La banca, el sector inmobiliario y las autoridades europeas miran con recelo la reciente normativa antidesahucio aprobada por la Junta de Andalucía por diferentes razones. El decreto ley, que entró en vigor en abril, prevé la expropiación temporal, en casos excepcionales de emergencia social, del uso de viviendas en procesos de ejecución hipotecaria a los bancos o sus filiales inmobiliarias o a entidades de gestión de activos, así como sanciones para estas entidades si mantienen ociosos o no destinan su «stock» al alquiler. A la banca le preocupa que se interfiera en su negocio con una medida cuya encajo jurídico muchos cuestionan. La Comisión Europea tiene dudas de que pueda chocar con el Memorando de Entendimiento (MOU) firmado por España para recibir 40.000 millones de euros en ayudas a la banca el pasado verano y que establece la obligatoriedad de comunicar a Bruselas cualquier cambio legislativo que afecte a las entidades financieras. Y al sector inmobiliario le alarma la inseguridad jurídica que genera y que ya está teniendo sus repercusiones. Varias fuentes aseguran que al menos un par de fondos de inversión inmobiliaria, uno muy importante de Estados Unidos y otro chileno, han paralizado proyectos de inversión en Andalucía tras aprobarse el decreto ley por las dudas que les genera.
«Los fondos necesitan cierta seguridad sobre los plazos de compra-venta. Hacen planes a 5-7 años vista, y esta norma lo que crea es una inseguridad jurídica que complica cualquier plan de negocios», explica una de estas fuentes. Si intuyen posibles problemas, se van, añade. «El dinero es muy cobarde. No es tan sofisticado como pensamos. Y en cuanto hay cualquier problema, huye a otra parte», lamenta otro de los consultados, que advierte de que el dinero no espera y el que no se invierte en España se va a otro lugar donde haya oportunidades y no vuelve. «Es un cambio duro de asimilar para los fondos. Puedes tener un modelo de negocio muy definido que se vaya al traste por esto y te haga perder mucho dinero», razona Manuel Gandarias, director de estudios del portal inmobiliario pisos.com, que es más partidario de ofrecer estímulos fiscales a aquellos que tienen inmuebles para que los alquilen que de imponerles sanciones por no hacerlo.
Esta misma semana, la agencia de calificación Standard&Poor's advertía en un informe de la situación del crédito en España que el decreto «podría debilitar la confianza de los inversores» en las leyes locales sobre propiedades. «Esto podría retraer la inversión, haciendo caer más los precios de la vivienda», explica.
Lejos de arredrarse por esta serie de críticas y posibles dificultades, la Junta ha reiterado esta semana la legalidad de la medida y su «anclaje constitucional», según ha expresado su consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz Pacheco, que incluso aseguró que se trata de una ley que no es tan ambiciosa como la alemana, la francesa o la noruega.
