El 'caso Cerrias', camino de Estrasburgo

Los propietarios de las viviendas denuncian una vulneración del derecho al respeto de sus bienes

Los propietarios de las viviendas de Cerrias 1 (Liencres) -sobre las que pesa una sentencia de derribo- mantuvieron ayer, lunes, una reunión con los abogados que les representan para perfilar los detalles del recurso que los letrados presentarán el próximo día 9 de enero en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, documento en el que denuncian una vulneración del derecho al respeto de sus bienes y piden que acuerde «de inmediato» la paralización de la ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

En el recurso, los vecinos solicitan que el Tribunal «admita la demanda y le dé curso y, previas las comprobaciones y trámites que procedan, declare que los poderes públicos españoles, por acción o por omisión, han vulnerado el derecho de los demandantes al respeto de sus bienes». Igualmente, piden que «mientras se sustancia la demanda, y de conformidad con el artículo 39 del Reglamento del Tribunal, acuerde de inmediato la medida provisional consistente en paralizar la ejecución de la sentencia acordada en el auto recurrido».

Y ello, añade el documento, «por ser de todo punto oportuno a la defensa de los intereses que los demandantes invocan ante el tribunal y para prevenir que la vulneración que denuncian, por parte de los poderes públicos españoles, se consuma con la demolición de las viviendas de las que son propietarios».

Respeto a los bienes

El texto, al que se adjunta un relato de los hechos sintetizado aunque ampliamente documentado, se remite al artículo 1 del Protocolo Adicional Primero del Convenio, que dispone que «toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del Derecho Internacional».

Para los propietarios de las viviendas, «lo que aquí está en juego es algo más grave que una garantía expropiatoria deficientemente aplicada o de una reglamentación de la propiedad de carácter abusivo». Se trata, «lisa y llanamente», añade el recurso, «de la afectación más radical del derecho de propiedad sin más contrapartida ni horizonte compensatorio que emprender un complejo y tortuoso procedimiento judicial de resultados poco esperanzadores».

Como quiera que el Tribunal Europeo dispondrá de un plazo de cuatro a seis meses para decidir si admite o no a trámite el recurso elevado por les vecinos de Cerrias, y considerando que el TSJC ha dado un plazo de seis meses para que la ejecución de la sentencia se lleve a efecto, los abogados solicitarán al Tribunal de Estrasburgo que acuerde «de inmediato» la «paralización» de la ejecución de la sentencia, pues pudiera darse el caso de que para cuando admita a trámite el documento, si lo hiciera, las casas ya hayan sido demolidas. Sería una desgraciada paradoja.

http://www.eldiariomontanes.es/20100105/region/centro-bahia/caso-cerrias-camino-estrasburgo-20100105.html

EDIFICACIONES CON TODAS LAS BENDICIONES DE COSTAS Y SIN QUE NINGÚN GRUPO ECOLOGÍSTA HAYA PEDIDO SU DERRIBO

¿POR QUÉ HAY DOS VARAS DE MEDIR?

¿QUIÉN HACE MÁS DAÑO AL MEDIO AMBIENTE?

El TC da la razón a los propietarios de unos terrenos en la costa

Anula una sentencia del Supremo basada en un deslinde que había sido anulado y que afecta a la comunidad de propietarios de la Colonia Nueva Berria.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) ha concedido el amparo solicitado por la comunidad de propietarios de la Colonia Nueva Berria (Santoña) y otras personas frente a la sentencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó una demanda sobre la propiedad de unos terrenos en la costa.

La sentencia considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes por lo que anula el fallo del Supremo, de 28 de noviembre de 2005, y ordena retrotraer las actuaciones judiciales al momento anterior al de dictarse dicha sentencia para que se dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido a los recurrentes.

Según recoge la sentencia, que estima las alegaciones de los recurrentes sobre la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, la comunidad de propietarios de la Colonia Nueva Berria interpuso un recurso contra la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 25 de septiembre de 1990, por la que se aprobó el deslinde del dominio público-terrestre en la playa de Berría, al considerar contrario a derecho la inclusión de dicha urbanización dentro del dominio público marítimo-terrestre. Dicho recurso fue estimado por una sentencia de 11 de octubre de 1996, confirmada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el 24 de octubre de 2001.

La misma comunidad interpuso un segundo recurso contencioso-administrativo contra diversas resoluciones administrativas, entre otras, aquellas por las que se acordaba la cancelación de las inscripciones registrales de los títulos de propiedad otorgados a favor de la Comunidad, y que también fue estimado por una sentencia del Supremo de 22 de octubre de 2001.

Sin embargo, los demandantes de amparo también interpusieron un tercer recurso con el fin de que se reconociera la plena propiedad sobre sus inmuebles y la nulidad de las inscripciones registrales practicadas a favor del Estado. Aunque una sentencia dictada el 24 de octubre de 1996 estimó íntegramente la demanda, el Abogado del Estado interpuso recurso de apelación, tramitado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santander, que fue estimado por sentencia el 11 de enero de 1999, argumentado que los bienes habían sido deslindados e incluidos dentro del dominio público marítimo-terrestre conforme a derecho.

Los demandantes de amparo interpusieron entonces un recurso de casación ante el Supremo, que en sentencia dictada el 28 de noviembre de 2005 desestimó el recurso de casación civil, partiendo en sus argumentaciones de la validez del deslinde administrativo.

Petición de amparo

Los recurrentes adujeron en su demanda de amparo que la resolución impugnada vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva. En primer lugar, alegaron que se incurrió en un error patente, ya que, habiéndose admitido como prueba las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en las que se confirmaba la nulidad de la orden de deslinde y la inscripción de las fincas a favor de la Administración, se rechazó su tercer recurso tomando como presupuesto fáctico la subsistencia del deslinde como único argumento.

Igualmente señala que tras desestimarse su pretensión en apelación, interpusieron un recurso de casación, alegando, entre otras cuestiones, que el deslinde practicado por la Administración había sido anulado en cuanto a la inclusión en el dominio público marítimo-terrestre de sus propiedades por sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 11 de octubre de 1996, no siendo firme al estar pendiente de resolución el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado.

Del mismo modo, el Constitucional destaca que, una vez admitido a trámite el recurso de casación civil, los recurrentes adjuntaron sendas sentencias de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 22 y 24 de octubre de 2001. En la última se confirmaba la anulación del deslinde administrativo y en la primera se anulaban las resoluciones administrativas que ordenaban la cancelación de las inscripciones registrales de los títulos de propiedad otorgados a favor de los recurrentes. Ambas sentencias fueron admitidas como prueba documental por Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2002, aunque finalmente el recurso fue desestimado por sentencia de 28 de noviembre de 2005.

El TC señala que en esta resolución no se hace mención alguna a las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo admitidas como prueba documental ni en los antecedentes ni en la fundamentación jurídica, fundamentando la desestimación del recurso en la validez del deslinde administrativo.

Todo ello lleva al Constitucional a otorgar el amparo solicitado por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva pues --dice-- como también ha señalado el Ministerio Fiscal, ha quedado acreditado que concurren todos los requisitos para dotar de relevancia constitucional al error denunciado.

Por un lado --señala-- la concurrencia del error fáctico se evidencia "de forma palmaria" en las actuaciones, donde es "indubitada" la existencia de las sentencias de los órganos judiciales de lo contencioso-administrativo, anulando el deslinde practicado, y el hecho de que las mismas fueron admitidas como pruebas documentales en el recurso de casación.

