El PP municipal amenaza con marcharse del partido tras los últimos cambios en los requisitos para regularizar núcleos costeros - Los propietarios de Marín creen que están a salvo
Vilaboa se rebela contra la reforma de Ley de Costas aprobada esta semana en la comisión de Medio Ambiente del Senado. El gobierno municipal, en manos del PSOE, el PP desde la oposición y los afectados alzaron ayer la voz en contra de esta norma y tacharon de "hecatombe" la última modificación introducida por el Partido Popular que, según sus cálculos, deja las 400 viviendas del municipio que ya están al margen de la ley de nuevo fuera del marco legal y abre la puerta a su derribo si se interpone denuncia contra ellas. La decepción es total hasta el punto de que los ediles del PP en este municipio amenazan con abandonar el partido, al que exige "explicaciones por dejar de lado a Vilaboa".
Con la Ley de Costas aprobada en 1988 parte del núcleo urbano de este concello quedaba dentro de la zona de servidumbre. Cuando el actual Gobierno empezó a tramitar la reforma de esta ley el PP introdujo una enmienda al texto que abría la puerta a regularizar la mayor parte de las edificaciones de los núcleos costeros si se cumplían una serie de requisitos. Sin embargo, los populares viraron al final su postura y decidieron endurecer estas condiciones para que no pareciera barra libre, fruto de las presiones de los ecologistas. "Si antes había luz al final del túnel, ahora la han apagado", denunció la portavoz municipal de los populares, Beatriz Rosendo. El enfado es evidente hasta el punto de que avisa que está dispuesta a marcharse del PP junto con los otros tres ediles de su grupo.
"Estoy esperando explicaciones; no vamos a pasar por ahí porque el PP es el que está en el Gobierno y si es el único partido que se atreve a cambiar la Ley de Costas no puede dejar de lado a Vilaboa. Ése es el resumen del cabreo", dice. Al pulso que el PP municipal está lanzando a la dirección del partido se suma la diputada provincial y hasta hace unos meses secretaria provincial del partido, Begoña Estévez.
Entretanto, los afectados dicen sentirse "nerviosos" y el alcalde, José Luis Poceiro (PSdeG), "triste y desolado". La noticia llega después de más de dos años de protestas, reuniones y reivindicaciones que a lo largo de los últimos meses han sido recogidas por representantes del PP, quienes dieron "esperanzas" a los afectados.
Frente a la idea inicial de regularizar aquellos núcleos cuya consolidación urbanística fuese al menos de un tercio de su superficie o tuviesen red viaria, alcantarillado y abastecimiento -lo que abría la puerta a una legalización de mayores proporciones-, el propio PP modificó su propuesta, lo que, según Rosendo, "deja ahora fuera a todos los núcleos de Vilaboa".
El alcalde se muestra desilusionado. "Son unos criterios abusivos que nos pueden perjudicar enormemente, causarán una hecatombe", comenta, apuntando a zonas como Santa Cristina y San Adrián, donde se concentran decenas de casos.
La visión tampoco es más optimista en la plataforma Salvemos Vilaboa. "Hay que buscar soluciones, porque si no se podría arrasar medio pueblo", considera Enrique López, que pide que se "estudien las circunstancias de cada sitio".
En Marín, sin embargo, la situación es distinta. Los afectados confían en que la nuevas modificacioines en la Ley de Costas no perjudiquen al municipio. "Tenemos un PXOM recientemente aprobado y las zonas conflictivas ya fueron evaluadas por Costas y cumplen las directrices", señaló el portavoz de este colectivo, Enrique Méndez.
