LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2012) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

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martes, 27 de diciembre de 2011

RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES EN LA RECESION DE LA COSTA. REPERCUSION DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN EL EQUILIBRIO Y DETERIORO DE LAS PLAYAS.


Por Paz Villalobos Nicieza, abogada, letrada-jefe del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Laredo

Son cuantiosos los supuestos de daños catastróficos en nuestras costas, especialmente en los meses de septiembre a marzo, como consecuencia de vientos superiores a 100 Km/hora y la conjunción de la pleamar o mareas equinocciales. Como ejemplo del tipo de riesgos podemos citar los temporales de 30 de enero de 1.990, 11 de marzo de 2.008, 24 de enero de 2.009 y 9 de noviembre de 2.010, con olas de 19´77, 26 y 13´14 metros de altura, todos ellos con vientos de 99 hasta los 140 Km/hora. El record lo obtuvo el temporal del 24 de enero de 2.009, que alcanzó los 140 k/h y altura de olas de hasta 26 metros.  A ellos se suma el de los pasados días, 15 a 17 de diciembre, con olas de 8 metros de altura, que produjeron cuatro heridos en la Cornisa Cantábrica y cuantiosos daños, rotura de árboles y de los cordones dunares de protección en muchas de nuestras playas y puntales arenosos.

A raíz de lo acaecido en la península durante los primeros días de noviembre de 2010, fue adoptado el acuerdo del Consejo de Ministros, en su reunión de 12 de noviembre de 2010, en el cual se enumeran los daños sufridos en nuestro litoral.
“El fuerte temporal que ha afectado desde el pasado fin de semana a diversas zonas de la península, especialmente a Galicia y la cornisa cantábrica, ha provocado la pérdida de vidas humanas, un desaparecido, el desbordamiento de ríos, cortes en carreteras, el amarre de flotas pesqueras, alteraciones en vuelos y considerables daños materiales en vías públicas, paseos marítimos, puertos y establecimientos mercantiles y viviendas costeras.
Concretamente, el día 7 de noviembre la Agencia Estatal de Meteorología emitió alertas de nivel rojo por vientos y fenómenos costeros de gran intensidad en las costas de Lugo y A Coruña para el día 8. Dicho aviso fue extendido al resto de la Costa Cantábrica para el día 9 de noviembre, situación que se mantuvo durante todo la jornada.
Igualmente, el 7 de noviembre se declararon alertas de nivel naranja para el día siguiente en las áreas costeras de Pontevedra, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cádiz, Granada, Almería, Ceuta, Melilla e Islas Baleares. Esta alerta naranja se extendía a otras zonas interiores del país, manteniéndose el nivel de aviso, según las zonas, incluso hasta finales del día 10.
Entre las consecuencias más graves de estos fenómenos, cabe destacar dos fallecimientos como consecuencia del temporal en Galicia.
En la ciudad de A Coruña, el fuerte temporal ha provocado el derribo de la balaustrada del Paseo Marítimo y ha afectado a otros elementos del mobiliario urbano y a una toma de agua, causando la inundación de una parte de la calzada. Además, el mar desplazó piedras de grandes dimensiones y provocó desperfectos en el mobiliario urbano de la zona de Las Esclavas. En Lugo, la fuerza del mar ha destruido parte del muelle de San Cibrao y ha causado daños en casetas de pescadores en Cervo. En la provincia de Pontevedra, la intensidad del viento provocó varios accidentes de tráfico y cortes en la A-55, que une Vigo y O Porriño.
En Asturias, los fuertes vientos, las persistentes lluvias y el oleaje han causado numerosos daños materiales en todo el litoral de la región. Ribadesella, Llanes, Villaviciosa, Gijón, Carreño, Gozón, Castrillón, Cudillero, Valdés y Tapia de Casariego han sido las localidades más afectadas por el temporal, que ha provocado inundaciones en calles y ha originado muchos desperfectos en viviendas, muelles, arenales, establecimientos comerciales y otros equipamientos urbanos. En Gijón, la conjunción del fuerte oleaje con el horario de la pleamar ha causado que el río Piles se desbordara de forma parcial y ocasionara desperfectos en la playa de San Lorenzo, donde el mar arrancó quince metros de barandilla y causó daños en el mobiliario urbano del entorno. En Avilés, los efectos del temporal se han dejado sentir con especial intensidad en la playa de Salinas, donde el fuerte oleaje arrastró troncos y ramas que pusieron en peligro a la población local.
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En Cantabria, la ciudad de Santander ha sufrido intensas precipitaciones y rachas de vientos que llegaron a alcanzar los 100 kilómetros por hora. En concreto, se han producido daños significativos en la zona de la segunda playa de El Sardinero, donde el temporal se ha llevado unos cincuenta metros de la barandilla del paseo marítimo, ha arrastrado la arena a la calzada y ha obligado a acordonar este área para evitar daños personales. Las olas de la costa cántabra han llegado hasta los trece metros de altura en playa de la Virgen del Mar y hasta los diez metros en la costa de Santoña, y se han registrado daños en las localidades de Ribamontán al Mar, Mogro, Somo, Galizano, Santoña, Laredo y Castro Urdiales, donde se inundaron algunas zonas urbanas.
En el País Vasco, destaca el socavón de aproximadamente quince metros que se produjo en el Paseo Nuevo de San Sebastián. El desperfecto ha afectado a los dos carriles de la calzada y la acera peatonal, impidiendo el tránsito de vehículos. Además, se han producido desprendimientos en la N-634, concretamente en el tramo comprendido entre Zarautz y Zumaia, así como daños en el mobiliario urbano de varias localidades costeras.
Con carácter general, cabe reseñar que la intensidad de los vientos ha afectado con diferente incidencia a numerosos puntos de la geografía española, dando lugar a incidentes de carácter leve en ciudades como Logroño o a caídas de árboles y otros daños materiales aislados en localidades de la costa levantina como Cartagena…
…Todos estos perjuicios se han producido a pesar de los esfuerzos que las distintas Administraciones con competencia en esta materia llevaron a cabo en este tiempo, tanto en labores de prevención como en actuaciones desarrolladas durante la emergencia…” 
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El Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, establece un procedimiento de tramitación de ayudas que resulta adecuado para su aplicación a los hechos extraordinarios,  no sólo para paliar los daños sino también con carácter preventivo. Ahora bien, sólo resulta operativo en ese tipo de situaciones.
Es evidente, por tanto, a mi juicio, que resulta esencial activar todos los medios que establece la legislación vigente para la prevención de daños. Especialmente dada la situación de riesgo creada por actuaciones públicas sin la debida estimación de impactos. Son las dos Administraciones actuantes en los estuarios, regional y estatal, quienes han de acometer los estudios precisos para determinar y corregir la situación de riesgo actual en todos estos puntos negros de nuestras costas, con la colaboración y participación de los Ayuntamientos, hasta ahora ignorados, en el diseño de las estrategias de planificación y gestión integrada del litoral.  

En el informe elaborado por esta Letrada para el Ayuntamiento de Laredo en Cantabria en el pasado mes de marzo, revisado en el mes de abril, fueron analizados los perniciosos efectos de la recuperación de concesiones de marismas en otros puntos de los estuarios, puntales arenosos, sistemas dunares, terrenos de propiedad privada, derivados de la alteración del prisma de marea. El Plan de Recuperación de concesiones en el estuario del Asón, Parque de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, contempla la recuperación de más de 70 concesiones, de las cuales, solo en un 70% como máximo fueron objeto de análisis en el Estudio Morfodinámico encargado a la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria dentro del expediente de Deslinde de la Playa del Regatón, aprobado por O.M. de 8 de febrero de 2.011.
  mapa marisma rellenos
Las que se observan en azul oscuro no han sido objeto de análisis en el estudio mencionado, encargado únicamente como justificación del deslinde.
Actualmente, según el informe, algunas de las antiguas concesiones se mantienen en uso, mientras que otras se han recuperado o se encuentran abandonadas y en proceso de naturalización. Como destacaba este informe de la Universidad, la progresiva recuperación de estas zonas, supondrá cambios hidromorfológicos del estuario que afectarán a la estabilidad de la playa del Regatón y reducción del Puntal de Laredo.

