lunes, 23 de diciembre de 2013
lunes, 16 de diciembre de 2013
Demolition risk for British-owned homes in Spain a 'substantial problem', says Foreign Office
UK officials promise to bring the matter 'to the attention of Spanish authorities'
The UK Foreign Office has said the risk of British-owned properties in Spain being demolished for breaching local planning rules is a "substantial problem".
The Foreign Office said it estimated that there are at least 4,000 British-owned homes in Spain affected by some sort of property dispute.
Will Middleton, director of British consular services in southern Europe,told the BBC: "For those involved it's absolutely devastating. It's the uncertainty that is the big problem."
A spokesman for the Foreign Office said the UK could not get involved in individual disputes and urged British people affected to go through the "appropriate local courts".
He said: "We recognise this is a substantial problem and we can bring to the attention of the Spanish authorities the problems British residents are facing.
“We can’t interfere in court cases, and it’s up to the Spanish authorities to provide clarity on the legal uncertainty facing many British homeowners in Spain.
“We meet and lobby the Spanish authorities at all levels and we will continue to do so.”
He said the Foreign Office was aware of three British-owned properties that have been demolished because they were deemed illegal, one in 2008 and two this year.
The Spanish government was accused last month of pushing illegally built homes to British buyers.
Spain has approximately three million homes standing empty due to the property crash in 2007. Up to a third of these properties may have been built illegally due to corruption in the construction industry and town halls.
A British couple, John and Jan Brooks, had their dream villa bulldozed in October despite a court ruling that they were innocent victims of a corruption scandal.
The Foreign Office has produced a guide on how Britons can avoid being ripped off when buying a property in Spain.
Reino Unido intentará evitar la demolición de 4.000 viviendas de británicos en España que inclumplen la Ley de Costas
El Ministerio de Asuntos Exteriores británico mostrado su preocupación por la aplicación de la nueva Ley de Costas española, que podría suponer la demolición de unas 4.000 viviendas de propiedad británica. Will Middleton, director de los servicios consulares británicos en el sur de Europa, dijo a la BBC: "Para los afectados es absolutamente devastadora la incertidumbre, ése es el gran problema".
Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que el Reino Unido no puede intervenir en conflictos individuales de sus compatriotas peo les instó a defender sus derechos en los tribunales locales.
Asimismo, añadió que "reconocemos que es un problema importante y podemos trasladdarle a las autoridades españolas la problemática que afecta a los ciudadanos británicos. No podemos interferir en los procesos judiciales, y le toca a las autoridades españolas a proporcionar claridad sobre la inseguridad jurídica que enfrentan muchos propietarios británicos en España". Así, aclaró que hemos mantenido reuniones a todos los niveles con las autoridades españolas y vamos a seguir haciéndolo".
Además, dejó constancia de que el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba al tanto de las tres propiedades de británicos que han sido demolidas porque fueron consideradas ilegales, una en 2008 y las otras dos este año.
España cuenta con alrededor de tres millones de viviendas vacías debido a la crisis inmobiliaria en 2007. Hasta un tercio de estas propiedades puedan haber sido construido ilegalmente debido a la corrupción en el sector de la construcción y de los ayuntamientos, indica "The telegraph".
Una pareja británica, John y Jan Brooks, vieron como su villa de ensueño fue demolida, a pesar de que la Justicia dictaminó que habían sido víctimas de un caso de corrupción y no tenían responsabilidad ninguna. Para que ningún británico se ve afectado en el futuro por la compra de inmuebles ilegales, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha elaborado una guía sobre cómo pueden evitar las estafas a la hora de adquirir una vivienda residencial en España.
miércoles, 11 de diciembre de 2013
Cañete defiende que la Ley de Costas resuelve "problemas pendientes" y el PNV dice que todavía hay inseguridad jurídica
Este debate se ha producido durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde el diputado 'jeltzale' ha cuestionado al responsable de Medio Ambiente por el 'Informe Werthmann', presentado en el Parlamento Europeo en relación a la modificación de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno este 2013, y por el que la Eurocámara ha emitido una orden directa a la Comisión Europea para que investigue "si esta nueva legislación se ajusta a derecho europeo".
Cañete ha subrayado en su argumentación que el citado informe "es un simple documento", que fue elaborado por una delegación de parlamentarios europeos que visitó España tras la aprobación de la ley en el semestre pasado, y "con recomendaciones no vinculantes".
