Lejos de servir para acercar posturas y encontrar soluciones, la
reciente sentencia firme del Tribunal Supremo que ha ratificado la ilegalidad del hotel de El Algarrobico por invadir la zona de servidumbre de protección de Costas no ha hecho sino alimentar las
discrepancias entre las administraciones, que ahora se exigen mutuamente responsabilidades en la demolición del edificio, de 21 plantas y 411 habitaciones, construido también en zona protegida del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Esta nueva guerra política no hace más que aumentar las incertidumbres sobre el futuro de un hotel que se ha convertido en un símbolo contra la especulación urbanística y de la defensa del medio ambiente, incluso por parte de administraciones, como la Junta de Andalucía, que promovieron, apoyaron y aprobaron su construcción.
Tras la paralización de las obras en 2006, todo hace indicar que la mole de cemento construida en la playa de Carboneras permanecerá aún muchos años envuelta en la polémica, pero no derribada. ¿Por falta de verdadero interés?
¿Cuándo podrá derribarse el hotel?
Lo cierto es que la última sentencia del Supremo permitiría derribar legalmente hasta la planta 14 del edificio, las que distan menos de 100 metros del mar y que por tanto están dentro de la zona de servidumbre de protección. De ahí que un primer obstáculo para la demolición, por mucho que fuera legal, se ha planteado desde las administraciones en el hecho de que no tendría demasiada lógica ejecutarla sólo de forma parcial.
Para poder demoler el hotel por completo será necesario aguardar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la nulidad de la licencia municipal de obras, acordada en 2008 por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería y recurrido por la promotora, Azata del Sol, y el Ayuntamiento de Carboneras. Pero aún en el caso de que el TSJA, como todo parece indicar, ratifique dicha nulidad, aún cabría un recurso al Tribunal Supremo, lo que podría alargar aún durante al menos cinco años el proceso.
¿Quién debe demoler el edificio?
Según las leyes españolas, cualquier edificio construido ilegalmente debe ser demolido por el propietario o promotor del mismo. Sin embargo, al contar con licencia, aunque sea anulada en el futuro, la promotora sólo podría ser obligada por un juez a la demolición en el caso de que se demuestre que sabía que ese permiso era ilegal.
En caso de que no pudiera demostrarse, la responsabilidad de la demolición también podría recaer en el Ayuntamiento, por conceder una licencia de obras en una zona protegida. Pero el Consistorio la concedió también gracias a que la Junta de Andalucía lo hizo posible al modificar -de forma irregular y burda, según un juez- los planes del Parque Natural para que los terrenos pasaran a ser calificados como urbanizables, en lugar de protegidos, como estaban.
Además, el caso se complica aún más, puesto que la Administración central también permitió la construcción del hotel a pesar de contravenir la Ley de Costas, que fijaba una protección de 100 metros.
¿De quién es la competencia de la zona de servidumbre?
Tras la sentencia del Tribunal Supremo, la Junta de Andalucía y el Gobierno se han achacado mutuamente las competencias de actuación para la demolición de un edificio que invade la zona de servidumbre de Costas.
El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha llegado a mostrarse sorprendido por la actitud del ministro Miguel Arias Cañete, quien ha asegurado que es la Junta la responsable de la demolición, pues el hotel se encuentra en la zona de servidumbre de protección, tras asumir la Administración autonómica las competencias de Costas desde 2011.
Según Díaz Trillo, en cambio, "la mitad del hotel está en dominio público marítimo-terrestre, que es competencia del Estado, y en zona de servidumbre, que es competencia de la Junta".
Sin embargo, el consejero parece 'equivocarse', puesto que el hotel no ocupa el dominio marítimo-terrestre -la zona que va desde el mar hasta el lugar donde han llegado las olas en los mayores temporales conocidos-, que efectivamente es competencia del Estado, sino en la zona deservidumbre de protección -desde la carretera hacia el interior- que es competencia de la Junta, por lo que ésta sería la responsable, como mantiene Arias Cañete.
Ahora bien, también hay que tener en cuenta que el hotel se construyó en zona de servidumbre de protección cuando el Estado tenía las competencias de Costas -antes de 2011- por lo que también cabría achacarle responsabilidad.
¿Tiene validez el acuerdo Junta-Gobierno?
Para complicar aún más el panorama, el Gobierno de Rajoy argumenta ahora que el acuerdo firmado en 2011 por la Junta y el Ejecutivo de Zapatero, por el que el Gobierno demolería el hotel y la Junta restauraría el paisaje, no tiene validez legal, por mucho que fuera publicado en el BOE.
La Junta sigue pidiendo al Estado que cumpla el compromiso, aunque la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha afirmado recientemente que el protocolo "no tiene naturaleza jurídica", al tiempo que ha pedido explicaciones a la Administración autonómica sobre las razones por las que se firmó dicho documento.
¿Cuánto costaría la demolición?
El alto coste de la demolición del edificio y la recuperación medioambiental puede ser una de las razones por las que ninguna de las administraciones parezca interesada en acelerar el proceso. La empresa promotora, Azata del Sol, barajó en un principio, cuando se planteó la posibilidad de expropiar el hotel, solicitar una indemnización de 300 millones de euros. Posteriormente se fijó un justiprecio que cifró la operación, más las compensaciones, en 100 millones de euros.
En el caso de que los tribunales decidieran que no se deberían pagar estas compensaciones, sólo la demolición y la limpieza del terreno podría costar unos 60 millones de euros, aunque será prácticamente imposible devolverlo a su estado natural, puesto que para la construcción del hotel se han incrustado en la ladera del monte 65.000 metros cúbicos de hormigón que no podrán eliminarse.
¿Cómo vive Carboneras la polémica?
Aunque haya sido, quizás, la voz que menos se ha oído en la ya larga polémica sobre El Algarrobico, la amplia mayoría de la población de Carboneras siempre se ha mostrado firme a favor de abrir el hotel, ante todo por las posibilidades que abriría para el turismo y el empleoen una comarca fuertemente azotada por el paro.
Alumbrados por las luces cortas de la política municipal y con la premisa fundamental de defender los intereses del pueblo, los tres partidos representados en el Ayuntamiento -el independiente Gicar, que gobierna en coalición con el PP, y el PSOE- se han sumado también a la opinión de sus vecinos y votantes, aún a costa de llevar la contraria a susdirecciones nacionales.
El PSOE porque fue el principal responsable y promotor, junto a la constructora, de la obra; y el equipo de gobierno actual porque entiende, desde un punto de vista pragmático, como un absurdo derribar un edificio ya construido y que, además, podría generar 150 empleos directospara el pueblo y otros muchos indirectos.
Pero las decisiones judiciales van por otro camino y todo apunta a que el edificio deberá ser finalmente derribado, aunque ese final pueda ser aún muy lejano si no se alcanzan acuerdos entre las partes que hoy por hoy parecen una utopía. No hay que olvidar que aún quedan pendientes una veintena de pleitos judiciales...
¿Alguien entiende que se haya puesto como ejemplo de especulación urbanística y de defensa del medio ambiente al hotel Algarrobico y hayan pasado desapercibidas cientos de construcciones mucho más transgresoras de la ley y del medio ambiente? Estos ejemplos son sólo una pequeña muestra.
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| Futuro hotel Castillo de la Palma, Mugardos, La Coruña |
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