Asimismo, D. Francisco Martín, entonces Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabría, --actualmente integrado en IH CANTABRIA, en la Jornada del pasado 17 de febrero de 2011, organizada por la Secretaria de Estado de Cambio Climático, en una magnífica exposición, puso de manifiesto la interacción de todos los ecosistemas dentro de un estuario y que los de Cantabria han visto reducida su área inundable de forma notable, reducción “que ha generado una morfología diferente a la original, tanto en las zonas ocupadas como en el resto del estuario”. En este sentido, añadió, que esa diferente morfología origina comunidades diferentes, pero también valiosas. En su opinión, la Ley de Costas permitirá recuperar algunas de las zonas ocupadas y restituir la dinámica original de las mismas en todos los estuarios “lo que acarreará cambios, también en otras zonas del estuario”.
De ello resulta que cada Proyecto de recuperación de una marisma,  cualquier tipo de actuación pública en un estuario, debe ser estudiada y analizar sus efectos sobre la morfodinámica y equilibrio del sistema y en la regresión de la costa.
Sin embargo, muy pocas son las actuaciones y proyectos que integran tales estudios o son sometidos a Evaluaciones de Impacto ambiental que, en todo caso, resultan insuficientes. En el supuesto de las marismas del estuario del Asón ya recuperadas no ha sido efectuado estudio alguno.
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El Puntal de Laredo en el espacio comprendido entre la playa del Regatón y la Avda. de los Derechos Humanos podría verse convertido en 10, 50, o 100 años en una marisma, según el estudio de IH Cantabria, en cuanto más sujeto a los eventos de inundación, simplemente por la recuperación de las concesiones de marismas coloreadas en azul claro, sin evaluación previa de impactos, ni adopción de medidas correctoras.

Otro ejemplo de estas afecciones graves a terrenos urbanos, como consecuencia de la ejecución de obras y proyectos públicos, lo tenemos en el municipio de Noja. Según el estudio de la Asistencia Técnica que presenta Costas, realizado por el Instituto de Hidráulica de la Universidad de Cantabria,  para efectuar el deslinde de Noja, lo que se pretende es, asimismo, la ejecución del Plan de recuperación de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Se basa el estudio en que si se abren los diques de la Marisma Joyel, aunque sea unos metros, y se retiran los rellenos del Camping los Molinos (no dice nada de las presas de los molinos de marea), se inundaría la marisma como antes del siglo XV, y aunque únicamente se inundará la marisma según una ortofoto que incorpora el estudio, llegaría a afectar de tal forma al equilibrio de la playa y la anchura de la desembocadura que precisan las fincas de Castrejón, terrenos urbanos de los Campings Playa Joyel  y Suaces, Apartamentos Turísticos Ris, carretera municipal, y otros suelos urbanos, como reserva para subsanar esos efectos destructivos de su Plan. A costa, como en el caso de Laredo, de legítimas propiedades del municipio y de particulares, terrenos continentales inactivos desde hace más de trescientos años.

En informes periciales del Ingeniero especialista en puertos, Jesús Merino Fernandez, aportados al expediente de deslinde, se ofrecen soluciones de menor intervención que producen el efecto de mejora de la marisma sin necesidad de afectar o inundar la carretera de Noja a Soano o fincas nunca pertenecientes a la marisma. No se ha dado respuesta aún a los recursos presentados en el mes de marzo pasado.
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La ejecución de este Plan, que afecta a 11 municipios de Cantabria, y la ausencia de cualquier medida de protección de los sistemas dunares y playas actuales, es lo que justifica la ampliación de dominio público en los deslindes aprobados este mismo año, a costa de terrenos originariamente de propios de los Ayuntamientos, hoy en parte de particulares, integrados en la zona de Reserva del PORN.
Ahora pretenden asociarse a las marismas, provocando desde hace tiempo, mediante actuaciones parciales ya ejecutadas,  reconocidas en el informe de IH Cantabria, graves deterioros en los cordones dunares activos, dunas terciarias protegidas por la Directiva Hábitat  y playa seca, integrados en la Red ecológica europea Natura 2.000.

De lo que no existe estudio alguno conocido hasta la fecha, de una forma integral e integrada, es de las causas del deterioro progresivo que está sufriendo la Playa Salvé y su sistema dunar, la zona de Restaurantes, aparcamiento, el Paseo  Marítimo. Desconocemos en la actualidad cual sea el origen de los gravísimos daños y alteraciones morfodinámicas que está sufriendo. No sabemos si las obras públicas ejecutadas en los últimos años, unidas a la incidencia de las marismas ya recuperadas, sumada a otras causas naturales o artificiales, o bien la extracción de áridos por los dragados que se efectúan periódicamente y su depósito en zonas inadecuadas o fuera del sistema, pueden haber forzado  pérdida de sedimentos o un cambio en el sentido de las olas produciendo un giro en la playa y afectando a las zonas urbanas.

Las playas giran, metafóricamente hablando, como un girasol, en el sentido de las olas, según pudimos conocer en una charla protagonizada por D. Raúl Medina Santamaría a la que asistí recientemente junto con Alcalde D. Ángel Vega Madrazo. Cualquier obra marítima, según su conferencia del 6 de julio de 2.010, pronunciada en Asturias, produce una alteración de las olas, cambia las olas y las playas responden a ese cambio. Tal vez no sea descabellado, en algunos casos, a la vista de la descapitalización de arena y erosión existente en nuestra playa, formación de dunas sobre el Paseo Marítimo, amontonamiento de arena contra diques o el puerto y el punto en el cual se vierten las procedentes de dragados.
Inclusive todas o algunas de estas causas superpuestas.
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Lo que no podemos admitir es que, después de todas las actuaciones y obras públicas ejecutadas en los últimos años sin evaluación de impacto ambiental, ni adopción de medidas de protección alguna de otros ecosistemas valiosos, que han ejecutado o consentido en nuestra costa las Administraciones estatal y regionales en los últimos años, pretendan argumentarnos que son únicamente las edificaciones colindantes las que constituyen una barrera artificial al desenvolvimiento de las playas, como suele aducir la Abogacía del Estado en los procesos judiciales frente a los deslindes realizados con la nueva ley de costas. El desarrollo urbanístico de Laredo fue efectuado en los años 60, y jamás hasta hace cuatro o cinco años se han empezado a sentir estos efectos. Casualmente, es el mismo período en que se desarrollan las actuaciones públicas mencionadas.

