Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Cristina Fernández en Argentina, Rafael Correa en Ecuador... Aunque la oleada de populismo que se ha atrincherado en algunos países latinoamericanos no ha pasado desapercibida para los inversores, la mitad de las empresas del Ibex mantiene negocios en países que ofrecen escasa seguridad jurídica a los inversores.
No es la primera vez que Evo Morales manda al Ejército a tomar sedes de empresas privadas. Ayer lo sufrió TDE, filial de Red Eléctrica en Bolivia, pero en 2006 le tocó el turno a Repsol YPF y otras compañías del sector. También en un primero de mayo, Morales anunció que nacionalizaba todos los hidrocarburos del país. Mientras pronunciaba el discurso en el yacimiento gasista de San Alberto, al sur del país, las Fuerzas Armadas bolivianas iban tomando el control de oleoductos, gaseoductos y refinerías.
A pesar de los paños calientes que el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto a la expropiación de TDE, la oleada de populismo que se ha atrincherado en Bolivia y otros países de la región (Argentina anunció en abril la expropiación de YPF a Repsol) no pasa desapercibida para los inversores.
El informe de competitividad global del Foro Económico Mundial, que se reúne anualmente en la localidad suiza de Davos, muestra una serie de ránkings muy reveladores. Entre otros muchos factores, clasifica a los países en función de su respeto a la propiedad privada y a la calidad de sus instituciones. Y entre los peores aparecen los sospechosos habituales: Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador, Nicaragua y también se une Paraguay.
En todos los casos, el respeto que muestran hacia la propiedad privada es calificado como débil o muy débil y la solidez de las instituciones -que podrían ofrecer seguridad jurídica en caso de abusos de poder- también son calificadas como débiles.
Es que la Madre Patria es una gran maestra...Si no, que alguien me explique que diferencia entre el ¡¡exprópiese!! de Hugo Chaves o la sentencia de la Juez Mª Lourdes Sanz Calvo de la Audiencia Nacional (SAN 142/2012) "no prodece otorgar indemnización alguna por la incorporación de dichos bienes al demanario" (público, o sea, propiedad nacionalizada...)
Exactamente ninguna...Bueno sí, somos más finos diciéndolo, pero el resultado es el mismo (la propiedad confiscada está a más de 500 mts del mar)
El Estado no debe pagar un justiprecio
La vecina de Campos que impugnó la orden ministerial de deslinde de la playa de es Trenc por incluir como bien público unas fincas de su propiedad situadas en segunda línea de costa no deberá ser indemnizada por el Estado, según dispone la Audiencia Nacional en su sentencia.
La recurrente pidió la exclusión de sus terrenos de la zona de dominio público y, alternativamente, reclamó una compensación económica por la "expropiación" de sus derechos a manos del Estado.
La demandante aludió al llamado Informe Auken, aprobado por el Parlamento Europeo el 26 de marzo de 2009, y donde se equiparan las ampliaciones de los deslindes costeros sobre terrenos privados consolidados con expropiaciones de facto.
La demandante aludió al llamado Informe Auken, aprobado por el Parlamento Europeo el 26 de marzo de 2009, y donde se equiparan las ampliaciones de los deslindes costeros sobre terrenos privados consolidados con expropiaciones de facto.
La Audiencia Nacional rechaza condenar al Estado a abonar indemnización alguna a la vecina de Campos. La sentencia explica que la Ley de Costas contempla mecanismos para compensar a los particulares afectados por las ampliaciones del dominio público marítimo-terrestre, fórmulas basadas en las concesiones públicas. La Ley de Costas permite a los afectados acceder a un sistema de concesión pública, que "permite el mantenimiento de los usos y aprovechamientos existentes por un plazo máximo de 60 años", recuerda la sala de la Audiencia Nacional. La demandante no había establecido la cantidad que quería pedir como indemnización al Estado central y se limitó a reclamar "el justiprecio".
