El Supremo anula un plan casi ejecutado de 3.381 viviendas en la costa por su efecto pantalla

La sentencia crea jurisprudencia y supone un aviso para futuras edificaciones en el litoral El alto tribunal anula el plan parcial Sector Playa de Almenara porque incumple el artículo de la Ley de Costas que impide "acumular volúmenes" que superen la edificabilidad media del municipio

El Tribunal Supremo ha anulado el programa de actuación integrada (PAI) Sector Playa de Almenara, aprobado por el ayuntamiento en 2003 y ya casi ejecutado, por incumplir la Ley de Costas y construir una "pantalla arquitectónica" en la zona de reserva de dominio público marítimo terrestre.

La sentencia, que sienta jurisprudencia, supone un aviso a navegantes para las murallas de edificios que aún se pretenden construir en la costa que podrían llegar a anularse, si algún afectado inicia una demanda como ha sido el caso de esta población de la Plana de Baixa de más de 5.000 habitantes y gobernada por el PSPV-PSOE. La anulación del Sector Playa de Almenara la han impulsado una docena de propietarios de viviendas edificadas en la misma playa, en un suelo que el Plan Especial de Ordenación del Grao de Almenara, de 1973, clasificaba como urbano. En 1981, las normas subsidiarias municipales dividieron la zona litoral en diez sectores. En uno de ellos se incluyeron las casas de los demandantes. En 1999, el Ayuntamiento de Almenara aprobó un concierto previo en el que redujo a dos los diez sectores urbanizables en la playa "para proceder a un crecimiento moderado y respetuoso con la franja litoral". En 2001, la empresa Promometa SL (perteneciente al grupo Astroc del empresario Enrique Bañuelos) presentó el PAI Sector Playa, que fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Almenara el 21 de enero de 2003. La docena de propietarios que presentaron la demanda, recurrieron el PAI porque los terrenos en los que fueron incluidos sus viviendas se declararon suelo agrícola de especial protección (lo que elevaba a cifras astronómicas las cuotas de urbanización que debían pagar al ser incluidos en el nuevo PAI). De ahí que decidieran presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que inicialmente dio la razón al Ayuntamiento de Almenara. Esta sentencia del TSJ ha sido ahora anulada por el alto tribunal.

La suspensión del Supremo

El Supremo anula el PAI Sector Playa de Almenara porque incumple el artículo 30 de la Ley de Costas de 1988 que obliga a "evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes sin que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo". Los doce propietarios, representados por el abogado José Luis Ramos, alegaron ante el TSJ (que no tuvo en cuenta este argumento) y ante el Supremo (que lo ha admitido) que el artículo de la Ley de Costas se había infringido porque "los terrenos del Plan Parcial Sector Playa se encuentran en la zona de reserva de 500 metros del dominio público marítimo-terrestre y supone un considerable aumento de la edificabilidad y del número de viviendas permitido".El Plan Parcial y PAI Sector Playa, que modificó las normas subsidiarias de Almenara a través de una homologación, "amplió la superficie de suelo urbanizable que en 1981 era de 479.700 m2 a 676.226 m2 en 2001; la edificabilidad máxima pasó en los mismos años de 191.800 m2 a 338.000 m2 y el número máximo de viviendas se elevó de 1.199 a 3.381 pisos", según detallaron los demandantes en su recurso. Durante el contencioso tanto el TSJ como el Supremo requirieron al Ayuntamiento de Almenara para que aportara pruebas documentales de que la edificabilidad del PAI Sector Playa no era superior a la media del suelo apto para urbanizar todo el municipio. Ni a uno ni a otro tribunal dio "el Ayuntamiento de Almenara una respuesta mínimamente consistente" sino que ofreció una "incompleta y evasiva respuesta" en la que sólo informaba de las diferencias de edificabilidad en el sector Playa en 1981 y 2001. Por tanto, el Supremo entiende que "debe considerarse acreditado que el Plan Parcial impugnado permite una densidad de edificación superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término de Almenara" y que debe imputarse al Ayuntamiento de Almenara la falta de acreditación de la diferencia exacta de edificabilidad prevista entre el sector objeto de controversia y la media del suelo urbanizable del término municipal; no sólo porque el ayuntamiento dispone de ese dato y, sin embargo, no lo puso de manifiesto en sus escritos de contestación a la demandada y de conclusiones, sino porque, además, tampoco lo proporcionó cuando expresamente fue requerido para ello en periodo de prueba".

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/05/24/supremo-anula-plan-ejecutado-3381-viviendas-costa-efecto-pantalla/708105.html

El Ayuntamiento protegerá a Jover, El Guincho y La Caleta

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó por unanimidad una moción institucional a favor de la Ley 7/2009 de 6 de mayo, sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario, y así proteger a los núcleos costeros de Jover, El Guincho y La Caleta, que están comprendidos dentro de la servidumbre de protección de la Ley de Costas nacional, además de dotarlas de los servicios urbanísticos básicos, especialmente de evacuación de aguas residuales que impida su vertido al mar.

Además se elaborará un censo de viviendas ubicadas en el dominio marítimo terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y protección, establecido por la disposición adicional decimoquinta del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias. Será una relación de edificaciones que tengan un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco, con valoración de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social.

En esta Ley 7/2009, de 6 de mayo, no cabe la legitimación del uso residencial existente. La razón de que la línea de servidumbre se disponga a 100 metros y no a 20 como ocurre en el caso de La Barranquera, responde a que en el PGO vigente a la entrada en vigor de la Ley de Costas, los núcleos de Jover, El Guincho y La Caleta no estaban clasificados como suelo urbano.

El Ayuntamiento deberá ordenar como residencial la parte de dichos núcleos que queda fuera de la línea de 20 metros, que es la que correspondería si los mismos fueran declarados por el Ejecutivo canario como asentamientos residenciales preexistentes a la Ley de Costas, si bien la suspensión de la normativa canaria por el Tribunal Constitucional, a instancias del PSOE impide, de momento, poder otorgar seguridad jurídica y certidumbre sobre los derechos patrimoniales a los enclaves urbanos y costeros.

La concejal de Urbanismo, Aymara Calero, señaló que “consideramos de vital importancia la ordenación residencial de la parte de los núcleos costeros que quedan al exterior de la línea de 20 metros. De esta manera, como proponemos en el nuevo PGO, podremos dar servicios a estos enclaves y mejorar sus condiciones de urbanización para que alcancen el carácter de suelo urbano consolidado”.

“De la misma manera, colaboraremos con el Gobierno de Canarias para elaborar el registro de las edificaciones ubicadas en el dominio marítimo terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y protección. En el mismo incluiremos el compromiso de instalación de los servicios urbanísticos básicos, especialmente, el sistema de evacuación de aguas residuales que impida su vertido incontrolado al mar y así garantizar el equilibrio ambiental”, finalizó.

http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/11934/

Cabanes declara bien de relevancia local las construcciones de Torre la Sal

La medida planteada por los vecinos e Iniciativa busca evitar que sean derribadas al aplicar la Ley de Costas

El pleno del Ayuntamiento de Cabanes aprueba la declaración de bien de relevancia local (BRL) parra el poblado de Torre la Sal, con la finalidad de evitar que las viviendas ubicadas en la primera línea del litoral sean demolidas en aplicación de la Ley de Costas. La medida sigue las pautas de otros ayuntamientos costeros que han instado a la Conselleria de Cultura a proteger estas construcción por sus valores etnológicos.