El estudio EUROSION, encargado por la Comisión Europea y concluido en mayo de 2.004,  siguiendo la iniciativa del Parlamento Europeo, se centra en cuantificar las condiciones, el impacto y las tendencias de la erosión costera en Europa, y evalúa las necesidades de acción a nivel de la Unión Europea, de los Estados Miembros y de las regiones. En él se indica  que las zonas costeras desempeñan funciones ecológicas, sociales y económicas muy relevantes, las más importantes son la protección de bienes frente a los temporales y a la intrusión de agua marina, la absorción de abonos y de sustancias contaminantes evacuadas por los ríos hacia el mar, así como la reproducción y la alimentación de los peces, crustáceos y aves. Reemplazar sus funciones naturales costaría mucho más de lo que las futuras generaciones de ciudadanos europeos se pueden permitir. Concluye que los esfuerzos deben dirigirse a mejorar la resiliencia de los espacios litorales mediante una mejor gestión de los sedimentos y la preservación del espacio suficiente para los procesos costeros.
Estas conclusiones parecen bastante incompatibles con las actuaciones públicas desarrolladas en el estuario de Santoña y otros espacios de nuestra costa a la vista de los deterioros causados y previsibles a más largo plazo.
Por ello, resulta de imperiosa necesidad la búsqueda de una solución, meditada, pero rápida y efectiva, previo estudio urgente de las causas determinantes de tales efectos, ante la gravedad de los daños que están sufriendo nuestras playas, que podría llegar a afectar inclusive a zonas edificadas en los próximos temporales. Actuaciones de prevención con independencia de otras medidas necesarias de estudio y determinación de  las causas de su erosión creciente  y  de la planificación y gestión integrada de la costa. 
No podemos dejar que las olas discurran por las calles de nuestra ciudad, como afirma la Administración ocurrió en el municipio de Somo, en el temporal acaecido el 30 de enero de 1.990. En aquel caso fue la política de incruentos dragados iniciada en los años ochenta, en interés de la navegación hacia el puerto de Santander, la que asoló el sistema dunar destruyendo la barrera natural de protección de la costa que constituyen los sistemas dunares, permitiendo, el día del temporal, el paso del mar por encima de la formación arenosa de la flecha del puntal . Si no hubiera sido por la barrera artificial de la primera línea de urbanización del casco urbano de Somo, quién sabe si los desastres aún hubieran sido más graves, porque, en su extremo, el puntal estuvo a punto de romperse y convertirse en una isla. Todo ello fue objeto de estudio y recuperación, modificándose la política de dragados, a  raíz del estudio encargado al Grupo de Ingeniería Oceanográfica de la Universidad de Cantabria.
En el análisis efectuado en el Proyecto EUROSION, se señala que durante el último siglo ha existido un conocimiento limitado de las autoridades sobre los procesos del transporte sedimentario, lo que ha comportado la adopción de medidas inapropiadas para mitigar la erosión costera. En algunos casos estas prácticas han resuelto los problemas erosivos localmente, pero los han empeorado en otras zonas próximas -alcanzando decenas de kilómetros - o han dado lugar a otros problemas ambientales.
PUNTAL DESDE EL AIREQueda para los especialistas el estudio de las posibles relaciones e implicaciones entre los efectos morfodinámicos originados por la recuperación de concesiones, dragados, escolleras, presas, construcción o ampliación de puertos y otras obras públicas, todos ellos superpuestos sobre un estuario. Inclusive, el cambio y repercusión de todas estas actuaciones, si las analizamos en el conjunto de todos los estuarios, sobre el nivel general de la cota de inundación, perfil de playas, etc, en nuestras costas. Tal vez deban encararse todos esos problemas que determinan un nuevo escenario de partida ante la elevación del nivel del mar y el cambio climático.
Lo que sí está probado por estos expertos de reconocido prestigio en la materia, en el  informe EUROSION, es que cualquier concesión que sea objeto de recuperación,  u obra pública, la construcción o ampliación de un puerto, un simple dragado, en cualquier punto de un estuario, cualquier obra marítima, producirá efectos de mayor o menor intensidad en función de su superficie y otros factores, en terrenos tan alejados como pueden estarlo el Puntal de Laredo y una concesión en Rada, Limpias, Arnuero, Escalante o Argoños, incluso a decenas de kilómetros. En el informe EUROSION se señala asimismo:
“Los grandes proyectos como la ampliación de puertos, la ocupación de suelo por parques eólicos o las centrales eléctricas, en general integran los procesos de erosión costera en los EIA (Estimacion de Impacto ambiental) de algunos países. Sin embargo, con frecuencia el coste de las medidas correctoras excede la disposición -o la capacidad- del promotor a pagar. Esto puede ilustrarse en el ejemplo del puerto de Aveiro, donde el coste anual del “by pass” de arena ha sido considerado excesivo para las autoridades portuarias. Los procedimientos de EIA no son sistemáticamente aplicados a los proyectos de tamaño reducido o medio, a pesar de que estos proyectos tomados en cuenta conjuntamente pueden tener un efecto notable sobre los procesos de erosión”. (Supuesto de los proyectos parciales de recuperación de marismas).“Son pocos los países que han institucionalizado la evaluación y han sistematizado una cartografía de los riesgos como parte integrada en los proceso de planificación territorial. Pero incluso cuando estos mapas existen, son poco accesibles al público…” “Sin embargo, sí que puede ser cuestionable que una Administración pública soporte un coste si los responsables son otros, o si un propietario privado decide establecerse en un área de riesgo. Por todo ello y bajo estas circunstancias, la oportunidad de adjudicar la responsabilidad de la defensa costera a los beneficiarios e inversores debe ser considerada (según el principio de quien contamina paga).”

Por consiguiente, si han sido recuperados terrenos de marismas sin evaluación de impacto, o han existido errores o efectos sinérgicos, superpuestos, no estimados en otras actuaciones previas o actuales, si existen puntos negros o zonas críticas por la excesiva ocupación del frente litoral, es necesario que se estudien sus repercusiones, se corrijan y se adopten las medidas oportunas, antes de que los daños sean más graves. Con el acuerdo de las tres Administraciones públicas, a través de los Planes Generales Municipales, es posible transferir aprovechamientos y reubicar actividades que incidan peligrosamente en la protección de la costa, sin perjudicar a terceros adquirentes de buena fe, sin esperar al vencimiento de las discutibles concesiones que establece la DT Primera de la Ley de Costas, y con un coste mucho menor que la compra de terrenos, que al final pagamos todos.
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Es un millón de veces más efectiva, más económica y desde luego mucho menos lesiva la política de prevención que la de reparación. Sobre todo, si la ausencia de protección que constituye la barrera dunar, puede provocar inclusive la pérdida de vidas humanas, como ocurrió en algunos de los temporales descritos inicialmente.   A estas alturas, al contrario de lo que estudiábamos en la teoría de la responsabilidad, da igual cual sea “la causa de la causa que es causa del mal causado”. Pueden haber sido actuaciones públicas importantes y valiosas, no evaluadas y/o en su caso defectuosamente ejecutadas,  el interés del ser humano a lo largo de toda su historia de asentarse cerca de los ríos y de la costa.  Lo que hemos de demandar y constituye una obligación inaplazable y urgente, son las soluciones, la planificación y gestión integrada de la costa y la coordinación, concertación y participación de las tres Administraciones Públicas, estatal, regional y local. Finalmente, celeridad administrativa en su ejecución, a fin de proteger el paisaje, los ecosistemas y los asentamientos humanos que entre todos hemos construido.

Personalmente agradezco a personas como Carmen del Amo, Presidenta de la Asociación Europea de afectados por la Ley de Costas y a sus delegaciones en las comunidades autónomas, a la Presidenta de la Asociación DARACA (Liencres) Pilar Embeitía, así como a cuantas asociaciones defienden intereses colectivos, ya sea humanos como los de respeto a la biodiversidad, la labor desarrollada hasta la fecha. Sus reivindicaciones nos permiten conocer todos los aspectos del conflicto social y descubrir que la preservación de los derechos de todos los seres vivos, las políticas de equilibrio,  sostenibilidad y la concertación entre las tres Administraciones Públicas son el único camino posible hacía la paz social y el desarrollo económico, en el marco del pleno respeto al Patrimonio Natural y a nuestra Carta Magna.

jueves, 22 de diciembre de 2011

Miguel Arias Cañete recupera Agricultura como cartera y como Ministerio

Arias Cañete, de 61 años, repite como titular de Agricultura con Mariano Rajoy, en un departamento que incluye también las competencias de Medio Ambiente, a pesar de haberse especulado con la posibilidad de que pudiera hacerse cargo de la cartera de Exteriores.

