Sudáfrica expropiará las tierras de los blancos sin pagar
indemnización
El Parlamento sudafricano acuerda modificar la Constitución
para poder expropiar tierras sin abonar el debido justiprecio.
El Parlamento de Sudáfrica puso en marcha este martes los mecanismos para llevar a cabo una modificación de la Constitución que permita la expropiación de las tierras sin tener que pagar indemnización, informó el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA).
En un comunicado, el CNA explica que el comité de Revisión Constitucional del Parlamento deberá ahora revisar la sección 25 de la Constitución y otras cláusulas necesarias para que se adapten al principio de expropiación de tierras sin compensación, tras lo que deberá informar a las cámaras antes del 30 de agosto
La moción fue planteada por el líder del grupo izquierdista Luchadores por la Libertad Económica (EFF), Julius Malema, y apoyada por 241 de los parlamentarios, mientras que 83 votaron en contra. El CNA se mostró favorable debido a que "la resolución de la Asamblea Nacional (Cámara baja) está en línea con la resolución del 54º Congreso del CNA (celebrado el pasado diciembre), que decidió que el CNA debe buscar la expropiación de la tierra sin compensación".
El documento matiza que esta medida debe llevarse a cabo "sin desestabilizar al sector agrícola, sin poner en peligro la seguridad alimentaria en el país y sin menoscabar el crecimiento económico y la creación de trabajo". En su discurso sobre el Estado de la Nación, el nuevo presidente del país, Cyril Ramaphosa, se comprometió a "continuar el programa de reforma agraria haciendo uso de todos los mecanismos a disposición del Estado". Estas medidas recuerdan mucho a la reforma que puso en marcha en su día el régimen comunista de Zimbabue y que terminó causando el colapso de su economía.
El jefe de Estado aseguró que esta reforma se llevaría a cabo de forma que se incremente la producción agrícola, se mejore la seguridad alimentaria y se asegure que la tierra "sea devuelta a aquellos a los que se les arrebató bajo la brutalidad del colonialismo y del apartheid". Según los principios básicos del CNA, recuerda el comunicado, "la tierra debe repartirse entre quienes la trabajan", por lo que "las restricciones a la propiedad de tierras basadas en la raza deben acabar".
El grupo parlamentario de la formación recalcó la "necesidad de dar pasos significativos que transformarán nuestra economía, incluyendo la propiedad de las tierras y la reforma agraria", y afirmó que esta resolución "pregona una nueva era de distribución intensificada de las tierras para resolver las largas quejas del pueblo africano sobre el arrebatamiento de las tierras".
Según la última ley sobre esta cuestión, aprobada en 2016, la indemnización por la expropiación se fija por un tasador designado por el Gobierno, y el propietario puede recurrir a los tribunales si no está de acuerdo con la cantidad de dinero ofrecida. Este texto sustituyó a la norma anterior, en la que el cambio de manos de los terrenos reclamados por el Estado o por quienes fueron desposeídos de los mismos solo podía producirse con acuerdo del propietario, que fijaba también el precio que pagaría el Gobierno.
El Gobierno sudafricano lo tiene muy facilito: después de modificar la Constitución sólo tiene que sacar una ley que diga "La presente Ley viene, además, a cumplir el mandato expreso en nuestra Constitución, que en su artículo 132.2 ha declarado que son bienes de dominio público estatal los que determine la Ley" y luego "A los efectos del artículo anterior, no se admitirán más derechos que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la presente Ley, careciendo de todo valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad." (Ley de Costas española 22/1988)
En Sudáfrica van a por las propiedades agrícolas de los blancos; en España a por las propiedades privadas de la costa. Cada Gobierno confisca lo que considera más valioso.
Lo terrible del caso de España es que Franco, un dictador, no se permitió el lujo de confiscar, dejando claramente establecido en la ley "La Ley respeta los derechos legalmente adquiridos" (Ley de Costas española 28/1969)
