LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2012) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

martes, 23 de octubre de 2012

PP. "El Gobierno canario alarga el calvario de los afectados por la antigua Ley de Costas"

La vicesecretaria de Acción Sectorial del Partido Popular de Canarias y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Tavío, acusó hoy al Gobierno Regional de "tomar el pelo a los afectados por posibles demoliciones en el litoral de las Islas a consecuencia de la actual Ley de Costas, alargando su calvario sin necesidad".

Tavío se entrevistó hoy con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, responsable en materia de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con quien coincidió en la necesidad de exigir que el Gobierno canario elabore "cuanto antes" un censo de viviendas del litoral isleño, en colaboración con las Corporaciones locales, con el fin de delimitar qué poblados marineros reúnen valor etnográfico y paisajístico que aconseje su conservación".

"Decenas de familias llevan tres años de agonía con una sentencia en la mano, esperando una decisión sobre su realojo, que es competencia exclusiva de las Instituciones canarias", denunció la parlamentaria del PP, quien recordó que Costas solo podrá legalizar aquellos núcleos de las siete Islas incluidos en ese listado, a través de los instrumentos que facilitan las leyes de la comunidad autónoma. 

"Para el Gobierno de España es imposible saber cuántas viviendas canarias están afectadas, porque el Gobierno de Rivero incumple desde 2009 la obligación de remitir un catálogo de los asentamientos que merecerían ser conservados, en cumplimiento de nuestra propia legislación", indicó la diputada del PP, que recordó que el Ministro de Medio Ambiente estima en 2.000 las viviendas de toda España en esta situación.

"Esta sería la única forma de acogerse a la beneficiosa regulación de la nueva Ley de Costas, que permitiría preservar los núcleos que tuvieran valor paisajístico y etnográfico, según la propuesta de las Instituciones canarias, y garantizasen uso sostenible del litoral", apostilló Tavío, para quien "sería un desastre que solamente el Archipiélago se quede fuera porque las Administraciones de la comunidad autónoma no quieran colaborar".
Seguridad jurídica

El encuentro entre Ramos y Tavío, celebrado en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, permitió repasar las singularidades de las Islas en la nueva Ley que elabora el Gobierno de España y ahondar en la necesidad de que las Administraciones colaboren para dar seguridad jurídica a los propietarios.

Tavío agradeció personalmente la sensibilidad demostrada por el Ministerio con las características del litoral canario, que quedaron de manifiesto cuando el propio Arias Cañete garantizó en la presentación de la Ley que Canarias ha de tener una regulación específica en materia de deslindes.

En este sentido, puso como ejemplo de la "bochornosa actitud del Gobierno de Canarias", la "delicada situación" de una docena de vecinos del núcleo tinerfeño de Cho Vito, en Candelaria, que llevan dos años esperando una solución a su realojo que nunca llega. 

La dirigente popular reiteró que "en los difíciles momentos de crisis que vivimos, no se puede consentir que haya familias esperando tres años por el realojo, lo cual alarga su agonía".

Cristina Tavío recordó que desde septiembre de 2010, los vecinos aguardan a que el Ayuntamiento, el Cabildo Insular de Tenerife y la Consejería de Medio Ambiente cumplan con su compromiso de buscar una solución que permita la ejecución de las resoluciones judiciales firmes que el Gobierno de España desea que se cumplan con la menor afección posible. 

Por este motivo, citó el caso de Güímar, también en Tenerife, "cuyo Ayuntamiento logró salvar las propiedades y actividad económica de varios núcleos de su litoral, poniéndose a disposición de sus vecinos y facilitando una aplicación de la vigente Ley que favorezca el uso sostenible de la costa".

La inmadurez de los políticos españoles no tiene nombre. No afrontan su responsabilidad jamás. 
Cristina Tavío conoce desde hace tiempo el problema de los poblados costeros canarios y no ha ha hecho absolutamente nada para encontrar una solución. 

Hace varios años que se les planteó el problema, porque tarde o temprano iban a gobernar, y ya que parecía preocuparles las nefastas consecuencias de la Ley de Costas, que tan furibundamente aparentaban combatir, fueran informándose de las afecciones y las posibles soluciones. Han pasado olímpicamente de todo y ahora la culpa es de otros.

¿No es el PP el que gobierna? ¿No tiene un Proyecto de ley que puede dar la solución que piden a los demás? ¿Para qué quieren calificar de BIC los poblados si la nueva ley seguiría confiscándoles la propiedad al convertirlos automáticamente en concesiones? ¿Cómo es posible que el Gobierno de España no sepa cuantas viviendas hay afectadas cuando ha sido el promotor del problema y el que las ha afectado? 