Por otro lado, también se constata que dicho error no ha sido inducido por el recurrente, ya que la ausencia de la toma en consideración del contenido de dichas resoluciones resulta sólo imputable al órgano judicial. Y, por último, indica que el razonamiento para desestimar la pretensión de los recurrentes tiene como presupuesto determinante dicho error, toda vez que ha concedido carácter decisivo a la validez de un deslinde administrativo que ya había sido anulado previamente de manera firme por los órganos judiciales competentes.

Así, el TC dictamina que la conclusión de que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes determina que deba acordarse la nulidad de la resolución impugnada y la retroacción de actuaciones para que se dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido, señala el Constitucional.

http://www.eldiariomontanes.es/20091229/local/castro-oriental/razon-propietarios-unos-terrenos-200912291058.html

El Constitucional "mutila" la Ley de Costas canaria e impide blindar el litoral

Aunque el Alto Tribunal levanta la suspensión de los artículos 2 y 3 de la norma canaria, mantiene la del artículo más importante, el 1, con el que el Gobierno regional quiere preservar los núcleos costeros afectados por la ley estatal. El Ejecutivo reconoce que con esta prohibición "la ley canaria no se va a aplicar mucho".

http://www.eldia.es/2009-12-29/canarias/4-Constitucional-mutila-Ley-Costas-canaria-impide-blindar-litoral.htm

La Ley de Costas impide proteger los nucleos tradicionales pero no impide destruir el litoral cuado se trata de macrourbanizaciones u hoteles; es más, se autoriza a modelar el litoral al antojo de los inversores y si no tienen playa, no hay problema, se les fabrica una. Esto es lo que se llama una auténtica DEMOCRACIA.

ANFÍ DE MAR, Gran Canaria 1962
ANFÍ DE MAR 1992

ANFÍ DE MAR 2000

ANFÍ DE MAR 2009 (Toda la costa en manos de la urbanización)

Una costa modelada a capricho del promotor

ESTE ES EL FIN PARA EL QUE SE HIZO LA LEY DE COSTAS QUE TANTO DEFIENDE NUESTRO GOBIERNO.

Proasal pierde su batalla legal contra Costas por las marismas

AVISO :

A LOS PROPIETARIOS QUE SE CREAN A SALVO DE LOS DESLINDES DE COSTAS Y A LOS QUE ESTÉN PENSANDO EN ADQUIRIR UNA PROPIEDAD CREYENDO QUE LO HACE CON TODAS LAS DE LA LEY, SEPAN QUE PUEDEN ENCONTRARSE EN TOTAL INSEGURIDAD JURÍDICA E INDEFENSIÓN EN CUALQUIER MOMENTO.

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=100739&i=19&f=0

La empresa salinera Proasal, afincada en Sanlúcar, ha perdido en los tribunales su batalla legal contra la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en un litigio que afecta a unas 1.300 hectáreas propiedad de la salinera que tras la aprobación de la Ley de Costas, pretenden ser catalogados como zona marítimo terrestre por la Administración.

Los actuales propietarios de Proasal han llegado hasta el Tribunal Supremo con este asunto - que ya heredaron del anterior propietario-, presentando un recurso contra la sentencia que dictó la Audiencia nacional en abril de 2005. Sin embargo, el Alto Tribunal ha rechazado el recurso y ahora, la única opción legal que resta es recurrir al Tribunal de Estrasburgo, una medida que según el propietario de Proasal, Juan Manuel Díaz, “estamos barajando”, ya que de momento están a la espera de que Costas les conceda tras la expropiación una concesión administrativa sobre los terrenos durante 60 años, según han dado a conocer fuentes de la empresa.

ARGUMENTOS

La sentencia que acaba de ratificar el Supremo supone para la salinera la pérdida de la propiedad de estos terrenos en las marismas sanluqueñas, para cuya recuperación e incorporación al dominio público marítimo terrestre, Costas se basa en que son “naturalmente inundables”.

Sin embargo, el gabinete jurídico de la empresa ha basado en lo contrario su recurso ante las sentencias que han ido obteniendo por parte de las distintas instancias jurídicas. Además de argumentar que la zona “no es naturalmente inundable” y que “la ribera actual se ha configurado de manera natural”, Proasal ha defendido la propiedad sobre los terrenos asegurando que infringía una de las disposiciones contempladas en la Ley de Costas, por las que, a su juicio, habiéndose aprobado anteriormente dos deslindes sobre la zona -en 1965 y en 1977 - y habiéndose reconocido la titularidad privada de los terrenos de la salina, no procede su expropiación.
Sin embargo, el pronunciamiento del Tribunal Supremo ha venido a ratificar los argumentos recogidos en la sentencia dictada por la Audiencia nacional hace cuatro años, desestimando los argumentos esgrimidos por la empresa en el recurso de casación presentado y dando la razón a Costas sobre su reivindicación.

La sentencia sostiene la capacidad de la Demarcación de Costas para incoar el expediente, alegando que eran marismas naturalmente inundables. Además el Supremo considera también que la propia Ley de Costas no prohíbe la práctica de nuevos deslindes en los tramos ya deslindados, es más, justifica este hecho con la finalidad de adecuar el antiguo deslinde a la definición de dominio público marítimo terrestre pues “con el deslinde no se persigue la revisión de actos contrarios al ordenamiento jurídico, sino la determinación del dominio público marítimo terrestre a fin de constatar si efectivamente un terreno reúne o no las características contempladas en los artículo 3, 4 y 5 de la Ley de Costas, y ello cuantas veces fuera necesario”, según se recoge la sentencia para rebatir el argumento de que sobre la zona ya se habían practicado anteriormente otros deslindes sin que se incluyeran los terrenos que Costas ha obtenido ahora.

"LA TIERRA NO PERTENECE A NADIE, SALVO AL VIENTO" (ZP, Copenhague)

LIBREME DIOS................. DEL VIENTO

http://www.liveleak.com/view?i=810_1256678713

LA TIERRA NO PERTENECE A NADIE, SALVO AL VIENTO.

Discurso del Presidente del Gobierno en la Cumbre de Cambio Climático

"Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la Tierra, nuestra Tierra, en la que viven pobres, demasiados pobres, y ricos, demasiado ricos. Pero la Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento".

SE LE OLVIDÓ DECIR... "Y AL GOBIERNO ESPAÑOL POR LA LEY DE COSTAS".

A NOSOTROS NO PERMITE QUE SE NOS OLVIDE QUE YA NO TENEMOS HOGAR PORQUE SE LO HA QUEDADO EL GOBIERNO APROPIANDOSE DE LO QUE NO ES SUYO....SINO DEL VIENTO.

"EL HURACÁN" DEL GOBIERNO DICE QUE LA COSTA LES PERTENECE A ELLOS. AL VIENTO NI SE LE NOMBRA EN LA LEY QUE APROBARON EN 1988 .

¿POR QUÉ NO PONE EN PRÁCTICA CON SUS CIUDADANOS SU ALMIBARADA FRASE:"Seamos leales con nuestros pueblos y con nuestros compatriotas"?.

"Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la Tierra, nuestra Tierra, en la que viven pobres, demasiados pobres, y ricos, demasiado ricos".

Esa debe de ser la consigna que ha pasado a las Demarcaciones de Costas, que somos demasiado ricos y los hoteleros y constructores demasiado pobres, por lo que hay que equilibrar la balanza derribando a unos para que construyan otros.

¿COMPRENDIÓ ZP QUE LA TIERRA SÓLO LE PERTENECE AL VIENTO MIENTRAS REFLEXIONABA EN SU HUMILDE MORADA DE LA MARETA?...

