Ya lo dijeron los vecinos de la playa de Ojos de Garza. La lucha contra Costas, que ordenó tirar sus casas, no iba a ser fácil, pero dejaron claro que plantarían batalla. Ayer trascendió que han ganado la primera. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha paralizado cautelarmente la orden de derribo de 7 de las casas.
Las viviendas que están en el punto de mira de la Demarcación de Costas de Canarias no son 7, son muchas más, tres veces más, 21 en total, pero los vecinos están convencidos de que lo que ha valido para 7, valdrá para el resto. A esas 7 les ha llegado una resolución de la Sala de lo Contencioso-administrativo en las que se les ha aceptado, a todas por igual, la solicitud que habían cursado de que los tribunales paralizasen cautelarmente los derribos ordenados por Costas hasta tanto la propia justicia no dirima cuál de las dos partes tiene la razón.
En esencia, los autos emitidos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, a uno de los cuales ha tenido acceso este periódico, justifican la decisión adoptada ante la evidencia de que si no se aplicara esta medida cautelar solicitada, y se llegaran a tirar las viviendas antes de que el tribunal decidiese quién tiene la razón, de nada valdría que al final la resolución fuese favorable a los afectados.
En el auto que firmaron los magistrados Cristina Páez, Francisco Javier Varona y Alfonso Rincón González-Alegre (este último en calidad de ponente) se apunta que la Sala, en supuestos como este que tienen que ver con la posible demolición de obras, ha optado por aplicar la doctrina jurisprudencial reiterada de suspender cautelarmente las demoliciones hasta que no se resuelva el caso de forma definitiva.
Costas defiende la recuperación del espacio que ocupan las casas, situadas en primera linea de playa, al considerar que se hallan sobre suelo de dominio público marítimo-terrestre, donde la Ley de Costas prohíbe que haya viviendas, pero los vecinos sostienen que estaban ahí antes de esa ley, que se aprobó en 1988, y que cuando se hizo el deslinde que les dejó en dominio público, en 1984, no se les notificó pese a que eran parte interesada. Costas empezó a remitirles las órdenes de derribo desde 2009, y frente a ellas los afectados han ido agotando trámites hasta el último paso, la interposición de contenciosos judiciales contra Costas.
En todo caso, los vecinos no se oponen a dejar la orilla de la playa. Quieren tener una casa a la que irse cuando derriban las suyas y para eso buscan reactivar el plan especial que iba a realojar a todo el barrio.
