Izquierda Unida Canaria (IUC) exige en un comunicado "el aplazamiento inmediato de los desahucios de nueve familias de Cho Vito", en Candelaria, porque, de llevarse a cabo, "se conculcaría el derecho a la vivienda de los afectados, se incumpliría la promesa hecha por las autoridades, tras la huelga de hambre de 11 días de 2010, cuando les garantizaron que se les proporcionaría una vivienda social antes de tener que abandonar sus casas".
Asimismo, el dirigente de IUC en Teneriefe, Ramón Trujillo, considera que "la decisión judicial del derribo debiera ser reconsiderada debido a que se basó en una delimitación del dominio marítimo terrestre que, supuestamente, reiteraba la de 1969, pero no fue así".
Es decir, hay dos delimitaciones contradictorias y, por lo tanto, la sentencia debiera ser revisada a la luz de la nueva evidencia para evitar una injusticia irreparable", afirma.
Por otra parte, considera que "el alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, y el presidente del Cabildo, Ricardo Melchior, debieran exigir con la máxima contundencia el cumplimiento de lo acordado con los vecinos de Cho Vito", es decir, que "se les facilitaría una vivienda social a cambio de sus casas y no, como plantean ahora, sufragar un alquiler durante dos años".
"No es aceptable que se normalice engañar a las personas que estaban en huelga de hambre y que ahora vuelven a estar en huelga de hambre", iniste Trujillo.
Por último, denuncia que las cuatro familias que ya fueron desalojadas de Cho Vito llevan varios años acogidas en casas de otros familiares, por lo que considera un "auténtico escándalo el desprecio de las instituciones al derecho a la vivienda y a los compromisos contraídos".
Es decir, hay dos delimitaciones contradictorias y, por lo tanto, la sentencia debiera ser revisada a la luz de la nueva evidencia para evitar una injusticia irreparable", afirma.
Por otra parte, considera que "el alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, y el presidente del Cabildo, Ricardo Melchior, debieran exigir con la máxima contundencia el cumplimiento de lo acordado con los vecinos de Cho Vito", es decir, que "se les facilitaría una vivienda social a cambio de sus casas y no, como plantean ahora, sufragar un alquiler durante dos años".
"No es aceptable que se normalice engañar a las personas que estaban en huelga de hambre y que ahora vuelven a estar en huelga de hambre", iniste Trujillo.
Por último, denuncia que las cuatro familias que ya fueron desalojadas de Cho Vito llevan varios años acogidas en casas de otros familiares, por lo que considera un "auténtico escándalo el desprecio de las instituciones al derecho a la vivienda y a los compromisos contraídos".
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