los afectados y tratando de conjugar los diferentes intereses contrapuestos.

http://blogs.laverdad.es/libertas/2012/02/05/la-reforma-de-la-ley-de-costas/

Intervención íntegra del Ministro Miguel Arias Cañete

Para finalizar con el diagnostico de la situación de partida, tenemos que hablar de nuestras costas. La Ley de Costas de 1988 y su aplicación errática durante las dos últimas legislaturas no ha dejado de generar controversia e inseguridad jurídica para los ciudadanos que vieron afectados sus derechos con la nueva normativa.

Son manifestaciones de esa aplicación deficiente de la Ley, entre otras, la acumulación de expedientes de reconocimiento de derechos sin resolver; los aparentes cambios de criterio sobre la ocupación de las playas, que han llenado de inquietud e inseguridad a los representantes del sector hostelero o el deslinde administrativo del dominio público maritimo-terrestre, incompleto y muchas veces acusado de caprichoso y arbitrario.

La controversia ha traspasado incluso nuestras fronteras, y ha llevado al Parlamento Europeo a pedir “revisar urgentemente y, en su caso, modificar la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero”.

Pues bien, partiendo de la situación que he tratado de describir de forma resumida, les informo a continuación de las acciones que nos proponemos desarrollar con el fin de racionalizar y clarificar la política medioambiental y de integrarla en el proceso de crecimiento y recuperación económica.

http://www.marm.es/es/prensa/12.02.01%20Intervenci%C3%B3n%20Comisi%C3%B3n_tcm7-190339.pdf (pág 50)

Medio Ambiente remitirá un informe jurídico al Gobierno para legalizar los núcleos marineros

La Xunta reclama al ministerio que reconozca la singularidad de estos asentamientos tradicionales cuando reforme la Ley de Costas

La Consellería de Medio Ambiente prepara un informe jurídico que enviará al Gobierno central con su propuesta para reformar la Ley de Costas y legalizar los núcleos tradicionales marineros. La intención de la Xunta es que el ministerio que dirige Miguel Arias Cañete aproveche la revisión "en profundidad" que va a realizar de esta normativa para reconocer la singularidad de Galicia y declarar como núcleos urbanos el largo centenar de asentamientos tradicionales marineros que quedaron fuera de la ley aprobada en 1988.

La normativa de Costas vigente establece un régimen de limitaciones en las zonas de servidumbre de protección del dominio público marítimo. Esta franja es de cien metros desde la línea de costa, salvo en las áreas clasificadas como suelo urbano por el planeamiento municipal vigente donde la protección queda reducida a 20 metros.
No se incluían como suelo urbano los núcleos rurales salvo que los ayuntamientos afectados pudieran probar que ya existían como poblaciones antes de 1988, año de aprobación de la Ley de Costas. Sin embargo, los concellos por distintas razones no pudieron demostrarlo y la Dirección General de Costas fijó una servidumbre de protección en estos núcleos de cien metros, de manera que las edificaciones existentes quedan fuera de la ordenación –solo se permiten obras de reforma pero sin aumentar el volumen edificatorio–.

La pelea de los vecinos afectados y de la propia Xunta para legalizar estos núcleos ya viene de atrás pero el anuncio de Miguel Arias Cañete de revisar la Ley de Costas ha abierto nuevas esperanzas. El ministro avanzó que es preciso reformar "urgentemente" esta norma para proteger "los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".

La Xunta admitió ya hace dos semanas que estaba negociando con el Gobierno la nueva Ley de Costas. El siguiente paso será enviar una propuesta por escrito con argumentación jurídica para que se reconozcan como núcleos urbanos estos asentamientos tradicionales, entre los que se encuentra la localidad de Redes, en Ares, o Loira, Aguete, Mogor, Casás y Teoira en Marín.
http://www.farodevigo.es/galicia/2012/02/03/medio-ambiente-remitira-informe-juridico-gobierno-legalizar-nucleos-marineros/620503.html

El Supremo obliga a Costas a revisar un deslinde "arbitrario" en Ares

Es poco habitual pero el Tribunal Supremo le ha dado la razón a seis vecinos de Redes (Ares) que llevan ocho años pleiteando contra el Estado a cuenta de un deslinde que dividía sus propiedades en dos. El límite marítimo terrestre que la Demarcación de Costas en Galicia fijó el 14 de marzo del 2004 provocó situación absurdas que ahora tendrán que rectificarse.