Sra Tavío, la solución es muy simple y está en manos de su Partido. Sólo hay que poner en la nueva Ley de Costas que las propiedades anteriores a 1988 SERÁN RESPETADAS Y DEVUELTAS A SUS LEGÍTIMOS DUEÑOS. 

sábado, 13 de octubre de 2012

Cho Vito no se rinde y pedirá reabrir su caso




Esta semana se han cumplido cuatro años de los derribos de las viviendas de Cho Vito ordenados por la Dirección General de Costas para recuperar el dominio público y construir un paseo, con un desalojo a la fuerza que incluyó un amplio despliegue de fuerzas y cuerpos del Estado.
Quedan nueve casas por tirar, de las 31 afectadas, pero los vecinos de este poblado de Candelaria -que en este tiempo han llevado sus quejas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo- no se dan por vencidos contra lo que consideran “una injusticia”. Ahora quieren pedir a los juzgados la reapertura de su caso -pese a que la sentencia ya es firme- tras descubrir lo que consideran nuevas pruebas do-cumentales a su favor.
Estos documentos constatan que con el deslinde de 1969 las edificaciones quedaban fuera de dominio público, tal como se aprecia en mapas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), lo que explica que en 1968 los propietarios firmaran su conformidad con la delimitación fijada, según explicó ayer Tomás González, portavoz de los afectados, cuya casa es una de las que faltan por demoler.
Un papel clave para Cho Vito es un escrito firmado en 2000 por el ingeniero jefe de la Demarcación, Manuel Barrios, en el que certificó que “la línea de deslinde probable” en la revisión iniciada en 1998 para este tramo litoral “coincide” con las aprobadas desde 1966 y 1969 “por encontrarse conformes con las definiciones de la Ley” de Costas de 1988. Pero la realidad es que, para “sorpresa e indignación” de este vecindario, el nuevo deslinde aprobado en 2001 finalmente se retranqueó frente al barrio, dejandolo de lleno en franja pública para “cometer la injusticia de derribar las viviendas sin respetar derechos, sin indemnización alguna”, en palabras de otro portavoz vecinal, Antonio Alonso, cuya casa ya fue demolida, aunque pague aún por el terreno el IBI y en el IRPF.
“Si los deslindes de 1969 y 2001 debían coincidir”, se preguntan tanto González como Alonso, “cómo es que luego eso no fue así, cómo es que desde 1994 nos abrieron expediente de recuperación posesoria del dominio público, y cómo es que todas las viviendas tienen escrituras de propiedad, cédula de habitabilidad, pagan el IBI; algunas fueron hipotecadas por bancos y hasta en un caso se recibió una subvención del Gobierno canario”. A estos documentos añaden uno de Costas en el que el suelo de Cho Vito figura como “urbano edificación intensiva”, así como otros con ubicaciones “arbitrarias” de los mojones que delimitan el deslinde.
Así las cosas, 9 familias siguen su “suplicio” en Cho Vito, a la espera de que Costas, el Gobierno canario, el Cabildo y el Ayuntamiento resuelvan el problema social de su realojo, al tratarse de su única vivienda. Mientras, continúa la obra del paseo marítimo, con un presupuesto de unos 924.000 euros.
“Un paseo que no lleva a ninguna parte, a no ser a la central de Unelco, y que, con la demolición de Cho Vito, deja un bonito frente marítimo a una unidad de actuación para 15 adosados que ahora quedarán en primera línea de costa; una futura urbanización de un conocido promotor en terrenos que además fueron cedidos en su día por sus antiguos dueños al Ayuntamiento para equipamiento público, pero no para que otras personas hicieran negocio”, denunció González, quien además recordó que en este litoral está planificado un puerto deportivo.
“Todo esto lo sacamos a la luz, y contarlo públicamente nos ha costado a alguno hasta amenazas de muerte”, manifestó, antes de advertir: “En Canarias hay más de cien Cho Vitos, muchos con sentencia, pero no se ha tirado nada desde que se hizo aquí; y en todos los casos siempre hay urbanizaciones que saldrían beneficiadas de derribar las casas de la gente humilde”.
Hoy, acto público
Los vecinos de Cho Vito celebrarán hoy, a las 18.00 horas, junto a lo que queda del poblado, un acto público en recuerdo del cuarto aniversario del desalojo y del comienzo de los derribos. Por megafonía, los asistentes podrán escuchar las intervenciones, vía telefónica, de portavoces de afectados por la Ley de Costas en toda España. Una conmemoración que concluirá con una paellada. “Hemos ido cuatro veces a Bruselas para que no se cometan más abusos de poder y se tiren casas sin indemnizaciones”, afirman.
¿Por qué tanta destrucción?
¿Para conseguir fondos europeos?
¿Para engordar las arcas de la empresa pública TRAGSA?
Además de para todo lo anterior, para conseguir a coste cero una playa para los 15 chalets programados y poderles hacer un pantalán, tal y como está programado en el PGOU. La Ley de Costas fue pensada para poner al servicio de los poderosos los terrenos de la gente humilde. La foto lo dice todo.




sábado, 6 de octubre de 2012

Cañete argumenta que las ''demoliciones masivas'' darían mala imagen


El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha justificado la reforma de la Ley de Costas aprobada este viernes en Consejo de Ministros "por la imagen de España que se generaría" al efectuar "demoliciones masivas de viviendas" a partir del año 2018, fecha en la que expiran las concesiones de casi 2.000 viviendas, lo que obligaría a su demolición.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Arias Cañete ha indicado que, "dentro de cinco años, se tendrían que haber empezado a demoler, solo en 2018, cerca de 2.000 viviendas en el litoral, con la imagen de España que se generaría de muchísimas personas que habían invertido en el país y que luego veían que una modificación del sistema jurídico les desposeía de sus viviendas y obligaba a demolerlas con enorme coste".

