LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2012) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

miércoles, 18 de marzo de 2015

Un misterio misterioso

Hay cuestiones que resultan difíciles de entender. Y lo que no se puede entender es imposible que se pueda explicar. Yo, por ejemplo, soy incapaz de explicarme a mí mismo por qué hay que tirar el hotel Médano. Porque, vamos a ver, uno coge el Google Maps, examina las costas de esta isla y no hace más que encontrarse casas tan cerca de las olas que hasta tienen lapas. En Candelaria, en el Puertito de Güímar, en El Médano, en Los Cristianos... En toda la isla hay edificaciones que están pegadas a la pleamar. A la trasera del ayuntamiento del Puerto de la Cruz, sin ir más lejos, casi le llega la espuma de las olas.
¿Se van a tirar todos estos edificios? No. Porque ya estaban en el momento de aprobar la ley de 1988. Las viviendas que ya existían en esa fecha se quedaron "fuera de ordenación", como en Santa Cruz; un limbo jurídico en el que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Con el tiempo, según la ley, muchas pasarían a ser propiedad del Estado. Luego la Unión Europea le dijo a España que era muy feo que se quedara con las viviendas que los pensionistas alemanes habían comprado con sus ahorros. Entonces el Gobierno, en 2013, volvió a regular las costas, pasando la prohibición de construir de cien a veinte metros del marisco, aunque según y cómo también ilegalizaba algunas casas en los otros ochenta metros... ¿Me siguen? ¿No? Tranquilos, yo tampoco.
La Ley de Costas del 88 establecía que a cien metros de la pleamar no puede haber ladrillo sobre ladrillo, excepto en los lugares que ya fueran urbanos en esa fecha. Ahí se aplicaba la frontera de los veinte metros. El dominio público es la ribera del mar. Pero luego hay seis metros de servidumbre de tránsito, aunque sean riscos por los que no puedan transitar ni los cangrejos. Luego hay zona de servidumbre de protección -que afecta a propiedades privadas- que llega a unos cien metros (u ochenta) en la que no se puede edificar. Y ahí es donde está el tomate. Porque uno se lee la ley y se enreda como en un trasmallo.
Al final lo que importa es que Costas, o sea, el Estado, o sea, el Gobierno, es el propietario de las riberas de la mar. Y como es el propietario no construye. Y demás, tampoco deja construir a los vecinos a una incierta distancia. Por qué son cien metros, ochenta o veinte o los que sean y no más o menos, es un misterio arbitrario. Por qué es igual para una costa continental que para otra insular, es más de lo mismo. Y también por qué hay casas que nadie se mete con ellas y otras que dicen que se van a tirar.
Es decir, que lo de Costas es un misterio muy misterioso. Si esto del cambio climático sigue adelante y se deshielan los polos y sube el nivel de la marea, como auguran los calentólogos, que dios nos coja confesados porque Costas se queda con todo. Y encima ruedan los mojones, como los magos, para ampliar la finca. Vaya peligro.