A un vecino, el deslinde le cruza el patio de casa en diagonal. Una mitad es pública y la otra no. No es el único caso. Media docena de patios y terrazas de fincas privadas en las calles Nueva y Ribera quedaron divididas de forma errática por una línea imaginaria que marcaba la frontera entre lo estatal y lo privado. A otro vecino, casi le expropian una esquina de la casa que sirve de plató al rodaje de la serie de la TVG  Padre Casares, que ha transformado Redes en un Louredo imaginario.

La particularidad de esta parroquia pesquera del litoral coruñés, con cerca de 300 vecinos censados, es que las casas están directamente colgadas sobre el agua. La frontera entre el mar y la tierra la marcan los muros. El tramo que seis vecinos se atrevieron a cuestionar en los tribunales comprende 16.557 metros de litoral, entre punta Avarenta y punta Curveiro, que será revisado para trazar un nuevo linde.

La sentencia del Supremo, fechada el pasado 12 de diciembre, es muy clara y solo puede recurrirse ante el Constitucional. Dictamina que el deslinde impugnado es una “línea arbitraria” que inexplicablemente ha dejado fuera del mapa público láminas de agua para incluir zonas de terraza y patios “que secciona al discurrir por su interior de forma quebrada”. El alto tribunal llama la atención sobre las peculiaridades de un pueblo marinero y “pintoresco”, protegido por Patrimonio y premiado en 2007 por los arquitectos gallegos como ejemplo de arquitectura sostenible.

Medio Ambiente justificó el errático trazado de 2004 con el de 1984, que a su vez se remitía al fijado en 1969. El Supremo rechaza este argumento porque el deslinde del franquismo “carecía de motivación” y fue arrastrando a los siguientes, que incurrieron en los mismos errores.

El alto tribunal le dice al Gobierno central que tendrá que razonar con mejores argumentos que los expuestos hasta ahora por qué le parece tan imprescindible para la protección del litoral incluir en el deslinde de Redes trozos de edificios, esquinas de viviendas o medio metro de terraza. Si Costas no justifica sus pretensiones con estudios técnicos, el Supremo entiende que los metros que los vecinos de Ares reclaman como parte de sus fincas privadas deben quedar fuera del nuevo deslinde.

Los vecinos le han ganado la partida a la Administración por sorpresa y en el último suspiro, con la única herramienta legal que les quedaba. La sentencia del Supremo es la respuesta al recurso de casación que interpusieron a la desesperada en 2008, tras una larga batalla judicial en la que han ido coleccionado muchos fallos desfavorables.

Además de anular el mapa de 2004 en el tramo impugnado y obligar a Costas a rehacer 16 kilómetros de deslinde en Redes, la última sentencia del Supremo tiene un valor añadido porque sienta jurisprudencia. El fallo desdice a la Audiencia Nacional, que hasta la fecha había respaldado jurídicamente los argumentos del Ministerio de Medio Ambiente para justificar un deslinde descabellado que partía en dos mitades fincas particulares que llevan siglos enraizadas en la marea. Tanto es así, que los propietarios afectados llegaron a desempolvar sus viejas escrituras del siglo XVII, donde literalmente se fijaba el mar como lindero.

“La aplicación práctica de la Ley de Costas es bastante abusiva, más con los pequeños propietarios que con los grandes complejos”, opina Carlos Seoane. El letrado coruñés, que ha defendido a los afectados de Redes, destaca que la sentencia del alto tribunal es novedosa porque contradice a la propia Administración. “Hasta ahora, siempre se santificaba lo que decía Costas”, señala.

La importancia del fallo radica en que puede abrir puertas a las reclamaciones de los vecinos de otras localidades gallegas que mantienen disputas parecidas con la Administración por deslindes que parecen poco razonables en Marín, Fisterra y A Pobra.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/01/galicia/1328123958_283472.html

Arias Cañete anuncia una "profunda" reforma de la ley de costas

LEY DE COSTAS

El titular de Medio Ambiente detalló cómo, para la efectiva protección de las costas españolas, se llevará a cabo una "profunda" reforma de la normativa sobre protección del dominio público marítimo-terrestre, con el objetivo de compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales.