En cualquier caso, el titular de Medio Ambiente ha señalado que "todo lo que sea ilegal en la costa será demolido y se actuará sobre ello", en alusión al hotel constuido en El Algarrobico (Almería). Cañete también ha hecho alusión a los deslindes que, gracias a la nueva normativa, se podrá consultar a través de Internet para que los ciudadanos puedan comprobar "si su vivienda o parcela está afectada por limitaciones de dominio público".
A juicio del ministro, estos cambios "tienen que mejorar la confianza de los inversores extranjeros y permita dar salida a los 'stocks' de vivienda que muchas veces, por la imagen de España de inseguridad juridica, lleva a frenar las inversiones en el litoral". Por ello, ha subrayado que no se trata de "una ley de amnistía" ya que establece "un marco regulatorio mucho más claro" que permitirá evitar "la sensación de arbitrariedad". "No es más laxa ni tolerante", ha reiterado.

En este punto, ha detallado que "lo ilegal será demolido, lo que era legal y estaba sometido a concesion se prorrogará a peticion de sus titulares; y las instalaciones industriales se analizarán desde el punto de vista medioambiental para ver si son sostenibles y afectan a los ecosistemas marinos o habitats naturales para tener una política de conservación real de las playas y el litoral".

Así, ha recordado que actualmente, en los cerca de 10.000 kilómetros de costa que hay en el litotal, existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo. Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y 3.000 'chiringuitos'. Como ejemplo de la dimensión del empleo relacionado con este sector, Cañete ha cifrado en 40.000 el número de empleos que se generan solo en Andalucía.

Y dentro de unos años, vuelven a repetir la historia haciendo nuevos deslindes y confiscando las propiedades a los incautos que las han comprado. 
Es exactamente lo que hicieron con la Ley de Costas de 1988, quitársela a los propietarios extranjeros que habían comprado su vivienda LEGALMENTE en los años 60-70 y a los españoles que llevan siglos viviendo en la misma casa familiar.

La imagen de España está dañada por las leyes bananeras que permiten la retroactividad, la confiscación y la violación de los Derechos Humanos.

La única manera de dar seguridad jurídica es derogando la ley y declarando públicamente que en España se respetará la propiedad privada.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condena a España por retraso en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua

La Sala Sexta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea condena al Reino de España por el incumplimiento de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
Dicho Tribunal acepta el recurso presentado por la Comisión Europea donde alega el incumplimiento de los artículos 13, 14 y 15 de la citada Directiva Marco del Agua en los que se insta a
  • La adopción de los planes hidrológicos de cuenca.
  • La comunicación a la Comisión Europea y al resto de Estados miembros de la Unión una copia de los planes de Demarcación.
  • La realización de un proceso de participación y consulta pública.
Más en concreto, la Sala Sexta del Tribunal Superior de Justicia condena en costas al Reino de España:
  • al no haber adoptado, a 22 de diciembre de 2009, los planes hidrológicos de cuenca, salvo en el caso del Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, y al no haber enviado a la Comisión y a los demás Estados miembros interesados, a 22 de marzo de 2010, un ejemplar de dichos planes
  • al no haber iniciado, a más tardar el 22 de diciembre de 2008, salvo en el caso de los planes hidrológicos de Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, Islas Baleares, Tenerife, Guadiana, Guadalquivir, Cuenca Mediterránea Andaluza, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate, Galicia-Costa, Miño-Sil, Duero, Cantábrico Occidental y Cantábrico Oriental, el procedimiento de información y consulta públicas sobre los proyectos de los planes hidrológicos de cuenca.
En el siguiente enlace puede consultar la sentencia completa: [Sentencia]

Aunque no lo parezca, tiene mucho que ver con la Ley de Costas.

viernes, 5 de octubre de 2012

El Consejo de Ministros aprobará mañana el proyecto de ley de costas


El Consejo de Ministros aprobará mañana el proyecto de ley costas, con el que el Gobierno persigue la seguridad jurídica y la protección del medio ambiente en el litoral español.