Se trata de construcciones que datan de mediados del siglo pasado y constituyen, como apunta el concejal de Iniciativa, Carles Mulet, un ejemplo de la construcción de la época y forman parte de la historia local. La medida adoptada por el consistorio del popular, Artemio Siurana, se produce a instancias de la Asociación de Vecinos del poblado marítimo de Torre la Sal. Éstos también esperan que el Gobierno central mantenga su compromiso de regenerar la playa y evitar así que penetre el mar en la zona urbana durante los temporales.Mulet lamenta que hayan tenido que pasar meses para que los populares adopten esta media, que ya su grupo planteó. Sin embargo, se alegra de que los vecinos hayan obtenido una respuesta satisfactoria a sus demandas. Añade que el poblado "está catalogado desde su inicio y se trata de un núcleo asentado y con todos los permisos en regla y sujeto al ordenamiento urbanístico".

La decisión del consistorio coincide con la batalla emprendida por el consistorio con Costas por el intento de este organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente de proceder a deslindar más de un millón de metros cuadrados en la zona, que linda con el parque natural del Prat de Cabanes-Torreblanca.

http://www.levante-emv.com/castello/2010/05/22/cabanes-declara-relevancia-local-construcciones-torre-sal/707596.html

Costas derriba finalmente Can Ganxo pese a las reivindicaciones de la propiedad

Esta vez no hubo tregua. Las máquinas excavadoras procedieron ayer al derribo de Can Ganxo, una edificación ubicada en Cala Tuent, en zona de dominio público. Costas logra así cumplir las directrices legislativas, tras varios intentos frustrados. El último en noviembre de 2009. La propiedad, que ha impugnado la resolución por tres vías administrativas diferentes, finalmente no ha podido hacer nada para impedirlo. Aunque los propietarios han advertido que seguirán adelante con los procesos. "Estoy convencida de que al final la justicia nos dará la razón", afirmó ayer a este periódico Florentina Mora, titular del inmueble. Mora dijo "no entender cómo una ley como esta puede tener efectos retroactivos". "Por la misma regla de tres, se tendrían que demoler numerosas construcciones de la isla", indicó. ¿Por qué no se hace?, añadió, visiblemente molesta.Desde la propiedad, denunciaron, en este sentido, presuntos intereses y tratos de favor por parte de las instituciones en la aplicación de la ley de Costas, al tiempo que agradecieron el apoyo recibido desde las redes sociales. Mora insistió, de nuevo, en que tiene documentos que corroboran la legalidad del inmueble. "Estoy muy tranquila porque al final se demostrará que esto ha sido una injusticia absoluta", aseveró.
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2010/05/22/costas-derriba-finalmente-can-ganxo-pese-reivindicaciones/572447.html

Costas legaliza 32 edificios en Añaza y condena a 75 de Igueste

La Dirección General de Costas dio ayer un nuevo paso a la hora de fijar el deslinde de todo el municipio de Santa Cruz al marcar de forma definitiva la delimitación en Añaza y en Igueste de San Andrés. En la primera zona, Costas aceptó salvar a 32 edificaciones al variar su propuesta inicial de mantenerlas dentro de la zona de protección. Sin embargo, en Anaga, en el otro extremo del municipio, ocurre lo contrario y se verán afectadas 75 fincas, entre las que hay una decena de viviendas que quedan fuera de ordenación y corren el riesgo de ser derribadas en el futuro.

En Añaza, el organismo estatal del Ministerio de Medio Ambiente fijó el deslinde de más de tres kilómetros entre el Barranco del Humilladero y el Barranco del Muerto. Costas mantiene una zona de protección de cien metros en todo el trazado, pero acepta dejar fuera de la misma a los núcleos urbanos de Añaza. En este punto se encontraban inicialmente afectadas hasta 32 propiedades, algunas incluso del Ayuntamiento. Hay hasta cuatro grupos de viviendas sociales que pertenecen al organismo público Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SA (Visocan).

Esta decisión originó críticas por parte de los colectivos vecinales que fueron finalmente aceptadas por la Dirección General. No obstante, estarán incluidas en la zona de protección varias infraviviendas y algunas zonas deportivas, que podrían desaparecer. Costas acepta que el subpolígono de Añaza se creó en 1987, justo un año antes de la aplicación de la Ley de Costas y por lo tanto no está afectado por esta ley.

Igueste

Peor parado sale el núcleo costero de Igueste, donde la zona de protección se mantiene también en 100 metros e incluso aumenta ligeramente sobre la propuesta inicial. En este caso se verán afectadas 75 propiedades situadas en primera línea de playa, de las cuales una decena son viviendas.

Decepción

Así se deduce de la delimitación definitiva de deslinde publicada también ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que afecta a los cinco kilómetros que hay entre la playa de El Burro y la de Antequera. La decepción era ayer perceptible en el abogado de este grupo de vecinos, José Luis Langa, quien mostraba su estupor por el paso dado por el Gobierno central.

"Me parece increíble que cuando aún hay abierto un frente judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre este asunto, el Ministerio se haya pronunciado ya de forma definitiva", se quejó al referirse al recurso presentado por Costas contra la decisión de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de declarar urbano el núcleo de Igueste y por lo tanto permitir que la zona de protección se fije en 20 metros. Esta resolución judicial ha favorecido a los vecinos de Almáciga, Tachero y Roque de Las Bodegas.Langa calcula en casi 300 las personas que de una forma u otra está afectadas por este nuevo deslinde. El abogado, al conocer ayer la decisión de Costas, anunció que se va a reunir con los vecinos para informarles de la situación, aunque ya adelantó que seguramente acuerden recurrir ante la Audiencia Nacional esta decisión.

Para Langa es imprescindible un apoyo político sin fisuras para que el Gobierno central comprenda las especificidades del litoral canario. Entre las peculiaridades del nuevo deslinde de Igueste está, por ejemplo, que el faro también entra dentro del dominio público. Sobre el régimen en el que ahora permanecerán estas viviendas y fincas, desde el organismo estatal se recuerda que en realidad se encuentran en terrenos del Gobierno de Canarias.

Legalmente las construcciones y solares quedan fuera de ordenación y por lo tanto su valor catastral será prácticamente mínimo. En las parcelas no se podrá edificar y en las casas ya existentes, que según este abogado tienen en algunos de los casos varios siglos de antigüedad, las obras a realizar serán muy limitadas.

El Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo tinerfeño y el Ejecutivo autónomo ya han mostrado su apoyo a los vecinos de Igueste en sus reivindicaciones. Por su parte, el abogado del Estado en su informe inicial consideró que la urbanización de este caserío había sido "casual" y no contaba con los servicios precisos para ser considerada zona urbana.

En el caso de Añaza, las protestas iniciales, planteadas incluso por el alcalde, Miguel Zerolo y la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, en una reunión que tuvo lugar en Madrid hace dos años, dieron sus frutos y se consiguió el compromiso de modificar los presupuestos iniciales de este tramo de la costa.

http://www.laopinion.es/tenerife/2010/05/21/costas-legaliza-32-edificios-anaza-condena-75-igueste/286786.html

La Diputación defiende en Bruselas el litoral castellonense

La Diputación de Castellón y los alcaldes de Burriana y Nules se reúnen en Bruselas con la eurodiputada británica del Grupo Europa por la Democracia y la Libertad, Marta Andreasen, para defender a sus ciudadanos afectados por la ley de costas.

La delegación de Castellón, encabezada por el diputado de Medioambiente, Vicente Aparici, expuso ante Andreasen, los graves prejuicios que para el propio patrimonio histórico puede tener la aplicación de la ley de costas.

En concreto, solicitaron de manera clara y firme la anulación de la retroactividad de la ley y recibieron el apoyo de la Eurodiputada por luchar y mediar desde Bruselas ante el Gobierno de España, competente en esta materia, en la medida de lo posible para paralizar la aplicación de la ley tal y como desde Madrid se ha planteado.

