Piden una compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos
Cuando a comienzos de la pasada primavera estuvo por España una comisión del Parlamento Europeo para conocer de primera mano que había detrás de tantas denuncias recibidas en torno a la aplicación de la Ley de Costas por parte de las autoridades españolas, sus miembros ya dejaron entrever que el informe que iban a emitir. con destino a la Comisión Europea, iba a ser muy crítico. Y así ha sido.
En primer lugar, la Comisión del Europarlamento ha pedido a la Comisión que examine en profundidad si la nueva norma española de Ley de Costas cumple con la Legislación de la EU, incluida, incluida la ley de contratación pública europea cuando la infraestructura pública se construye sobre las propiedades expropiadas. Esto, por un lado. Por otro han remitido al Gobierno español una serie de recomendaciones, en todo caso no vinculantes.
Así, piden una compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares fueran objeto de derribo y expropiación, que refleje el valor de la propiedad de las personas afectadas por la Ley de Costas en lugar de conceder una concesión.
En cuanto a las construcciones ilegales en zonas costeras o próximas, meten presión a los jueces para que diluciden quienes, en cada caso, han sido los agentes privados o autoridades públicas que han concedido licencias de construcción, y por tanto, los compradores de buena fe tengan esa compensación.
Tampoco estaría de más, entienden los eurodiputados, una moratoria o paralización de todos los casos pendientes en los tribunales sobre viviendas en zonas costeras que puedan se objeto de una modificación de la linea de demarcación, al objeto de salvar del derribo aquellos edificios que después podrían quedar fuera del terreno público.
Otro asunto espinoso, como es la delimitación del terreno público, requeriría de la aplicación de criterios técnicos objetivos y a garantizar que donde se puedan necesitar derogaciones se justifiquen de manera clara.
De igual modo, instan a las autoridades españolas a mejorar la cooperación con las comunidades autónomas para regenerar el medio ambiente costero, degradado gravemente en muchas ocasiones debido a obras frecuentes y excesivas de construcción y proyectos inmobiliarios de probada ilegalidad.
Desde el punto de vista administrativo, otro punto a mejorar pasaría por actualizar los datos registrales y catastrales, de manera que los propietarios con intereses en las zona de demarcación sean debidamente informados sobre sus derechos y sus posibilidades de acceso a la justicia, algo que dejan entrever no ha resuelto adecuadamente la nueva Ley de Costas