El proyecto al que dará luz verde el Gabinete de Mariano Rajoy se denomina oficialmente de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la ley de costas del año 1988.
El texto llega a la mesa del Consejo dos meses después de que el Gabinete tramitara el correspondiente anteproyecto de ley, que ya recogía la ampliación a 75 años de las concesiones de propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre.
En la presentación de ese anteproyecto, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que la ley supondrá una "tolerancia cero" frente a las agresiones en la costa.
La ley prevé asimismo que a los bienes declarados de interés cultural que ocupan el dominio publico se les otorgue una concesión y se les aplique su régimen jurídico propio.
La ley de costas forma parte de la veintena de normas que el Gobierno tiene previsto aprobar en el segundo semestre del año y con las que pretende reformar las Administraciones Públicas, ganar en competitividad y mejorar la economía española para el crecimiento.

miércoles, 3 de octubre de 2012

Desaparece parte de la playa de El Saler por el rescate de los mercantes



El mar se ha comido la playa, que se ha estrechado, y ha generado un cortante de casi tres metros de altura en las dunas protegidas
Las dunas protegidas de la playa de El Saler (Valencia) se están viendo afectadas por las labores de reflotamiento de los dos buques que llevan encallados en la orilla tras el temporal del pasado viernes. En solo unos días ha desaparecido parte de la playa por culpa de la corriente que genera la hélice del “Sunrise” al tratar de salir a flote.
El mar se ha comido la playa, que se ha estrechado, y ha generado un cortante de casi 3 metros de altura en las dunas protegidas. Capitanía Marítima afirma que se arreglará la afectación a la playa y que será el propio armador quien tendrá que pagar el coste de regeneración. De momento se desconoce el alcance de la marea aunque el Ministerio ha comenzado a medir la cornisa. Los vecinos y los bañistas habituales se quejan además de que la playa está muy sucia por el movimiento de tierra y que ha llegado a la orilla un gran número de piedras.
Por otra parte, las labores de reflotamiento avanzan lentamente. Hoy se ha incorporado a los trabajos un tercer remolcador para tratar de mover el “Celia”, que sigue en paralelo a la playa. Está previsto que en las próximas horas se sume otro remolcador más.
En cuanto al “Sunrise” la situación está más avanzada ya que se encuentra encarado al mar después de que dos remolcadores de Salvamento Marítimo hayan conseguido girarlo 90 grados y arrastrarlo unos 40 metros mar adentro. Mañana se reforzarán los trabajos con un dispositivo para dragar la zona con un tubo de succión y crear una piscina alrededor ya que el buque continúa atascado en la arena.


A pesar de las innumerables denuncias que se han hecho debido la perdida de decenas de metros de la playa de la Garrofera desde hace años por culpa de la ampliación del puerto, ninguna Administración ha reaccionado y la que lo ha hecho, como Costas, en vez de obligar a Puertos de Valencia a regenerar la playa, decidió aprovechar la ocasión para realizar un nuevo deslinde y confiscar las pequeñas propiedades que en nada estaban afectando al medio ambiente. Es decir, que se no sólo se vulneró la Directiva europea de que "quién contamina paga" sino que se violaron los Derechos Humanos y el Protocolo 1 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
De haber tomado medidas a tiempo, esto no hubiera ocurrido. ¿Van a volver a pagar los ciudadanos las consecuencias de la dejación del deber de las Administraciones Públicas? 

lunes, 24 de septiembre de 2012

Ana Oramas exigirá que la ley de costas incluya las singularidades canarias


La diputada nacional de Coalición Canaria, Ana Oramas, pedirá la inclusión de las singularidades canarias en el anteproyecto de ley de Costas aprobado por el Consejo de Ministros en julio.
Así se ha comprometido Oramas con los afectados del poblado marinero de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria, y con los que se ha reunido este lunes.
La parlamentaria, según señala un comunicado, indicó que otros territorios del Estado si ven reflejadas en el texto sus particularidades y señaló que en la última reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria se acordó crear un grupo de trabajo constituido por Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos con el objeto de fijar una posición común y elaborar enmiendas al anteproyecto.

EL ANTES Y EL DESPUÉS DE CHO VITO. LECCIÓN PRÁCTICA DE COMO DESTRUIR UN POBLADO TRADICIONAL CANARIO

domingo, 16 de septiembre de 2012

Castellón reclama que la ley de Costas garantice sine díe los chalets del litoral

INMUEBLES EN PELIGRO DE DERRIBO

La Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense, promovida por la Diputación provincial, ha recogido centenares de alegaciones al borrador del anteproyecto de la ley de Costas, que sustituirá a la normativa de 1988.
Uno de los puntos calientes es la concesión de las viviendas en primera línea de mar, ya que, aunque “se valora que haya una prórroga de 75 años, queremos que se garantice el plazo o que sea indefinidamente para que no se puedan revocar los permisos”, explicó el diputado provincial y representante del ente, Mario García. La plataforma ha dividido las alegaciones en cuatro puntos: los deslindes, el dominio público-terrestre, las concesiones a las viviendas en peligro de derribo hasta el 2093 y el compromiso económico de luchar contra la regresión en el litoral de Castellón.
Precisamente la pervivencia de los cerca de 600 inmuebles en el punto de mira es uno de los temas que más preocupa a los afectados. Según García, “queremos que la ley garantice también que los propietarios no pasen a ser concesionarios de la vivienda”.
Además, adelantó que solicitarán una reunión con representantes del Ministerio de Medio Ambiente con el objetivo de trasladarles las inquietudes de los agentes implicados cuyos intereses, públicos o privados, podrían estar afectados por la nueva ley.
Otro de los aspectos destacados es la lucha contra la regresión, ya que el fin es que la normativa recoja un apartado en el que se refleje el compromiso de actuar sobre las zonas más degradadas.
El diputado también indicó que preguntarán sobre si deben ser los Ayuntamientos los que se informen sobre cómo se establece la nueva demarcación de deslindes; y si hay alguna localidad castellonense afectada por el Anexo 1 del borrador, que establece que hay núcleos urbanos que pasarán a ser patrimonio del Estado