Es más, sostiene que este documento de trabajo reconoce que el Gobierno español ha hecho un "esfuerzo importante" aprobando una nueva legislación en materia de costas, que resuelve "la mayor parte de problemas pendientes" para conciliar los problemas de la costa española con el desarrollo económico, y una mayor seguridad a los propietarios inmobiliarios.
A su vez, ha subrayado que este informe europeo plasmaba la necesidad de que las zonas costeras no se utilizasen para nuevas edificaciones, reclamaba una actualización del informe del registro y del catastro, al mismo tiempo que pedía la distinción de playas urbanas de las naturales, entre otras recomendaciones para España, que ya han sido incluidas en la nueva Ley de Costas, según ha asegurado.
COMPENSACIONES E INSEGURIDAD JURÍDICA
Arias Cañete ha señalado también que el 'Informe Werthmann' pide también indemnizaciones económicas, en lugar de concesiones de uso como compensación, aunque también recoge que la Comisión Europea ha señalado que el régimen de propiedad es competencia del Estado miembro.
Además, sostiene que en el marco del derecho nacional lo que no se puede es ignorar los preceptos de la Constitución, en cuanto a la demarcación público marítimo terrestre, ni tampoco la interpretación del Tribunal Constitucional, donde se establece que el dominio público "no admite claves de propiedad privada".
"Nosotros hemos mejorado el tratamiento de la Ley del 78, que establecía las concesiones de forma muy limitada, dando unas de 75 años, que además son transmisibles, con lo cual aumentamos su valor patrimonial", ha insistido el responsable de medio ambiente.
Mientras, Agirretxea ha insistido en que la aplicación de la Ley de Costas no ha solucionado el problema de la inseguridad jurídica a la que se veían sometidos propietarios de inmuebles deslindados porque se "les han confiscado propiedades", al no haberse efectuado una compensación económica, "por medio de unas concesiones de uso usufructo por unas concesiones de 75 años", a personas que eran ya propietarias por escritura pública de esos inmuebles antes de que existiera ninguna Ley de Costas.
Así, ha apuntado por ejemplo al caso del Molino de Mareas, una edificación del siglo XVII situado en la ría de Urdaibai, en Vizcaya.
Finalmente, ha avisado a Arias Cañete de que el Parlamento Europeo detectó "una enorme laguna jurídica" que el PNV propuso solventar vía enmienda durante la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Costas, pero al que el Gobierno no accedió a modificar.
http://www.teinteresa.es/tierra/Canete-Ley-Costas-PNV-inseguridad_0_1045696088.htmlINFORME WERTHMANN
(Español)http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-510.751%2B04%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FES
(Inglés)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-510.751%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
(Alemán)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-510.751%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDE
(Francés)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-510.751%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR
Observaciones finales
Estrictamente hablando, según los términos del Tratado de la UE, nada obliga a España a cambiar su posición y es evidente que el Gobierno español y el Parlamento poseen plena competencia, constitucional y políticamente, para decidir y aprobar dicha legislación. El «régimen de propiedad» sigue siendo competencia del Estado miembro. Sin embargo, el artículo 6 del Tratado de la UE y el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales también contienen disposiciones relativas a los derechos de los ciudadanos a su propiedad.
Las personas tienen por tanto confianza legítima en que la UE y el Parlamento, en particular, deben defender estos derechos en su nombre cuando estos sean socavados o violados.
Resulta deplorable que con esta revisión de la Ley de Costas no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica con respecto a los derechos de propiedad, un requisito imprescindible de todo mercado sostenible de la vivienda. Además, el hecho de que, en su caso, la línea de demarcación pueda revisarse cada vez que se produce un cambio en la línea de la costa (debido a la erosión costera o la construcción de un nuevo puerto deportivo, por ejemplo) genera una inseguridad adicional, pues lo que es legal hoy podría dejar de serlo mañana.
Según se ha indicado, la mayoría de los miembros no consideran que las concesiones sean una compensación justa por la eventual pérdida de valor de las propiedades privadas situadas en el nuevo espacio público establecido.
Pide a las autoridades españolas que ofrezcan indemnizaciones que reflejen el valor de la propiedad de los afectados por la Ley de Costas, en lugar de otorgar concesiones.
Recomendaciones
Pide a la Comisión Europea que estudie si esta nueva legislación se ajusta al Derecho europeo.
