«Un absoluto desastre». Así definieron este miércoles los vecinos de Playa Babilonia la reunión a tres bandas mantenida entre representantes de su asociación, del Ayuntamiento de Guardamar del Segura y del Servicio Provincial de Costas en Alicante. Los propietarios acudían al encuentro aliviados por el reciente auto judicial que obliga a Costas «con carácter inmediato» a tomar las medidas necesarias para consolidar las aceras y casas existentes en la citada playa, y estaban expectantes ante las soluciones que proponía la delegación territorial para llevar a cabo esta reivindicada mejora.
Sin embargo, la respuesta de Costas cayó como un jarro de agua fría. Según explicó a este diario el secretario de la asociación, Manuel López, el objetivo es «promover la posible ruina de algunas casas» (algo que, según destacó López, va a ser difícil porque «no habrá arquitecto que lo firme») e «iniciar el expediente de revocación de las concesiones».
Sobre todo, subraya el representante de los vecinos, les dolió la actitud «negativa, chulesca, tensa e insensible» de la jefa de la demarcación, Rosa de los Ríos Jimeno, quien -según López- se limitó a decir que «a la playa no le pasa nada», usó «argumentos vacíos de contenido sobre cambio climático» y descargó toda la culpa en las casas, «cuando hemos sido precisamente los vecinos quienes llevamos alertando del peligro desde hace 25 años», añadió.
Manuel López insistió en que «lejos de ser un elemento distorsionador, como insistió Rosa de los Ríos» esta urbanización cercana al centenar de casas -cuyo origen se remonta a 1929- fue precisamente parte de un proyecto de reforestación firmado por el ingeniero Francisco Mira para reforestar la entonces incipiente pinada y fijar las dunas que enterraban Guardamar.
«Los mayores daños se han producido, además, en la zona más cercana a la desembocadura, en la playa Viveros», añadió López.
Respecto a la sentencia, los vecinos explicaron que Costas la desoye y «ya ha acudido a Abogacía del Estado para evitar cumplirla».
Ante esta respuesta, que consideran un «atropello» y como respuesta, añaden, a las «coacciones y presiones», los vecinos decidieron ayer recurrir por la vía penal, al considerar, además, que puede haber «intereses ocultos e incluso prevaricación».
En palabras de Manuel López, «esto ya trasciende la cuestión administrativa, donde precisamente hemos obtenido el aval del juez a nuestro contencioso, por lo que no nos queda otra vía que la penal».
Anunció además que tienen previsto recurrir al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo para que se pronuncie al respecto, así como volver a presentar la documentación a Fiscalía, -que ya rechazó iniciar una investigación al respecto-pues consideran que existen pruebas suficientes para que el organismo reconsidera su postura.