sábado, 15 de septiembre de 2012

La Administración vende el dominio público maritimo terrestre para hacer un spá de lujo y los ecologístas hacen como que no se enteran


El Concello de Mugardos recibió ayer de parte de la Sociedad Castelo da Palma S.A. el proyecto básico que transformará la fortaleza mugardesa en un hotel spa de 5 estrellas. Se trata de un ambicioso plan promovido por varios socios y que lleva tras de sí muchos meses de negociaciones.
El documento recoge que el plazo de ejecución de las obras será de 24 meses a partir de la obtención de informes favorables de varias administraciones. Para ello, antes tendrá que recibir el visto bueno de Patrimonio, de la Consellería de Medio Ambiente y Territorio de la Xunta y también de Costas. La actuación requerirá una inversión de 20 millones de euros.
Más de cien empleados
La ejecución de las obras del futuro hotel mugardés requerirá, según indica el proyecto de la sociedad promotora, más de un centenar de profesionales de la construcción entre técnicos, electricistas, albañiles, fontaneros y electricistas, entre otros. De esta cantidad de trabajadores, el proyecto calcula que siempre se requerirá a pie de obra una media de 45 profesionales.
Una vez puesto en marcha el hotel, la Sociedad Castelo da Palma prevé que serán necesarios seis empleados en la cocina, cinco en el restaurante, cuatro en la cafetería pub, 11 para atender el balneario y otros 17 en la gestión del salón de congresos. Además, está previsto que se requieran alrededor de otros 72 con motivo de la celebración de congresos y bodas. De igual modo el proyecto recoge la posibilidad de poner en marcha un servicio de lavandería externa con la ayuda de unos cinco empleados.
Dos plantas de aparcamientos
La transformación del Castillo de La Palma en un gran hotel de lujo incluye que serán necesarias dos plantas para aparcamientos, una subterránea y otra en superficie. A ésta última se destinará la zona ajardinada a la entrada de la fortaleza.
El documento que acaba de recibir el Concello se ciñe en exclusiva al proyecto del hotel spa. Está previsto que próximamente la sociedad impulsora de la obra entregue otro escrito con el plan para la creación de la escuela de hostelería en una de las dependencias anexas al castillo, cuya puesta en marcha creará una decena de puestos de trabajo.
Además de las obras en el castillo, el proyecto comprende otro tipo de actuaciones, como la ejecución de una senda litoral entre La Palma y Chanteiro para mejorar la accesibilidad al hotel.
Todo el mundo conoce el hotel Algarrobico izado como bandera de los ecologistas, pero mientras se distraen las miradas hacia Almería, en el resto del litoral español, es la propia Administración del Estado la que se encarga de vender el dpmt.
La pretensión de construir un hotel en el Castillo de la Palma, se encontró con dos informes desfavorables de Costas, precisamente por hallarse enclavado en dpmt y servidumbre de tránsito y protección (se ve perfectamente en la foto). Eso no ha supuesto ningún problema. Como siempre, cuando se trata de grandes negocios, Costas, Ayuntamientos y cuantas administraciones intervienen, se las ingenian para decir que lo blanco es negro y si te he visto, no me acuerdo.
Lo indignante es que la cruzada ecologista no cuelgue ningún cartel ni pinte de verde nada, ni denuncie en juzgados y periódicos otros hoteles que no sean el famoso Algarrobico. ¿Por qué? ¿Les da pereza ir a Galícia? ¿Les parece estupendo que se haga negocio con el patrimonio del Estado? Es para preguntarse de qué o de quién dependen sus denuncias.
El Algarrobico tenía todas sus licencias, permisos y autorizaciones, incluidas las de Costas. Incluso, Cristina Narbona, ex ministra de Medio Ambiente, llegó a declarar en el Congreso en 2005 que el Algarrobico no estaba en dpmt. Años después, ante la denuncia de Greenpeace, los jueces han dicho que sí y que hay que derribarlo.
En cambio, el Castillo de la Palma, a pesar de que Costas, en época de Narbona, emitió dos informes diciendo que allí no se podía construir un hotel porque estaba en dpmt, se siguió con el proyecto. Años después, Greenpeace ni denuncia ni lo menciona, y Costas ha dado el visto bueno. Se podrá hacer un hotel sin ningún problema.
¿Puede alguien explicarlo?

lunes, 10 de septiembre de 2012

La Justicia anula parte del deslinde de Tenézar pero deja dentro del dominio público una hilera de viviendas

La Audiencia Nacional ha anulado de forma parcial el deslinde del dominio público marítimo terrestre en el núcleo de Tenézar, en la costa del municipio de Tinajo, “por falta de justificación”. La sentencia saca del deslinde a un buen número de viviendas aunque mantiene dentro a una hilera de casas que “se han levantado sobre terrenos naturalmente inundables”. 