Insta a las autoridades españolas a establecer un mecanismo de compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares pudieran ser objeto de derribo o expropiación a consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas.
Insta a las autoridades españolas a establecer un mecanismo de compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares pudieran ser objeto de derribo o expropiación a consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas.
Pide a las autoridades españolas que ofrezcan indemnizaciones que reflejen el valor de la propiedad de los afectados por la Ley de Costas, en lugar de otorgar concesiones.
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El ministro Arias Cañete podrá despreciar el Informe Werthmann, pero que se haya desplazado una comisión de investigación del Parlamento Europeo a España y concluya en un informe que no se está respetando el derecho de propiedad en España y por tanto, que existe una inseguridad jurídica impropia de un Estado de Derecho Europeo...
Que diga que en España "lo que hoy es legal, podría dejar de serlo mañana"...
Es como para plantearse la derogación de la ley o dimitir, porque esa demostrada inseguridad, ese desprecio por el respeto de los derechos humanos, nos deja a nivel de las repúblicas bananeras.
miércoles, 4 de diciembre de 2013
EL GRAN NEGOCIO DE COSTAS CON LA COSTA
- Pastor ha anunciado "un plan ambicioso"
para reutilizar los faros
- España
cuenta con 187 faros, de los que medio centenar están habitados
'Se ofrece edificio en primera línea de costa, con vistas
inmejorables, sin vecinos molestos, para instalar un restaurante, un hotel, un centro cultural o científico. Más
información en el Ministerio de Fomento'. Este es el anuncio -aunque no
redactado en estos términos- que la ministra de Fomento, Ana Pastor ha hecho
esta mañana en un desayuno informativo de Europa Press.
Pastor ha anunciado que Puertos del Estado pondrá en marcha
de forma inmediata "un plan ambicioso" para dar uso hotelero a los faros, respetando
su valor patrimonial, a través de
concesiones en aquellos donde sea posible, y dando entrada así al
sector privado. Fomento pretende así convertir un coste en un ingreso. Ahora el
mantenimiento de los edificios históricos de los faros supone una elevada
cuantía y con la concesión se lograría rentabilidad económica.
España cuenta con 187 faros, de los que entre 55 están habitados, aunque los
técnicos de señales -antiguos fareros- no se dedican exclusivamente al
mantenimiento de sus instalaciones, sino que prestan ayuda a las autoridades
portuarias.
Fuentes de Puertos del Estado han explicado a RTVE.es que los
faros son pequeños y se piensa "en hoteles con encanto o casas
rurales". En los casos que estén habitados, la solución que se prefiere es
la "cohabitación", es
decir, mantener al farero y convivir con el nuevo uso. En un
principio, el Ministerio no va a permitir que se construyan habitaciones anexas
a los edificios ya existentes porque una de las obligaciones para el
concesionario será devolver el
faro a su estado inicial una vez cese su actividad.
Galicia cuenta con varios faros que podrían sumarse a esta
iniciativa. Por ejemplo, el faro romano más antiguo que sigue en
funcionamiento, la torre de Hércules, ya alberga un centro cultural y está gestionado
por el ayuntamiento coruñés.
Una gestión "cien por cien privada"
Ahora se trata de dar entrada a la iniciativa privada, por
eso Fomento no se ha planteado que la gestión hotelera recaiga en Paradores
-en medio de un proceso de restauración-. La idea, según Puertos del Estado, es
que "la gestión sea cien por cien privada".
La titular de Fomento destaca que con este proyecto,
denominado 'Faros de España', se busca poner en valor la red de faros, para que
todos los ciudadanos puedan
disfrutar de "las vistas magníficas que ofrecen" con un
uso hotelero que es habitual en numerosos países europeos y aún no existe a
nivel nacional.
Fuentes de Fomento han señalado a RTVE.es que "no se
sabe cuáles van a ser porquedependerá
de su idoneidad y viabilidad" y de que le espacio sea
"compatible con su uso técnico". Además hay que esperar "a ver que empresas están interesadas y
en qué condiciones".
Desde hace un mes está funcionando un grupo de trabajo para
analizar qué faros reúnen las
condiciones para qué usos con el coste más bajo posible, ya que se
persigue una "sostenibilidad" de la actividad en el tiempo. Fuentes
de Puertos del Estado han confirmado a RTVE.es que "ya hay empresas
hoteleras interesadas", con las que se reunirán en los próximos días.