viernes, 13 de marzo de 2015

El enigma de las coordenadas

Un supuesto error de Costas en el vértice M-336 que coincidía con el campo de fútbol hace tambalearse la sentencia del mamotreto. La invasión de la zona de servidumbre de protección sería mínima.
Dicen que fue un error de transcripción. Que el funcionario o funcionaria que copió en el plano las coordenadas del deslinde marítimo terrestre de 1961 al de 2009 se equivocó en el M-336 y lo puso en el córner del campo de fútbol, un poco más arriba de donde debía ir.
Así se reconoce en un documento perteneciente al nuevo deslinde iniciado por Costas de Las Teresitas, en el que se establece que "la línea de deslinde propuesta [...] es coincidente totalmente con la aprobada por Orden Ministerial de fecha 12/02/2009 hoy anulada, salvo en el vértice M-336, donde se detectó que no coincidía con el vértice del tramo adyacente, error que se ha corregido".
Este error no pasaría de ser anecdótico si no fuera porque se examinaron y resolvieron alegaciones sobre ese vértice sin que nadie se diera cuenta en 2009 y porque ese vértice o mojón fue una de las bases del juicio del mamotreto, en el que han sido condenados y se ha ordenado entrar en prisión a dos concejales y una técnico de Urbanismo.
Costas, en vez de reconocer y clarificar estos hechos, salió el lunes al paso con un comunicado intencionadamente ambiguo en los medios de comunicación. "El deslinde que se está tramitando actualmente es coincidente aproximadamente con el del año 2009 [...]. Así mismo, este deslinde es prácticamente coincidente con el anterior (O.M. de 13 de mayo de 1961) en la zona del mamotreto. El deslinde del año 1961 es el vigente hasta tanto se apruebe el recientemente incoado".
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha pedido un informe aclaratorio a Costas, pero ya está sacando la calculadora para empezar a sumar lo que les costó paralizar la obra porque invadía no solo el dominio público marítimo terrestre sino también la servidumbre de protección.
Sin embargo, la sentencia del Juzgado de lo Penal número cinco se refiere en sus hechos probados al deslinde de 1961, que estaba supuestamente bien pasado a plano. Aunque también lo hace al de 2009, con una frase: "Por Resolución de fecha 12 de diciembre de 2009, se aprobó el deslinde de los bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre en este tramo de costa, que es coincidente con el anterior (O.M. de 13 de mayo de 1961), en lo que atañe a los hechos aquí descritos".
Los abogados en la defensa están ahora personándose en el expediente administrativo de Costas, para poder examinar los deslindes y, en concreto, dónde estaba el vértice M-336 en el de 1961. Si estaba en el córner, nada habrá cambiado, si estaba más abajo, tienen que medir cuánto para comprobar entonces qué parte del mamotreto invadía la servidumbre de protección.
El último movimiento que se ha hecho del mojón en el nuevo expediente de deslinde que se ha incoado este año lo sitúa un poco más abajo y la invasión del mamotreto de la servidumbre pasaría de los 450 metros cuadrados a entre 25 o 50 metros.
Si esto fuera así, aplicando el principio de proporcionalidad de la Justicia, se pararía supuestamente la demolición ordenada en la parte de servidumbre de protección.
Además, algunos apuntan a que podría incidir en los delitos contra la ordenación del territorio por el que ya han sido condenados con sentencia firme Candelaria Benítez, Norberto Plasencia, Loreto Ariz, Epifanio Gómez, José Domínguez Pastor y Manuel Parejo.
El abogado de Candelaria Benítez, Alfonso Delgado, explica que "lo primero" ante esta situación es la "prudencia". Una vez que comprueben que el mojón M-336 del deslinde de 1961 no está en el córner, pedirán un "recurso de revisión de la sentencia al Tribunal Supremo" o "el indulto".
De cualquier forma, con este nuevo giro el proceso judicial puede alargarse tal vez años.
Ahora el enigma se centra en quién cometió aquel error fatal de transcripción, para rastrear si existió algún posible interés o fue la concatenación de una suma de errores "inaudita", en palabras del alcalde de Santa Cruz de Tenerife.
También se cuestiona incluso qué funcionarios de Costas rechazaron dos alegaciones al deslinde de 2009, amparándose, precisamente, en que el vértice M-336 "se representa en el interior del campo fútbol" y es "coincidente" con el de 1961. Y sobre todo, cómo es que nadie se percató del error en seis años.
Los culpables, ¿seguirían siéndolo?
Aunque los abogados de los condenados van a hacer todo lo posible para que se revisen las penas, no está tan claro que eso sea posible. El portavoz de Sí se Puede y también abogado Pedro Fernández Arcila sostiene que "el mamotreto era ilegal cuando se construyó porque el proyecto final invadía el dominio público marítimo-terrestre, considerando tanto donde antes se encontraba el mojón como donde se dice ahora que debiera estar, y, dado que esto es así, alguien informó favorablemente una obra que no debía ser autorizada". Además, aclaró "algo que los concejales de Coalición Canaria eluden de manera consciente o inconsciente: la acción que condena la justicia no tiene que ver solo con lo que está construido, sino también con lo que se autorizó". El citado fallo dice además que con esta acción, los condenados vulneraron aspectos legales en materia de ocupación, de usos del suelo, de altura y de edificabilidad, entre otros. Y, además, sigue siendo ilegal según el PGO, añadió.
Más información
El concejal del Partido Popular (PP) Carlos Garcinuño ha solicitado al consistorio una copia de la incoación del nuevo expediente de deslinde marítimo-terrestre en el que se reconoce el error. Tanto ediles del gobierno como de la oposición han tildado el supuesto error en ese mojón clave de "raro", debido a las numerosas ocasiones en las que ha habido que repasarlo e incluso declarar sobre él en el juicio por parte de los técnicos de Costas.