  • La primera vez que Arias Cañete fue nombrado ministro de Agricultura fue el 27 de abril de 2000, en sustitución de Jesús Posada, actual presidente del Congreso de los Diputados.
    Durante su gestión al frente de Agricultura, Arias Cañete, que en la actualidad es diputado por Madrid, afrontó la crisis de las 'vacas locas' o la peste porcina y la escalada de precios del gasóleo agrícola.
    Además tuvo que hacer frente a la negociación del acuerdo pesquero de la Unión Europea con Marruecos, que finalmente no llegó a buen puerto, o a las consecuencias del vertido del 'Prestige' frente a las costas gallegas.
    En 2001, Arias Cañete tuvo que enfrentarse a un nuevo problema, cuando se hizo público que algunos sistemas de producción de aceite de orujo de oliva podían generar sustancias cancerígenas.
    En las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, que dieron la victoria al PSOE, Arias Cañete cesó como ministro y fue sustituido por Elena Espinosa.
    Nacido en Madrid el 24 de febrero de 1950, casado y con tres hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo por oposición la plaza de abogado del Estado en 1974 y ejerció la actividad docente como profesor de la Facultad de Derecho de Jerez de la Frontera (Cádiz).
    Entre 1981 y 1984, fue profesor de Derecho Comunitario Europeo en los cursos organizados por la Dirección General de lo Contencioso del Estado y por la Secretaría de Estado para las Relaciones para las relaciones con las Comunidades Europeas.
    Ocupó un escaño en el Parlamento Andaluz entre 1982 y 1986, fecha en la que es elegido Senador, presidiendo la Comisión de Presupuestos de la Cámara Alta hasta 1986.
    En enero de 1986 fue elegido eurodiputado dentro del Grupo Popular Europeo, y ocupó su escaño hasta junio de 1999. Entre 1994 y 1996, fue presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, y desde 1996 hasta el final de la legislatura europea, presidente de la Comisión de Política Regional de esta misma cámara.
    Su relación con la política data de 1981, fecha en que se afilia a Alianza Popular. En esta formación, fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional entre 1982 y 1990. Es además abogado en ejercicio en los Colegios de Jerez de la Frontera y Ceuta desde 1978.

  • sábado, 15 de octubre de 2011

    El PP de Formentera elige a Gabriela Mayans candidata al Congreso

    El PP de Formentera ha trasladado a la dirección regional del partido los nombres de Gabriela Mayans para que ocupe el puesto número siete de la lista al Congreso de los Diputados y el de Jesús Villar como sustituto de la candidatura al Senado para las elecciones del 20 de noviembre.

    En la junta directiva del PP de Balears, celebrada ayer en Palma (más información en página 3), el presidente del PP insular, José Manuel Alcaraz, hizo especial hincapié en la juventud, preparación y experiencia de los dos candidatos y alabó el paso dado por la presidenta de la Plataforma de afectados por el deslinde de Costas, Gabriela Mayans, que ha decidido incorporarse a la lista del PP.

    En ambos casos, los puestos que ocupan los candidatos no son de salida pero el PP confía «en unos buenos resultados en Balears y en la victoria a nivel nacional para que a lo largo de la legislatura pueda haber un representante de Formentera en el Congreso, en el Senado o en el mismo gobierno de Mariano Rajoy», apunta una nota de prensa de los populares.

    Gabriela Mayans(Alemania, 1976) cuenta con una licenciatura en Negocios Internacionales por la ESEC Business School y por la Oxford Brookes University y ha realizado diferentes postgrados en finanzas. Actualmente regenta un hotel de su familia en es Pujols. Desde 2005 y hasta la actualidad ha sido la presidenta de la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costas de Formentera.
    Jesús Villar Juan (Formentera, 1979) es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos e ingeniero de Obras Públicas por la Universitat Politècnica de Catalunya. En la actualidad ejerce de ingeniero en el Consell de Ibiza y es el secretario general del PP de Formentera desde 2009, tras la renovación de la junta insular de este partido.

    martes, 7 de junio de 2011

    Los partidos nacionalistas europeos piden a España que la Ley de Costas no se aplique con carácter retroactivo

    La retroactividad de esta normativa afecta en Canarias a unas 160.000 personas

    Los partidos nacionalistas han presentado una resolución en el Parlamento Europeo con vistas a que el Pleno de la Cámara 'obligue' al Gobierno de España a modificar la Ley de Costas para que no tenga carácter retroactivo.
       En una rueda de prensa, el abogado José Luis Langa ha explicado que el Parlamento Europeo convocó el pasado 29 de mayo una reunión en la que se acordó --a instancia de los partidos nacionalistas-- presentar en el Pleno de la Cámara siempre y cuando se consiguiera el quórum necesario que la Ley de Costas no se aplique con carácter retroactivo, una retroactividad que en Canarias afecta a cerca de 160.000 personas.
       Tal y como recoge el escrito, lo que se pide al Parlamento Europeo es que "considerando que la propiedad privada está protegida (...), que la Ley de Costas pone en peligro el derecho a la propiedad de miles de ciudadanos (...) y que esta situación perjudica al prestigio de la actividad turística (...) llama al Gobierno español a que tenga en cuenta la resolución del Pleno del Parlamento Europeo y le pide que respete la propiedad privada en todas sus actuaciones, presente un informe comprensivo sobre el estado de su aplicación, así como propuestas para resolver los casos que vulneran los derechos de los ciudadanos".
       Según Langa, es probable que el Pleno del Parlamento Europeo se reúna en el mes de julio si se logra el quórum necesario. En el caso de aprobarse esta resolución en la que se insta al Gobierno de España a que respete el derecho a la propiedad privada, supondrá un avance "tremendo" y el comienzo de que "una injusticia que se está cometiendo en España --particularmente en Canarias-- no se siga cometiendo", resaltó Langa.
       Si bien la UE sólo puede obligar a un Estado Miembro a modificar sus normativas a través de una Directiva, el letrado se mostró "convencido" de que "si todo el Pleno apoya esta modificación, el Gobierno de España --sea del color que sea-- tiene la obligación y la moral de hacer cumplir el deseo de todo el Parlamento Europeo".

    RESOLUCIÓN DE LA COTMAC
       Por otro lado, el abogado José Luis Langa también ha hecho referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que se anula la resolución de la COTMAC de febrero de 2007, por la cual se aprobaba el deslinde marítimo terrestre en Igueste de San Andrés en 20 metros en lugar de 100.
       Langa aclaró que el TSJC, en su sentencia, viene a decir en cuanto a la resolución de la COTMAC que no está suficiente acreditado que en Igueste de San Andrés tenga la evacuación de aguas, una apreciación que el abogado no compartió porque en España en general y en Canarias en particular "hay muchas poblaciones que no tienen evacuación de aguas y no por eso dejan de ser consideradas núcleos poblacionales".
       En consecuencia, el abogado explicó que ahora se está pendiente de recurrir esta sentencia al Tribunal Supremo, por lo que se pondrá en contacto con los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo y de la propia COTMAC.
       Ahora bien, aunque la resolución del TSJC hubiera sido favorable, Langa consideró que eso "no hubiera resuelto el problema" porque "la solución únicamente pasa por la modificación de la Ley de Costas". No obstante, según el letrado, será la Audiencia Nacional quien tiene que decidir si el deslinde que se aplique en Igueste se quede en 20 metros.
    http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-partidos-nacionalistas-europeos-piden-espana-ley-costas-no-aplique-caracter-retroactivo-20110607131140.html

    Deslinde del tramo de costa de unos 1.252 metros, de los términos municipales deColindres y Laredo (Cantabria)


    MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
    
    Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mardel Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino denotificación de la O.M. de 25 de mayo de 2011, del deslinde del tramo de costa de unos 1.252 metros, de los términos municipales de Colindres y Laredo (Cantabria). Ref. DES01/08/39/0001.

    Para los interesados que sean desconocidos o de los que se ignore el lugar de notificación, o bien intentada la notificación no se hubiese podido practicar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar la parte dispositiva de la Orden Ministerial especificada:
    "I) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de unos 1.252 metros de longitud, correspondiente al arroyo Jurisdicción, en los términos municipales de Colindres y Laredo (Cantabria), según se define en los planos incorporados en el proyecto de deslinde, fechados en noviembre de 2010 y firmados por el Jefe de Servicio y el Jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria.
    II) Ordenar a la Demarcación de Costas de este Departamento en Cantabria que inicie las actuaciones conducentes a rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado.
    III) Otorgar el plazo de un (1) año para solicitar la correspondiente concesión a aquellos titulares de terrenos incluidos en el dominio público marítimo-terrestre, que pudieran acreditar su inclusión en alguno de los supuestos contemplados en laDisposición Transitoria Primera de la Ley 22/1988, de Costas.
    Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un (1) mesante la Excma. Sra. Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino o,directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses,ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
    Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
    Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente resolución."