La Eurodiputada mostró gran interés y solicitó expresamente contar con más información acerca de los casos que en nuestra provincia se verían afectados por la aplicación de esta ley, como por ejemplo, 200 viviendas históricas en Nules que serían destruidas si no hay un cambio en la aplicación de la ley.

La delegación comunicó además a Marta Andreasen las gestiones que, bajo la coordinación de la Diputación de Castellón, se están realizando para trasladar una petición oficial a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, denunciando la arbitrariedad en la aplicación de la ley y la aplicación retroactiva de la misma.

Además, se están realizando contactos con otros miembros del Parlamento Europeo, para sumar apoyos y conseguir la moratoria de la ley y, por tanto, la paralización de los derribos previstos en el litoral castellonense.

El Gobierno de Canarias confía en que el Constitucional le dará la razón en conflicto por la ley de Costas

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, ha explicado que algunos hechos producidos "apuntan a concebir una sentencia favorable" después de que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) presentase un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la Ley de Costas de Canarias de 2009.

Berriel explicó recientemente durante la celebración del II Congreso Canario de Derecho Urbanístico que la intención del Gobierno de Canarias era "intentar conectar la legalidad con la humanidad". "Por eso se hizo una ley", aseguró para recordar el recurso del Estado.

Señaló que a partir de aquí se paralizó "cautelarmente" la ley aunque, según Berriel, se levantó la suspensión de las dos terceras partes de la norma. Ello "apunta a concebir una sentencia favorable a las tesis del Gobierno de Canarias", dijo.

El consejero recordó de igual forma que la Ley de Costas estatal data de 1988 y establece los deslindes marítimo terrestres que "disparan" consecuencias. "Es una Ley muy dura y compleja", admitió el nacionalista que también puntualizó que es constitucional. A pesar de ello, expuso que eso no quiere decir que no haya que humanizar la norma. "Hay que distinguir los casos", aclaró.

Las comunidades autónomas pueden incorporar normas adicionales de protección del litoral. En este intento el MARM consideró que la norma vulnera las competencias del Estado. "El Constitucional mantiene la suspensión del artículo más importante de la ley canaria, con la que el Ejecutivo autónomo pretende proteger núcleos costeros de valor etnográfico afectados por la Ley de Costas estatal", explicó la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Alicia Paz Antolín.

http://www.20minutos.es/noticia/708546/0/

Inflexible sólo para Canarias (CRISTINA TAVÍO)

DESDE principios de este mes, nuestros poblados marineros cuentan con más esperanza. Me explico: algunos medios de comunicación se hacían eco de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ratifica que el litoral de Anaga tiene carácter de núcleo urbano consolidado, tal y como venían defendiendo los vecinos y la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias .

Sin embargo, y pese a que esta sentencia no es firme, se suma a la que en su día también reconoció que El Tablado, La Caleta, Punta Prieta y La Puente, en Güímar, ya tenían la consideración de urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.

Estamos otra vez ante una estupenda noticia para los muchos vecinos de Almáciga, Roque de las Bodegas y Tachero, que llevan mucho tiempo pidiendo que se reduzca la zona de servidumbre que la Dirección General de Costas aumentó de 20 a 100 metros, para poder así salvar cerca de 250 construcciones situadas en esta zona.

Como ustedes saben, el Partido Popular de Tenerife ha venido defendiendo siempre la protección de estos núcleos urbanos costeros, de estos poblados marineros, consolidados con anterioridad a la Ley de Costas, siempre que cuenten con algún valor patrimonial, etnográfico o socioeconómico, para con ello conservar algún ambiente marinero en nuestras costas.

Por eso, hoy me alegro de estas sentencias a favor de los vecinos de Anaga y de Agache, pero también es justo que sienta tristeza al recordar la vergonzante actuación contra los vecinos de Cho Vito, que no corrieron la misma suerte y que vieron impotentes cómo perdían sus casas y parte de sus vidas.

Y siento más tristeza aún cuando leo declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, quien, ante el mismo problema en varios poblados de Galicia como Aguete, Teoria, Casás o Mogor, en Marín, afirmó en su momento que "los propietarios conservan sus viviendas tal y como están, pueden realizar obras de reparación, conservación y mejora, con la única limitación de no incrementar el volumen y contar con las respectivas licencias".

¿Por qué en Marín sí y en Cho Vito no? ¿Por qué la interpretación intransigente de la Ley de Costas en Canarias por parte del Gobierno central contrasta con la flexibilidad y la voluntad de acuerdo que ha demostrado el mismo Gobierno en la aplicación de la misma ley con el caso de los chiringuitos de playa en la costa de la provincia de Málaga?

Es una pena que el PSOE en Andalucía o en Galicia defienda la permanencia de estas zonas afectadas y aquí, en Canarias, se opongan a una Proposición no de Ley presentada por nosotros, y apoyada por CC, para defender nuestros poblados marineros y evitar situaciones como la de Cho Vito.

Quizá, a los socialistas canarios les vendría bien hablar con el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, que durante su etapa como presidente de la Junta de Andalucía defendió que "los chiringuitos son un elemento singular e identitario de la oferta de ocio de las playas andaluzas y se trata de un sector que genera 40.000 empleos".

Como bien afirmé durante mi intervención en defensa de esta PNL en el Parlamento de Canarias, y citando al filósofo inglés John Locke, "las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes", y es en este punto donde el Gobierno de Rodríguez Zapatero tropieza una y otra vez, y en esta ocasión, en su ciego y torpe propósito de aplicar sin medida la Ley de Costas en nuestro Archipiélago sobre asentamientos humanos en el litoral que datan de muchas décadas atrás y que con el debido equilibrio ambiental pueden perdurar en el tiempo.

¿Acaso las áreas urbanas costeras de Canarias no representan zonas de interés derivadas de su origen etnográfico, arquitectónico y cultural, además de albergar actividades económicas y turísticas? Siempre hemos defendido que nuestra tierra necesita una buena e inmediata aplicación de la Ley de Costas, pero no como cortapisas, sino como una posibilidad de ofrecer una ventaja comparativa con el resto de destinos turísticos.

Creemos que si todos los ayuntamientos, cabildos y el Gobierno de Canarias hacemos frente común en pro de estos núcleos marineros para su mejora y embellecimiento, y también para favorecer su catalogación como poblados marineros, podemos conseguir que el Ejecutivo del PSOE dé marcha atrás, como lo ha hecho en Andalucía, en la Comunidad Valenciana o en Cataluña, donde incluso ejercen competencias exclusivas en materias de Costas debido a la entrada en vigor del nuevo Estatuto.

Tenemos que ponernos manos a la obra, y un buen primer paso sería que todas las administraciones implicadas emprendan cuanto antes la labor de catalogación técnica y científica de los valores patrimoniales, etnográficos y socioeconómicos que reúnen nuestros poblados marineros. Y en paralelo, buscar fórmulas para que sigan siendo un reclamo gastronómico en nuestro Archipiélago.

En el Partido Popular ni hemos permanecido de brazos cruzados ante esta injusticia de ley ni vamos a permanecer en silencio. Seguiremos trabajando aunque el PSOE pretenda ejecutar administrativamente el presente de estos núcleos marineros que forman parte de nuestra historia, también de nuestro presente y queremos que sigan teniendo futuro.

Porque, pacientes lectores, no es lo mismo, como dije en el Parlamento de Canarias, mandarse una vieja o un plato de lapas en una avenida de hormigón que tomarlos en estos poblados marineros.