domingo, 22 de febrero de 2015

El inmenso poder de COSTAS S.A.; CUANDO QUIEREN, COMO QUIEREN, DONDE QUIEREN, LAS TRES PREMISAS DE LA LEY DE COSTAS

Un cambio en el deslinde de Costas amenaza con despenalizar la causa

Un cambio en el actual deslinde marítimo-terrestre en el litoral de la santacrucera Playa de Las Teresitas amenaza con dejar sin efectos penales el proceso llevado a cabo contra tres exconcejales y tres funcionarias del Ayuntamiento capitalino a cuenta del llamado caso Mamotreto, una edificación para aparcamientos erigida en la entrada de la playa y que ha supuesto condenas de cárcel y de inhabilitación para seis de los siete encausados inicialmente.
Dicho cambio fue comunicado el pasado viernes por la Dirección General de Costas al Consistorio tinerfeño, y supone una sustancial rebaja, ya que pasaría de los 400 metros fijados en principio a 50.
Si, como apuntan los expertos consultados, esta variación del deslinde implica que el llamado mamotreto no invade la servidumbre de protección, el proceso quedaría sin relevancia penal, ya que dicha invasión es, precisamente, la que ha justificado que todo el asunto se haya juzgado por esta jurisdicción en vez de por la administrativa.
Un dato fundamental radica en que no se trata de un nuevo deslinde sino de la corrección del anterior. Este cambio se produjo a raíz de una decisión de la Audiencia Nacional que anulaba la orden ministerial por la que el 12 de febrero de 2009 se aprobó el nuevo deslinde del dominio público marítimo terrestre de esta playa que tanto quehacer ha dado a la Justicia y lo que aún falta por dilucidarse.
Aunque el dato resulta asombroso, todo apunta a que Costas conocía este cambio clave para la suerte de este proceso desde el mes de junio del año pasado, y sin embargo la comunicación oficial del mismo se ha producido más de siete meses después.
Cabe recordar que la zona que supuestamente invadía el llamado mamotreto de servidumbre de protección era de siete metros en profundidad y de 60 en fachada, por lo que cabe suponer que el cambio actual puede llegar a dejar fuera de servidumbre la construcción o, al menos, reducirla a una distancia que se traduzca en irrelevante o, en todo caso, no lo suficiente como para justificar una condena como la actual.
La nueva situación por tanto que se dibuja a la vista de este cambio en el deslinde de la playa de Las Teresitas no sólo influye sobre las posibles condenas de cárcel de los imputados sino también al propio edificio y a la orden ya dictada por el alcalde, José Manuel Bermúdez, de iniciar el trámite para derribar la parte del inmueble que invade la zona de servidumbre.
Sólo existe una ley en el mundo que puede hacerte delincuente o víctima, culpable e inocente, legal o ilegal dependiendo de una raya dibujada en un plano al capricho de un señor/a. Si la ponen aquí, vas a la cárcel. Si la ponen allá, te libras de ella. ¿Cómo puede seguir existiendo semejante norma en un país civilizado? ¿Dónde está la seguridad jurídica? Esta ley permite, sin que nadie la cuestione, venganzas o amiguismos dejando a los tribunales, jueces, fiscales, UDEF, Guardia Civil... en un vacío legal muy poco recomendable. 
Teniendo a Costas con el poder absoluto en sus manos sobran todos lo demás.

Nadie, excepto nosotros, ha denunciado que existe una parte del territorio español, el costero, que vive en una dictadura total con vireyes con patente de corso, pero existe y alguien debería tomar medidas para que esta parte de España regrese al Estado de Derecho Europeo al que se supone pertenecemos todos.

sábado, 31 de enero de 2015

PISTOLETAZO DE SALIDA A LA ESPECULACIÓN DEL LITORAL: Las viviendas ubicadas en primera línea de El Puertito, en riesgo