El deslinde del dominio público marítimo terrestre, que entró en vigor a través de una orden del Ministerio de Medio Ambiente el último día del año 2008, afectaba a unos 320 metros de la costa de Tenézar. El Ayuntamiento de Tinajo presentó un recurso contencioso que ha sido en buena medida admitido por parte de la Audiencia Nacional.
Así, la Audiencia diferencia en la sentencia tres tramos del deslinde: una zona de acantilado en la parte oeste del pueblo (que anula), la parte central del núcleo costero (que en parte anula y en parte mantiene) y un acantilado hacia el este (que mantiene). El deslinde de 2008 incluía dentro de dominio público un total de 21 viviendas.
Sin embargo, en la resolución judicial se considera que hay que anular el tramo hacia el oeste (entre los vértices 20 y 26, definidos en la imagen superior). La Ley de Costas establece que en una zona de acantilados los mojones hay que colocarlos en su parte superior, aunque determina una inclinación mínima de los terrenos de 60 grados sexagesimales para tener tal consideración de acantilado.
En el caso de este tramo costero de Tenézar, aunque por su geomorfología pueda ser considerado como un acantilado, desde el punto de vista del “concepto legal” fijado en la Ley de Costas no lo es por no tener la inclinación suficiente, tal y como admitió el propio Ministerio de Medio Ambiente y resaltó el informe pericial encargado.
¿Nuevo deslinde?
La Audiencia Nacional aclara que la anulación de este tramo del deslinde se produce “sin perjuicio de que la Administración pueda realizar un nuevo deslinde” en el que se justifique “la concurrencia de las características” del dominio público exigidas por la Ley de Costas, como que haya llegado el agua del mar.
En ese sentido, en la documentación del deslinde de Tenézar la Dirección General de Costas apunta que en el citado tramo, ahora anulado, se observan viviendas que “se han consolidado sobre rellenos artificiales que a su vez se sostienen mediante muros de contención y que se han construido escaleras para acceder” a ellas, “pretendiéndose con ello evitar ser alcanzadas por el oleaje”.
Al margen
Entre este tramo de acantilado –desde el punto de vista formal aunque no legal- y el centro del pueblo, Costas trazó la línea del deslinde del dominio público de forma diagonal dejando dentro a varias viviendas (entre los puntos 26 y 27 de la imagen superior).
En cambio, la Audiencia Nacional sostiene en la sentencia que “no resulta acreditado” por parte de la Dirección General de Costas que se encuentren en una zona que deba ser considerada como dominio público al presentar “características” que “difieren de las del resto” de la parte central de Tenézar.
Las afectadas
La Audiencia Nacional sí que mantiene el deslinde en el resto del núcleo costero (entre el vértice 27 y el 31), afectando a buena parte del pueblo y a la zona de acantilados al este, ésta sin discusión con la inclinación exigida por ley y alcanzada “por el mar, observándose materiales depositados por las mareas”.
La sentencia, al mantener parte del deslinde, complica la existencia de una hilera de viviendas situadas al lado de una cancha de petanca. Considera probado que “los rellenos artificiales sobre los que se asientan y elevan las casas, los muros de contención y la barrera de protección de la escollera [...] no tienen otra finalidad que impedir la inundación natural” de la zona, y que “se constata como el oleaje actúa sobre las fachadas de las viviendas más próximas al mar”.
Más detalles
SERVIDUMBRE. El deslinde de Costas fijó la zona de servidumbre de protección en 100 metros, por ser suelo rústico, y no en 20 metros, como le correspondería si fuera un núcleo urbano. La sentencia mantiene la distancia.
PLANEAMIENTO. En el Plan General de Tinajo de 2004 se clasifica Tenézar como suelo rústico de protección ambiental cultural y costera. Que las viviendas y terrenos paguen IBI “resulta irrelevante”, según la Audiencia.
¿De qué sirve ganar un juicio si pueden volver a condenarte? No existe ninguna  ley en el mundo donde, si te declaran inocente, pueden volver a juzgarte hasta que logren declararte culpable.
La Ley de Costas es la única en la que los propios jueces, aún diciendo que no se ha justificado el deslinde, dan nuevas oportunidades al Gobierno para conseguir su objetivo: confiscar las propiedades ajenas. ¿Esto es justicia?
Esta ley es inadmisible en un Estado de Derecho europeo.
Sentencia

jueves, 6 de septiembre de 2012

El litoral se la juega en Madrid

Los núcleos costeros canarios a los que la aplicación de la Ley de Costas amenaza con la demolición están quemando sus últimos cartuchos para que la nueva norma que el Gobierno de la Nación pretende aprobar este año los libre de acabar en el suelo. La lucha ahora es política y se va a librar en los pasillos del Congreso de los Diputados y del Senado.