* Presidenta del PP de Tenerife

http://ww.eldia.es/2010-05-09/criterios/14-Inflexible-solo-Canarias.htm

El PP pregunta al Gobierno por qué es "tan laxo al aplicar la Ley de Costas a obras públicas y tan duro cuando deslinda"

Los cuatro diputados del PP por Baleares en el Congreso reclaman al Gobierno central conocer por qué el Estado es "tan laxo a la hora de aplicar la Ley de Costas para las obras públicas y tan duro a la hora de trazar deslindes y atacar ciertas obras privadas menos agresivas desde el punto de vista medioambiental".

Así lo trasladan los diputados 'populares' por el archipiélago --María Salom, Juan Carlos Grau, Enrique Fajarnés y María Antonia Mercant--, que han registrado una 'batería' de preguntas parlamentarias por las que reclaman, por escrito, diversa información sobre la aplicación de la Ley de Costas.

Una de las preguntas parlamentarias solicita al Gobierno si, tras 22 años de experiencia con la normativa de costas, "es consciente" de la "contestación social que se ha producido" sobre la misma y si considera que se ha dado un buen trato a los propietarios a los que se les priva de su propiedad.

Los diputados del PP también quieren conocer si el Ejecutivo central tiene previsto alterar el régimen de aplicación transitoria de la Ley o si contempla respetar las propiedades privadas anteriores a la normativa de 1988. Otra de las cuestiones por las que se interesan los aforados es si se ha producido "mucha litigiosidad" en relación a esta Ley.

"¿A qué se debe que en algunas zonas del territorio español se haya sido mucho más agresivo a la hora de deslindar el dominio público marítimo-terrestre que en otras, por ejemplo en Cataluña?; ¿Por qué no se ha considerado dominio público marítimo-terrestre La Manga del Mar Menor entera?; ¿Por qué en muchos deslindes no se ha aplicado el mismo criterio seguido en La Manga del Mar Menor, sino mucho más duros?", son algunas de las preguntas que trasladan los diputados por Baleares.

Finalmente, solicitan información sobre el criterio estatal a la hora de ordenar las demoliciones de construcciones situadas en zona de costas y por qué en ocasiones se actúa sobre edificaciones 'singulares "y se olvida la patente realidad del entorno".
http://www.finanzas.com/noticias/economia/2010-05-10/280816_pregunta-gobierno-tan-laxo-aplicar.html

Respuesta mia y que el gobierno jamás dará: porque la Ley de Costas es precisamente el perfecto instrumento para confiscar los bienes del ciudadano honrado para cuando el gobierno decida que hay que despejar la primera línea de playa y dejar espacio a los grandes proyectos especulativos.

¿Por qué si no se declaran los hoteles de interés general, cuando son negocios privados?
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=17156

Todos los pueblos tradicionales costeros y construcciones LEGALES anteriores a 1988 tienen orden de derribo por parte de Costas, que a su vez se convierte en el benefactor de auténticas aberraciones medioambientales

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• Hoteles que han destruido una zona virgen, con la ayuda inestimable de los politicos locales y de Costas, para hacer este mamotreto de "interés general". ¿A quién le interesaba?

• Y como han destruído una mágnifica playa que debería haber sido para el uso y disfrute de todos los ciudadanos, ahora viene Costas en plan "salvapatrias" con su proyecto de una playa artificial por la módica cantidad de ¡¡2.400.000 euros !!

¡¡¡¿DÓNDE ESTÁ LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN?!!!

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=83960http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=83960

LA ABSURDA LEY DE COSTAS

La Audencia Nacional desestima la pretensión de Hoya Pozuelo de que Costas revisara el deslinde marítimo-terrestre

La veintena de dúplex pendientes de derribo en la urbanización Hoya Pozuelo invade el dominio público de Costas y por tanto sigue siendo ilegal. Así se desprende de una sentencia de la Audiencia Nacional del 4 de marzo de este año, que desestima la pretensión del propietario de los terrenos, Jaime Cortezo, a través de su mercantil Javielcor SL, de revisar el deslinde marítimo terrestre en la costa afectada por la promoción de sus viviendas

La solicitud de revisión del deslinde marítimo de 1985 pretendía evitar el derribo de los dúplex declarados ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con una nueva cota de la ribera del mar exterior frente a la urbanización Hoya Pozuelo. En 2006, el Gobierno de Canarias decidió "por prudencia" no ejecutar la sentencia de derribo del TSJC a la espera de aclarar el contencioso promovido por el propietario de los terrenos ante Costas

Ahora, la Audiencia Nacional da la razón a Costas en el archivo del expediente de investigación del deslinde marítimo. Costas consideró en 2007 irrelevantes los estudios de mareas presentados por Javielcor SL, ya que no tenía en cuenta el alcance de las olas. Los informes particulares del solicitante se limitaban a situar el límite interior de la pleamar, sin determinar el alcance de las olas, por ejemplo, en periodos de temporales.

En la sentencia, la magistrada Elisa Veiga Nicole indica que Javielcor SL "no alega que se haya alterado la configuración del dominio público sino que considera que el límite interior de la ribera de mar no coincide con el límite interior del dominio público marítimo terrestre y, por lo tanto, debe reflejarse esta última en un nuevo deslinde. Para justificar su pretensión ha aportado una serie de informes que resaltan que entre los mojones 17 a 24 el agua del mar no alcanza los mojones en las situaciones de máxima pleamar viva equinoccial".

Sin embargo, la magistrada ponente desmonta esta tesis mediante la Ley de Costas, cuyo artículo 3.1 concluye que "la línea de pleamar máxima viva equinoccial no es, necesariamente, el límite interior de la ribera del mar, pues ésta puede extenderse hacia el interior para comprender el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos y, en su caso, las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación formadas por la acción del mar o del viento u otras causas naturales o artificiales".

De este modo en la sentencia se despeja la duda de si los terrenos ubicados entre los vértices 17 a 24 alegados por Javielcor son alcanzados por las olas en los mayores temporales conocidos. Mediante un reportaje fotográfico de diciembre de 2006 y un estudio técnico justiificativo de la ribera del mar, "contrariamente a la valoración que del mismo realiza el perito de parte", la magistrada concluye que "se percibe con claridad" como el agua alcanza y sobrepasa varios mojones, e incluso charcos de agua en alguno de ellos, por lo que queda acreditado el correcto deslinde marítimo terrestre.
http://www.teldeactualidad.com/noticias.php?area=politica&id=5093

Espero que Costas tenga a bien hacer nuevos deslindes "allí donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos" Por ejemplo, todo el pueblo de Tossa de Mar que en diciembre del 2008 sufrió un pequeño tsunami. ¿No es eso lo que dice el art. 3.1? Luego, podían seguir por Santander, San Sebastián, La Coruña....todas sufrieron terribles temporales y las olas llegaron al centro de la ciudad.

¿COMO PUEDE SER UNA LEY TAN ABSURDA QUE DEJE EN MANOS DE UNA OLA LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EL PATRIMONIO DE LOS CIUDADANOS?

El TSJC avala que los núcleos costeros de Anaga son urbanos y salva sus 250 casas

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratifica que los núcleos de la costa de Anaga -Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero- poseen características de urbanos. Este fallo viene a avalar la postura de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que en el año 2007 ya determinó que se trataba de núcleos urbanos consolidados.

La sentencia abre ahora la puerta a una modificación del deslinde de este tramo de la costa, algo que permitirá reducir la zona de servidumbre de los actuales 100 metros de anchura a 20. Con ello dejarán de estar fuera de ordenación alrededor de 250 edificaciones y se podrán salvar caseríos enteros, como el de Almáciga.
Aquella decisión de la Cotmac fue recurrida por la Dirección General de Costas ante el TSJC que finalmente se ha opuesto a las tesis del Estado. El organismo medioambiental del Gobierno de Canarias reconoció que estos núcleos contaban con la suficiente consolidación de edificación propia del suelo urbano con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas en el año 1988. La Cotmac instó en aquel momento a Costas a modificar la servidumbre de protección.