El Ayuntamiento de Adeje aprobó, en la sesión plenaria ordinaria que celebró el 26 de septiembre de 2014, la modificación puntual del sector 6 del Plan General de Ordenación (PGO), "afectando a los vecinos del núcleo costero de El Puertito, en el que residen desde hace décadas unas 30 personas". Sin embargo, en el desarrollo de la ordenación pormenorizada publicada en el BOP del 12 de noviembre pasado, "solo se plantea que dichas edificaciones a pie de costa tengan uso comercial, prohibiendo el uso residencial".
Así lo denuncia públicamente Coalición Canaria (CC) al anunciar que presentó alegaciones "para que se mantenga el uso residencial, compatible con el terciario y comercial, esperando que se resuelva favorablemente para los vecinos en el próximo pleno ordinario".
El portavoz del Grupo Municipal de CC, Ricardo Moreno, dice no entender que "el gobierno municipal venda a bombo y platillo que garantiza y protege el núcleo residencial cuando, en el papel, está certificando que los vecinos de este barrio no puedan residir en El Puertito de Adeje".
El pasado mes de septiembre fue cuando el gobierno municipal adejero anunció la modificación del planeamiento vigente para facilitar una inversión de 180 millones de euros durante los próximos cinco años. Con ello se realizará el Plan de Desarrollo de El Puertito de Adeje, consistente en actuaciones turísticas (vinculadas a la naturaleza y el ocio), el deporte y residenciales.
La superficie total afectada será de 442.750 metros cuadrados, de los que 119.994 metros cuadrados serán de uso turístico edificable, 11.454 metros cuadrados se emplearán para espacios comerciales, otros 25.258 metros cuadrados son de uso recreativo y deportivo mientras que las zonas verdes sumarán 107.699 metros cuadrados. También tendrá 3,7 kilómetros de carril bici, con otros 5 kilómetros de recorrido peatonal y su edificabilidad será del 31%.
Poner en valor el territorio, respetar y potenciar la singularidad del entorno, desarrollar un turismo del siglo XXI, además de generar empleo, proteger el núcleo residencial y el Aula Marina existentes en la zona fueron las premisas con las que se planificó este nuevo proyecto turístico.

jueves, 29 de enero de 2015

El abogado Moreno sitúa el origen del conflicto de Hoya Pozuelo en una errónea aplicación de la Ley de Costas

El abogado especialista en derecho urbanístico Normando Moreno, que defiende desde marzo de 2000 a la empresa de Jaime Cortezo en el contencioso ante Costas por la invasión del dominio público marítimo terrestre de los dúplex de Hoya Pozuelo, en Telde (Gran Canaria), ha declarado este miércoles que tanto el promotor como los compradores de las viviendas "han sido víctimas de un sistema kafkiano, que no funciona".
En la sexta sesión del juicio contra Cortezo, Elena del Castillo y Juana Rosa Fuentes por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y alzamiento de bienes en la venta de los mencionados inmuebles, Moreno ha recordado en su declaración como testigo que el deslinde se realizó en el año 1985 al amparo de la Ley de Costas de 1969, que "no distinguía lo que era la ribera del mar ni establecía una zona de servidumbre".  
"Sin embargo", añadió el reputado letrado, "se basan en que el replanteo invade una servidumbre, una línea imaginaria que nadie ha trazado".  
Cabe recordar que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Rural (Apmun) del Gobierno de Canarias abrió en febrero de 2000 un expediente sancionador a Hoya Pozuelo SL tras la denuncia interpuesta por José Luis Arencibia (ya fallecido), un excolaborador de Cortezo que consideraba que las viviendas invadían los 100 metros de servidumbre que la normativa establece para proteger la costa. El procedimiento se resolvió con una orden de derribo para las viviendas de primera fila de esta promoción, orden que después fue ratificada por varias sentencias judiciales.
Moreno precisó que la Ley de Costas aprobada con posterioridad, en 1988, obligaba a la Administración a adaptar los deslindes anteriores, como el de Hoya Pozuelo, para fijar la ribera del mar y la zona de servidumbre.
El abogado ha relatado que en estos quince años de litigio, desde que Cortezo le encargara el escrito de alegaciones para el trámite de audiencia por el expediente de la Apmun, ha ejercido 31 acciones y ha trabajado en más de 40 expedientes "voluminosos" para "intentar llevar al sentido común este asunto".
Agotada la vía judicial en España, la defensa del empresario llevó el caso de las viviendas de Hoya Pozuelo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, Estrasburgo no ha admitido los recursos al entender que no concurren las causas para ello."La jurisdicción europea es muy particular", ha sentenciado  Moreno, quien, no obstante, cree que  aún hay margen de defensa y que el caso puede tener más recorrido. En los tribunales comunitarios "hay otras acciones que se pueden emprender", ha afirmado el letrado sin dar más detalles.
Moreno ha lamentado que en este proceso no haya habido una "mayor coordinación entre la estrategia de defensa de los propietarios de las viviendas y la de Jaime Cortezo", ya que las instituciones europeas son "más sensibles" a los problemas de los ciudadanos afectados por "decisiones desproporcionadas" como la que, a su juicio, ha derivado en este pleito.
"Nunca se pueden hacer afirmaciones rotundas, y menos en Derecho, pero las cosas podían haber sido de otro modo si se llega a hacer causa común. Hubiera sido ejemplarizante", ha concluido.