Indicó que la reforma de la Ley de Costas, que data de 1988, será un vehículo eficaz para lograr mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa, para fomentar una adecuada ordenación de la actividad económica y para valorar económicamente aquellas zonas ya degradadas y sin valor medioambiental.

Según Arias Cañete, la reforma buscará también la protección de los sistemas litorales, la recuperación de las zonas degradadas, la lucha contra la erosión y la garantía y acceso público de las costas españolas.

Para la efectiva protección del medio marino, el ministro anunció actuaciones de próxima ejecución como la elaboración de una estrategia para cada una de las cinco demarcaciones marinas españolas, la constitución de la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas y el diseño de los programas de seguimiento de este medio.

Para la protección de la biodiversidad marina, el Ejecutivo elaborará el Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España, así como el Sistema Nacional de respuesta frente a la contaminación marina accidental.

El ministro lamentó que aunque la cifra global de emisiones refleje una importante reducción de las mismas, España se encuentra más lejos de cumplir el Protocolo de Kioto, ya que no han disminuido lo suficiente en los sectores de los que responde directamente el Estado.

En lo referente a la protección del medio natural, el Ministerio revisará el marco normativo estatal y acometerá una mejora en la gestión de la red de Parques Nacionales y de la Red Natura 2000.

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/3714040/02/12/arias-canete-anuncia-un-nuevo-plan-hidrologico-nacional-y-una-profunda-reforma-de-la-ley-de-costas.html

Los vecinos de Cho Vito denuncian nuevas violaciones de sus derechos

Tres vecinos han sido detenidos por la policía al colocarse delante de las palas para impedir que siga destruyendo el acceso a Cho Vito.

Audio de la entrevista

SB-Noticias.- Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito, explicó en San Borondón Última Hora que nuevamente ven violentada su vida y ven pisoteados sus derechos como ciudadanos puesto que la maquinaria que trabaja en unas obras en la zona han cortado el acceso al poblado marinero, lo que imposibilita la normal convivencia de los vecinos que se ven obligados a saltar vayas, sortear hoyos y pasar entre la maquinaria.

El portavoz vecinal explicó que tres vecinos se han colocado delante de las máquinas para impedir que sigan destruyendo la entrada al barrio porque la capacidad de aguante de las violaciones de sus derechos se ha terminado por romper, de modo que el numeroso despliegue policial que se ha puesto en marcha ha detenido a su mujer e hijos, cuando quienes están saltándose las normas son los responsables de la obra y no los vecinos de Cho Vito.

Criticó que el alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, no haya acudido a la zona cuando les han llamado para comunicarles lo que ha pasado y haya preferido dejar para este martes su visita al poblado para valorar el problema, cuando desde su punto de vista como máximo responsable municipal tenía que estar allí para velar por los derechos y la seguridad de sus convecinos.

En este sentido, explicó que el alcalde se comprometió con él a estar en Cho Vito este martes a las 8:30 horas de la mañana, razón por la que convoca a los medios de comunicación a cubrir esta información puesto que asegura que una vez más se conculcan los derechos humanos en Cho Vito y que la fuerza de la maquinaria trata de amedrentarles.

http://www.sanborondon.info/content/view/40754/1/

Gracias, Defensor del Pueblo (José Ortega Anduiza / Ingeniero Industrial)

El pasado 6 de noviembre el Defensor del Pueblo Español intervino ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a las 11 horas y 31 minutos y manifestó refiriéndose a la Ley de Costas: "Es una situación legal (la Ley de Costas) aunque injusta para los ciudadanos …" . Luego manifestó que él no tiene capacidad para cambiar dicha ley pero que se dirigirá a los grupos parlamentarios de España instándoles a que lo hagan. Son tantos los problemas que sacuden a esta afligida España que es muy comprensible que el ciudadano español, abrumado por un exceso de cuestiones angustiosas que diariamente nos presentan los medios de comunicación no conozca de tal injusta ley más allá de lo que la propaganda del Estado quiere que conozca. Hay excepciones, entre las que se encuentran los afectados por tal Ley, y que tienen el apoyo de muchos parlamentarios que saben que es intolerable mantener una ley que actúa siguiendo los antiguos principios del viejo comunismo con un desprecio total a la propiedad privada. Quizá lo más vergonzoso sea la manera ruin de querer encubrir su perfidia, por supuesto, sin conseguirlo. España ya ha salido de los primeros años del siglo XXI. Es muchísimo lo que se ha escrito hasta el momento sobre la Ley de Costas y son muchas las denuncias presentadas ante los tribunales, tanto españoles como europeos y si este gobierno no actúa con ecuanimidad y justicia, se seguirá escribiendo y denunciando por los siglos de los siglos. Pienso que el principio de la Constitución Española es "todo para el pueblo y con el pueblo", a diferencia del Despotismo Ilustrado cuyo principio era "todo para el pueblo pero sin el pueblo".