Anulación del acuerdo

El organismo estatal cometió el error de dirigirse a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias antes de la presentación del recurso con el fin de que el Ejecutivo autónomo anulase el acuerdo que declaró urbanos estos núcleos. En realidad, Costas tenía que haberse dirigido a la Cotmac.

Por ello, Política Territorial contestó a esta solicitud del Estado que no estaba dentro de su competencia instar a la Cotmac. El ejecutivo canario indicó que la Comisión "está dotada de autonomía funcional decisoria en el aspecto requerido".

Para Medio Ambiente, anular un acuerdo de la Cotmac "desvirtuaría el principio de autotutela administrativa al ser su presidente -el consejero- miembro del propio órgano". Así lo entendió el TSJC que, en el fallo hecho público ahora, indica que la Cotmac es el órgano de deliberación, consulta y decisión de la Comunidad Autónoma en la materia que se discute.
"La Comisión funciona en pleno y en ponencias técnicas para la preparación de los asuntos que deban someterse a la consideración y, en su caso, decisión de éste", indica la sentencia. Por ello, para los magistrados de la sala segunda del Tribunal canario, "es la Comisión y no la Consejería el órgano que dictó el acto recurrido, y aquel al que debería haberse dirigido la Dirección General de Costas. Y al haberse dirigido erróneamente contra la Consejería, resulta correcta la falta de competencia excepcionada por ésta para cumplir el requerimiento de nulidad del acto".

La resolución, sin embargo, no es firme, ya que se puede interponer contra la misma un recurso de casación en el plazo de diez días ante el Tribunal Supremo. En el texto de la sentencia, se indica que la Cotmac notificó a Costas de inmediato el acuerdo adoptado a principios de 2007 por el que se declararon como urbanos los núcleos costeros. Sin embargo, la interposición del requerimiento previo al juicio contencioso se hizo el 17 de abril de 2007, transcurridos más de dos meses y vencido por lo tanto el plazo para la interposición del recurso contencioso administrativo. "Por tanto el requerimiento no interrumpe el plazo para que este ganara firmeza" , indica el fallo. Este error de la Dirección General de Costas, según las fuentes judiciales consultadas, puede dar lugar a que finalmente las sucesivas sentencias vayan en el mismo sentido.

http://www.laopinion.es/tenerife/2010/05/02/tsjc-avala-nucleos-costeros-anaga-son-urbanos-salva-250-casas/283743.html

El proceso ‘vacía’ las arcas del municipio

Para Torreblanca el anuncio de que Costas quiere declarar el Prat como zona de dominio público marítimo no solo ha supuesto un disgusto para la localidad, ya que las arcas municipales también se han resentido.

Así, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Josep Vicent Rubert, asegura que “este asunto está siendo costoso para el Ayuntamiento porque se deben pagar los informes para demostrar que el Prat es un humedal y no un espacio del litoral”.

Otro de los costes del proceso abierto por el Gobierno central son los abogados. “Es imprescindible que Costas retire la demanda del dominio público y acabar ya con este problema”.

Los propietarios han unificado sus reclamaciones, que han presentado a través de procuradores. Aunque el proceso se prevé largo porque después de la colocación de los mojones delimitadores del nuevo deslinde, se abrirá otro periodo de alegaciones. El asunto incluso podría llegar hasta la vía judicial.

Ferrada afirma que deslinde en Torreblanca y Cabanes es "expolio encubierto"

Según afirma en un comunicado que este deslinde "afectará a más de 80 propietarios en Torreblanca y en gran medida al término municipal de Cabanes".

El senador ha mantenido hoy una reunión con los alcaldes de Torreblanca y Cabanes, Juan Manuel Peraire y Artemio Siurana, respectivamente, quienes le han explicado la situación en cada uno de los términos municipales.

Según Ferrada, "los alcaldes de Torreblanca y Cabanes se encuentran sorprendidos por las acciones del Ministerio de Medio Ambiente, un mapa con la nueva línea marítimo-terrestre, pero sin adjuntar los estudios preceptivos ni, por supuesto, ninguna explicación de por qué la línea de la costa tiene que ir por ahí".

El senador popular ha vuelto a exigir al Gobierno Central que "cumpla lo que prometió la ex ministra Cristina Narbona y prepare el plan específico de protección y regeneración de la costa antes de realizar cualquier deslinde".

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=359863

Los expertos ratifican que el Prat es un humedal y no una zona marítima

Los expertos son contundentes: el Prat de Torreblanca-Cabanes es una zona húmeda y no hay una intromisión marítima. Esta es la principal teoría en la que se basan los dos municipios del parque para evitar que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino lo declare de dominio público marino y se lo apropie.

El profesor en Hidrogeología de la UJI Ignasi Morell así lo ratifica. “Es evidente que es un enclave húmedo y es conveniente que se conserve tal y como está porque es un bien con alto valor ecológico”. Morell explica que es “una antigua albufera, cuya agua procede de un acuífero, no del mar, con lo que la delimitación litoral que se pretende aplicar no tiene ninguna base científica”.

Tanto Torreblanca como Cabanes han estado recabando información técnica, como dos estudios de las especies animales y vegetales que habitan en la zona, así como un informe de los parámetros que marcan el grado de salinidad. Según explica el concejal de Urbanismo de Torreblanca, Josep Vicent Rubert, “el nivel de sal, que es lo que defiende Costas para quedarse con el enclave, depende de muchos factores y, según los documentos que se están elaborando, la salinidad es variable, porque depende de las circunstancias físicas y químicas”.

FLORA Y FAUNA // El profesor Morell destaca del paraje su “rica flora y fauna, con especies endémicas de alto valor, por eso se ha de mantener como hasta ahora. El deslinde parece que se ha efectuado más con parámetros administrativos que científicos”.

Por su parte, el doctor en Biología Gerardo Urios, que redacta un estudio para Cabanes sobre el enclave, destaca que “el humedal cuenta con fauna y flora propias de agua dulce como el samaruc o anfibios galápagos. También su vegetación, como los juncos, son de este tipo”. Por otro lado, indica que “hay cierta intrusión marina, pero es reversible y en absoluto es un indicativo de que sea una zona de dominio marítimo”.

Otro de los argumentos que desmontan la teoría de Costas es que “se produce una captación pluvial por medio subterráneo y hay salidas de agua al mar, no entradas, a través de las golas”, detalla Urios, quien considera que el deslinde propuesto por el Gobierno es “cuanto menos, sorprendente porque propone un cambio radical e incorpora cientos de metros al litoral”. Además, recuerda que “el Prat es un lugar de interés comunitario y está declarado como parque natural, con lo que está protegido por diversas leyes”.

Esto supone, según el biólogo, que “allí no se produce un conflicto de usos ni una demanda social. Allí no se va a instalar ningún chiringuito, por lo que no se entiende el porqué de este interés de que pase a ser de dominio público marítimo”, concluye.

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=554702

Acta de la sesión del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo (22/03/2010)

4.Declaración de las autoridades españolas sobre las peticiones relativas a la Ley de Costas

Intervienen: la presidenta, Alicia Paz Antolín, Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, William Floyd (representante de la Comisión), Roger Helmer, Gabriel Mato Adrover, Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer, Rosa Estaràs Ferragut, Miguel Ángel Martínez Martínez, Giles Chichester, Diana Wallis, Pablo Arias Echeverría, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marta Andreasen y Zita Gurmai.