Para este encargo profesional, Moreno se ha servido de varios informes elaborados por el ingeniero topógrafo Enrique Vidania, que también ha declarado como testigo este miércoles.Vidania ha defendido que el deslinde realizado en la zona de Hoya Pozuelo es incorrecto: "El propio informe de la Demarcación de Costas dice que hay errores de metros".
Según el topógrafo, las viviendas de Hoya Pozuelo no se encuentran dentro de la  zona de servidumbre, puesto que, en su opinión,  no hay menos de 100 metros entre las mismas y la denominada ribera del mar. Afirmó además que es "imposible hacer una línea paralela" y que, pese a ello, en ese terreno sólo hay dos mojones que marcan el deslinde cuando debería haber "aproximadamente 24".
Vidania ha manifestado que la línea que delimitó la Apmun no coincide con la fijada por Costas y que en el caso de uno de los mojones, el número 22, hay un error "muy llamativo" de 13 metros que perjudica a la promotora. "Puede haber incluso falsedad de documento público", se ha atrevido a decir.
El tercer testigo en comparecer este miércoles ha sido Federico Rodríguez, que en febrero de 2000 reservó una vivienda en la parcela I4, una fase de la promoción posterior a la I2, en la que se encuentran las casas afectadas por la orden de derribo. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, ante la "incertidumbre" que existía, decidió no ejecutar la opción de compra y se le devolvió el dinero que había aportado. Según Rodríguez, el propio Cortezo le explicó que había un problema "con el tema del deslinde", aunque finalmente renunció "por el retraso de la obra".
El juicio por la presunta estafa de Hoya Pozuelo se reanuda el próximo lunes con la declaración de nuevos testigos.
http://www.teldeactualidad.com/noticia/sociedad/2015/01/28/9179.html Fuente: Texto de Iván Suárez (CanariasAhora.com)

domingo, 28 de diciembre de 2014

LA INOCENTADA DE MARIANO RAJOY ¡¡NO TIENE NINGUNA GRACIA!!

POLÍTICA ESPAÑOLA EN EL EXTRANJERO
Artículo 2. Principios y objetivos de la Política Exterior.
1. La Política Exterior de España tiene como principios inspiradores el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La Política Exterior de España defenderá y promoverá el respeto y desarrollo del derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Promoverá los proyectos de construcción europea y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como el multilateralismo en el seno de la comunidad internacional.
2. Son objetivos de la Política Exterior de España:
c) La promoción y consolidación de sistemas políticos basados en el Estado de Derecho y en el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas;
Artículo 16. Acción Exterior en materia de derechos humanos.
1. La Acción Exterior en materia de derechos humanos promoverá la extensión, reconocimiento y efectivo cumplimiento de los principios fundamentales defendidos por la comunidad internacional de Estados democráticos y reconocidos en la propia Constitución Española, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los demás pactos y tratados ratificados por España en esta materia, en especial las Directrices de derechos humanos de la Unión Europea.
2. Asimismo, promoverá la cooperación internacional en materia de defensa y garantía de los derechos humanos y contará para ello con el trabajo de proyección exterior de los órganos constitucionales.
POLÍTICA INTERNA ESPAÑOLA VISTA DESDE EL PARLAMENTO EUROPEO
Conclusión: a falta de la intervención de los peticionarios, prevista para el día siguiente, la comisión concluye que existe un problema de seguridad jurídica y de indemnización justa, que las declaraciones de los representantes del Gobierno español y de la Comisión no son satisfactorias y que el Parlamento proseguirá el examen del asunto.
Decisión: solicitar al Presidente Buzek que remita un escrito al Presidente del Gobierno español, haciendo hincapié, entre otros, en la aplicación arbitraria de la ley, la falta de seguridad jurídica y la indemnización injusta; escribir una carta a la Comisaria Viviane Reding para solicitarle una aclaración de los aspectos de las peticiones relacionadas con la Carta de los Derechos Fundamentales y el CEDH. Los coordinadores debatirán otras posibles medidas de seguimiento.