¿FUÉ ALLÍ DONDE SE DIÓ CUENTA DE QUE NO SOPORTARÍA VER AHOGARSE A SU PUEBLO Y A SUS COMPATRIOTAS CON LA SUBIDA DEL MAR DEL AÑO 3.000 Y DEBÍAN ANTICIPARSE DERRIBÁNDOLO TODO PARA EVITARNOS SUFRIMIENTOS INÚTILES?...

http://www.la-moncloa.es/Presidente/Intervenciones/Discursos/prdi20091217.htm

El Tribunal de Estrasburgo condena a España por el mal funcionamiento de la justicia

La Corte europea considera que el Supremo violó el convenio de derechos humanos al rechazar el recurso de un vecino de Bocairent

La decisión del Tribunal Supremo de rechazar por "falta de datos" el recurso de un vecino de Bocairent contra la decisión de la Conselleria de Urbanismo de desclasificar unos terrenos de su propiedad "violó" el Convenio Europeo de Derechos Humanos, según una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España por un mal funcionamiento de sus instituciones, en este caso, judiciales. El fallo de la Corte de Estrasburgo establece que el Supremo, que tardó cuatro años en inadmitir el recurso, vulneró el derecho de todo ciudadano de la Unión a que una causa sea oída de manera equitativa, pública y en un plazo razonable.

El autor de la demanda, Martín Vicente Llavador, presentó en 1994 un litigio contra un cambio en las normas de planeamiento de Bocairent promovidas por el ayuntamiento y aprobadas por la Conselleria de Urbanismo del Gobierno valenciano, que afectaba de lleno a su propiedad. En concreto, el ayuntamiento modificó el planeamiento urbanístico para cambiar de urbano a no urbanizable de Protección Especial unos terrenos, de 350.000 m2 de superficie, propiedad de la familia del recurrente en el entorno de la Serra Mariola y sobre los que pretendía levantar una urbanización: "Desclasificaron mis parcelas diciendo que había demasiado suelo urbano y luego recalificaron otros de Protección Especial para hacer un camping, entonces propiedad de la esposa del arquitecto municipal y de dos concejales", según explicó ayer Martín Llavador a Levante-EMV tras conocer el fallo de Estrasburgo.

Agotada la vía administrativa, Llavador presentó un recurso contencioso-administrativo, que fue parcialmente admitido en marzo de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. No contento con el fallo del TSJ-CV, recurrió en casación ante el Supremo, que admitió el recurso en febrero de 1998 y "apremió a la otra parte [la conselleria y el ayuntamiento] a que compareciera en un plazo de 30 días para poder oponerse a la apelación". Casi 4 años después, en una sentencia de 18 noviembre de 2002, el Tribunal Supremo rechazó el recurso por "falta de datos en el escrito de presentación", según la resolución.

Tumbado en el Constitucional
Pero el periplo judicial de este empresario de Bocairent continuó en el Tribunal Constitucional, donde en una estrecha votación de tres a dos, se resolvió dar por buena la decisión del Supremo. En un voto particular, uno de los magistrados que apoyó la admisión del recurso reseñó que se habían tomado por parte de la administración "medidas exacerbadas" contra el recurrente.

El afectado recordó que se gastó 10 millones de pesetas de la época "en la redacción del proyecto, en llevar la luz eléctrica a la zona y en excavar un pozo". Sin embargo, según dijo ayer Llavador, "no me bajé los pantalones como querían y fue cuando me vinieron encima todos los problemas", declaró el recurrente, quien ayer no quiso extenderse más en sus valoraciones sobre la sentencia porque "todavía no la tengo en mis manos. Sólo conozco lo que me han dicho a través del teléfono. Lo que si sé es que me destrozaron la vida y voy a llegar hasta el final para defender mis intereses y que cada uno asuma sus responsabilidades", adelantó.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2009/12/16/tribunal-estrasburgo-condena-espana-mal-funcionamiento-justicia/661379.html

European court of Human Rights slams Spains' slow justice system

The European Court of Human Rights has criticised Spain for its "slow" justice system. The case was presented by Martín Vicente Llavador, a Spanish citizen from Alicante, after his case was accepted in 1999 only to be thrown out four years later for insufficient evidence. The ECHR found Spain to be in breech of article 6.1 of the European Agreement on Human Rights, which states that all EU citizens have the right to "·speedy equitable and effective justice".

Sr Vicente presented a complaint against a decision by the Valencian Development Ministry that affected land which he owned in Bocairent (Valencia). After his complaint was dismissed by the Minsitry, Sr Vicente appealed to the local court for a ruling (recurso contencioso-administrativo) which was partially admitted in May of 1998 by the Supreme Court of the Community of Valencia.

However, the case was finally accepted by the court in 1999 and the Court gave the other party 30 days to submit evidence for the trial. As nothing was ever received, it took almost four years for tyhe case to be reviewed, at which point (in November 2002) the Court ruled that too much time had passed and archived the case without hearing it.

Sr Vicente then appealed against this decision, and his case was accepted for trial by the ECHR.

The sentence condems Spains slow justice system and theoretically opens the way for the EU to insist that Spain speeds up its justice system. It also paves the way for Sr Vicente, and others in a similar situation, to ask for compensation from the State for infringement of their human rights. It could also allow Sr Vicente to reopen his original case.

http://www.thereader.es/en/spain-news-stories/1327-european-court-of-human-rights-slams-spains-slow-justice-system.html

Un hotel de lujo que incumple la Ley de Costas

Barcelona tiene un problema de modelo social, económico y urbanístico. Las autoridades municipales, denuncian desde los movimientos sociales de la ciudad, han puesto a la capital catalana, más que nunca, al servicio de los intereses de los grupos inmobiliarios y del turismo.

Un ejemplo de todo esto es el Hotel Vela, inaugurado hace poco más de dos meses, una instalación de lujo en medio de un barrio popular y de origen pescador como la Barceloneta. “El Vela orientará el comercio de la zona hacia el turismo con alto poder adquisitivo, incrementará los precios de la vivienda e intensificará el fenómeno de los apartamentos turísticos”, afirma Gala Pin de la Plataforma en Defensa de la Barceloneta.

La plataforma ha interpuesto un contencioso administrativo en el que solicita el derribo de esta edificación o bien que se someta a debate público cuál debe ser el uso de Vela. Se acusa a las autoridades de incumplir la Ley de Costas y de convertir a usos privados un espacio de titularidad pública donde no se permitían edificaciones hoteleras.

En este espacio antes del Hotel Vela había un restaurante popular donde se podía ir a pasar el día y llevar comida de casa “y ahora ese espacio se ha privatizado para los más ricos”, afirma Emilia Llorca, presidenta de l’Associació de Veïns de l’Òstia, de la Barceloneta quien añade que “el barrio no ganará nada con el Vela”. Pin señala que el rechazo de los vecinos a esta nueva operación es muy amplio, “la gente aún recuerda cuando, según la Ley de Costas, se restringieron los usos de la playa para los chiringuitos, y no se entiende que ahora se permita esta construcción”.

Falta de transparencia
Desde la Plataforma se acusa al Ayuntamiento de tener prácticas poco democráticas y nada transparentes. El Plan Especial Nova Bocana, que modificará la imagen del barrio, deja “en manos de las empresas inmobiliarias la remodelación urbanística de la Barceloneta, sin que haya un planteamiento social o garantista”, afirma Pin. También indica que el Plan “de los ascensores” (para incluir ascensores en muchos edificios antiguos del barrio) se ha realizado sin la más mínima perspectiva social y que podría acabar expulsando a muchos vecinos por no poder asumir el coste de la reforma.

Este plan, por ahora paralizado, ha despertado un amplio rechazo entre los vecinos. Para Pin, la Autoridad Portuaria de Barcelona tiene una influencia excesiva y poco transparente en las decisiones del Gobierno municipal, “los ciudadanos debemos disponer de mayores controles”, añade.