Convertir una ley en legal, aunque se sepa que es injusta, es una de las mayores aberraciones existentes; si es injusta va contra el pueblo por mucho que la hayan aprobado "altas instancias de la magistratura". Las leyes injustas se pueden cambiar en cualquier momento dejando en entredicho a quienes las hicieron mal, tanto si fue con buena como con mala intención. La Constitución solo la debe cambiar el pueblo, aunque todos sabemos que hay excepciones con la que no todo el mundo está de acuerdo. Me viene a la memoria la ley de la II República Española por la que el gobierno podía soslayar la Constitución si ello era necesario para salvar la República. Cuando se leen estas cosas uno piensa que si para salvar la República hay situaciones en las que se puede y debe dejar a un lado la constitución, algo falla: o el articulado de su constitución no es correcto, bien por artículos deficientes, por falta de algunos imprescindibles o bien por exceso de los mismos, o el gobierno es incompetente. Debo recordar al hablar de la II República que no se aprobó la confiscación de las tierras cuando trataron de arreglar la distribución de las mismas. Hubo quienes sí propusieron la confiscación, personajes como Largo Caballero; afortunadamente no prosperaron sus sinrazones.

Quizá para terminar deba hacer un rápido recordatorio de lo que es la Ley de Costas. Propiedades legítimamente adquiridas y registradas en el Registro de la Propiedad, muchas veces adquiridas a Ayuntamientos, son expoliadas por el Gobierno mediante la siguiente maniobra legal: el gobierno se queda con la propiedad y a cambio da una concesión sobre la misma por 30 años gratis y otros 30 con un canon simbólico. Nada más otorgar la concesión expropia la tierra pagando un precio irrisorio, ya que lo que expropia es una simple concesión y no una propiedad. Cualquier construcción que haya en la propiedad es asfixiada para pasarla a un valor mínimo prohibiendo cualquier acción sobre la misma: no se puede pintar ni hacer cualquier otro trabajo de mantenimiento. Muchas de las casas tienen como legítimos propietarios a gente modesta que se ve avasallada y amedrentada por los "valientes" técnicos de costas que no vacilan en utilizar medios poco éticos para "convencer" a estos modestos propietarios de que ya no son dueños de lo que por derecho propio les pertenece porque la Constitución Española admite y protege la propiedad privada.

Algunos aplauden esta ley al amparo de ideas ecologistas olvidando que hay leyes de Espacios Protegidos que protegen el territorio español con total garantía. Pero también hay muchos ecologistas que piensan que la administración no siempre protege los espacios naturales sino que no duda en actuar sobre ellos cuando conviene a otros intereses. Muchos de los espacios que se han confiscado o se pretende confiscar estaban y están más cuidados y generando puestos de trabajo en manos de sus propietarios, propiedad que les fue otorgada legalmente y que deben conservar por encima de cualquier ley que pisotee la ética, la moral y la Constitución. Esperemos que el gobierno actual nos proteja de tantas injusticias y le propongo que llegue a conversaciones con los afectados a través de sus asociaciones y gremios, que no dudo le ayudarán a crear una ley justa que protegerá sobradamente los espacios naturales.

http://www.diariodecadiz.es/article/opinion/1171883/gracias/defensor/pueblo.html

Los alcaldes de la Plana Baixa se unen para exigir la reforma de la ley de Costas

Todos los alcaldes y portavoces que el Partido Popular tiene en la Plana Baixa se reunieron con los senadores Araceli Peris, Alfonso Ferrada y Vicente Aparici con la petición de la reforma de la Ley de Costas como fondo. De esta forma, revisar el plan Integral de regeneración de la costa y la creación de empleo fueron los temas que ayer por la mañana centraron la reunión que los alcaldes y portavoces mantuvieron en el municipio costero de Burriana.