domingo, 14 de diciembre de 2014

Costas admite la plena consolidación de todos los núcleos del litoral de Marín


El ministerio asume los criterios del gobierno local y confirma el asentamiento urbano de Casás, Teoira, Loira y Aguete » El próximo martes se reunirá la comisión de seguimiento

Costas del Estado ha admitido finalmente el grado de consolidación de los núcleos de Casás, Teoira, Loira y Aguete Sur, siguiendo los argumentos presentados por el Concello de Marín en julio del año pasado. En un informe remitido por la Dirección General de sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, se asumen los argumentos de Marín para defender los asentamientos urbanos que aún quedaban por aclarar en su litoral, adaptándose a la nueva ley de Costas de 2013.
"Se puede concluir que los citados núcleos cumplen con el grado de consolidación exigido para aquellas áreas que no contaban con servicios urbanísticos a la entrada en vigo de la Ley 22/1988, informando favorablemente a la aplicación de la Disposición transitoria primera de la Ley 2/2013", expone en sus conclusiones el informe remitido por el ministerio.
Se incluye a Marín en la disposición transitoria de la ley, que se refiere a los municipios que ya disponían de plan urbanístico antes de la entrada en vigor de la ley de Costas del año 1988, porque el municipio disponía de normas subsidiarias con similar consideración.
Marín había resuelto en gran parte el problema de los núcleos del litoral, al aprobar el nuevo plan xeral de ordenación municipal. Sin embargo quedan pendientes de ordenación estos cuatro lugares.
Estudio
Para solventar la situación, el gobierno local presentó a los integrantes de la comisión de litoral un estudio de consolidación elaborado por el equipo redactor del planeamiento, con el objetivo de reducir la línea de servidumbre para justifica una consolidación de dos tercios en los núcleos del litoral de Casás, Teoira, Loira y Aguete Sur.
El estudio de la consolidación elaborado por el equipo redactor, realizado teniendo en cuenta los cuatro documentos que ya se realizaron anteriormente en el municipio, trataba simplemente de "plasmar la realidad existente", como explicó entonces la alcaldesa, María Ramallo.
Para adaptarse a la Disposición transitoria de la ley, que da cabida a estas excepciones, se tomaron unos parámetros de consolidación, según los cuáles, a la entrada en vigor de la ley de Costas de 1988, Casás tenía un grado de consolidación del 78,48%, para el núcleo de Aguete Sur se establecía un 92,03%, para Teoira un 73,67% y, finalmente, para el núcleo de Loira un 76,04%.
El cálculo se realizó aplicando un método gráfico, que pone en relación la suma de las superficies de las parcelas consolidadas en 1988, con la superficie total del ámbito, tras descontar los viales y zonas verdes existentes en dicha fecha.
El reciente informe de Costas informa favorablemente a la argumentación del Concello para consolidar dichos núcleos, con lo que el gobierno local da por concluida la incertidumbre que pesaba sobre las viviendas afectadas.
Reunión
Para determinar las conclusiones definitivas del informe recibido por el Concello, el próximo martes se reunirá la comisión de seguimiento de la ley del litoral, con la presencia de los responsables de Xunta y Costas del Estado.

viernes, 12 de diciembre de 2014

El Gobierno canario recurre ante el Supremo el Reglamento General de Costas

El Gobierno de Canarias ha recurrido ante el Tribunal Supremo el real decreto por el que se aprobó el Reglamento General de Costas, al considerar que esta normativa vulnera sus competencias autonómicas.

Canarias cuestiona en su recurso varias disposiciones sobre los núcleos de población en la costa, la clasificación de playas, la limitación de celebración de eventos y la ampliación de las afecciones a las parcelas sujetas a servidumbre de protección, según informa el Ejecutivo regional en un comunicado.

La comunidad autónoma alega que la determinación de qué suelos son merecedores de tener la condición de urbanos, a los efectos de aplicarles o no la servidumbre de protección de costas, es una competencia urbanística (por tanto, local y autonómica), de forma que no debería ser el Estado el que adopte esa decisión.

El Reglamento General de Costas obliga además a los gobiernos autonómicos a distinguir en las playas tramos urbanos y naturales y establece un régimen jurídico para cada uno de ellos.

El Gobierno canario entiende que esa obligación se excede de las competencias estatales, toda vez que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya al respeto y tiene reconocidas las competencias para la ordenación de las playas a las comunidades autónomas.

El reglamento también limita la celebración de eventos deportivos o culturales en las playas urbanas y establece que éstos tienen que tener relevancia nacional o internacional.