Vecinos al abordaje
Durante la inauguración de este hotel se realizaron diferentes actos de protesta como una sardinada popular o un ‘abordaje’ por tierra, mar y aire. El objetivo de estas acciones era sensibilizar a la población, aunque el hotel es ya una realidad que está afectando al barrio. A día de hoy, denuncia Llorca, se pagan alquileres por valor de mil euros por pisos de 30 metros, y ya se está vendiendo la Barceloneta como una marca para restaurantes de precios prohibitivos.

“El tejido social del barrio se está rompiendo con el Vela”, afirma Llorca. “Aún quedan pendiente la resolución del contencioso administrativo presentado. Además seguiremos con las acciones de protesta, porque nuestra crítica va más allá del Vela, es una crítica a un modelo de ciudad donde predominan los intereses privados, la falta de transparencia y donde existen claros déficits democráticos”, concluye.

http://www.diagonalperiodico.net/Un-hotel-de-lujo-que-incumple-la.html

Preocupación entre políticos y agentes sociales por Las Aletas

El polígono de Las Aletas sigue estancado y envuelto en polémica. El mayor proyecto empresarial para el desarrollo económico de la Bahía está seriamente tocado después de que el Tribunal Supremo tumbara, hace dos meses, su puesta en marcha alegando que vulnera la Ley de Costas. Un recurso de la organización ecologista Adena ha frenado en seco la iniciativa de levantar en zona de marismas un complejo industrial y logístico.

El Gobierno central y la Junta de Andalucía pusieron en manos de la Abogacía del Estado, en noviembre, el contraataque judicial para continuar con las obras y corregir los defectos de forma que había detectado el Alto Tribunal en los expedientes del proyecto Aletas.

Sin embargo, lo que en un principio era justificar con todo lujo de detalles el interés económico y social del proyecto parece ahora que se trata de un tema legal más grave y complejo. El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, reconocía el viernes que se moverán todas las fichas políticas para que el proyecto salga adelante y, el sábado en Cádiz, añadía que la Abogacía de Estado seguía inmersa en el estudio para defender judicialmente la construcción del polígono.

El proyecto está en el aire y los agentes sociales de la provincia quieren recuperar el espíritu de Las Aletas y sacar el proyecto adelante. Los empresarios y los sindicatos están preocupados y han forzado para hoy la reunión del Consejo Económico y Social -que integran también políticos-, para despejar el futuro de Las Aletas y recibir una versión clara de sus promotores: el Gobierno central y la Junta. A la reunión acude el vicepresidente del Consorcio de Las Aletas y consejero de Empleo, Antonio Fernández, que se encargará de dar cuenta de los avances desde que el Tribunal Supremo tumbara en octubre el proyecto. Los propios agentes sociales han reconocido que el revés judicial ha sido grave y no se pueden permitir que el proyecto caiga en saco roto.

Por su parte, el parlamentario andaluz de IU por Cádiz , Ignacio García, considera que la Junta «no va a poder resolver tan fácilmente como presume» el problema del polígono de Las Aletas, en Puerto Real, porque el asunto es «muy complicado» y, a su juicio, el Gobierno andaluz «no tiene clara la estrategia» a seguir, estimando que «no se solucionará en todo el 2010», lamentó.

http://www.lavozdigital.es/cadiz/20091214/ciudadanos/preocupacion-entre-politicos-agentes-20091214.html#comentarios

Comentario:

¿Y que se esperaban? sólo hay que ver la foto para darse cuenta de que es una marísma y la Ley de Costas obliga a su protección. ¿Pués no han sido los que ahora se lamentan los autores de la misma? ¿Qué pensaban, que la ley sólo la tenemos que sufrir los ciudadanos de a pié?

Yo me pregunto porqué debemos correr con los gastos de semejante ineptitud. ¿Por qué no pagan de su bolsillo, que para eso tienen buenos sueldos, a los abogados del Estado que tienen que encontrar la fisura por donde entrar y salirse con la suya? ¿No es lo que nos ocurre a nosotros, que además de pagar abogados que nos defiendan, encima pagamos con el dinero de nuestros impuestos a los abogados del Estado, ingenieros y demás personal que nos atacan sin piedad?

¡Todos están preocupadísimos!, ¿por qué, si no se ha empezado a hacer nada después de un dispendio millonario del que han aprovechado unos y otros? ¿Es que acaso van a devolver los sueldos que les han pagado mientras vivian del cuento de la lechera? Desde luego, si tuvieran la más mínima ética, ya habrían dimitido en bloque; pero no, todos a reunirse una y otra vez para ver como evitan la Ley de Costas.

¡¡¡QUÉ AMARGA ES LA PROPIA MEDICINA!!! ¿VERDAD?........

Unanimidad para pedir un nuevo deslinde de Costas

El pleno del Consell Insular de Formentera aprobó por unanimidad la petición de practicar un nuevo deslinde de la zona marítimo terrestre del litoral de la isla, en base al informe jurídico emitido recientemente por los servicios jurídicos de la Comunitat Autònoma que avala esta posibilidad. La demanda se dirige al Ministerio de Medio Ambiente y a la Demarcación de Costas de Balears con el objeto de que inicien los trámites pertinentes que desemboquen en la revisión del deslinde aprobado en 1997 que afecta a las propiedades de numerosos vecinos de la isla. Además se añaden los acuerdos adoptados en este sentido tanto por el Parlament balear, como por el Senado y el Congreso de los Diputados.
El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, reiteró el compromiso de la institución en esta materia y mencionó el trabajo desarrollado por la plataforma de afectados Salvem Formentera, que aporta toda una serie de documentación a la propuesta aprobada. Asimismo se comprometió a dar salida a la resolución del pleno con la máxima celeridad para que la Administración del Estado la reciba cuanto antes e inicie el proceso para realizar una nueva delimitación del litoral. Este fue el único acuerdo aplaudido por los vecinos asistentes a la sesión.

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2009/12/11/unanimidad-pedir-nuevo-deslinde-costas/378585.html

BNG lleva al Congreso una propuesta de modificación de la Ley de Costas

"INSEGURIDAD JURÍDICA"

Los diputados del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera y Olaia Fernández Davila, han registrado en la Cámara Baja una proposición de ley para modificar la normativa estatal de Costas y acabar, así, con la "inseguridad jurídica en la que se encuentran varios núcleos de población en Galicia".

Según recuerdan los nacionalistas, la ley de Costas establece una servidumbre de dominio público marítimo terrestre de 20 metros para el suelo calificado como urbano antes de la entrada en vigor de esta normativa, mientras que para el resto del territorio la servidumbre de protección se establece en 100 metros.

Sin embargo, los diputados del BNG recuerdan que en Galicia esta aplicación legal suscita una "problemática" derivada de la existencia de numerosos municipios que cuentan con asentamientos de población tradicionales, situados en la costa desde el siglo XIX y vinculados a actividades pesqueras.

A este respecto, los parlamentarios recuerdan que la entrada en vigor de la ley dejó afectados a estos núcleos por la servidumbre de 100 metros en lugar de los 20 metros que fija la ley para suelos urbanos debido a que están calificados así en la normativa de planeamiento municipal como suelo no urbanizable, pese a reunir los requisitos "para ser calificados como suelo urbano". En esta situación se encuentran asentamientos de Marín, Illa de Arousa, Ribeira, Moaña, Redondela, Pobra do Caramiñal o Malpica.

MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA

En este contexto, recuerdan que la Xunta, en uso de sus competencias que tiene atribuidas por el artículo 27.3 del Estatuto de Autonomía, que le otorga competencias exclusivas en ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, aprobó (con el bipartito y por unanimidad del Parlamento) una modificación de ley autonómica 9/2002, de Ordenación urbanística y de protección del medio rural de Galicia, para solucionar esta situación.