 

Los munícipes transmitieron a los senadores Vicente Aparici y Alfonso Ferrada la necesidad de una reforma de la ley de costas que incluya tres reivindicaciones. La primera y más importante es que se impida el derribo de las viviendas de primera línea de costa ya construidas. En segundo lugar, y para no perder la naturaleza de la ley, que ésta proteja de forma integral el litoral. Por último, uno de los caballos de batalla que se ha esgrimido constantemente contra la implantación de esta normativa, que no es otro que se facilite la instalación de chiringuitos en la playa.

 

Vicente Aparici, portavoz en la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, ya ha solicitado una reunión con el ministro para trasladar la preocupación de los alcaldes del litoral castellonense, que llevan mucho tiempo reivindicando una actuación en la zona costera.

 

Así mismo, Aparici y Ferrada se reunirán con el subdelegado del gobierno, David Barelles, para trasladar las inquietudes de la provincia en materia de costa, ya que «cada municipio tiene una casuística distinta, por lo que mantendremos reuniones en las distintas comarcas de la provincia y haremos frente común en esta reivindicación. De la que no tengo ninguna duda es que está en la línea de la reforma prevista por el gobierno de la nación», informó el senador Aparici.

 

Respecto a la creación de empleo, los alcaldes y portavoces aseguraron que es necesario un mayor control por parte del Servef de las prestaciones que concede a los desempleados, para que no se pierdan recursos por esa vía.

 

En la misma reunión, con la intención de impulsar medidas que favorezcan la reducción del paro, se intercambiaron experiencias de creación de puestos de trabajo que se están llevando a cabo en los distintos municipios.

 

Araceli Peris asistió como portavoz de la comisión de Empleo en el Senado y recogió las demandas de los alcaldes para transmitirlas a los órganos competentes. Del mismo modo se hizo hincapié en la necesidad de apostar por el sector citrícola, que varios alcaldes no dudaron en calificar como «fundamental en muchos pueblos de esta comarca y hay que revitalizarlo», según expresó Peris.

http://www.lasprovincias.es/v/20120129/castellon/alcaldes-plana-baixa-unen-20120129.html

Arias Cañete expondrá en el Congreso las líneas de la reforma de la Ley de Costas y del pacto nacional del agua

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete comparecerá, a petición propia, en la comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso el próximo 1 de febrero, a las 11.00 horas, para explicar cuáles serán sus planes al frente de este departamento durante la legislatura y, concretamente para precisar las líneas generales de la "reforma en profundidad" de la Ley de Costas o el Pacto Nacional del Agua que ha anunciado en una de sus primeras intervenciones públicas.

   Según ha adelantado Arias Cañete en anteriores ocasiones, esta revisión de la Ley de Costas tiene por objetivo armonizar el desarrollo económico con la decidida protección de los recursos naturales.

   "Los ciudadanos tienen que conocer los valores medioambientales de nuestro litoral y el potencial turístico debe siempre desarrollarse en base a los criterios de sostenibilidad ambiental", destacó el ministro en la toma de posesión de altos cargos de Medio Ambiente, donde aseguró que "es compatible el desarrollo turístico con el respeto y la protección ambiental".

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-arias-canete-expondra-congreso-lineas-reforma-ley-costas-pacto-nacional-agua-20120128132925.html

Entrevista Arias Cañete e Ignacio Diego

REFORMA LEY DE COSTAS

   Sobre el indulto que se está pidiendo para la depuradora de Vuelta Ostrera, Diego ha subrayado que por "un desliz" pesa sobre ella una sentencia de derribo y por ello ha reclamado a Cañete que utilice los servicios jurídicos del Ministerio de forma conjunta para ver las "posibles salidas" de la misma.

   Al hilo de esto, ha asegurado que se está estudiando pactar con los ecologistas formulas de compensación para mantener que se inviertan cantidades compensatorias. Además, ha señalado que sería necesaria una reforma de la Ley de Costas pues las concesiones en su comunidad terminan en el año 2018.