El Gobierno de Canarias recuerda que en las islas "existe una multitud de eventos deportivos, como campeonatos de windsurf o surf, que se vienen desarrollando en playas o tramos de playa naturales, y cuya prohibición no sólo perjudicaría los intereses de la comunidad autónoma, sino que iría en contra de la competencia que ésta tiene en materia de Deportes y Ordenación del Litoral".

El Ejecutivo de Paulino Rivero se opone además a que solo se autoricen eventos de ámbito nacional o internacional, "pues existen numerosísimos campeonatos insulares y locales en todo el archipiélago que son también de interés turístico y deportivo", argumenta.

La comunidad autónoma rechaza, asimismo, que el reglamento amplíe las afecciones en parcelas que se encuentran en la actualidad sujetas a la servidumbre de protección de la costa.

El Estado pretende con este documento ampliar la figura de protección a la totalidad de la parcela que tenga alguna parte afectada por las servidumbres costeras, aun cuando la mayor parte de ella se encuentre fuera de esa protección.

"En una comunidad que basa buena parte de su economía en el turismo asociado a los usos costeros, esta medida podría tener un efecto demoledor", advierte el Gobierno canario, "pues con ello se impediría, entre otras repercusiones, gran parte de la política que se está llevando a cabo de modernización de núcleos turísticos".

El Gobierno de Canarias también ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Costas, la ley que ahora desarrolla este reglamento.


jueves, 20 de noviembre de 2014

Rebelión en Benidorm al proteger Costas 3.000 pisos del frente litoral

Más de 3.000 viviendas de la primera línea del Paseo de Levante de Benidorm quedarán afectadas por la nueva revisión del dominio marítimo terrestre que plantea Costas y que vuelve a situar el linde en la parte interior del paseo. Desde 1964, la zona de afección discurre por la línea pegada a la arena de la playa, pero Costas plantea ahora modificarla y devolverla a como estaba antes de esa fecha. La propuesta deja una servidumbre de paso de 6 metros y otra de protección de 20 metros.
Como ya publicó EL MUNDO, las alegaciones presentadas al deslinde por comunidades de propietarios y Ayuntamiento de Benidorm fueron desestimadas por el Ministerio salvo dos, las correspondientes al Hotel Selomar y Hotel Colon. La decisión no era definitiva puesto que el plazo de alegaciones aún permanece abierto y el consistorio ya ha anunciado que volverá a recurrir la línea de afección por considerarla «un atentado al modelo turístico y urbanístico de Benidorm», según dijo la edil de Turismo, Gema Amor.
La demarcación afecta a viviendas y hoteles de las calle Virgen del Sufragio y las avenidas Alcoy y Madrid, viales que dejarían de ser patrimonio municipal para ser propiedad del Ministerio. Desde los años 90, con la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, las calles de la primera línea de playa quedaron fijadas como bien municipal algo que ahora se pretende revocar.
Un total de 3.000 unidades que se verían obligadas a retranquear balcones y voladizos hasta la línea de la fachada si decidieran hacer cualquier tipo de obra puesto que dichos elementos vuelan sobre la zona afectada. Desde el Ayuntamiento de Benidorm afirman que esta condición repercutiría «en la imagen de la ciudad y, sobre todo, la seguridad de los transeúntes» puesto que dichos inmuebles no obtendrían permiso de obras ni para realizar restauraciones de las fachadas sin la condición de eliminar los salientes.
Cualquier actuación que el ayuntamiento necesitara realizar en los viales afectados requeriría de la pertinente autorización de Costas e, incluso, algunas propiedades tendrían que dejar de ser privadas para cambiar a titularidad estatal. «Cambiar una bombilla, repintar una farola o reformar un balcón requerirá de un trámite burocrático farragoso e innecesario entre administraciones», lamentó Gema Amor, quien advirtió de que tal circunstancia «va a provocar retrasos y un importante deterioro en la zona más valiosa de nuestra escena urbana». Por ello el gobierno cree «trascendental» tumbar la propuesta del Ministerio a como dé lugar para no «permitir esta tropelía» que terminaría por «quebrar un modelo que parte en los años 50 y que es pionero en el desarrollo urbanístico de España».
No se verán afectados por estas cuestiones los hoteles Selomar y Colón que quedan fuera del dominio marítimo terrestre. Estas excepciones han despertado los recelos de las autoridades municipales. El propio concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, dice no entender que se excluya del dominio marítimo terrestre sólo las confluencias del Hotel Selomar, Bilbaíno, edificio Túgar y apartamentos anexos al Hotel Colon. Por ello y aplicando el mismo criterio pide «que se amplíe a la totalidad el Paseo de Levante, ya que cuenta con las mismas condiciones de trama urbana e instalaciones de servicios públicos que la planteada por Costas».
Además tilda de «incongruente" que se declare zona de tránsito la Punta Canfali cuando las edificaciones existentes se asientan directamente sobre las rocas del acantilado «difícilmente transitables».
Sin embargo sí se declaró excepción a esta zona de tránsito el edificio municipal El Torrejó, antigua casa consistorial de Benidorm.
Así pues Ayuntamiento de Benidorm, propietarios afectados y hoteleros locales han decidido ir de la mano a la hora de presentar alegaciones para hacer «frente común».
Existen precedentes en municipios como Santa Pola, Guardamar o Alicante de zonas catalogadas de excepción al deslinde y Benidorm pide las mismas condiciones que estas localidades.