El borrador del anteproyecto de Ley de Costas que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de julio no ha resultado ser tan benevolente con Canarias como muchos esperaban, principalmente los afectados. Los poblados marineros canarios continúan prácticamente en la misma situación en la que se hallaban antes de que el Partido Popular (PP)  cumpliera su promesa electoral y el ministro Miguel Arias Cañete se pusiera manos a la obra en la reforma de una norma que data de 1988 y que en las islas, amén de las demoliciones ya ejecutadas, tiene amenazadas con la piqueta a unas 10.000 viviendas que están a menos de 100 metros de la orilla del mar y, por tanto, en suelo público.

Los afectados, que suman más de 150.000 en toda Canarias, tienen sus últimas esperanzas puestas en los diputados y senadores canarios, sean del partido que sean. Su idea es que cuando el documento salga, primero, del Congreso de los Diputados y, luego, del Senado los núcleos costeros del litoral de las islas  estén en la futura Ley de Costas, como mínimo, en la misma posición con la que han partido otros pueblos a los que el borrador aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy incluye en un anexo de excepciones.

lunes, 3 de septiembre de 2012

El Confital, la playa salvaje...

...hasta que la domó Costas.

La cala destaca como un espacio virgen y sin edificar en el interior de la capital


Más allá del barrio marinero de La Isleta, la playa capitalina de Las Canteras desemboca en la de El Confital, un bellísimo enclave natural que combina mar y montaña en el interior de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Con el último remozamiento que se llevó a cabo en la zona, se mejoraron los accesos peatonales a la playa con la instalación de unas escaleras y un paseo marítimo diseñados en madera, si bien el camino habilitado para la entrada y salida de vehículos aún conserva varios socavones que salvar. Pero El Confital permanece como un espacio virgen, libre de operaciones urbanísticas que hubiesen alterado la pureza de este paisaje formado por rocas volcánicas y moldeado por las mejores series de olas de todo el litoral canario.

Al final del paseo de madera que desciende hasta la playa, ondea la bandera amarilla, que nunca cambia al color verde porque debe prevenir a los usuarios del peligro de las rocas. A su lado, ondea la bandera azul con la que la Unión Europea reconoce a El Confital como una de las mejores playas europeas, aunque el distintivo se iza únicamente durante los tres meses de verano.

Cuando la marea está baja, las aguas dejan al descubierto un paraje de piedras en el que se forman charcas de diversos tamaños, que se convierten en la zona recreativa predilecta de los más pequeños, hasta que el manto de agua vuelve a cubrirlo en pleamar. Es a esa hora, bajo el sol refulgente del mediodía, cuando el mar se funde con la arena gruesa y se concentra un mayor número de bañistas en la playa, que son en gran parte residentes de La Isleta. "Vengo siempre que puedo, desde que soy pequeña", cuenta Aránzazu Rodríguez, mientras señala su piel bronceada por el sol, "del mismo color que las rocas de El Confital". "Es que en esta playa siempre sale el sol, incluso en invierno", añade la confitalera.

Unos metros más allá de la entrada de la playa, un letrero azul indica el comienzo de la zona nudista, que se inauguró hace dos años pero tuvo que desplazarse recientemente algunos metros más, debido a las quejas de varias familias.
Hace unos años, El Confital concentró un importante número de chabolas en las que moraron cientos de familias durante años y se desarrollaron un sinfín de actividades a la orilla de la playa, hasta que el Ayuntamiento capitalino desmanteló el poblado, derribó las chozas y expulsó a sus habitantes, que luego realojó en viviendas alquiladas.
Muchos asiduos de la playa afirman que durante esta época apenas frecuentaron la zona, hasta que, pasada la era chabolista, la playa volvió a ser realmente de dominio público.

Pero hoy este rincón litoral se enfrenta a nuevas problemáticas, entre las que destaca la falta de vigilancia de la zona, que favorece fenómenos como los botellones o barbacoas. Pero la protesta principal que esbozan muchos bañistas es la falta de control sobre la presencia de mascotas sueltas en la playa. "Hay muy poco control por parte de la policía", expresa Ángeles Sanginés, vecina de La Isleta que se declara "enamorada de su Confital". "Eso sí, los servicios de limpieza realizan todos los días un trabajo impecable", añade. Por otro lado, Esther Crespo, residente en Barcelona, visitaba por primera vez este paraíso capitalino. "Me ha impresionado descubrir una playa virgen en medio de la ciudad, cuenta Esther, "es puro reposo y sosiego".