    Madrid, 26 de mayo de 2011.- El Subdirector General de Dominio PúblicoMarítimo-Terrestre, José Ramón Martínez Cordero.

    miércoles, 1 de junio de 2011

    Apoyad el respeto al Derecho de Propiedad en España

    Desde el comienzo de mi andadura como eurodiputada he recibido infinidad de mensajes de ciudadanos británicos solicitando apoyo en su lucha por el respeto de sus derechos de propiedad en España. 
    Al escuchar los dramas por los que muchos están atravesando, me he sentido obligada a hacer algo por ellos y así descubrí que el tema afectaba no sólo a británicos sino también a ciudadanos de otras nacionalidades, incluídos los españoles.

    Mis llamamientos al presidente del Gobierno español para que resuelva el tema, enocasión de la apertura y de la clausura del semestre español en2010, son de público conocimiento. Sin embargo, no se ha planteado ninguna solución satisfactoria a este tema que tiene dos vertientes, una relacionada con la Ley de Costas, la otra relacionada con el ordenamiento urbanístico. En ambos casos el problema se origina en su aplicación.

    Sería difícil resumir la casuística en este blog, pero existe una constante: propietarios de buena fé se ven despojados de sus derechos de la noche a la mañana.

    Contra todo pronóstico, al inicio de este mes, el Ministro de Fomento, José Blanco, y la Secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, iniciaron en Londres una gira para !promover la inversión en propiedades en España!
    Resultaba difícil de creer que el gobierno español optara por tal iniciativa cuando miles de ciudadanos británicos (y de otras nacionalidades) viven en la angustia constante como resultado de las amenazas de demolición y/o expropiación de las propiedades que adquirieron en buena fé. !Muchos de ellos han invertido los ahorros de toda una vida!

    En el mes de marzo, tres eurodiputados españoles, Ramón Tremosa, Santiago Fisas, Oriol Junqueras y la que suscribe, presentamos una declaración escrita con el fin de solicitar al Gobierno español que, de acuerdo a la resolución del Parlamento Europeo del 26 de marzo del 2009, asegure el respeto de los derechos de propiedad  en cualquier acción que emprenda y que haga llegar a este Parlamento propuestas para solventar los casos en que la aplicación de la Ley de Costas en Ampuriabrava ( Cataluña) está perjudicando los derechos de los ciudadanos de distintas nacionalidades.

    Aunque la solicitud se refiere a una localidad concreta de España, el éxito de la moción, para lo cual necesitamos las firmas de la mitad de los eurodiputados (369),  podría servir de base para realizar una acción similar en favor de los afectados en otras regiones de España.

    Pongo en manos de los electores la tarea de animar a los eurodiputados a los que habéis votado para que actúen en defensa de vuestros intereses y firmen la declaración (puede consultarse aquí:
    declaración)  la semana que viene durante el pleno de Estrasburgo.

    La economía española pasa por un momento difícil y el mercado inmobiliario -de notable importancia- no se verá animado por la gira de ministros alrededor de Europa, sino por el respeto de los derechos de propiedad y la constatación práctica de que en España existe seguridad jurídica.

    Los eurodiputados estamos para defender vuestros intereses. !Ayudádnos a ayudaros!

    viernes, 27 de mayo de 2011

    La comisión de Peticiones vuelve a analizar la aplicación de la ley de costas española

    La comisión de Peticiones ha debatido más de 40 quejas sobre la aplicación de la ley de costas española. En un debate tenso intervinieron 19 ciudadanos procedentes de España, Alemania, Reino Unido y Países Bajos, que lamentaron su situación de "indefensión jurídica" ante una ley aplicada de forma "injusta".

    La comisión de Peticiones debatió el impacto de la ley de costas en Canarias, Valencia, Asturias, Galicia, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Baleares. El debate fue organizado en bloques. En el primer bloque expusieron sus casos los peticionarios, uno por cada una de las regiones afectadas. A continuación, intervinieron la Comisión Europea y los eurodiputados y, por último, tomaron la palabra otros ciudadanos afectados que así lo solicitaron. Los peticionarios dispusieron de tres minutos de turno de palabra cada uno y los eurodiputados de uno.

    Los miembros de la comisión de Peticiones decidieron, transcurrido el debate, aplazar a la próxima reunión de coordinadores (portavoces de los grupos políticos, que se celebrará el 14 de junio) la decisión sobre qué medidas tomar para dar seguimiento a la discusión de hoy. La presidenta de la comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni (PPE, Italia), explicó que "la atribución de responsabilidades no nos compete a nosotros, aunque está claro que hay derechos que se están pisoteando y ahí pensamos intervenir, sin violar el principio de subsidiariedad ni entrar en conflictos nacionales".

    Aplicación "retroactiva" y "arbitraria"
    Los peticionarios criticaron, en líneas generales, la aplicación con carácter retroactivo de la ley de costas, que ha llevado a la demolición de muchos inmuebles sin indemnizar a los propietarios. Carmen del Amo declaró que "no me satisface la modificación de la ley que se ha presentado y espero que se respete la propiedad privada y que se devuelva lo que se ha confiscado". Jon Iturribarria explicó que el título de propiedad de su molino se remonta al año 1683. "Estamos hablando de cinco siglos, ¿no es un caso de retroactividad?, preguntó.

    El representante del peticionario mallorquín Pedro López Rodríguez tomó la palabra fuera de turno y, junto con otros peticionarios, mostró carteles en los que se leía "Democracia real ya". Después de las intervenciones de los eurodiputados, se disculpó por su "infortunada intervención". "Pido disculpas, pero estamos muy indignados y así lo demostramos", señaló. A continuación, expuso el caso de su familia, que posee una propiedad al sur de Mallorca afectada por la ley de costas y lamentó el carácter "arbitrario" de esta normativa.

    Por su parte, Pilar Embeita calificó la ley de costas de "violación de los derechos humanos y de la presunción de inocencia". "Estamos ante una situación de acoso y derribo por parte de los poderes públicos españoles la "aplicación arbitraria de la ley de costas". "Nuestras propiedades han sido confiscadas y no nos van a dar ninguna compensación", subrayó José Pérez, y agregó que esta actuación atenta contra los derechos humanos.

    Situación "injusta"
    Gabriela Mayans, de Formentera, señaló que "cuando hablamos de injusticia hablamos de que todos los grandes grupos hoteleros de la isla han quedado fuera del deslinde mientras que pequeños propietarios han sido incluidos", apuntó.

    El peticionario holandés Jan Van Stuyvesant declaró que "hay proyectos financiados por dinero comunitario que incurren en los errores que se trataban de evitar".

    Sin compensación
    Timoteo Giménez aseguró que se trata de "casos de expropiación sin compensación". Por su parte, uno de los peticionarios británicos dijo "esperar que la comisión de Peticiones adopte acciones ulteriores". "Por favor, no podemos dejar la situación como está", concluyó.

    Intervenciones de los eurodiputados
    Carlos ITURGAIZ (PPE) lamentó lo "poco que se ha avanzado" en este asunto y destacó que es necesaria una ley "coherente, lógica y racional". "Estamos en contra de esta ley y de su aplicación retroactiva y arbitraria", añadió Iturgaiz, quien aseguró que su grupo apoya "que se supriman algunos artículos que no reconocen los derechos de ciudadanos".

