Cañete defiende que la Ley de Costas resuelve "problemas pendientes" y el PNV dice que todavía hay inseguridad jurídica

El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha defendido la puesta en marcha este año de la nueva Ley de Costas que, a su juicio, resuelve la "mayor parte" de los problemas pendientes que tenía España en la materia, mientras que desde el PNV, el diputado Joseba Agirretxea, ha alertado de que se mantiene la inseguridad jurídica para los propietarios de muchos inmuebles situados en la costa, a pesar de ser uno de los supuestos objetivos de la normativa.

Este debate se ha producido durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde el diputado 'jeltzale' ha cuestionado al responsable de Medio Ambiente por el 'Informe Werthmann', presentado en el Parlamento Europeo en relación a la modificación de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno este 2013, y por el que la Eurocámara ha emitido una orden directa a la Comisión Europea para que investigue "si esta nueva legislación se ajusta a derecho europeo".

Cañete ha subrayado en su argumentación que el citado informe "es un simple documento", que fue elaborado por una delegación de parlamentarios europeos que visitó España tras la aprobación de la ley en el semestre pasado, y "con recomendaciones no vinculantes".

Es más, sostiene que este documento de trabajo reconoce que el Gobierno español ha hecho un "esfuerzo importante" aprobando una nueva legislación en materia de costas, que resuelve "la mayor parte de problemas pendientes" para conciliar los problemas de la costa española con el desarrollo económico, y una mayor seguridad a los propietarios inmobiliarios.

A su vez, ha subrayado que este informe europeo plasmaba la necesidad de que las zonas costeras no se utilizasen para nuevas edificaciones, reclamaba una actualización del informe del registro y del catastro, al mismo tiempo que pedía la distinción de playas urbanas de las naturales, entre otras recomendaciones para España, que ya han sido incluidas en la nueva Ley de Costas, según ha asegurado.

COMPENSACIONES E INSEGURIDAD JURÍDICA

Arias Cañete ha señalado también que el 'Informe Werthmann' pide también indemnizaciones económicas, en lugar de concesiones de uso como compensación, aunque también recoge que la Comisión Europea ha señalado que el régimen de propiedad es competencia del Estado miembro.

Además, sostiene que en el marco del derecho nacional lo que no se puede es ignorar los preceptos de la Constitución, en cuanto a la demarcación público marítimo terrestre, ni tampoco la interpretación del Tribunal Constitucional, donde se establece que el dominio público "no admite claves de propiedad privada".

"Nosotros hemos mejorado el tratamiento de la Ley del 78, que establecía las concesiones de forma muy limitada, dando unas de 75 años, que además son transmisibles, con lo cual aumentamos su valor patrimonial", ha insistido el responsable de medio ambiente.

Mientras, Agirretxea ha insistido en que la aplicación de la Ley de Costas no ha solucionado el problema de la inseguridad jurídica a la que se veían sometidos propietarios de inmuebles deslindados porque se "les han confiscado propiedades", al no haberse efectuado una compensación económica, "por medio de unas concesiones de uso usufructo por unas concesiones de 75 años", a personas que eran ya propietarias por escritura pública de esos inmuebles antes de que existiera ninguna Ley de Costas.

Así, ha apuntado por ejemplo al caso del Molino de Mareas, una edificación del siglo XVII situado en la ría de Urdaibai, en Vizcaya.

Finalmente, ha avisado a Arias Cañete de que el Parlamento Europeo detectó "una enorme laguna jurídica" que el PNV propuso solventar vía enmienda durante la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Costas, pero al que el Gobierno no accedió a modificar.

http://www.teinteresa.es/tierra/Canete-Ley-Costas-PNV-inseguridad_0_1045696088.html

INFORME WERTHMANN
(Español)http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-510.751%2B04%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FES

(Inglés)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-510.751%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

(Alemán)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-510.751%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDE

(Francés)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-510.751%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR

Observaciones finales 

Estrictamente hablando, según los términos del Tratado de la UE, nada obliga a España a cambiar su posición y es evidente que el Gobierno español y el Parlamento poseen plena competencia, constitucional y políticamente, para decidir y aprobar dicha legislación. El «régimen de propiedad» sigue siendo competencia del Estado miembro. Sin embargo, el artículo 6 del Tratado de la UE y el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales también contienen disposiciones relativas a los derechos de los ciudadanos a su propiedad. 

Las personas tienen por tanto confianza legítima en que la UE y el Parlamento, en particular, deben defender estos derechos en su nombre cuando estos sean socavados o violados. 

Resulta deplorable que con esta revisión de la Ley de Costas no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica con respecto a los derechos de propiedad, un requisito imprescindible de todo mercado sostenible de la vivienda. Además, el hecho de que, en su caso, la línea de demarcación pueda revisarse cada vez que se produce un cambio en la línea de la costa (debido a la erosión costera o la construcción de un nuevo puerto deportivo, por ejemplo) genera una inseguridad adicional, pues lo que es legal hoy podría dejar de serlo mañana. 

Según se ha indicado, la mayoría de los miembros no consideran que las concesiones sean una compensación justa por la eventual pérdida de valor de las propiedades privadas situadas en el nuevo espacio público establecido.

Recomendaciones

Pide a la Comisión Europea que estudie si esta nueva legislación se ajusta al Derecho europeo.

Insta a las autoridades españolas a establecer un mecanismo de compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares pudieran ser objeto de derribo o expropiación a consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas.

Pide a las autoridades españolas que ofrezcan indemnizaciones que reflejen el valor de la propiedad de los afectados por la Ley de Costas, en lugar de otorgar concesiones. 

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El ministro Arias Cañete podrá despreciar el Informe Werthmann, pero que se haya desplazado una comisión de investigación del Parlamento Europeo a España y concluya en un informe que no se está respetando el derecho de propiedad en España y por tanto, que existe una inseguridad jurídica impropia de un Estado de Derecho Europeo...

Que diga que en España "lo que hoy es legal, podría dejar de serlo mañana"...

Es como para plantearse la derogación de la ley o dimitir, porque esa demostrada inseguridad, ese desprecio por el respeto de los derechos humanos, nos deja a nivel de las repúblicas bananeras.