El Ministerio Público atribuye al histórico jefe de Costas Antonio Garau un delito
continuado de cohecho por recibir sobornos / Reclama una multa de un millón de euros
Atribuye a Antonio Garau la comisión de un delito continuado de cohecho por percibir sobornos y reclama para su mujer, Concepción Obrador, una pena de dos años de prisión por el mismo motivo al considerarla cooperadora necesaria en la recepción del dinero. Por ello le reclama también una multa de 300.000 euros. Asimismo pide que ambos sean juzgados por un tribunal del jurado.
El Ministerio Público se pronuncia en estos términos tras examinar la operaciones reveladas por EL MUNDO/El Día de Baleares en agosto de 2007. Tal y como desveló este diario, Garau exigió al hotelero Jaime Moll una comisión de 30.000 euros al año por no torpedear la concesión de los chiringuitos, las hamacas y las sombrillas de la playa de Sa Coma. Esta exigencia abarcaba el plazo de la concesión y, tal y como estipularon ambas partes, debía pasar de padres a hijos en el caso de que falleciera alguno de ellos. Por este motivo la Fiscalía reclama para Moll una pena de dos años de cárcel al considerarle culpable también de un delito de cohecho y pide que le sea impuesta una multa de 300.000 euros.
Tal y como relata la Fiscalía en su escrito de acusación, «durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 1990 y 2003, Antonio Garau, en su condición de funcionario
público y ostentando hasta el año 1992 el cargo de jefe de la Demarcación de Costas de Baleares, instó a Jaime Moll el pago de la cantidad de cinco millones de pesetas anuales».
«Dicho requerimiento», añade, «lo efectuó Garau mediante constantes presiones ejercidas sobre Moll merced de los contactos e influencias que en el ámbito de la Demarcación de Costas tenía».
«Mediante la exigencia de la mencionada cantidad se ofrecía favorecer y en todo caso no perjudicar los intereses de Moll y los de su empresa Redo, S.A., al objeto de no resultar entorpecida la renovación anual de la autorización para la ocupación de bienes de dominio público-terrestre estatal con instalaciones desmontables de temporada en la playa de Sa Coma».
Para camuflar la operación delictiva, y «al objeto de otorgar a la exigencia anteriormente descrita apariencia de legalidad, Garau confeccionó un documento sin fecha denominado «Contrato M-O» que debía firmar Jaime Moll y en el que la esposa del primero y también acusada Concepción Obrador, consciente y voluntariamente y de acuerdo con aquél figuraba como receptora de la mencionada cantidad de 30.000 euros
que, según el contrato, debía entregarle Moll a cambio de unos supuestos trabajos técnicos prestados por Obrador, ama de casa, que en realidad nunca se realizaron».
Para intentar justificar posteriormente estos trabajos ficticios prestados al Grupo Royaltur, Garau aportó informes repletos de obviedades en los que llegaba a incluir aseveraciones del tipo de que «en la Playa de Palma hay muchos alemanes».
Tras poner Garau encima de la mesa la exigencia de la comisión, «los pagos se efectuaron por Moll por miedo a sufrir represalias en caso de no hacerlo y ante el temor de soportar cuantiosas pérdidas económicas para el caso de producirse los obstáculos administrativos anunciados por Garau». El pacto se cumplió y, por ello, «no constan expedientes de infracción graves impuestos a la mercantil Redo, S.A., durante los años en que Garau percibió dinero de Moll».
«Los mencionados pagos se realizaron de forma periódica por anualidades, habiéndose materializado el último de ellos el 8 de noviembre de 2003».
En total Garau y Obrador percibieron mediante esta operativa más de un millón de euros.
Tal y como relató el propio Moll en el juzgado los pagos los libraba anualmente en la sede del Banco de Crédito Balear, donde el ex jefe de Costas tenía una caja fuerte. En el hall de la entidad bancaria el hotelero le entregaba «paquetes de dinero negro bien hechos» que contenían la referida cantidad de 30.000 euros. Junto a estos pagos, Garau impuso a Moll la compra de obras de artes de nulo valor a precios astronómicos.
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| "Garau me dijo: ‘Tu hotel invade la servidumbre de Costas, con 30.000 € de por vida te lo arreglo" |
‘Doña Urraca’, ante el juez final (ESTEBAN URREIZTIETA)
La corrupción alcanza su paroxismo con la figura de Antonio Garau. A lo largo de la democracia española han aflorado las más diversas variantes de latrocinio pero no existe ningún caso comparable con el del que fuera durante casi tres décadas seguidas jefe de la Demarcación de Costas de Baleares.
Con una codicia sin par este octogenario funcionario exigió impunemente a miles de concesionarios, sin importarle su edad y condición, un peaje para tramitar sus servicios.
Su caso adquiere tintes extravagantes al revestir su corrupción de una falsa condición de marchante de arte.
A todo aquel que necesitaba renovar un permiso le citaba en su domicilio particular de Illetas, Villa Conchita, que convirtió en una cueva atestada de lienzos en la que extorsionaba a sus víctimas.
Un ex presidente de la Asociación de Clubs Náuticos de las Islas resumía la operativa a la perfección: «Un chiringuito, un cuadro». No había posibilidad de negociar. Por eso todos los clubes y marinas de las Islas están decorados con sus horripilantes acuarelas y su incalculable fortuna se cuenta en dinero negro. A tal extremo llegó su patológica usura que con la inmensa mayoría de sus fechorías prescritas, decidió, ebrio de avaricia, reclamar judicialmente los sobornos que veía percibiendo religiosamente de manos del otrora gigante hotelero Moll y recurrió para ello al portavoz socialista en el Parlament Antoni Diéguez.
El empresario menorquín renovó su concesión y se despojó de los pagos. Y Garau, enfurecido como un sátrapa africano, decidió interponer contra este empresario, que fue el único que se atrevió a decirle «no», una demanda civil.
Denunció ante un juez el impago de sus comisiones. Se celebró la preceptiva vista oral y
Moll contó la cruda verdad de los hechos. Doña Concha, la mujer de Garau, se derrumbó, y con ella se vino abajo todo el entramado tejido durante décadas por Doña Urraca, que tendrá que afrontar, por voluntad propia, el juicio final a su figura, pero también a toda una época.
¿Cómo es posible que no se enterara nadie en Madrid durante 30 años? En el Ministerio se sabe absolutamente todo, incluso ahora, que llevamos denunciando las arbitrariedades que se cometen con los deslindes, que hemos denunciado públicamente el gran negocio que supone para algunos la Ley de Costas, es como hablar con la pared. Obtenemos la callada por respuesta.
El Ministerio sabe que se han derribado viviendas sin orden judicial; que se construyen paseos y se llevan la arena de un sitio para otro sin evaluaciones de impacto ambiental, sin proyectos de ningún tipo, sin pagar las tasas correspondientes a Minas, sin medidas de seguridad...y todo por la avaricia y porque se han sentido inmunes.
¿Cómo es posible que unos simples funcionarios crean que tienen Patente de Corso? ¿Por qué nadie ha querido investigar la cara oculta de la Ley de Costas?