Sin embargo, el Estado presentó un recurso de invasión de competencias a la Disposición Adicional Segunda de la Ley Autonómica de Vivienda de Galicia. "Esta disposición establece una salida legal para los núcleos preexistentes de carácter tradicional afectados por un error en la clasificación urbanística de la normativa de planificación municipal", manifiestan los nacionalistas. [...]

http://www.europapress.es/galicia/noticia-bng-lleva-congreso-propuesta-modificacion-ley-costas-20091208164645.html

Gobierno y oposición municipal se unen en sus críticas a Costas

El Ayuntamiento de Escalante no tiene previsto quedarse con los brazos cruzados. Tras conocerse, el jueves, que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) ha paralizado los trabajos de levantamiento del relleno de la marisma, al detectarse sustancias químicas altamente contaminantes y peligrosas para la salud, el alcalde aseguró ayer a este periódico que pedirá la intervención de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, competente en la gestión de los espacios naturales protegidos.

Tanto el alcalde, Pedro Jado (PRC), como el portavoz del PP, Juan José Alonso Venero, volvieron a cargar las tintas ayer contra la Demarcación de Costas en Cantabria y, en particular, contra el responsable de este organismo, José Antonio Osorio, por la gestión que ha realizado del asunto. En concreto, le reprochan haber adjudicado la obra sin estudio previo de impacto ambiental, pese a que el proyecto implica el movimiento de 50.000 metros cúbicos de tierra en pleno corazón del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

«Lo han empezado mal y mal va a acabar», aseguró ayer el alcalde, Pedro Jado (PRC). «Ha sido una gestión descabellada, que ahora tiene estas consecuencias», añadió, a su vez, el portavoz municipal del PP, Juan José Alonso Venero.

Tanto el equipo de gobierno del PRC como la oposición municipal del PP manejaron ayer sendas propuestas como respuesta al anuncio de la paralización de los trabajos, una vez detectada la presencia de fenoles -un derivado del alcohol altamente tóxico y muy soluble en el agua- en la superficie de terreno que el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto levantar para restituir la marisma a su estado original.

«Ahora resulta que tenemos fenoles: a ver si vamos a acabar teniendo fenoles por toda la reserva», advertía Pedro Jado, para quien «se demuestra que era necesaria la evaluación de impacto ambiental».

«Todo ha sido un despropósito: la adjudicación por urgencia, la falta de evaluación ambiental, el no haber atendido a los requerimientos del pueblo...», sostiene Alonso, quien responsabilizó al jefe de la Demarcación de Costas, José Antonio Osorio, y aseguró que su grupo pedirá una reunión de los técnicos de Costas con los vecinos.

http://www.eldiariomontanes.es/20091205/region/escalante/gobierno-oposicion-municipal-unen-20091205.html

Comentario:

Resulta que en Escalante (Cantabria) deciden que tienen que levantar unos terrenos que rellenaban una pequeña parte de la marísma para volverla a su estado natural (no se sabe si como estaba en la època de los romanos o en el siglo XIX) sin hacer evaluado antes las consecuencias de semejante acción, que ya se está viendo cuales son, mientras que en la otra punta de España, en Puerto Real (Cádiz), son ellos mismos, los de Costas, quienes dan autorización para rellenar y desecar cientos de hectáreas de marisma, perfectamente conservadas, para hacer un polígono industrial.

¿Cómo pueden ir de ecosalvadores en una provincia y destruyendo las marismas en otra? ¿Es que acaso no son ambas actuaciones delitos ecológicos?

¿No está pensando el Gobierno en reducir gastos? Pués que empiece a cerrar todas las Demarcaciones de Costas y dediquen el presupuesto a cosas mucho más necesarias en estos momentos. EL MEDIO AMBIENTE SE LO AGRADECERÁ.

El PP de Formentera apoya las iniciativas para hacer un nuevo deslinde de la costa

El informe jurídico del Govern balear abre una nueva vía para evitar que los afectados pierdan sus propiedades. El pleno del Consell aprobará la petición

FORMENTERA C. CONVALIA El PP de Formentera anunció ayer que respaldará la moción presentada por el Consell Insular en que insta a la Demarcación de Costas en Balears y al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a realizar un nuevo deslinde de la costa de Formentera «con la incorporación de la nueva documentación aportada por los afectados».

El presidente del Consell Insular, Jaume Ferrer, tiene previsto convocar una sesión plenaria el próximo 10 de diciembre en la que, entre otros puntos, se abordará esta petición que cuenta con el aval de un reciente informe de los servicios jurídicos de la Comunitat Autònoma. Además, todos los grupos políticos, asociaciones y colectivos ciudadanos se han posicionado desde hace años a favor de esa revisión.

El PP también anuncia, en la nota de prensa, que los diputados de su grupo en el Parlament balear respaldarán la iniciativa que elevará próximamente el diputado de Formentera, Pep Mayans, para que el Parlament balear reitere la demanda, aprobada en 2008 por el pleno del Consell de Formentera, en este sentido. El principal partido de la oposición entiende que todas estas iniciativas políticas deben ser atendidas por «el actual gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero». En la misma línea añade que «confía» en una pronta solución que satisfaga a los afectados por el deslinde aprobado en 1997 y amparado por la Ley de Costas de 1988.
Este grupo político también aplaude «la incansable labor y la enorme paciencia de la plataforma de afectados» y reitera que apoya «todas sus reivindicaciones» encaminadas a que el Ministerio redacte un «deslinde justo».

Los portavoces de la plataforma de afectados valoraron el informe jurídico emitido por el Govern balear que plantea argumentos legales que podrían justificar una nueva delimitación de la zona marítimo terrestre. Este colectivo ha insistido en varias ocasiones en que comparte los criterios proteccionistas de la ley pero no la pérdida de la titularidad de sus bienes que implica.

El Bloc critica la aplicación "arbitraria" de la Ley de Costas y que el Consell no asuma las competencias de la gestión

El secretario general del Bloc, Enric Morera, consideró hoy que el Gobierno central está aplicando la Ley de Costas de una manera "totalmente arbitraria" y que está "perjudicando especialmente" a la Comunitat Valenciana y lamentó que el Consell que "no se atreve a asumir las competencias que da el Estatuto de Autonomía, entre las que se encuentra la competencia de ordenación y gestión del litoral".

Morera afirmó en un comunicado que la postura del Consell en el derribo de establecimientos y casas en la costa es "la más cómoda, porque critican al Gobierno central de todo lo que está pasando pero no se atreven a asumir las competencias que recoge el Estatuto de Autonomía" porque, a su juicio, "no tienen voluntad política ni dinero suficiente para tener más competencias, tal vez por el despilfarro de los recursos públicos en temas de poco interés para el pueblo valenciano".

Además, consideró que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está aplicando la Ley de Costas de una manera "totalmente arbitraria y que está perjudicando especialmente" a la Comunitat, puesto que, según dijo, no hay "constancia de que las máquinas estén derribando ningún local ni en Cataluña ni en Andalucía pero sí en nuestra tierra". Así, resaltó que los valencianos, "una vez más, son víctimas de las políticas agresivas y represoras de Zapatero y del gobierno central".

El también diputado en las Corts recordó que el 27 de noviembre de 2008, los portavoces de los grupos parlamentarios pactaron una enmienda a una propuesta de su formación por la que se acordaba instar al Consell a solicitar una reunión de la Comisión Mixta Estado-Comunitat Valenciana para determinar el desarrollo de las competencias que establece el Estatuto de Autonomía en materia de ordenación y gestión del litoral.

