A la Ley de Costas española se le ha abierto un nuevo frente en la Unión Europea. Esta vez, el toque de atención llega con más músculo. La responsable de Justicia de la Comisión Europea, la vicepresidenta Viviane Reding, pedirá a las autoridades españolas que modifiquen la aplicación de esta ley, que ya ha despertado polémica en el pasado en el Parlamento Europeo, donde se aprobaron dos resoluciones criticándola.
Según ha podido saber LA RAZÓN, la comisaria enviará hoy una carta al Gobierno español solicitando una reunión, en la que su equipo pedirá a nuestro país que establezca mecanismos para que la ley no «discrimine» a los extranjeros, ya que, en opinión de Reding, las estadísticas prueban que los europeos que viven en España están sufriendo de manera especial las consecuencias de esta norma, tras comprar propiedades en zonas en las que posteriormente se declaró ilegal edificar.
El equipo de Reding es consciente de que esta ley es competencia nacional, argumento esgrimido por la anterior responsable de Medio Ambiente, Elena Espinosa, y la actual, Rosa Aguilar, quien envió una nueva carta el pasado 3 de marzo clarificando a la Comisión la aplicación de la Ley. Con todo, la vicepresidenta, satisfecha con la cooperación española en este asunto, sigue estando «preocupada» por la situación en la que quedan los ciudadanos de la UE. Apoyándose en el derecho fundamental comunitario de la libertad de movimiento, convocará a las autoridades españolas a este encuentro en el que les propondrá, por ejemplo, que creen un punto de contacto para los extranjeros. Desde su equipo explican que son conscientes que no pueden exigir que se modifique la norma, ni pueden abrir un procedimiento de infracción, porque no tienen base legal, pero quieren que las cosas se hagan mejor. «Necesitamos una solución, por eso se creará este grupo de trabajo entre los responsables de Justicia de la comisión y autoridades españolas», añaden las mismas fuentes.
La veterana política acumula numerosos casos de enfrentamiento con nuestro país en sus diversas responsabilidades pasadas, el último por la euro orden para la protección de las víctimas.
Según ha podido saber LA RAZÓN, la comisaria enviará hoy una carta al Gobierno español solicitando una reunión, en la que su equipo pedirá a nuestro país que establezca mecanismos para que la ley no «discrimine» a los extranjeros, ya que, en opinión de Reding, las estadísticas prueban que los europeos que viven en España están sufriendo de manera especial las consecuencias de esta norma, tras comprar propiedades en zonas en las que posteriormente se declaró ilegal edificar.
El equipo de Reding es consciente de que esta ley es competencia nacional, argumento esgrimido por la anterior responsable de Medio Ambiente, Elena Espinosa, y la actual, Rosa Aguilar, quien envió una nueva carta el pasado 3 de marzo clarificando a la Comisión la aplicación de la Ley. Con todo, la vicepresidenta, satisfecha con la cooperación española en este asunto, sigue estando «preocupada» por la situación en la que quedan los ciudadanos de la UE. Apoyándose en el derecho fundamental comunitario de la libertad de movimiento, convocará a las autoridades españolas a este encuentro en el que les propondrá, por ejemplo, que creen un punto de contacto para los extranjeros. Desde su equipo explican que son conscientes que no pueden exigir que se modifique la norma, ni pueden abrir un procedimiento de infracción, porque no tienen base legal, pero quieren que las cosas se hagan mejor. «Necesitamos una solución, por eso se creará este grupo de trabajo entre los responsables de Justicia de la comisión y autoridades españolas», añaden las mismas fuentes.
La veterana política acumula numerosos casos de enfrentamiento con nuestro país en sus diversas responsabilidades pasadas, el último por la euro orden para la protección de las víctimas.
Carta de derechos
- La Ley de Costas es uno de los ejemplos en los que la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE prueba que puede mejorar la vida de los europeos, como recoge un informe que la vicepresidenta Reding presenta hoy. «No toleraré violación alguna de los derechos fundamentales. Este informe nos ayuda a rastrear el progreso así podemos actuar», dice
