LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

domingo, 25 de julio de 2021

ANTES ERAN LOS PIRATAS LOS QUE ATERRORIZABAN A LOS HABITANTES DEL LITORAL. AHORA ES EL DEPARTAMENTO DE COSTAS

 

Más de 240 edificios de La Manga y el Mar Menor, en el limbo por ‘pisar’ dominio público en la costa

El Ministerio sigue sin aclarar qué hará y si son ilegales las viviendas, hoteles y restaurantes afectados por su plan para proteger la costa regional desde San Pedro a Cabo de Palos


El proyecto del Ministerio de Transición Ecológica para proteger la costa desde Pilar de la Horadada hasta Cabo de Palos y toda la franja marítima del Mar Menor ya está en marcha, pero con dudas en el horizonte. El Plan para la Protección del Borde Litoral del Mar Menor pretende proteger y recuperar un tramo de costa muy afectado por la presión urbanística y que tiene un importante reto como el de ‘poner barreras’ a las consecuencias del cambio climático. Todo esta macroactuación del Ministerio también pone en aprietos la continuidad de más de 300 edificaciones en La Manga y en los municipios ribereños del Mar Menor, entre ellos 245 edificios, 15 restaurantes, cuatro hoteles o un parking por ocupar parte del domino público marítimo terrestre y, en algunas ocasiones, rebasar por completo hasta tocar la propiedad privada la orilla del mar.

El documento definitivo con las actuaciones que llevará a cabo la Dirección General de la Costa y el Mar recoge a día de hoy la necesidad de recuperar esos terrenos ocupados por estas edificaciones y que supone a todas luces un problema para el Ministerio. En la última actualización de las actuaciones que lleva a cabo el Ministerio en el Mar Menor, señaló que la Demarcación de Costas de Murcia está tramitando seis expedientes para recuperar sí o sí terrenos públicos costeros ocupados ilegalmente y estudia otros 59 casos para determinar si la vivienda o cualquier otro elemento tiene licencia para ocupar el dominio público.

El pasado mes de mayo, los vecinos impidieron con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena el desalojo y derribo de una vivienda en la playa del Levante que incumplía con la Ley de Costas, según la Demarcación de Murcia. La oposición social a este tipo de actuaciones será el principal caballo de batalla del Ministerio para la recuperación de terrenos que ocupan el dominio público.
El documento fue presentado ayer por Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, al consejero de la misma área en la Región, Antonio Luengo, a quien remarcó que el Ministerio se propone «como acciones prioritarias la revisión y, donde corresponda, la redefinición del dominio público marítimo terrestre y la recuperación de ocupaciones ilegales». Las zonas que más complicaciones presentan son las playas del Arenal, el Estacio o el Pedrucho en San Javier, municipio donde cerca de 50 edificios pisan terreno público; en Cartagena las playas de Levante, Lebeche o Cavanna, con varias decenas de ocupaciones, y en la zona de Los Nietos, con 83 edificios situados en dominio público.

Actuaciones prioritarias

La Dirección General de la Costa y el Mar ha definido todavía más sus actuaciones prioritarias cuando se inició la tramitación del plan a principios del pasado año. En San Pedro del Pinatar, en la playa de la Llana, se plantea la construcción de un espolón junto al contradique del puerto deportivo y el trasvase de 40.000 m3 de arena desde la playa de la Torre Derribada, así como la recuperación de una superficie empleada como aparcamiento en la playa de Torre Derribada.

En la caleta y gola del Estacio, el Ministerio tiene pendiente retirar las tablestacas de Puerto Mayor y recuperar y reordenar el terreno al sur de la desembocadura de la gola del Estacio.

PLAN PARA LA PROTECCIÓN DEL BORDE LITORAL DEL MAR MENOR

EDIFICIOS PROPUESTOS PARA EL DERRIBO (Ni son ilegales ni están en dominio público. Si Costas quiere quedarse con propiedades ajenas, que las expropie y las pague. La CONFISCACIÓN esté prohibida por la Constitución Española)