El Gobierno ha asegurado que garantizará la participación de todas las comunidades autónomas con litoral en la futura modificación del Reglamento General de Costas mediante la solicitud expresa de sus informes, según ha trasladado en varias respuestas parlamentarias registradas en el Congreso de los Diputados. Con esta posición, el Ejecutivo trata de subrayar que la tramitación incluirá a los territorios afectados en un asunto especialmente sensible para numerosas regiones costeras.
El Ejecutivo ya impulsó en 2022 una reforma del Reglamento de Costas que, sin embargo, quedó anulada en 2024 por el Tribunal Supremo al apreciarse un defecto de forma, al haberse omitido el trámite preceptivo de consulta pública. A raíz de ese precedente, el Gobierno insiste ahora en que el nuevo procedimiento se está ajustando a los requisitos legales y administrativos exigidos durante la tramitación.
Además, ha precisado que la finalidad principal de esta modificación normativa es adaptar el reglamento a las exigencias de la Comisión Europea en materia de transparencia y concurrencia competitiva. Según remarca, esta revisión no pretende alterar los criterios técnicos de deslinde ni afectar a las concesiones de carácter no económico. En ese sentido, el Ejecutivo sostiene que el Gobierno «considera que estas medidas garantizan la seguridad jurídica y la gestión integrada del litoral conforme al marco comunitario».
Asimismo, el Gobierno ha señalado que la reforma del Reglamento General de Costas no prevé una reducción de los plazos de concesión actualmente vigentes en el dominio público marítimo-terrestre. Al contrario, plantea ampliar hasta 75 años el periodo para cultivos marinos, frente a los 50 años fijados en la legislación de 2014. Con ello, intenta despejar una de las principales inquietudes surgidas en torno al posible impacto de la modificación sobre actividades vinculadas al litoral.
Por otro lado, el Ejecutivo ha defendido que, durante la tramitación de esta reforma, se han respetado los plazos establecidos en la normativa vigente y que estos no se han reducido respecto a lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Gobierno. De este modo, ha explicado que la intención de modificar el reglamento fue sometida a consulta previa entre el 4 y el 19 de febrero de este año. Posteriormente, una vez reunidas las observaciones recibidas, se elaboró un borrador que fue sometido a audiencia e información pública entre el 9 de marzo y el 1 de abril de 2026.
En paralelo, el Gobierno ha indicado que el dictamen del Consejo de Estado será solicitado en una fase posterior del procedimiento y que se recabará conforme a lo que marca la normativa. También ha subrayado que la nueva propuesta no coincide con el texto del real decreto que modificaba el Reglamento General de Costas y que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo en enero de 2024 precisamente por la ausencia de consulta pública en su elaboración.
Estas explicaciones llegan en respuesta a una batería de preguntas formuladas en la Cámara Baja por las diputadas del PP Rosa Quintana Carballo y Ainhoa Molina. Las parlamentarias preguntaban, entre otras cuestiones, si el Ministerio dispone ya de un borrador articulado de la modificación y, en caso afirmativo, por qué no se hizo público durante la consulta previa. También pidieron aclaraciones sobre si la propuesta coincide con el texto anulado, si ya se ha solicitado informe al Consejo de Estado y qué razones «objetivas» justifican que la consulta pública de una regulación «tan esencial» se haya «limitado» al plazo mínimo de 15 días.
Del mismo modo, las diputadas populares reclamaron saber si el Gobierno ha convocado la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas costeras antes de iniciar esta reforma y si ha pedido algún informe a Galicia, al considerar que se trata de una comunidad especialmente afectada por su extensión de costa y por la concentración de actividades vinculadas al mar y a la industria. También preguntaron por el posible efecto que tendría una eventual reducción del plazo máximo de concesión de 75 a 30 años sobre las concesiones vigentes en el dominio público marítimo-terrestre.
En esa misma línea, solicitaron información sobre cuántas de esas concesiones corresponden a actividades relacionadas con el sector pesquero, el marisqueo, la acuicultura o la transformación de productos del mar. Además, se interesaron por si el Ejecutivo ha realizado una estimación del impacto económico y laboral de una eventual reducción de la duración de las concesiones, si prevé modificar el régimen de prórrogas extraordinarias actualmente vigente y si contempla cambiar los criterios técnicos de delimitación del dominio público marítimo-terrestre en relación con el alcance de los temporales.
Las preguntas del PP también se extendían a otros asuntos, como si el Gobierno considera que una regulación «restrictiva» de las concesiones en la costa se ajusta a los principios comunitarios de gestión integrada del litoral. Asimismo, planteaban si se garantizará que las concesiones para poder usar las viviendas «que se expropian cuando les afectan los nuevos deslindes del dominio público marítimo-terrestre tendrán derecho a las prórrogas». Por último, reclamaban al Ejecutivo que aclarase si la modificación reglamentaria no afectará a las concesiones ya otorgadas ni a las inversiones realizadas al amparo del marco normativo actual.
Todo este debate se produce, además, en un contexto de creciente presión política por parte de varias comunidades autónomas del litoral español. En marzo celebraron en Valencia la II Cumbre Nacional del Litoral, en la que representantes de gobiernos autonómicos con costa hicieron frente común para reclamar al Gobierno una nueva ley de costas que aporte mayor seguridad jurídica y que sea «más actual, más real» y «más sensible a la realidad» de cada una de las regiones. También expresaron su rechazo a la actual «política de deslindes».
En ese encuentro, las autonomías acordaron un manifiesto en el que exigen una nueva ley de costas, rechazan los reglamentos impulsados por el Gobierno y solicitan una reunión urgente de la comisión sectorial con presencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, según explicó el vicepresidente tercero y consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus.
Además, las comunidades autónomas anunciaron la creación de un grupo de trabajo destinado a redactar un borrador de una nueva norma «con visión autonómica, incorporando la sensibilidad atlántica, mediterránea e insular». La propuesta que defienden pasa por una ley que reordene las competencias, limite la acción del Estado en materias como los deslindes y las obras de interés general y avance hacia una gestión principalmente autonómica del litoral.