También se pidió que se tratara, en el seno de dicha comisión, la transferencia de funciones y traspasos inherentes a las competencias estatutarias de la Generalitat en esa materia y que se garantizase, de acuerdo con la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de 2002, la participación ciudadana y de los ayuntamientos afectados en la tramitación de los planes de ordenación del litoral, así como en el Plan de Acción Territorial del Litoral.

Por ello, lamentó que, "un año después, el Consell no ha hecho nada y se dedica a llorar como partido lo que no sabe defender como valenciano", ya que, según dijo, "opta por la vía fácil, que es no hacer nada y cargar las responsabilidades a otros".

Lamentó que, mientras tanto, los hoteles, restaurantes y locales que generan trabajo y riqueza en las poblaciones costeras valencianas "están ahora en el punto de mira de las excavadoras de la dirección general de Costas", a la que "no le importa nada más que aplicar la ley de una forma arbitraria y perjudicial para nuestros intereses, aún más en una época de crisis dónde hace falta incentivar todos los sectores y, sobre todo, el turístico, que es un motor de la economía valenciana".

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-bloc-critica-aplicacion-arbitraria-ley-costas-consell-no-asuma-competencias-gestion-20091201133752.html

SE PODRÁ HABLAR MÁS ALTO, PERO NO MÁS CLARO.

¿POR QUÉ NINGUNA AUTONOMÍA COPIA A CATALUÑA CUANDO HAY QUE DEFENDER LOS INTERESES DE SUS CIUDADANOS Y SU INTEGRIDAD TERRITORIAL?

¿ES QUE LOS ESPAÑOLES DE LAS DEMÁS REGIONES COSTERAS SOMOS CIUDADANOS DE 2ª?

NOS ESTÁN CONFISCANDO LA PROPIEDAD Y EL TERRITORIO, COMO EN ÉPOCAS FEUDALES, Y ¿SÓLO LO VE CLARO EL BLOC?

¿DÓNDE ESTÁN EL RESTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE TANTO PELEAN POR EL VOTO DE SUS CIUDADANOS CUANDO LLEGAN LAS ELECCIONES?

La insostenible sostenibilidad (Antonio Burgos)

APROXIMADAMENTE vivimos en una democracia que soporta muchas dictaduras. Cada vez somos menos dueños de nuestros actos, que nos vienen dictados por una directiva europea, una orden del gobierno, una ley de la autonomía, una norma del ayuntamiento, cuando no por un acuerdo de la comunidad de propietarios donde vivimos. Nos atrapa una red de araña de preceptos intocables e infalibles que no hemos votado, que nadie nos ha consultado, pero que nos ordenan y fastidian la vida. Al dueño de un bar que tuvo que gastarse un dineral para poner una zona de fumadores le dicen ahora que dentro de nada no le valdrá esa inversión, porque los sumos pontífices de la modernidad y del progreso han decretado que pronto no se podrá fumar en ningún lugar público. ¿Por qué? Ah, porque eso es lo ecológico y lo que preserva el medio ambiente. Que es la nueva religión. No se te ocurra poner en duda los principios de esta religión, que las nuevas inquisiciones, que haberlas haylas, te declararán hereje, te pondrán un sayo amarillo y te quemarán en la pira pública. Que han vuelto a levantar. Ahora en forma de blogs, de redes sociales o de foros donde se despelleja a todo heterodoxo que se atreva a levantar la voz contra los dogmas de la modernidad, del progreso, de la sostenibilidad, del cambio climático, de las energías renovables y de la leche que mamó Al Gore. Que es el nuevo Papa de todo este oscuro mundo unidimensional y como tenebrosamente medieval al que nos lleva la modernidad. Tú al Papa de Roma le puedes llamar de todo, hasta Ratzinger. Pero, ay, de ti como se te ocurra decir que Al Gore, el nuevo Papa infalible del Ecologismo, es un chufla que vive como un marqués a costa de predicar los terrores del cambio climático y del calentamiento global a un rebaño mundial de catetos que se lo creen todo.

¿Cambio climático? Una amiga mía, que se va a condenar porque es una descreída en estas moderneces, dice que no admite más cambio climático que el de los armarios de la ropa de verano y la ropa de invierno. Que antes sabía que para el día de Tosantos tenía que tener cambiada de armario la ropa de verano y dispuesta la de invierno, pero que este año, que lo ha hecho para esa fecha, se asa a mediodía, con los 27 grados que hace, porque ya guardó la ropa liviana. Para ella la cuestión del cambio climático es simplemente una cuestión de sandalias o de botas. Por eso se va a condenar.

Y esta hereje está perpleja con la retirada de bolsas de plástico en los supermercados, en aplicación de la suprema y soberana tontería española del Plan Nacional Integrado de Residuos. Dice mi amiga la hereje en la fe ecologista que cómo estos señores que no creen en el más allá le aseguran poco menos que la vida eterna a la bolsa de plástico, que dicen que persiste durante 400 años. Con su fe del carbonero antiecológico, mi amiga me pone en evidencia la contradicción absoluta de la dictadura ecologista que padecemos:

-No creen en el Papa, pero creen en Al Gore. No creen en la otra vida, pero sí creen en los 400 años de eternidad que alcanza de la bolsa de Carrefour. Dicen que lo que tiene montado la Iglesia en el Vaticano es un negocio, pero menudo negocio el que se han montado ellos ahora con la condena del plástico de las bolsas. ¡Todo para cobrarnos la bolsa que hasta ahora daban gratis en el hipermercado! Eso tan ridículo como si para evitar el calentamiento global y ahorrar energía, no hubiera luz y cada uno tuviera que ir al hipermercado con una linterna. Pero no te atrevas a decir nada de esto, porque los totalitarios de la dictadura ecologista te condenarán. Como el camelo de la economía sostenible. ¡Lo que no es sostenible es el borreguismo de los españoles ante las paparruchas del cambio climático, del calentamiento del planeta, de las energías renovables y de la economía sostenible! Claro que de un pueblo que sostiene a Zapatero como presidente se puede esperar todo.

http://www.lasprovincias.es/castellon/20091123/castellon/silencio-costas-deja-aire-20091123.html

The pain in Spain (Claer Barrett)

Seduced by Spanish sun, sea and sangria, thousands of British property investors have had their holiday home dreams shattered by corrupt property developers and lawyers.

For many, the azure swimming pools that looked so tempting in the brochure are no more than cracked, empty pits. Buckets of water collected from a standpipe are needed to flush the loo, and the whirr of expensive generators provides the only source of power.

When the sun sets, developments descend into darkness, meaning burglaries and vandalism are commonplace. With compensation claims mired in the bureaucracy of Spanish courts, inhabitants live under constant threat of eviction. Welcome to the Spanish property nightmare.

The plight of thousands of Britons who claim they have been ripped off by unscrupulous Spanish property developers has received precious little publicity. The natural instinct is to assume that those who have lost a fortune are speculators who have fallen victim to the slump (Spanish property prices have plunged by as much as 50 per cent since the market's 2007 peak, and over one million empty properties are estimated to be cluttering up the coastline). But this is not so.

These buyers allege they are the victims of mass fraud. Having agreed to purchase off-plan properties prior to construction, they have later discovered that developments lack planning permission, and have been illegally erected. Some properties have never been built; many more stand to be demolished.

Many thousands of investors are said to be chasing lost deposits, having pulled out of completing purchases when the facts came to light. Others have completed their purchases and moved in, but are now living out a Spanish retirement nightmare on half-finished developments that cannot be legally connected to the utilities.