   Según ha informado el presidente cántabro, la actual Ley de Costas, vigente desde 1988, afecta a más de 2.000 empresas industriales que sostienen más de 20.000 puestos de trabajo. Por ello, Diego ha trasladado al ministro toda la documentación para que "juntos" se pueda mantener la viabilidad y el futuro del litoral.

http://www.europapress.es/cantabria/canabria-sostenible-00437/noticia-diego-pide-agricultura-reformule-bitrasvase-ebro-beneficio-igualdad-derechos-otras-ccaa-20120124131031.html

¿Sabe el Presidente de Cantabria cuantas PROPIEDADES están afectadas? ¿Por qué sólo le interesan las concesiones?

¿Por qué ignora a las familias a las que se les ha despojado de sus derechos adquiridos?

¿Por qué no ha hablado con el Ministro de la injusticia que se ha cometido con el deslinde de Piélagos y otros muchos a los que se les ha aplicado la ley retroactivamente?

Si fuera el Presidente de la CEOE se podría entender que sólo intercediera por las industrias, pero es el Presidente de todos los cántabros, incluidos los que han visto confiscadas sus PROPIEDADES y a los que , supongo, tendrá que explicar porqué ni los ha mencionado.

Consejero de Medio Ambiente andaluz califica de "joya" el litoral

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, ha manifestado que el litoral andaluz "es una joya" que "procura un turismo de excelencia" después de mostrar su "desconfianza" ante las declaraciones del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en relación al anuncio de una "profunda" reforma de la Ley de Costas.

   En declaraciones a los periodistas este miércoles en la Universidad de Almería, el titular andaluz de Medio Ambiente ha recalcado que las políticas del Gobierno andaluz "se comprometen con el cuidado del medio natural", de forma que ha cree que la Ley de Costas actual es una "buena ley" que "no hay que devaluar".

   Con esto, ha matizado que "lo que no es sostenible, es insostenible" en relación a las declaraciones del ministro, a lo que ha añadido que "sobre la tentación de seguir construyendo en el litoral, primero hay que vender las viviendas vacías", sentido en el que ha insistido en ese turismo de "excelencia" que pretende para la costa andaluza.
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-consejero-medio-ambiente-andaluz-califica-joya-litoral-20120118162133.html

Y tan joya. Un diamante en bruto que como todo diamante, conseguido a base de la sangre, sudor y lágrimas de la parte débil de la sociedad.

¿Por qué no cuenta los planes que hay para la costa de Almería? ¿y en Costa Esuri?

Qué cuente como van a destruir playa Granada para que un grupo de empresas haga una marina interior y se forren.

Qué diga porqué autorizan hoteles en primera línea de playa como el de Cotobro, el Algarrobico, Bahía Fenicia...¿y los nuevos puertos deportivos?

Qué cuente como se ha vendido el Dominio Público de La Tablada a unos constructores mediante un certificado de Costas con efecto retroactivo a 1997 declarando la innecesariedad de los terrenos porque el DPMT no puede ser vendido y el Ministerio de Defensa metió la pata al hacerlo.

Menos joyas Sr Trillo y diga la verdad, que está toda la costa planificada con nuevos proyectos multimillonarios y que nosotros estorbamos.

¿A quién pretende engañar a estas alturas del partido?

El CCN pide una moratoria en Canarias a la aplicación de la actual Ley de Costas

El portavoz federal del CCN, Benito Codina, pide una moratoria en la aplicación de la vigente Ley de Costas para los núcleos costeros canarios con órdenes de derribo hasta que la reforma anunciada por el ministro Arias Cañete vea la luz.

   De esta manera, el CCN se suma a la reclamación realizada por la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas. Según Codina, la actual norma es "absolutamente injusta por su retroactividad, arbitrariedad y lesión de la propiedad privada, cuestiones que han generado y están generando graves consecuencias sociales y económicas en nuestro archipiélago, y por ello hay que cambiarla".

   Codina apunta que el "primer paso" es cambiar esta ley que tan "torticeramente" han utilizado los socialistas durante su etapa de gobierno para luego pedir la asunción de esa competencia por parte del Gobierno de Canarias, ya que gestionar una norma "expoliadora e injusta no es del gusto de nadie", pero dice que no será así ante una que ofrezca "seguridad jurídica" a los canarios y "vele" por el desarrollo armónico del litoral.

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-ccn-pide-moratoria-canarias-aplicacion-actual-ley-costas-20120117105320.html

El alcalde de Laredo propone un "trámite de constitucionalidad" para solucionar los problemas causados por los deslindes

El alcalde de Laredo, Ángel Vega, ha dirigido un escrito al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en el que propone incluir un "trámite de constitucionalidad" previo a la aprobación definitiva de los deslindes de dominio público amparados en la Ley de Costas.

