El vicesecretario de organización del PP, Carlos Floriano, ha señalado hoy que "la confiscación o el expolio de YPF", filial de Repsol, han convertido a Argentina en un país "infiable", ya que "está gobernado por gente de la que no te puedes fiar".
En una entrevista en ABC Punto Radio, Floriano ha subrayado que el resultado de esta decisión será "lo peor para los accionistas y la compañía", pero también "para los argentinos y para España", y ha advertido de que ahora cualquier empresa "se va pensar mucho" si invertir o no en un país donde te pueden quitar lo invertido "sin más".
"Si yo fuera responsable de una compañía desaconsejaría a mis accionistas invertir en un país que tiene un gobierno de estas características" ha puntualizado.
A la pregunta de si esta decisión puede tener consecuencias como la expulsión de Argentina del G-20, el vicepresidente de organización del PP ha precisado que el Gobierno español está trabajando en las medidas que se pueden adoptar, ha expresado su confianza en que sean "contundentes" y ha valorado el respaldo que España tiene de la UE.
Floriano no ha querido anticipar estas medidas ya que, en su opinión, "habrá que presentarlas y no contarlas previamente".
El dirigente del PP también ha insistido en que si él fuera inversor se plantearía invertir en Argentina con el Gobierno actual ya que, a su juicio, "pueden quitar la inversión entera y sin razón".
AP (PP en la actualidad) recurre la Ley de Costas porque produce "confiscación sin indemnización"
El Grupo Popular presentó ayer recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Costas al considerar que se vulneran las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y se procede a expropiar propiedades o terrenos que se consideren de dominio estatal marítimo-terrestre sin indemnización.En palabras del portavoz popular, Juan Ramón Calero, se produce en la práctica "una nacionalización y una confiscación de costas sin indemnización". La presentación de este recurso no impide la entrada en vigor de esta ley, que apareció publicada en el BOE el pasado 29 de julio.
El responsable del gabinete jurídico del Grupo Popular, Federico Trillo, junto a 50 parlamentarios de ese grupo, alegan hasta cinco motivos de posible inconstitucionalidad. El primero y el segundo de ellos, en coincidencia con los partidos nacionalistas, se fundamentan en que el sistema de competencias establecido por la ley de Costas vulnera algunos de los estatutos de autonomía, dado que algunas comunidades autónomas tienen competencia exclusiva sobre sus costas.
Los otros supuestos se refieren a la presunta violación de la autonomía municipal y a la facultad que confiere la ley a la Administración central para expropiar sin indemnización.
La ley limita la posesión de espacios o enclaves en la zona marítimo-terrestre y declara de titularidad estatal los que se califiquen de dominio marítimo-terrestre.
24 años separan estas dos noticias, con una sola diferencia: se han olvidado de que en España se ha estado confiscando el patrimonio de cuantos invirtieron en la zona costera y nadie ha salido en nuestra defensa hasta que el escándalo ha saltado en el Parlamento Europeo tras una lucha titánica de miles de afectados europeos.
¿Es España un país fiable para invertir teniendo en vigor una ley CONFISCATORIA como la Ley de Costas? ¿Podemos permitirnos el lujo de dar lecciones a nadie cuando el Estado ha confiscado 400.000 propiedades? Mucho me temo que no y más nos valdría arreglar primero nuestra casa para poder hacer declaraciones de este tipo.