Notes on a scandal

A group of over 1,000 British investors have joined forces to shame politicians into addressing their plight. Assembled under the banner of the Spanish Property Scandal Petition, signatories are fighting to receive compensation and reclaim lost deposits from Spanish lawyers and developers who they claim sold them illegally built properties.

With an average claim of €75,000 (£67,000) per signatory, their total losses amount to nearly €80m (£72m).

Suzanne Wyatt, a medical secretary from Kingston, is the somewhat unlikely leader of the compensation campaign. She personally delivered the 200-page petition to Downing Street and the EU Commission last month. The document urges Gordon Brown to publicly voice his support for the action in the European Parliament and put pressure on the Spanish government to investigate not just the original fraud, but the failure of the Spanish justice system to handle complaints. It also calls for an investigation of British estate agents who have been involved in "property abuses" in Spain.

Having received little in way of a response, this week Ms Wyatt has sent copies to Spanish Prime Minister José Zapatero and King Juan Carlos of Spain to step up the fight. Her own case is typical of the hundreds of desperate buyers she represents.

"I put down a €90,000 deposit on an off-plan property in Marbella in 2003 which still hadn't completed by 2006," she says. "The agents and lawyers in Spain wouldn't answer my calls. Then I looked on the internet, and found out that the development was illegal, and built on green-belt land."

That year, the Spanish developer behind the scheme was arrested and charged with bribery. Ms Wyatt refused to complete on the property, and demanded the return of her deposit. She won the ensuing legal battle in 2007, but the developer appealed. After a 22-month wait, last month, the developer was ordered to refund her deposit, plus legal costs and interests within 20 days. This period has elapsed, yet she is still waiting for the payment.

Nevertheless, she considers herself in a better position than many of her peers.

"Many of these cases have yet to be heard. The length of time to get to court in Spain is horrendous," she says. "Now, it's becoming even harder as so many developers are going into liquidation or bankruptcy.

There are now 1,050 complainants in Ms Wyatt's group, but she believes "many thousands" of British buyers are affected by the problem.

"Like me, many people are winning legal cases, but getting money back is another story," she adds. Three quarters of the group are chasing lost deposits; the remainder are retirees living on Spanish developments that could now be bulldozed.

These developments cannot legally be connected to utilities as all-important habitation licences have never been issued.

Whilst it is not against the law to buy a property without a habitation licence, it is illegal to occupy one. "For those living on these developments, it gets worse and worse," she says. "There is the constant threat of eviction or a huge fine."

Ms Wyatt is disgusted that most of the disenfranchised purchasers she is in touch with are paying taxes to the local administration, yet the town halls remain largely indifferent to their plight.

"There are a lot of British people living on developments with no mains water or electricity which gives rise to serious health and safety issues," she says. Generators are often hired by to provide limited power, and pump water, but swimming pools lie empty.

http://www.investorschronicle.co.uk/InvestmentGuides/Property/article/20091123/b7ffde06-d823-11de-99a4-00144f2af8e8/The-pain-in-Spain.jsp

YA HAN DESTROZADO LA COSTA SUR DE GRAN CANARIA; AHORA VAN A POR LA DEL NORTE

El Plan Territorial de Ordenación del Litoral Norte (PTE 15) dicen que tiene como objetivo la ordenación de la plataforma costera Norte de Gran Canaria.

El discurso tratando de justificar la destrución de la costa norte canaria, milagrosamente indemne hasta hoy, es de lo más pueril:

"Tal ordenación basa su actuación en la recuperación ambiental de la franja costera, rescatándose dicha franja costera para el disfrute colectivo y potenciando la cercanía al mar y el contacto con éste de los núcleos urbanos y periurbanos existentes. A tal fin se trabaja sobre la idea de entender la franja costera como un gran parque lineal que potencie sus valores naturales intrínsecos , reforzando estos últimos mediante la ubicación de equipamientos y dotaciones vinculadas estrechamente con el disfrute y el respeto a la naturaleza circundante. Tal cual lo resume el documento presentado por el equipo redactor, la ordenación territorial.

http://www.infonortedigital.com/index.php?id=50088&seccion=16

ASÍ QUEDA LA COSTA DESPUÉS DE APROBAR UN "SOSTENIBLE" PLAN GENERAL

No se a quién se le ha podido ocurrir semejante redacción, pero sería un justo motivo de despido.

Actualmente hay que tener mucho cuidado con los argumentos que se utilizan porque internet está presente en la mayoría de los hogares y en todas las empresas. En cuestión de un clic, se hace perfectamente visibles las retorcidas intenciones que tratan de disfrazar a base de literatura pseudoecologísta y marketing fantasioso.

¿Cómo pueden decir que se quiere hacer un desarrollo sostenible y equilibrado? ¿Cómo pretenden hacerlo?, ¿llenandolo de campos de golf, puertos deportivos, centros comerciales y hoteles que parecen pastelitos sacados de un cuento de hadas?

La realidad es que se pretende seguir el mismo desarrollo insostenible para un turismo que está huyendo hacia otros destinos debido a la masificación de nuestro destruido litoral.

Y según Costas, ¿quién tiene la culpa de ello? Los pequeños nucleos tradicionales que han invadido el DPMT y son perniciosos para la vista del "turismo de calidad" que pretenden atraer.

Pués están haciendo justo todo lo contrario a lo que deberían y siguen con su destrución masiva de lo que en su momento fué motivo de llegada de los turistas a nuestro país: el paisaje, los típicos pueblos de pescadores, la arquitectura tradicional, los rincones recoletos, la gente amable y sencilla.....

¿Es que no hay nadie que obligue a todos estos planificadores de "tres al cuarto" a hacer unos cursos de reciclaje mental o que al menos que le haga leer los titulares de las noticias que salen a diario en los periódicos?

Las patronales turísticas preveen que la ocupación hoteles caerá hasta el 54% este año en Canarias

http://www.laprovincia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009041500_8_223502__Economia-patronales-turisticas-preven-ocupacion-hotelera-caera-hasta-este-Canarias

Canarias. en cabeza de las CCAA en tasa de desempleo juvenil, con más del 45%
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=148385

Hoteles en alamoneda
http://www.elpais.com/articulo/empresas/sectores/Hoteles/almoneda/elpepueconeg/20091115elpnegemp_4/Tes

EL PROBLEMA ES QUE LA ESPECULACIÓN LA ESTÁN PERMITIENDO LOS MISMOS QUE DICEN DEFENDER LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y QUE AÚN HAY GENTE QUE LES CREE.

El Cabildo de Gran Canaria aprueba los planes de Ordenación del litoral del Norte, los puertos deportivos y los campos de golf

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, celebrado esta mañana, ha aprobado el avance del Plan Territorial de Ordenación del Litoral Norte, el de campos de golf y el de los puertos deportivos turísticos.

El primero tiene como objetivo, según se explica en un comunicado remitido por la institución insular, la ordenación de la plataforma costera Norte de Gran Canaria desde la desembocadura del Barranco de Tenoya hasta el núcleo urbano de San Felipe en el término municipal de Guía. Se pretende la recuperación ambiental de la franja costera, para el disfrute colectivo, potenciando la cercanía al mar y el contacto con éste de los núcleos urbanos existentes.

La Ordenación incluye la puesta en marcha de otras medidas, como la consolidación del entorno conocido como 'Rosa Silva', un parque empresarial y de investigación especializado en la actividad primaria en estrecha vinculación con la Granja Experimental del Cabildo Insular y la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Por otro lado se propone el reencuentro de los núcleos poblacionales divididos por la construcción de la actual carretera costera, como son Bañaderos, San Andrés o San Felipe.