Desde el paseo se divisa toda la playa de Las Canteras con la ciudad de fondo, sobre la que planean algunas nubes amenazantes. Pero los bañistas no se inmutan porque saben que en El Confital siempre sale el sol, incluso en invierno.

No se que entiende la autora de este artículo por "salvaje" pero si se hubiera ampliado el  el objetivo de la cámara que hizo la foto, se hubiera visto que más que salvaje, es una salvajada lo que  ha hecho Costas con la playa. Los vídeos no dejan lugar a dudas. 


Si después de ver lo que es capaz de hacer Costas con una playa virgen, alguien sigue  creyendo que Costas y su ley a la carta protegen el litoral, es para darle el premio al inocente del año.
Costas ve una playa que milagrosamente se ha salvado de las escavadoras de TRAGSA y tarda diez minutos en planificar sus famosos paseos que, por supuesto, son el pistoletazo de salida para que posteriores planes urbanísticos con cánones millonarios, "pongan en valor lo que es de todos, para el disfrute de todos". 
No dudan tampoco en involucrar a los ayuntamientos para que consigan, como sea, los terrenos necesarios para sus planes. De ahí a los juzgados, es sólo cuestión de tiempo. Eso sí, los marrones que van dejando por donde pasan, siempre se los acaban comiendo otros, como por ejemplo en este caso, el Ayuntamiento. Costas siempre se va de rositas aunque sea el instigador. Y para muestra, un botón.

El Ayuntamiento no puede pagar a los dueños de El Confital (2010)
El gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reconoció ayer que no dispone de suelo suficiente ni de los 40 millones de euros que la empresa Confital Internacional, SA (Confitalsa), reclama como pago por la cesión de 50.000 metros cuadrados de la playa de El Confital en 2004.

"Según el convenio firmado en 2004 entre el Ayuntamiento y Confitalsa se le debe ceder a esta empresa 150.000 metros cuadrados de suelo residencial y eso es materialmente imposible porque es tanto como todas las instalaciones que tenemos en el barranco de La Ballena", explicó ayer el edil de Urbanismo, Néstor Hernández. El concejal agregó que además de ese suelo para edificar, habría que ceder otros 250.000 metros cuadrados más a los que obliga la Ley para dotaciones y equipamientos (carreteras y zonas verdes entre otros), lo que sumaría una superficie total de 400.000 metros cuadrados, casi tanto como la playa y todo el paraje natural de El Confital (434.000 metros).


Según Hernández el único suelo que reúne condiciones para ser cedido a Confitalsa, como un primer pago, son los 35.000 metros cuadrados de edificabilidad que recoge el Plan Parcial Marzagán Este (UZR 09), una parcela que los antiguos dueños de El Confital han rechazado porque les obligaría a realizar múltiples expropiaciones de los actuales dueños .


Cardona quiere evitar pagar 44 millones por El Confital (2012)
El Gobierno de Juan José Cardona intenta impedir a toda costa que el Ayuntamiento se vea obligado a desembolsar la cantidad millonaria que exigen los dueños, quienes acudieron hace más de dos años a los tribunales para reclamar una indemnización, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con los anteriores responsables municipales. La empresa Confital Internacional SA (Confitalsa), dueña de los 50.000 metros cuadrados de El Confital que aún quedan en manos privadas, acusan al Ayuntamiento de incumplir el convenio firmado en 2003. Según dicho acuerdo, el consistorio se comprometió a compensar la adquisición de la parcela con 150.000 metros cuadrados de suelo urbanizable.

Fuentes del Gobierno municipal reconocieron el incumplimiento del convenio e informaron de que se intentará llegar a un acuerdo con Confitalsa mediante el ofrecimiento de otros terrenos residenciales en el municipio. Al respecto, señalaron que "desde Urbanismo se quiere cumplir con el acuerdo" y, para conseguir dicho objetivo, "el grupo de gobierno se va a sentar con los propietarios para ver cómo se les compensa".
Fuentes de la empresa indicaron que hasta ahora "nadie" del Ayuntamiento se ha dirigido a ellos y añadieron que su único interés es conocer el sentido de la sentencia a la demanda que presentaron. El pleito está visto para sentencia desde marzo de 2011.
El convenio que Confitalsa asegura que se ha vulnerado es el que firmó la ex alcaldesa Pepa Luzardo en junio de 2004. Mediante dicho acuerdo, el municipio adquirió 346.680 metros cuadrados de El Confital y se dejó pendiente otra parcela de 50.000 metros cuadrados, la que hoy está en litigio, a cambio de la cesión de otros suelos edificables en el municipio. En el convenio se fijó como fecha límite diciembre de 2008 para materializar la compensación.

Debido a la complicación de las denuncias entre los antiguos dueños y el Ayuntamiento, no se ha podido seguir con el proyecto que se tenía pensado: un balneario, una cafetería, algo especial para el deporte del surf....y lo que no contaran en su momento. 

Video del proyecto 

Así era antes de la intervención de Costas. Entonces si era salvaje, ahora es una salvajada.

¿Quién vigila al vigilante?