    Willy MEYER (Izquierda Unitaria Europea) afirmó que su grupo "está de acuerdo con Ley de Costas",  ya que en España el litoral estaba lleno de hormigón, lo que hacía necesaria una ley. Sin embargo añadió que no está de acuerdo "con su aplicación arbitraria", que ha permitido construir, entre otras obras, grandes hoteles y urbanizaciones.

    Rosa ESTARÁS (PPE) dijo que "La Ley de Costas tuvo una intención positiva pero su aplicación ha generado inseguridad jurídica, desazón y desesperanza" en los afectados. "El Gobierno de España tiene que rectificar esta situación", manifestó.

    María MUÑIZ (S&D) recalcó que la Ley de Costas es de 1988, y "el PP no la cambio en 8 años". Recordó que el Tribunal Europeo de  Derechos Humanos se pronunció en un caso "muy similar" en Francia aduciendo que en estos casos prevalece el interés público frente al privado. Según la diputada, la aplicación de la Ley ha sido correcta en el 92 por ciento de la costa, y sólo ha habido problemas en el 5 por ciento, por lo que no se puede considerar "discriminatoria".

    Miguel Angel MARTINEZ (S&D) opinó que la ley es "eficaz, modélica y compleja en su aplicación", y la Comisión Europea no cree que se viole la normativa europea. "España es un Estado de Derecho que no puede ponerse en tela de juicio aquí", comentó el diputado, antes de señalar que los tribunales han fallado en contra del 90% de las quejas presentadas por los denunciantes.

    Antolín SANCHEZ PRESEDO (S&D) manifestó que la Ley de Costas data de 1988, por lo que "distintos gobiernos" han podido modificarla y no lo han hecho. Dijo que esta ley pretende "evitar la degradación y responder a problemas actuales como el cambio climático".

    El británico Roger HELMER (Conservadores y Reformistas Europeos) opinó que "España no está respetando el derecho de propiedad y por eso no se puede decir que exista el Estado de Derecho". "El gobierno español no puede ignorar esta situación",  opinó el diputado antes de lamentar que el Parlamento  no pueda hacer nada al respecto.

    La eurodiputada danesa Margrete AUKEN (Verdes/ALE) dijo que las costas españolas necesitan protección y "si no se han gestionado correctamente es obvio que haya problemas". Lamentó que hay "hoteles por todas partes", lo que es señal de que "algo no funciona". Por ello, sugirió hacer un nuevo informe parlamentario centrado en las costas, ya que la UE sí tiene competencia en ello.

    Teresa JIMENEZ-BECERRIL (PPE) defendió en su intervención a las empresas salineras de Cádiz afectadas por la Ley de Costas, ya que, en su opinión "se las han arrebatado sin compensaciones justas. "Tenemos la obligación de defender sus derechos y que el gobierno español corrija", comentó la diputada, quien añadió que estos casos "afectan a la imagen de España".

    Izaskun BILBAO (Grupo Liberal Europeo) afirmó que "quizás la ley española fue necesaria, aunque su gestión ha sido incorrecta". "Se necesitan soluciones urgentes a las discriminaciones que se están dando", opinó.

    La británica Marta ANDREASEN (Europa de la Libertad y de la Democracia) se preguntó por qué la Comisión Europea sigue dando ayudas públicas a las regiones donde se dan estas anomalías.

    Comisión Europea
    El representante de la Comisión Europea subrayó que en los casos denunciados "no se puede aplicar la legislación comunitaria" aunque aseguró que esta Institución "está en permanente contacto con las autoridades españoles" para actuar en el caso de que se produjesen discriminaciones, aunque "de momento no creemos que haya discriminaciones", aseguró.

    martes, 17 de mayo de 2011

    El juez ordena el derribo de 'El Mamotreto'

    El juzgado ha dictaminado la validez del acuerdo plenario que el 18 de septiembre de 2009 adoptó el derribo del denominado Mamotreto, en la playa de Las Teresitas.

    Así lo ha asegurado en rueda de prensa el candidato socialista al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Julio Pérez, que agradeció "el trabajo realizado por los concejales y el portavoz adjunto", Florentino Guzmán, por conseguir que el alcalde, Miguel Zerolo, acatara la decisión plenaria.

    La sentencia, firmada por el magistrado Francisco Plata, el pasado jueves 12 de mayo de 2011 rechaza el recurso presentado por el alcalde, Miguel Zerolo, y los otros 10 concejales de Coalición Canaria (CC) en el consistorio capitalino contra el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, además, contra el Grupo Municipal Socialista.

    En ese recurso contencioso administrativo, el alcalde pedía que se declarase no ser conforme a derecho el acuerdo de 18 de septiembre de 2009. Esa moción de derribo del Mamotreto pudo ser aprobado gracias a que el alcalde no contaba entonces con mayoría puesto que pocos meses atrás había roto su pacto con el PP.

    La sentencia considera válido el acuerdo plenario, aunque aclara que éste estaba incluido dentro de la parte declarativa del pleno y no de la parte resolutiva. En esta última, se incluyen “aquellos asuntos que hayan de ser objeto de un acuerdo finalizador de un procedimiento administrativo”. Por tanto, para haber sido considerado como resolutivo, el acuerdo debía de haber contado con los preceptivos informes de los técnicos.

    Así, como un acuerdo tomado dentro de la parte declarativa del pleno, se considera una “declaración de política general”. Por tanto, este acuerdo de derribo del Mamotreto “no tiene naturaleza de acto resolutorio, ni prejuzga el resultado de aquellos procedimientos que habrán de instruirse por efecto de la voluntad política expresada” en el pleno.

    Como se recordará, en junio del pasado año, el PSC de Santa Cruz, entonces liderado por José Manuel Corrales, recurrió un auto que suspendía cautelarmente el acuerdo plenario del Ayuntamiento para derribar El Mamotreto.

    En ese momento, los socialistas recordaron que el edificio es propiedad del consistorio, que se encuentra en sus primeras fases de construcción, por lo que actualmente no tiene ningún uso; que se encuentra parado por el incumplimiento de los mínimos requisitos legales para su construcción y que, además, no se trata de un edificio de viviendas en las que pudiera haber compradores sobre plano que pudieran verse perjudicados.

    El popularmente conocido como Mamotreto es un edificio para aparcamientos que, en un futuro, podría explotarse mediante concesión administrativa. Sin embargo, existe abierta otra causa penal en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife para dictaminar si en la autorización para el inicio de las obras hubo prevaricación, ya que el edificio supuestamente invade dominio público de Costas.

    "Miguel Zerolo deberá sumar a los del No a este juez, pues el PSC ha demostrado que sí que está con el progreso, sí que está con Las Teresitas, pero no está con la ilegalidad", afirmó Pérez este martes.

    Asimismo, aseguró que "haré lo que pueda para que, desde luego, el Ayuntamiento no pague el derribo y, si tiene que pagar algo, lo recupere".

    domingo, 15 de mayo de 2011

    Deslindes en la mitad sur de Alicante, Pilar de la Horadada, Orihuela, Torrevieja, Santa Pola, Alicante y El Campello.


    Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
    MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

    Anuncio de la Dirección Provincial de Sostenibilidad de la Costa y delMar por la que se adjudica definitivamente el contrato de servicios parala realización de varios deslindes en la mitad sur de Alicante, TTMM de Pilar de la Horadada, Orihuela, Torrevieja, Santa Pola, Alicante y ElCampello.
    http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/11/pdfs/BOE-B-2011-15641.pdf
    1. Entidad adjudicadora:
    a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente , y Medio Rural y Marino.
    b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Sostenibilidadde la Costa y del Mar.
    c) Número de expediente: 28-5003.
    d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contrataciondelestado.es.
    2. Objeto del contrato:
    a) Tipo: Servicios.
    b) Descripción: Contrato de Servicios para la realización de varios deslindes enla mitad sur de Alicante, TT.MM. Pilar de la Horadada, Orihuela, Torrevieja, Santa Pola, Alicante y El Campello.
    d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 4511
    g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
    h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de mayo de 2010.
    3. Tramitación y procedimiento:
    a) Tramitación: Ordinaria.
    b) Procedimiento: Abierto.
    4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 271.355,68 euros. Importe total:320.199,72 euros.
    5. Adjudicación:
    a) Fecha: 14.12.2010.
    b) Contratista: Ingeniería Digital y Medio Ambiente, S.L.
    c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 176.381,19 euros. Importetotal: 208.129,80 euros
    Madrid, 14 de abril de 2011.- P.D (O.ARM 1603/2010, rectificada por O. ARM1824/2010; BOE 7 de julio, el Subdirector General para la Sostenibilidad, Miguel Velasco Cabeza.

    jueves, 5 de mayo de 2011

    Los promotores inmobiliarios acusan a Blanco de defender exclusivamente los intereses de la banca

    Los promotores inmobiliarios han acusado al ministro de Fomento, José Blanco, de defender sólo los intereses del sector financiero durante su gira por Londres, en la que ha tratado de convencer a los inversores británicos de que compren casas en España.El vicepresidente de la Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI), Juan Manuel Martínez Martínez, ha asegurado, en declaraciones a EL BOLETÍN, que el titular de Fomento no ha promocionado las viviendas de todos los promotores, sino sólo el stock de la banca.

    Aunque Martínez Martínez ha reconocido que apoya la gira que ha emprendido Blanco por Europa porque “todo lo que sea promocionar a España está bien”, también ha criticado el hecho de que el Gobierno no se ha puesto en contacto con la patronal para pedir consejo, un error según él porque la opinión del sector habría sido muy útil. Además, el vicepresidente de la patronal ha puesto en duda que Blanco tenga éxito durante su ‘road show’ porque hasta el momento los extranjeros han perdido dinero por invertir en viviendas españolas.Estas críticas suponen un nuevo jarro de agua fría para el ministro, que no ha comenzado con buen pie su gira. La polémica Ley de Costas que ha dejado sin casa, o sin los pertinentes derechos legales, a 50.000 propietarios, muchos de ellos ciudadanos del Reino Unido, ensombreció ayer su reunión con inversores británicos en Londres, un encuentro en el que Blanco destacó principalmente los descuentos en vivienda vacacional.

    Las críticas que durante el año pasado cientos de miles de ciudadanos británicos, alemanes o holandeses trasladaron a sus embajadas y que llevaron a que se abriera un debate en el seno del Parlamento Europeo sobre la Ley de Costas de España y las expropiaciones que en esta norma se imponían han vuelto a la actualidad con el viaje que ha emprendido Blanco para dar salida al amplio parque inmobiliario con el que cuenta el país.


    Muchos fueron los extranjeros que compraron una casa en la costa española para poder pasar su mes de vacaciones bajo el sol de España o, incluso, para su descanso tras lograr la jubilación y que vieron como el Estado les arrebata la vivienda o le concedían una concesión para el uso de la misma. Todo, por incumplir la ley y estar demasiado cerca de la playa. Una información de la que la mayoría de estos compradores carecían y que le ha dejado con una hipoteca de una casa que en el futuro perderán.
    http://www.elboletin.com/index.php?noticia=34434&name=Noticias%20a%20las%2010pm

    miércoles, 4 de mayo de 2011

    Amnistía Internacional acusa a España de vulnerar el "derecho humano" a la vivienda

    • Denuncia la indefensión de miles de familias, en riesgo de perder su casa.
    • Exige el fin de los desalojos forzosos en España.
    • Los desalojos forzosos, que se realizan sin protección legal y sin otras garantías, están prohibidos por el derecho internacional.
    La sección española de Amnistía Internacional ha denunciado que nueve millones de personas están "indefensas" ante "una vulneración muy grave" de los derechos humanos que se da en España, donde el acceso a una vivienda digna no es considerado derecho fundamental, sino que se encuentran en una "segunda categoría", al arbitrio de las leyes que, en este caso, no protegen a los ciudadanos.

    Esta es una de las principales conclusiones del informe ‘Derechos a la intemperie. Dificultades para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España’, presentado por Amnistía Internacional.

    En el documento se recogen las alertas que desde diferentes organismos internacionales se venían lanzando sobre la situación de la vivienda en España. Así, en 2004, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales alertaba de la situación de las personas sin hogar, y de las personas afectadas por los desalojos forzosos.

    "Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos. Estas personas, además de quedarse sin hogar, sin duda, verán como sus condiciones de vida empeoran", ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, durante la presentación del informe

    Desalojos forzosos y sin protección legal
    Amnistía Internacional recuerda que los desalojos forzosos, que se realizan sin protección legal y sin otras garantías, están prohibidos por el derecho internacional y son considerados como graves violaciones de derechos humanos.
    Según Amnistía, ni siquiera la Constitución española otorga a los derechos económicos, sociales y culturales, a excepción de la educación, las mismas garantías de protección que respecto a otros derechos. Estos derechos son considerados como principios rectores dependientes de leyes específicas, con el problema de que no están siendo recogidos por las legislaciones de las distintas administraciones.
    http://www.20minutos.es/noticia/1034109/0/derecho/vivienda/amnistia/ 

    martes, 3 de mayo de 2011

    El Supremo ratifica que el edificio de Los Tarajales está en suelo de Costas

    Una sala especial del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso por error judicial interpuesto por el Ayuntamiento de Tazacorte en contra del deslinde de un tramo de la costa. De esta manera, se viene a confirmar que el edificio conocido como Los Tarajales se encuadra en dominio público. El conocido como caso Los Tarajales, mantiene en la actualidad imputadas a una treintena de personas, entre las que está el actual viceconsejero de Ordenación del Territorio del Gobierno canario, Miguel Ángel Pulido; los miembros de la antigua Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) y de la mayoría de gobierno encabezada por el alcalde, Ángel Pablo Rodríguez.
    Una sala especial del TS ha dictaminado que el deslinde de este tramo del litoral de casi cinco kilómetros entre el Barranco de Las Angustias y la playa del Perdido tiene una anchura de 100 metros, en vez de los 20 que existían anteriormente. Así aparecen recogidos en el Plan General de Ordenación (PGO), por considerar el Ayuntamiento que es suelo urbano.

    TribunalesEsta decisión fue adoptada por el Ministerio de Medio Ambiente a finales del año 2001 y luego ha sido recurrida hasta sus últimas instancias ante a los tribunales, sin ningún resultado a favor del Ayuntamiento. Con la ratificación de este acuerdo se viene a echar por tierra el desarrollo urbanístico aprobado por la Corporación local y que luego fue certificado por la Cotmac. El nuevo planeamiento, reforzado ahora con los fallos judiciales, impide el desarrollo de cualquier actuación urbanística en la zona afectada y se ratifica que es imposible llevar a cabo ninguna edificación en todo el litoral, al estilo del núcleo del puerto.

    Tal y como se recoge en la actual legislación, en las parcelas o edificaciones incluidas en ese espacio de protección sólo se permiten los usos tradicionales y se descarta llevar a cabo cualquier tipo de edificación nueva o ampliación de la existente. Pero, además, si la administración lo considerara conveniente, se abre la posibilidad de llevar a cabo expropiaciones siempre y cuando se justifique el interés general, tal y como será el caso con algunas de las propiedades afectadas sobre las que hay planes del Ministerio en este sentido.

