El delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, ha sido imputado este martes por un presunto delito de prevaricación por su implicación, cuando era consejero regional de Obras Públicas, en la recalificación de unos terrenos protegidos junto al Mar Menor para construir la macrourbanización de 20.000 viviendas, campos de golf y marina financiada inicialmente por la CAM. El mismo auto ofrece a la alcaldesa de Cartagena y diputada en el Congreso, Pilar Barreiro, “declarar voluntariamente como imputada” por el mismo delito, antes de trasladar el asunto al Tribunal Supremo, puesto que es aforada.
En el procedimiento están también imputados el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y varios cargos políticos y funcionarios de la Consejería de Obras Públicas que intervinieron en la aprobación del proyecto de la promotora Hansa Urbana -participada por la familia alicantina Galea y la CAM, ahora Sabadell-CAM-.
Bascuñana y Cerdá han sido citados para declarar el próximo día 2 de julio en el TSJ de Murcia. Los funcionarios Luis Romera Agulló y Antonio Alvarado lo harán dos días después. El día 8 declarará el director general José María Bernabé (exjefe de Costas) y el funcionario Manuel Alfonso Guerrero. El consejero Cerdá declarará por segunda vez.
La imputación de Bascuñana fue solicitada en un informe por el fiscal anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, al TSJM por considerarlo la persona que “dio el beneplácito final como consejero de Obras Públicas entre 2003 y 2005 al proyecto urbanístico conocido como Novo Carthago en el que la promotora quería integrar los terrenos del paraje protegido del Saladar de Lo Poyo, única zona costera sin construir en la ribera sur del Mar Menor, frente a La Manga. Lozano consideraba también a la alcaldesa de Cartagena como “formalmente imputada” a expensas de su condición de aforada; el magistrado pide en su auto que se acredite “documentalmente la condición de diputada de doña Pilar Barreiro”.
El magistrado instructor Manuel Abadía estima así las razones aducidas para la imputación del representante gubernamental en Murcia por el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano, quien consideraba en su auto del 12 de junio que la aprobación definitiva del proyecto se hizo por orden expresa de Bascuñana y “pudiera entenderse como elemento del tipo de la prevaricación”. Las responsabilidades penales afectan al otorgamiento de Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto y a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual 113 del Plan General de Cartagena.
“Como ha puesto de manifiesto el fiscal en su informe con gran acierto, estamos en presencia de un delito de prevaricación continuada”, dice el magistrado Abadía en su auto. Las actuaciones administrativas de los imputados, con el actual delegado del Gobierno a la cabeza como consejero de Obras Públicas, hicieron que suelos de espacios naturales protegidos, que tienen ex lege por los artículos 9 y 65 de las leyes del Suelo Estatal y Autonómica la calificación de Suelo No Urbanizable de Protección Especial fueron “calificados como urbanizables”, vulnerando la Ley de Protección de Espacios Naturales y la Ley de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, y provocando que la Comisión Europea abriese “un proceso de Infracción Comunitario sobre el proyecto Novo Carthago”, precisa Abadía.