Conclusión: a falta de la intervención de los peticionarios, prevista para el día siguiente, la comisión concluye que existe un problema de seguridad jurídica y de indemnización justa, que las declaraciones de los representantes del Gobierno español y de la Comisión no son satisfactorias y que el Parlamento proseguirá el examen del asunto.

Decision: solicitar al Presidente Buzek que remita un escrito al Presidente del Gobierno español, haciendo hincapie, entre otros, en la aplicacion arbitraria de la ley, la falta de seguridad juridica y la indemnizacion injusta; escribir una carta a la Comisaria Viviane Reding para solicitarle una aclaracion de los aspectos de las peticiones relacionadas con la Carta de los Derechos Fundamentales y el CEDH. Los coordinadores debatiran otras posibles medidas de seguimiento.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-439.974+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES

Los vecinos de 'Nueva Berria' recuperan sus viviendas tras 20 años de litigio

El Supremo anula dos autos de la Audiencia Nacional que instaban a ejecutar un segundo deslinde público

El calvario ya ha terminado. Han sido 20 años de lucha, de pleitos, de desgaste económico, físico y moral pero al final la justicia ha dado la razón a los 56 propietarios de las viviendas de la colonia 'Nueva Berria', en Santoña.

La última sentencia del Tribunal Supremo anula dos autos de la Audiencia Nacional, de enero y mayo de 2008, en los que se instaba a los propietarios a la ejecución de un segundo deslinde con los mismos límites que el primero y a la inscripción preventiva del dominio público de los apartamentos en el Registro de la Propiedad. El primer deslinde, realizado por Costas en 1989 y que supuso que el terreno sobre el que se edificaron estas viviendas pasara a ser público y la propiedad de los apartamentos a manos del Estado, fue anulado por la propia Audiencia Nacional en 1996.

La nueva decisión del Supremo refrenda así la última resolución del Tribunal Constitucional, fechada en noviembre de 2009, y que ya determinó que la propiedad de los títulos de los apartamentos pertenecían a las familias y no al Estado. Unas sentencias que han puesto punto final a esta lucha judicial, ya que no cabe la posibilidad de recurso alguno y que han sido recibidas con «muchísima alegría» por los 56 propietarios.

«La justicia es lenta pero al final llega», asegura Isidro Goñi, propietario y portavoz de estos vecinos. «Estábamos confiados en que iba a ser así, ya que tenemos una base sólida de que esto lo habíamos comprado legalmente». Y es que estos apartamentos adosados se edificaron en 1966 tras calificarse el suelo como urbano.

Nulidad de todos los actos

Atendiendo al recurso de casación presentado por los propietarios, el Supremo anula los dos autos y ordena a la Sala de Instancia de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional «que sustancie el incidente promovido por la representación procesal de los recurrentes a fin de decidir acerca de la pretensiones por ésta formuladas en el escrito presentado ante la Sala, en noviembre de 2007».

Un escrito en el que la comunidad de 'Nueva Berria' pedía que «se declaran nulos todos los actos dictados por la Administración demandada para la incoación de un nuevo deslinde contrario a los pronunciamientos firmes».

Ahora, los vecinos están esperando a que se pronuncie la Dirección General de Costas y anule el deslinde que está en vigor. «La abogada nos ha dicho que lo harán en unos tres meses», señala Goñi.

Hay que remontarse hasta 1990 para encontrar el origen de este interminable litigio.

En ese año, una orden ministerial incluía a la comunidad de propietarios de 'Nueva Berria' dentro de la linea de deslinde del dominio publico marítimo-terrestre. La comunidad perdió así, de la noche a la mañana, todos los derechos de propiedad sobre sus bienes. Lo demás ha sido un 'vía crucis' de pleito tras pleito.

En 1996 la Audiencia Nacional reconoció que 'Nueva Berria' no debía incluirse en la zona marítimo terrestre trazada en el deslinde de 1990 por lo que ordenó a Costas que procediera a un nuevo deslinde que excluiría estos bienes.

Pero el abogado del Estado recurrió esta decisión y el proceso se fue demorando. Hasta diez juicios se han llevado a cabo para determinar la propiedad de estas viviendas. «Unos contenciosos en los que los tribunales -cuenta Goñi- han fallado siempre a nuestro favor pero Costar recurría una y otra vez».

«Persecución maquiavélica»

El portavoz denuncia que Costas y algunos funcionarios han realizado una «persecución maquiavélica» y obsesiva contra 'Nueva Berria'. «Nos tenían en el punto de mira constantemente», dice.

Pero no sólo la insistente postura de Costa ha alargado este conflicto. Según Goñi, el hecho de ser los primeros en Cantabria y en España afectados por la nueva ley de Costas de 1988 también ha sido una complicación. «No teníamos ningún caso de referencia y hemos ido por las dos vías procesales posibles, por la civil y por lo contencioso administrativa, lo cual lo ha alargado aún más», cuenta. "Únicamente teníamos que haber ido por lo contencioso, pero, ante la posibilidad de perder, decidimos también ir por lo civil de manera que si el estado se quedaba con la propiedad de los terrenos al menos recibíamos una indemnización».

Una vez concluida esta pelea judicial, Goñi se pregunta si la Administración les va a resarcir de los agravios que han padecido durante este tiempo. Sabe que no y crítica que la Administración es «inmune e impune y que no le va ocurrir nada por haberles vulnerado principios como la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la irretroactividad de los actos declarativos de derechos».

Ellos ya han cerrado este amargo episodio de sus vidas, pero Goñi tiene presente que aparecen nuevos conflictos similares al suyo. "Para estos y para casos como los de Cerrias y Argoños podemos ser una referencia de que a la Administración se le puede ganar», remacha. «A toda esta gente les diría que luchen. Es una lucha larga y costosa, van a tener muchos sinsabores y sufrimientos, pero, al final, como nosotros, se puede ganar a la todopoderosa Administración».

«Persecución maquiavélica»

El portavoz denuncia que Costas y algunos funcionarios han realizado una «persecución maquiavélica» y obsesiva contra 'Nueva Berria'. «Nos tenían en el punto de mira constantemente», dice.

Pero no sólo la insistente postura de Costa ha alargado este conflicto. Según Goñi, el hecho de ser los primeros en Cantabria y en España afectados por la nueva ley de Costas de 1988 también ha sido una complicación. «No teníamos ningún caso de referencia y hemos ido por las dos vías procesales posibles, por la civil y por lo contencioso administrativa, lo cual lo ha alargado aún más», cuenta. "Únicamente teníamos que haber ido por lo contencioso, pero, ante la posibilidad de perder, decidimos también ir por lo civil de manera que si el estado se quedaba con la propiedad de los terrenos al menos recibíamos una indemnización».

Una vez concluida esta pelea judicial, Goñi se pregunta si la Administración les va a resarcir de los agravios que han padecido durante este tiempo. Sabe que no y crítica que la Administración es «inmune e impune y que no le va ocurrir nada por haberles vulnerado principios como la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la irretroactividad de los actos declarativos de derechos».

Ellos ya han cerrado este amargo episodio de sus vidas, pero Goñi tiene presente que aparecen nuevos conflictos similares al suyo. "Para estos y para casos como los de Cerrias y Argoños podemos ser una referencia de que a la Administración se le puede ganar», remacha. «A toda esta gente les diría que luchen. Es una lucha larga y costosa, van a tener muchos sinsabores y sufrimientos, pero, al final, como nosotros, se puede ganar a la todopoderosa Administración».