    La Sala Especial del TS creada para dictaminar este recurso extraordinario, concluye que bajo la figura de "error judicial", el Ayuntamiento "lo que hizo es poner de manifiesto una discrepancia jurídica con el criterio mantenido por el órgano judicial". El TS obliga a la corporación al pago de las costas y rechaza de plano el argumento defendido en el sentido de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) procedió a rechazar el recurso contra la delimitación de la zona de servidumbre, sin tener en cuenta la calificación de urbano que desde Tazacorte se le quería dar a este tramo del litoral. Una consideración ratificada luego por la Cotmac pero que finalmente anuló el TS. Pese a los fallos judiciales en contra, la actual mayoría de gobierno municipal mantiene la calificación de urbano.

    lunes, 25 de abril de 2011

    ¡Deslinde improcedente! (Ramón Pérez Hernández)

    Aquí, en Lanzarote muchos vecinos de Soó, Teguise, Arrecife… están que “trinan”, y no es para menos por la arrogancia de Costas con el deslinde Los Dises-Caleta La Villa. La incoación del Expediente se notificó en el BOP nº 46 fecha 10/04/2009, invitándose a los interesados a formular alegaciones y señalándose el acto de “apeo” (deslinde) para el día 11/05/2009, es decir un mes después del anuncio. Me sorprende y mucho… el tiempo fijado para el deslinde si los interesados disponían solo de un mes para alegaciones. ¿Es que Costas de antemano preveía que los interesados no formularían alegaciones?. Raro, raro…

    Bien, de todas formas, a pesar de que el Ayuntamiento de Teguise, insensatamente no quiso enterarse (¡vaya una irresponsabilidad! ¿En manos de quienes estamos?), creo que el asunto es defendible en todos los aspectos, pues la actuación de Costas no se ajusta a los criterios establecidos en la Ley 22/1988 y Reglamento de Costas. El deslinde normal se aplica a fijar zonas de protección de 20 o 100 metros. Desde que supere la cifra de 100 metros para “proteger determinados tramos de costa”, el procedimiento reglado en la propia Ley y Reglamento de Costas es diferente. Es decir, no procede el deslinde propiamente dicho. La actuación es absolutamente distinta, pues en dicho especial procedimiento no solo interviene Costas, sino también, de pleno derecho, con voz y voto (auténtico veto), el, o los Ayuntamientos afectados y la Comunidad Autónoma del lugar. El procedimiento es muy sencillo: Costas, para iniciar ese tipo de actuación tiene que elaborar “normas” y aprobarse expresamente por las tres administraciones interesadas (Costas, Ayuntamientos y Comunidad Autónoma). Si no se aprueban expresamente las normas, la actuación no se puede realizar ¡y punto! o, tanto monta, ¡sanseacabó el rollo!. En cuanto al “griterío” del Alcalde, Concejales, etc. con eso de que los vecinos y el propio Ayuntamiento interpongan Contenciosos Administrativos, por favor señores del Ayuntamiento, entiendan de una vez (el Servicio Jurídico tiene que estar al corriente) que la propia Ley de Costas, en relación con la Ley 30/1992, les concede el derecho a “requerir” a Costas (con un par de folios pueden hacerlo) antes de entablar Recursos que tanto tardan en resolverse y tan caro cuestan al Ayuntamiento y a los pobres vecinos cogidos de sorpresa (joder, ¡qué sorpresa!) en un tema que no les puede afectar si los responsables de las administraciones publicas respetan la máxima: “Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales”.

    Efectivamente, el Ayuntamiento tiene el deber de requerir al Ministerio de Medio Ambiente para que anule la Orden Ministerial de aprobación del deslinde, primero porque el acto no se sujeta a la Ley y Reglamento de Costas y segundo porque ese territorio al parecer ya está protegido por la Ley de Espacios Naturales de Canarias.

    domingo, 17 de abril de 2011

    Aguilar reactivará «de inmediato» la revisión del deslinde de Formentera

     La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, aprovechó el acto electoral socialista de ayer en el recinto ferial para anunciar a los periodistas un acuerdo alcanzado con el presidente del Govern, Francesc Antich, y el de Formentera, Jaume Ferrer, para «poner en marcha de inmediato un grupo de trabajo» entre las tres instituciones para aplicar «el mandato del Congreso de los Diputados sobre el deslinde de Formentera», en alusión al acuerdo alcanzado el 28 de junio de 2006 por todos los partidos de la Cámara baja para revisar el actual deslinde.

    Al finalizar el mitin de ayer, Aguilar dijo a los informadores que la modificación –aunque la ministra nunco usó esta palabra ni ninguna parecida– del deslinde empezará a ser estudiada «desde una perspectiva global y en su totalidad», con la participación activa del Consell de Formentera. «Las personas del Ministerio van a viajar de inmediato para acá y la semana que viene se fijará el día en que se van a reunir», añadió.

    El acuerdo adoptado en su día por el Congreso, votado de forma unánime, instaba al Gobierno a que, «conjuntamente con el Ayuntamiento de Formentera, busque y acuerde las condiciones y mecanismos de trabajo para proceder a la revisión del nuevo trazado de la línea que marca el domino público del litoral de la isla para dar una solución a las propiedades de los formentereses afectadas por el deslinde».

    martes, 5 de abril de 2011

    Sorry senor, but we want you to cut 19ft off your property (Ley de Costas)

    It was meant to be a dream retirement. David Bagott bought a waterside house in the stunning Empuriabrava harbour area in the Spanish town of Cadaques in Catalonia ten years ago with the aim of eventually moving there for good.
    But six months ago David was sent a letter from the Spanish authorities warning him that it intended to reclaim about 19ft of land from the water's edge at his property for public access.
    It means that David will lose the private mooring for his boat, his balcony, terrace and about three metres of his living room. Not only does it make the property unsaleable in the short term, but the changes will reduce its value. Not surprisingly, David doesn't want to live there any more.

    This devastating plan affects about 5,000 properties on the waterside of the beautiful town that was home to Salvador Dali for much of his life. The sum set aside by the authorities for compensation is a miserly £7million - equivalent to £1,400 for each affected property.
    These 'land grabs' by Spanish authorities are not uncommon and tens of thousands of British homeowners in Spain have already fallen foul of them.
    Empuriabrava is different because its properties were built legally. The Spanish government passed the Ley de Costas - 'the law of the coast' - in 1988. This law states that six metres (19ft) of land joining the coast or beach and the sea belongs to the State and is available for public access.
    But the problem for the residents of Empuriabrava is that the law states that any salt water is 'coastal'. It means the canals and private harbour of Empuriabrava also fall under the law and can be reclaimed by the government.
    'This is clearly not what the law of the coast was meant to achieve,' says David, a former furniture designer who now works as a property developer.
    'The six metre line cuts through villas and apartment buildings like mine that are on the water's edge. Empuriabrava was built 50 years ago with all the correct legal permits and provisions observed. The moorings for boats were also bought legally with the correct taxes paid. We all purchased in good faith. To have this happen is devastating.'
    David bought his two-bedroom Spanish home for the equivalent of £200,000 from the developers who built the private harbour and much of the property in Empuriabrava. He had planned to sell his house in Dartmouth, Devon,
    this year and move to Spain permanently. Now he says he will have to stay in the UK and work longer while the uncertainty surrounds the future of Empuriabrava.
    An action group, Associacio de Propiertaris D'Empuriabrava (APE) has been set up by Empuriabrava's residents. It says that not only will the government's plan destroy house prices and make property impossible to sell, but it will also damage businesses and cause a loss of jobs in the area.
    Peter Machin, 75, who is married to Veronica, worked in the fashion business in manufacture and later importing and has lived in Empuriabrava for six years.
    He says: 'To have a waterside villa with a private mooring and access to the sea is the dream of most boating enthusiasts. We came from the UK and other European countries and paid a premium for the privilege. To have this happen now is devastating.'
    Former London taxi company owner Pat Jennings, 70, who is separated and lives in Switzerland, has a holiday home in Empuriabrava.
    He says: 'We have not acted illegally. We purchased in good faith and paid taxes. The consequence of this law is that property prices are being destroyed as people will not buy and owners cannot sell.'
    APE has employed lawyers to fight the case and it is preparing to go to the EC courts. But David and others will have to fund the legal case, the cost of which could run into hundreds of thousands of euros.
    David and other residents do not know how long the case will take to be heard and in the meantime they are unable to sell. 'I'm in limbo until this is sorted out,' says David. 'It's a nightmare. I won't be able to sell but I'm not sure I will want the property after all the development has destroyed it. I just hope the legal system will see sense and stop this.'