Los grupos hoteleros o los empresarios tendrán que hacer una propuesta de explotación de uno o varios
faros. Este documento será analizado por un equipo técnico de Puertos
del Estado, en colaboración con los expertos de la Autoridad Portuaria y el
Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el faro. Una vez recibido el
visto bueno se elevará al Consejo
de Ministros que autorizará la concesión.
Desde Puertos del Estado han dejado claro a RTVE.es que siempre se analizará "caso por
caso", con un respeto escrupuloso a la Ley de Costas y al
pliego técnico que se fije para cada faro. Fomento espera que esta iniciativa
sirva para dinamizar el empleo.
¿Qué dice la Ley de Costas al respecto?
Artículo 32
1. Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.
Artículo 49
«4. En la zona de servicio portuaria de los bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos, que no reúnan las características del artículo 3, además de los usos necesarios para el desarrollo de la actividad portuaria, se podrán permitir usos comerciales y de restauración, siempre que no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre, ni la actividad portuaria y se ajusten a lo establecido en el planeamiento urbanístico. En todo caso, se prohíben las edificaciones destinadas a residencia o habitación.
«4. En la zona de servicio portuaria de los bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos, que no reúnan las características del artículo 3, además de los usos necesarios para el desarrollo de la actividad portuaria, se podrán permitir usos comerciales y de restauración, siempre que no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre, ni la actividad portuaria y se ajusten a lo establecido en el planeamiento urbanístico. En todo caso, se prohíben las edificaciones destinadas a residencia o habitación.
¿Va saltarse el Gobierno su propia ley?
Seguro. La Ley de Costas nació en 1988 con el ÚNICO propósito de hacer negocio con la costa y no van a quedase cruzados de brazos pudiendo especular con ella.
martes, 3 de diciembre de 2013
La Audiencia Nacional anula el deslinde que Costas realizó en Fisterra
Los magistrados de la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional acaban de anular el deslinde que Costas del Estado realizó en casi todo el litoral de Fisterra (salvo la playa de Langosteira), aprobado en una orden ministerial de marzo del 2011. Los jueces dan la razón al Concello de Fisterra, que recurrieron la norma al entender que en dos zonas, San Roque y Sardiñeiro, la servidumbre impuesta debería ser mucho menor: no de 100 metros, como fijaba el ente estatal, sino de 20, por considerarla área urbana.
La victoria judicial ha causado sorpresa (y mucha satisfacción) en el gobierno local y en el arquitecto municipal, ya que ambos aseguran que en este tipo de pleitos las Administraciones locales pierden más del 90 % de los litigios.
No obstante, los jueces del tribunal madrileño (Costas es una de las escasas competencias atribuidas a la Audiencia Nacional) ni siquiera han entrado en el fondo de la cuestión. De hecho, la consideración de esos terrenos como urbanos y y por tanto la necesidad de reducir la protección hasta los 20 metros era la segunda petición del Ayuntamiento. La primera era más simple: el expediente estatal no podía salir adelante porque Costas lo aprobó cuando el plazo para hacerlo ya había caducado. Y, en efecto, la sentencia establece que eso ha sido así, argumento que ya le basta para fallar a favor del ejecutivo local sin entrar en otras consideraciones.
Señalan los magistrados que, desde que se inició el expediente, en junio del 2007, hasta que se resolvió, en marzo del 2011, pasaron 45 meses y medio, mucho más de los 24 meses de máximo legal, además de otros 12 de ampliación acordados en mayo del 2009. Una segunda ampliación, de mayo del 2010, no se ha tenido en consideración, al entender que ni se debió a una circunstancia externa «ni menos aún de difícil previsión».
La sentencia es recurrible, pero en caso de que Costas no lo haga, debería preparar un deslinde provisional. Y, en otro caso, recobran vigencia las establecidas en las normas subsidiarias, que atribuyen suelo urbano a los dos puntos en litigio. Por un lado, y según explican desde el Concello, otorgan una continuidad desde Fisterra hacia Langosteira. Y, en Sardiñeiro, se garantiza su expansión, especialmente en la salida hacia Estorde.
Traba considera que las modificaciones del deslinde ahora anulado no estaban justificadas, y defiende su carácter urbano, Costas de Galicia les daba la razón, pero no Madrid.
SENTENCIA
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