La fábrica de Sidra El Gaitero, afectada por un deslinde de Costas en la ría

La fábrica de Sidra el Gaitero, buque insignia de la industria de Villaviciosa, se verá afectada por un nuevo deslinde de Costas. Así lo confirmó ayer Ramón Galán, jefe de la Demarcación de Costas en Asturias, tras salir publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En concreto, esta recuperación del espacio público afectará a un tramo de 3.408 metros de longitud situado en la margen derecha del estuario, desde la Enciena de Tornón hasta el porreo del Salín.

Según explicó Galán, «éste es el último tramo de la ría que faltaba por deslindar». Según la orden ministerial del 5 de marzo de 2010 que aprobó esta actuación, ahora debe ser la Demarcación de Costas en Asturias «la que inicie las actuaciones que conduzcan a rectificar las situaciones jurídicas contradictorias con el deslinde aprobado».

El jefe de la Demarcación de Costas en Asturias señaló que las personas y entidades afectadas podrán solicitar la concesión de los terrenos siempre que acrediten que son los titulares de los mismos. Esta cesión puede tener una duración de treinta años, con posibilidad de renovarla por otros treinta. Lo que parece seguro es que perderán la propiedad sobre estos espacios, que revertirá en el Estado.

Funcionamiento normal

«Entiendo que este deslinde no debe afectar al funcionamiento normal de Sidra El Gaitero», señaló Galán, quien apuntó que «lo normal es que la empresa solicite la concesión de los terrenos y, si acredita su titularidad, el siguiente paso es que se le conceda. Lo normal es que El Gaitero siga funcionando tal y como está».

Por su parte, el gerente de Sidra el Gaitero, José Cardín Zaldivar, indicó ayer que todavía no había recibido notificación oficial sobre este deslinde y que esperará a tenerla y a estudiar la situación antes de realizar declaraciones públicas.Según recoge el anuncio publicado en el BOE, «contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un mes ante la ministra Espinosa». También podrán optar por presentar un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses en la Audiencia Nacional.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100415/villaviciosa/fabrica-sidra-gaitero-afectada-20100415.html

El Jefe de Costas ve normal que te quiten una fábrica que lleva allí desde 1897, que pidas una concesión, y que siga funcionando como si no hubiera pasado nada. ¿Y este señor es ingeniero? pués no tiene ni idéa de números.

Todo el mundo sabe que si te quitan el patrimonio estás en QUIEBRA TÉCNICA. Sólo hay que ir a un banco a pedir financiación para ser consciente de la ruina en que te ha dejado el Gobierno. Cuando la gente oye hablar de la Ley de Costas, después de la campaña mediática que se ha encargado de hacer el Ministerio, piensa que la ley es buenisima porque la costa está llena de hormigón.

Craso error, sólo es necesario mirar la fotografía para ver dónde está la costa y hasta dónde ha llegado el deslinde. Sólo hay que ir a Google Earth para ver que no existe destrucción paisajística ni especulación. Sólo existe la sinrazón de la politica de Costas empeñada en arruinar la vida a cientos de miles de familias en los momentos más críticos de la economía española. Esta es la cruda realidad de la Ley de Costas.

UNA LEY QUE PERMITE NACIONALIZAR CUANTO SE LE ANTOJA AL GOBIERNO, NO PUEDE PERMITIRSE EN UN PAÍS DE LA UNIÓN EUROPEA.

Justicia, igualdad y...(ANTONIO ALONSO ORIHUELA)

Parece que el centro mediático de este país en estas semanas es el juez Garzón. Sólo falta que aparezca en reality show o en algún programa de cotilleo mañanero para tener toda la parrilla informativa cubierta. Y es que este señor, se ha metido él solito en un problema, del que nos quieren hacer participes a todos, mediante opiniones, (muchas fuera de lugar, de formas y de algo más) tertulias, y declaraciones, que llevan más a la confusión que a la solución del problema.

Lo único que entiendo de justicia, lo aprendí de los miembros de las fuerzas armadas, cuando rodearon mi casa, para desalojarme y derribar mi casa, y con esa inolvidable lección, sólo puedo imaginar lo que hubiera pasado si este juez, residiera en el popular barrio de Cho Vito. Posiblemente, la injusta ley de costas, inflexible y confiscatoria, tendría una tendencia a suavizar sus formas y métodos de aplicación, debido al apoyo recibido, de muchas personalidades de este país, mediante actos de encierro, protestas en prime time televisivo, declaraciones y debates.

Puestos a imaginar, ya me veo, asistiendo a las numerosas reuniones de vecinos, rodeados de ex políticos afines a mi causa, de cantantes, artistas y actores, a ex fiscales miccionando fuera del mingitorio, o mejor dicho, meando fuera del tiesto. Pero la imaginación es tan grande, que incluso puedo visionar la aparición del alcalde de Candelaria, el que nos defendía, el que tiene una casa en una segunda planta, y puede pescar desde la ventana del salón (eso sí, con licencia de pesca, que hay que respetar la ley) el de los desalojos de vecinos por orden judicial, (archivadas), el fan número uno de Ricky Martín, en fin, me imagino a Gumersindo, pidiendo moderación, quitándole la palabra a Almodóvar, y dándole el turno a su concejal de urbanismo, que de leyes sabe más.

Es mucho imaginar. Prefiero volver a la realidad, dura, pero real. Prefiero ver que muchos de mis vecinos, y miles de afectados por las aplicaciones arbitrarias de las leyes, por errores de la justicia, por sentencias claramente injustas, ahora guardan silencio, estupefactos, cuando todos estos colectivos apoyan a un ciudadano que ha cometido presuntamente un delito.

Que yo sepa, nadie debe estar por encima de la ley, aún cuando esa ley vulnere siete artículos de la Constitución, y se aplique de una forma caprichosa y arbitraria, pero yo no he visto a todos estos personajes, apoyar a los afectados por la Ley de Costas, no los he visto, solicitar su modificación, ni impedir un derribo.

Por eso, la justicia no implica igualdad en su aplicación, no garantiza derechos, no es igual para el rico o famoso, que puede costearse un abogado de prestigio, que para el pobre, que tiene uno de oficio. Por eso, se han cometido muchas injusticias, y no hay ningún juez famoso en la cárcel.

En España, los afectados por la aplicación de la ley de costas, suman ya el millón y medio de personas, la UE investiga su aplicación y mientras se siguen vulnerando derechos fundamentales del hombre, como el derecho a la propiedad privada, (art.17 Derechos Fundamentales. ONU. 1948), en España, políticos españoles, niegan ese derecho.

Y todos estos "personajillos ocasionales" salen a la palestra hablando de derechos, de democracia, de libertades... A todos ellos, les invito a guardar un prudente silencio, ante las deliberaciones de los jueces, a no intentar presionar a los tribunales, por el bien de todos, y no por la justicia para uno.

LOS DESLINDES DE COSTAS AFECTAN A 700 VECINOS DEL MUNICIPIO

MARINA DE CUDEYO

Más de 700 afectados por los deslindes en Marina de Cudeyo han recibido, durante los dos últimos días, información sobre su situación por parte de técnicos de la Demarcación de Costas de Cantabria en una serie de reuniones celebradas en las escuelas de Orejo, donde se han colgado los planos en los que figuran las fincas afectadas. El ambiente en ambas jornadas ha sido de máxima preocupación y la respuesta a la convocatoria ha sido masiva.

En el municipio de Marina de Cudeyo los deslindes de la Ley de Costas abarcan toda la superficie de suelo comprendida entre Pontejos hasta Elechas, Pedreña y Rubayo. En este pueblo afecta a la marisma del Conde, de varios cientos de hectáreas, que prácticamente está perdida para cultivos y pradería. Hay otras otras marismas afectadas en Pontejos, Gajano y Orejo, que en su día fue terreno ganado al mar y son muy utilizadas por los ganaderos. En algunos casos hay viviendas afectadas, como en Pontejos, entre el embarcadero y Pedrosa.