LOS OTROS 'PEROS'

  • Protección. El nuevo dominio marítimo terrestre delimita la ribera del mar con una servidumbre de paso de 6 metros y otra de protección de 20 metros.
  • Zonas afectadas. 3.000 viviendas y unidades hoteleras de las avenidas Alcoy y Madrid y calle Virgen del Sufragio quedan afectada.
  • 50 años atrás. La demarcación devuelve la zona de afección a la posición anterior a 1964.
  • Punta Canfali. Las edificaciones situadas sobre los acantilados quedan afectadas por la servidumbre de paso.
  • Calles. Las calles de la primera línea de la Playa de Levante dejarán de ser patrimonio municipal para pasar a ser propiedad del Ministerio de Medio Ambiente.











jueves, 6 de noviembre de 2014

¡¡NOTICIÓN!! Jueces y fiscales se dan cuenta del "colapso en el Estado de Derecho" en España

Confianza de los ciudadanos en la Justicia (fuente: Comisión Europea)

Las principales asociaciones de jueces y fiscales denuncian en un comunicado conjunto el riesgo de colapso del Estado de Derecho ante la avalancha de casos de corrupción y la injerencia de la política en la Justicia

Las asociaciones de Jueces y Fiscales no quieren permanecer ajenas ante la grave situación de "máxima alarma" por la avalancha de casos de corrupción y han emitido un comunicado conjunto "apelando a la lealtad institucional y sentido del deber y responsabilidad constitucional de los poderes públicos para, de una vez por todas, atajar esta situación".

Riesgo de colapso

Según las asociaciones , "la sociedad española atraviesa por una situación de máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que nos sobresaltan en los últimos tiempos. Casos que socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho".
Perversión del sistema
Según el comunicado de jueces y fiscales, "el desarrollo del modelo constitucional de Poder Judicial realizado por las sucesivas legislaturas democráticas ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes que toda Constitución debe salvaguardar, tratando los partidos políticos -de uno y otro signo- de preservar relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber juzgarles".

Debilitamiento


La consecuencia según denuncian jueces y fiscales, "no es otra que el debilitamiento del Poder Judicial, único garante de corregir las desviaciones de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española".
Por ello, las asociaciones firmantes entienden que resulta necesaria la adopción de las siguientes medidas:
  • Evitar inaceptables injerencias del poder político en la elección de los integrantes del órgano del Poder Judicial.
  • Incremento inmediato del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de Jueces y Fiscales en España a la media europea.
  • Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).
  • Instauración de un nuevo modelo procesal penal, apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción.
  • Revisión del Código Penal a fin de sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos.
  • Mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.
  • Reducción del número de aforados en el ámbito político y limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.
  • Reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su eje.
  • El comunicado lleva la firma de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, el Foro Judicial Independiente, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales no han suscrito este texto.

    ¿Cómo se han dado cuenta tan tarde? En 2009, en el Informe Auken ya se denunciaba: "14. Considera alarmante la falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español como un medio eficaz para obtener reparación y justicia" 

    ¿Cuándo ha existido en España el Estado de Derecho? NUNCA. Y mucha culpa de ello la han tenido los mismos jueces y fiscales, que ahora lo denuncian, por aplicar leyes que van contra todos los principios del Derecho de la Unión, cuando tiene en sus manos el poder inaplicarlas. 

    ¿Por qué no hablan de su responsabilidad en este "colapso"?