   El alcalde considera que con esta fórmula "quedarían desactivadas las negativas afecciones a nivel socioeconómico y medioambiental que está generando la actual Ley de Costas".

   Según la ley y la jurisprudencia, el deslinde es una mera delimitación física de las realidades y conceptos de dominio público definidos en la ley. Pero las leyes son cambiantes. "Lo único que no cambia, lo que hemos jurado o prometido acatar y hacer cumplir, por igual, todas las autoridades, cargos públicos, funcionarios, abogados, profesionales, todos los ciudadanos, cualquiera que fuere nuestra ideología, principios o creencias, es la norma constitucional".

   En base a este planteamiento, apoyado en el informe de la Letrada Jefe del Servicio Jurídico municipal, Paz Villalobos, "no sería necesario, ni conveniente, esperar a la reforma de la Ley de Costas para reactivar las actividades socioeconómicas en nuestra región".  Antes bien, bastaría una Orden Ministerial que dispusiera "la revocación de la aprobación definitiva de los deslindes, para anular las anotaciones registrales derivadas de ellos".

   A continuación se efectuaría "un nuevo trámite de información pública, con participación de todos los afectados, Ayuntamientos y Administración Regional, a fin de efectuar una nueva propuesta de aprobación definitiva de estos deslindes ajustada a la Constitución Española". Realizado este trámite, quedarían aprobados definitivamente dichos deslindes.  

   Para el alcalde de Laredo, dicha fórmula, extensible a los 11 municipios del Parque de las Marismas de Santoña, y de aplicación en el resto de deslindes actualmente en curso en Cantabria, procuraría una solución "pronta y sencilla para evitar los efectos tan perniciosos sobre legítimas propiedades privadas".

MUCHAS CONTRADICCIONES Y GRAVES AFECCIONES

   El escrito recuerda el silencio con el que se han acogido los reiterados requerimientos de anulación del deslinde de dominio público de la playa del Regatón aprobado por Orden Ministerial el pasado 8 de febrero.

   Lejos de dar respuesta alguna, la Demarcación de Costas ha procedido "a anotar preventivamente el dominio público del Estado Español sobre fincas que, de no mediar tan irregular deslinde, mantendrían su titularidad plena". Una actuación especialmente grave en la actual situación de crisis, añade el Ayuntamiento de Laredo en un comunicado.

   El 8 de marzo fue aprobado el deslinde de Noja que a juicio del Consistorio pejino, presenta en algunos aspectos, claves para definir la propiedad privada de los que siempre lo fueron y desarrollan una actividad perfectamente lícita, una "clara contradicción" con el deslinde aprobado en Laredo.

   Últimamente se han aprobado con fechas 16 y 22 de noviembre de 2011 el de Marina de Cudeyo y el de Camargo. Éste último, añade el Ayuntamiento de Laredo, "con avances importantes en materia de innecesariedad de terrenos originalmente concesionales y ocupados por empresas", que no han sido objeto de aplicación en el caso del Polígono de Raos, ni en Marina de Cudeyo, ni en los deslindes aprobados en los municipios integrantes del Parque de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

   En éste último se afectan, además, importantes actividades ganaderas para el consumo, de interés prioritario en nuestra región, concluye el Ayuntamiento de Laredo.
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-alcalde-propone-tramite-constitucionalidad-solucionar-problemas-causados-deslindes-20120116174753.html

LEY DE COSTAS Y DERECHOS HUMANOS

Con el anuncio del ministro Arias Cañete sobre su intención de realizar una “reforma en profundidad” de la Ley de Costas, se han puesto en pie de guerra ecologistas y no tan ecologistas,  anunciando movilizaciones y denuncias sin ni siquiera esperar a conocer  cuál es el alcance de la reforma que se pretende llevar a cabo.

La ASOCIACIÓN EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS (AEPLC)  ha comparecido en varias ocasiones ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, la última el 24 de mayo de 2011, denunciando la gravedad de las consecuencias socioeconómicas y los dramas personales de gente humilde por la aplicación retroactiva, arbitraria, injusta e insegura de la norma, recabando el amparo de las instituciones europeas, el cual hemos obtenido.