El documento referido a los campos de golf plantea un modelo de oferta que garantiza la adecuación de las instalaciones a las necesidades de calidad que se pretende ofertar, asegurando la integración paisajística y una gestión sostenible de los recursos que consumen, sobre todo los hídricos.

Entre las novedades que se introdujeron destaca la inclusión del ámbito denominado 5.15 “San Felipe”, como zona apta para la potencial implantación de campos de golf .

El tercer plan aprobado, en relación a la ordenación de los puertos deportivos y la oferta náutica, se plantea, además de la potenciar una oferta de calidad, el establecimiento de un modelo de producción y gestión dirigido a un desarrollo turístico diversificado.

El Plan Territorial Especial determina como ámbito extenso el ámbito de afección urbanística y territorial directa, que abarca en este caso a toda la franja litoral de la isla, dentro de la Servidumbre de Acceso al Mar (500 metros) establecida por la Ley 22/1988 de Costas y la Zona de Influencia del Litoral (500 metros) establecida por la Directriz 57.4 de las Directrices de Ordenación General.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=148001

Aplicación de la Ley de Costas o agravio comparativo del Gobierno

La piscina de Pedro J. y la casa de Cala Tuent ponen de manifiesto diferentes maneras de actuar

E.A/A.G ¿Tienen razón los propietarios de Can Ganxo cuando se quejan porque Costas les quiere derribar la casa de Tuent? ¿Hay una ley para los poderosos y otra para los comunes? ¿Es posible que aquéllos que se pueden pagar unos buenos abogados enreden las madejas administrativas para mantener sus propiedades ilegales en la costa, e incluso encima del mar? ¿Es imaginable que el Gobierno central consienta diferencias según las influencias de los afectados? ¿Pueden ser perseguidos y sancionados los que no tienen recursos hasta el punto de que sus propiedades sean demolidas, y a costa suyo? En España, todas estas preguntas se responden con un «sí». Y si alguien se pregunta si la Ley de Costas de 1988 es igual para todos, la respuesta es «no».

En teoría, el dominio público marítimo-terrestre está a disposición de todos los ciudadanos. El artículo 27 de la Ley establece una servidumbre de paso sobre la franja de los 6 metros desde el límite interior de la ribera del mar. «Esta zona -dice la norma- se tendrá que dejar permanentemente expedita para el paso público peatonal». Pero eso no será así si el afectado tiene capacidad para pleitear con el Estado. Los hechos demuestran que la ley del Gobierno de Felipe González sólo tiene validez para los humildes, para los que no pueden o no saben pleitear con el Estado.

Estos días se vive el caso de Can Ganxo. La casa está condenada porque el ministro Jaume Matas así lo decidió en un acto de discrecionalidad. La vivienda fue construida de manera legal hace más de cien años y es una propiedad privada. Se da la circunstancia de que el propietario, Pere Vicens, conocido nacionalista de Escorca, mantenía una polémica agria con el ex conseller de Obras Públicas de Matas, José Antonio González Ortea, por el uso de unos terrenos en sa Calobra. ¿Tuvo algo que ver esta disputa con la firma de Matas para demoler Can Ganxo? En 2001 el ministro inició la vía para derribar la casa y, también, para la legalizar una piscina en la costa de Son Servera sobre la que existía un proceso abierto de demolición. El beneficiario era un amigo suyo, Pedro J. Ramírez. La ley prohibía aquel acto de Matas por multitud de razones, como la privatización de los terrenos. La ex ministra Tocino no había querido firmar, pero Matas sí que lo hizo.

Hoy por hoy, Vicens tiene que pagar el derribo valorado en 350.000 euros. Por contra, Ramírez moderniza su piscina con barandillas y placas solares.

http://www.ultimahora.es/segunda.dba?-1+8+493574

El Defensor del Pueblo Andaluz exige una moratoria urbanística a menos de 500 metros de la Costa

LA PROVINCIA DE CADIZ DESPARECERÍA SI SE SIGUIERAN SUS CONSEJOS.

TODOS SUS HABITANTES TENDRÍAN QUE ABANDONAR LA CIUDAD.

HABRÍA UN ÉXODO MASIVO POR HABER "USURPADO EL DOMINIO PÚBLICO" DESDE TIEMPOS INMEMORIALES.

O ¿VA A DECIDIR EL SR. CHAMIZO QUE ZONAS HAN SIDO "USURPADAS Y CUALES NO?

http://www.elconfidencial.com/espana/defensor-pueblo-andaluz-exige-moratoria-urbanistica-20091111.html

Cien metros resulta insuficiente. Una distancia mínima. La Ley de Costas se ha quedado corta, claramente superada por la masiva construcción de las dos últimas décadas. Estas ideas las podría suscribir cualquiera que conozca el Sur de España. Y el Defensor del Pueblo Andaluz, el sacerdote José Chamizo, no sólo las confirma, sino que propone cambios para preservar lo poco que queda intacto, sin enladrillar: “Los valores naturales de la franja litoral no son reconocibles en su mayoría de su trazado”, se lamenta. Las denuncias abundan en el demoledor informe de 557 páginas sobre la destrucción de la costa andaluza.

“¿Por qué no dejamos en suspenso la norma y discutimos si no sería conveniente proteger el territorio hasta los 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar?”, se pregunta el cura algecireño en conversación con El Confidencial. “No sabemos cómo van a crecer las mareas en el futuro y esta sería una buena medida”, insiste. ¿Precedentes? “Creo que hasta ahora no lo había planteado nadie, ni en España, ni en la Unión Europea. Quizá algún grupo ecologista, no lo sé”.

En las conclusiones del estudio se precisa “ordenar” esta zona con criterios “extraordinariamente restrictivos” respecto de posibles intervenciones urbanísticas que repiten los “modelos” residenciales y turísticos ya existentes. Veinte años después de la entrada en vigor de la Ley de Costas, Chamizo lanza otro dardo: “Todavía queda por aprobar el deslinde definitivo, aproximadamente del 15 o 20% de nuestro litoral”. E insta a las administraciones a adoptar “cuantas medidas sean necesarias para recuperar el dominio público usurpado”. Si es preciso, con las compensaciones necesarias.

Comentario:

Quiero pensar que el Defensor del Pueblo Andaluz no es consciente de las consecuencias que sus consejos traerían ¿o sí?. A lo mejor es que ignora cuanto está sucediendo con la aplicación de la Ley de Costas, lo cuál sería aún más grave.

Primero debería informarse de cuales son las compensaciones que dan: NINGUNA, es decir, nos dejan en la indigencia. Aún no logro comprender como puede describirse en su página web como "una persona especialmente vinculada en tareas de asistencia y apoyo ante problemas de drogodependencias y de lucha contra la marginación y la pobreza, principalmente en la comarca del Campo de Gibraltar" y no haya investigado las consecuencias económicas y sociales que traen consigo los deslindes que Costas está realizando.

También debería aprender que cuando se acusa de "usurpación del litoral" debe explicarse claramente a QUÉ O QUIÉN SE REFIERE. ¿Acaso a los pueblos que llevan siglos construidos? Expecifique Sr mío, porque usurpadores, lo que se dice ursurpadores, son los que quieren quedarse con las propiedades ajenas con la excusa de un cambio climático que está por ver que vaya a suceder.

Si de verdad se preocupa por las personas, lease la Carta de los Derechos Humanos, porque está aconsejando que se trasgreda. Y sobre todo, lease el Informe Auken, que en ¡¡¡SOLO 20 FOLIOS!!! DE FÁCIL LECTURA, DEJA MUY CLARAS LAS RESPONSABILIDADES DE CADA UNO.

Monumento con el agua al cuello

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20091109/vizcaya/monumento-agua-cuello-20091109.html