«La recuperación del dominio público marítimo-terrestre es un proceso largo, complejo y en el que, evidentemente, hay que respetar todas las garantías legales. Vamos viendo de forma individualizada si el propietario de cada construcción tiene derecho a treinta más treinta años de concesión, a partir de la aprobación del deslinde de cada tramo de costa», comenta la jefa de la Demarcación Costas en la Región de Murcia, Francisca Baraza.
Ésta apunta que, en cuanto a las terrazas asociadas a viviendas que invaden la línea imaginaria marcada por los mojones, y por lo tanto metros de acceso al mar ganados a costa del disfrute público, «lo lógico es el derribo». Eso, al margen de las compensaciones económicas que se puedan establecer.
De esta forma, el Ministerio de Medio Ambiente busca el difícil y siempre polémico equilibrio entre la recuperación total del dominio público, que exigiría un fuerte desembolso de dinero en expropiaciones y compras, y el poner coto a lo que en este momento parecen playas privadas, puesto que se hace imposible transitar por esos lugares sin tener que rodear las urbanizaciones o meterse en el agua ya que la arena forma parte de casas y recintos de uso privado.
«Este proceso de recuperación del dominio público puede llevar años, porque se trata de mucho papeleo, audiencias, exposiciones públicas e incluso recursos judiciales. Pero lo que está claro es que lo importante es abordar el tema y hacerlo siempre de forma individualizada y velando por el cumplimiento de la legalidad. Los propietarios no tienen por qué tener miedo, porque actuamos con todas las garantías. Eso sí, en las ocupaciones al margen de la legalidad actuamos con firmeza», argumentó Baraza.
La máxima responsable de Costas en la Región invita a reflexionar sobre la moderación con la que debe actuar la Administración en estos casos, «ya que si nos ponemos estrictos, casi toda La Manga podríamos considerarla ilegal a la vista de la actual ley, porque casi todo está construido. Lo que pasa es que la ley no es retroactiva, y por eso reconoce los derechos adquiridos por los propietarios de bienes y derechos de urbanización», concluyó.
La Sra Baraza sabe perfectamente que se está aplicando la ley retroactivamente, en contra del lo que dicta la Carta Magna. Y lo sabe porque es ella quién propone y firma los planos de los deslindes.
Está demostrado que se está confiscando las propiedades anteriores a la Ley de Costas, incluso con retroactividad de 5 siglos, mientras se permite construir a menos de 20 metros del mar. Claro que depende de quién sea el que construye.
En cuanto a que se respetan los derechos adquiridos, es otra mentira más que ya nadie se cree.
El derecho a uso y disfrute con el que nos quieren conformar, es decir, las concesiones, ese derecho ya lo tenemos por ser propietarios. ¿Cuál es entonces la indemnización? NINGUNA, o sea, una CONFISCACIÓN en toda regla.
Si por playas privadas se refiere a la del Hotel Abama en Guia de Isora (Canarias) construido por la familia Polanco (grupo Prisa), estamos totalmente de acuerdo. Pero resulta que no, que Costas autoriza la apropiación de la costa para uso privado a cualquier persona, familia o empresa afín al poder. A los demás, a los que no podemos defendernos del abuso y de la arbitrariedad de nuestros políticos, se nos CONFISCA la propiedad y encima creen que somos tontos y no nos enteramos de nada.