Es por ello que no voy a entrar a rebatir ni debatir ni una sola opinión, sino a exponer la nuestra del porqué se ha de revisar profundamente dicha norma.

La actual Ley de Costas entró en vigor el 28 de julio de 1988, con el  supuesto fin último de la protección del medioambiente y de lograr la “determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo terrestre (DPMT) y especialmente la ribera del mar”, tal y como dice su título preliminar.

No se ha conseguido ni una ni otra cosa debido a que el espíritu de la norma ha sido pervertido hasta tal punto que se ha aprovechado la oportunidad para aprobar deslindes absolutamente incomprensibles y arbitrarios, en base a la deficiente definición del DPMT que contiene la Ley de Costas.

Si se ha conseguido en cambio lo inimaginable, que sea la única ley de nuestro ordenamiento jurídico donde todo vale; donde se pueden vulnerar los más sagrados principios  del Derecho Nacional e Internacional;  donde la retroactividad de la norma, expresamente prohibida por la Constitución Española, ha dado vía libre a dibujar en un plano, raya tras raya, lo que el Estado ambiciona poseer sin que sea suyo. Luego se trata de justificar diciendo que esos terrenos eran del Estado desde que los romanos invadieron Hispania o desde la última glaciación o desde que los dinosaurios se extinguieron. Suena a broma pero es así de serio.

Se oculta celosamente que todas las propiedades están dentro de la más estricta legalidad, con el visto bueno de todas las administraciones pertinentes, pagando cuantos impuestos las gravan, inscritas en el Registro de la Propiedad y, en la mayoría de los casos, adquiridas mediante una hipoteca que deberemos seguir pagando religiosamente cuando, terrenos y viviendas, pasen a manos del Estado, porque tampoco se cuenta que nos despojan de la propiedad pero nos dejan las deudas.

Omiten igualmente en sus famosos informes justificativos de tan escandaloso expolio  que, en innumerables casos,  las propiedades  que pretenden adjudicarse fueron desamortizadas en su momento para llenar las paupérrimas arcas estatales, vendiéndose a particulares españoles y extranjeros a los que ahora tratan de  arrebatárselas de nuevo.

No existe en España un m² de terreno con más leyes y Directivas europeas proteccionistas que el del litoral, pero aún así se sigue insistiendo en que sin la Ley de Costas llegará el “fin del mundo costero”. Pero nadie clama por la protección de los Derechos Universales del Ser Humano, por la protección de su propiedad como un bien tan protegible como la naturaleza e incluso más, como expuso la ONU en el informe Brundtland; ni hay quién salga en defensa de las personas a quienes se les lleva a la más absoluta ruina saltando por encima de los Pactos internacionales vinculantes firmados por España como es el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El derecho a la propiedad está protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Constitución Española. Tratar de corregir una inseguridad jurídica que  afecta alrededor de 400.000 propiedades, que a vuela pluma corresponderá con 1.000.000 ciudadanos que son desposeídos de sus derechos adquiridos,  justifica  la necesidad de que se tramite una modificación de la Ley de Costas que sea respetuosa con el derecho a la propiedad consolidada con anterioridad a la ley, eliminando, además, cualquier concepto jurídico indeterminado que la cause como  ha sido la aplicación con carácter retroactivo de sus preceptos, generadora de gravísimos y profundos conflictos sociales no sólo en nuestro país, sino en toda Europa. Por esta razón las quejas que llegan al Parlamento Europeo se cuentan por miles y la imagen de España como un Estado de Derecho de la Unión Europea se  ha visto perjudicada hasta extremos insospechados, haciendo inviable cualquier inversión, española o extranjera, por miedo a una más que posible y demostrada confiscación que de la misma se ha venido realizando durante los 23 años de vigencia de la Ley de Costas.

Este Gobierno tiene muchos retos por delante. Uno de ellos es devolver a España la reputación perdida en muchos frentes, pero pocos o ninguno tan importantes como recuperar la Seguridad Jurídica y el Principio de la Confianza Legítima de los ciudadanos, pues una cosa es proteger el medio ambiente y otra muy distinta  despojar a los ciudadanos de los derechos  amparados  por las normas y pactos internacionales.

Se debe y se tiene la obligación de conciliar ambos aspectos.