Federico Aja, portavoz del PP en el Ayuntamiento, es uno de los afectados que estuvo presente los dos días en Orejo. Para él, el asunto tiene «difícil solución, porque abarca mucho terreno». Aja aseguró que si el PGOU, que data de 1987, se hubiera revisado y puesto al día, se conocerían las calificaciones de los terrenos y los deslindes quizás fueran menos gravosos para los propietarios. «Se trata de zonas de dominio público marítimo terrestre, donde llegan las mareas, con servicios de paso de seis metros y cien metros en suelo rústico, con lo cual se limitan los usos. No se quita la propiedad a nadie, sigue en posesión de los afectados», dijeron los técnicos, que explicaron los usos que se permiten en estas zonas. Los que tengan títulos de propiedad la mantienen y pueden venderla pero nunca cambiar su uso, bien sea urbano o industrial. Han de conservarse tal cual están ahora porque son de dominio público. Aja, además, indicó que el POL afectó al 30% del suelo de Marina de Cudeyo, «y ahora Costas suma otro porcentaje por los deslindes».

Algunos afectados barajan crear una plataforma, pero otros se mostraron desanimados por los gastos en abogados y porque la mayoría tiene fincas pequeñas.

http://www.eldiariomontanes.es/v/20100416/region/centro-bahia/deslindes-costas-afectan-vecinos-20100416.html

ASÍ EMPIEZA COSTAS. NADIE LE DA IMPORTANCIA HASTA QUE TE QUITAN LA PROPIEDAD.

Hoy se ha inaugurado la senda costera que discurre por los pueblos de Pontejos, Elechas y Pedreña (2007)

El delegado de Gobierno defendió que la costa "es patrimonio de todos" e indicó que el Ministerio de Medio Ambiente ha situado la recuperación de los espacios costeros en un "lugar prioritario de su actuación política

http://www.eldiariomontanes.es/20071107/local/centro-bahia/nueva-vista-bahia-200711071853.html

DESPUÉS VENDRÁN LOS PLANES DE UN PUERTO DEPORTIVO, UN CENTRO COMERCIAL, UN CAMPO DE GOLF.....Y NUEVAS URBANIZACIONES CON MILES DE VIVIENDAS.

El Congreso insta al Gobierno a paralizar el deslinde de Empuriabrava

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a paralizar el procedimiento de deslinde llevado a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente en la marina de Empuriabrava (Girona).

La propuesta, debatida en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca a petición del grupo parlamentario de CiU, ha recibido el apoyo de todos los grupos.

El texto aprobado plantea que se realice un estudio exhaustivo sobre el "encaje" de la aplicación de la Ley de Costas en esta zona del litoral gerundense.

La diputada de CiU Montserrat Surroca ha pedido el apoyo al resto de grupos parlamentarios para que el Gobierno cumpla otra proposición no de ley debatida y aprobada en 2009 en la que ya se emplazaba al Ejecutivo a paralizar el proceso de deslinde marítimo terrestre.

Surroca ha recordado las repercusiones de índole social y económica que esta actuación del Ministerio puede provocar ya que la marina de Empuriabrava -según ha dicho- es la más grande de Europa con más de 5.000 amarres.

Asimismo, ha afirmado que desde el primer momento hay una oposición a este procedimiento de deslinde por varios motivos, entre los que ha señalado que las edificaciones se habían construido en una legalidad anterior a la actual Ley de Costas.

Para el diputado del PSOE Alex Sáez un estudio en el que participaran todas las administraciones a las que afecta esta actuación daría "una garantía más" al proceso.

Sin embargo, la diputada del PP Dolors Nadal ha asegurado que la competencia en esta actuación en Empuriabrava es del Estado, aunque en el estudio participen todas las administraciones y ciudadanos afectados.

Además, ha añadido que la realización de un estudio podría paralizar de forma indefinida la toma de una decisión y mantener la incertidumbre en los propietarios, ante lo que ha propuesto la fijación de unos plazos para hacer el estudio propuesto.

En representación de Esquerra Republicana, el diputado Francesc Canet ha apoyado esta proposición y ha dicho que, en este caso, la competencia de la Generalitat es "clara", pues la competencia sobre esta marina de Espuriabrava fue traspasada.

http://www.adn.es/local/lleida/20100414/NWS-2879-Empuriabrava-Congreso-Gobierno-paralizar-deslinde.html

La presidenta del Partido Popular (PP) de Tenerife y diputada autonómica, Cristina Tavío, aseguró este miércoles que "el poblamiento costero tradicional en Canarias reclama atención de las administraciones públicas y no destrucción, como pretende el Gobierno socialista de Zapatero con la aplicación inflexible en las islas de la Ley de Costas", informó el partido en un comunicado.

Cristina Tavío, que abanderó ayer en el Parlamento de Canarias una iniciativa legislativa en defensa de estos núcleos de población, criticó que "la interpretación intransigente de la Ley de Costas en Canarias por parte del Gobierno central contrasta con la flexibilidad y la voluntad de acuerdo que ha demostrado el mismo Gobierno en la aplicación de la misma Ley con el caso de los chiringuitos de playa en la costa de la provincia de Málaga".

"No entiendo cómo este mismo Gobierno socialista se ha avenido a regularizar decenas y decenas de instalaciones y actividades económicas susceptibles de infringir la Ley de Costas en la provincia de Málaga, se conduce con semejante desprecio con cientos de familias que a través de varias generaciones han habitado la costa de Tenerife, de Gran Canaria, de Lanzarote, de La Palma, de La Gomera, del Hierro o de Fuerteventura", añadió.

Tavío informó de que "gracias a la iniciativa aprobada ayer por el Parlamento de Canarias con el rechazo frontal de la oposición socialista--que es cómplice del Gobierno central- los núcleos urbanos costeros disponen hoy de una mayor seguridad jurídica para permanecer en sus viviendas y en su entorno natural".

Además, es objetivo del Partido Popular que las administraciones públicas implicadas, ayuntamientos, cabildos y el propio Gobierno de Canarias, emprendan cuanto antes la labor de catalogación técnica y científica de los valores patrimoniales, etnográficos y socioeconómicos que reúnen estos poblamientos.

Frente común

Cristina Tavío aseguró que "si todos los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno de Canarias hacemos un frente común en pro de la mejora y embellecimiento de estos núcleos, en pro de su catalogación, y nos plantamos ante el Gobierno socialista, es muy posible que dé marcha atrás, como ha hecho en Andalucía, en la Comunidad Valenciana o en Cataluña, donde incluso ejercen competencias exclusivas en materia de Costas debido a la entrada en vigor del nuevo Estatuto".

"Hay un camino por recorrer ahora. Tenemos que poner en marcha todas las medidas correctoras en estos núcleos que en ocasiones se han ido deteriorando por el abandono de las administraciones públicas ante la situación de inseguridad que pesaba sobre ellos. Pero es de justicia reconocerlos como nuestros y defenderlos porque, además, quién es capaz hoy de decir qué era o no suelo urbano antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas", argumentó.

La presidenta del PP tinerfeño advirtió de que "en el Partido Popular ni hemos permanecido de brazos cruzados ante esta injusticia de ley ni vamos a permanecer en silencio mientras el PSOE pretenda ejecutar administrativamente el presente de estos núcleos de población que forman parte de nuestra historia pero también de nuestro presente", agregó.

http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=191330