Verdemar pide al Gobierno que desglose los más de 17 millones gastados en actuaciones en la duna de Valdevaqueros

Verdemar-Ecologistas en Acción ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que "desglose" en qué se han gastado exactamente los "más de 17,6 millones de euros" invertidos en los últimos años para actuaciones en la duna de Valdevaqueros, en Tarifa (Cádiz), máxime teniendo en cuenta que dicha inversión de dinero público "no ha servido para solventar los problemas que presenta".

Entre dichos problemas, el portavoz del colectivo ecologista en el Campo de Gibraltar, Antonio Muñoz, ha destacado a Europa Press la invasión por la arena de la duna de la carretera A-2325, que comunica la zona de Paloma Baja con la red viaria general (N-340), y sin la cual dicha pedanía quedaría aislada.

Asimismo, ha cuestionado que si se ha gastado esa "cantidad desorbitada de dinero de todos los españoles" en los últimos años en actuaciones en la duna, fundamentalmente en retirar arena de dicha carretera, "cómo es posible que el Ayuntamiento de Tarifa también haya estado contratando dichos trabajos", como ha apuntado que se desprende de la documentación remitida por el Consistorio al juzgado que instruye diligencias previas por el posible hurto de arena de la duna en los años 2012 y 2013 para su venta.

En este sentido, y teniendo en cuenta que se trataba de actuaciones a cargo del Estado y presupuestadas por éste, se ha preguntado "si el Ayuntamiento tarifeño tenía potestad para contratar dichos trabajos con varias empresas", y si es que acaso el Consistorio "ha estado gestionando el dinero del Estado para estas tareas", lo cual "no tiene ninguna lógica" salvo que hubiera "algún tipo de connivencia" entre ambas administraciones en este sentido

NINGUNA SOLUCIÓN

Por otra parte, el colectivo ecologista ha criticado que no se haya adoptado por parte del Estado ninguna de las soluciones propuestas en los últimos años para solventar los problemas de la duna --entre ellas un túnel o la construcción de una carretera alternativa--, alegando para ello que "el coste era demasiado elevado" y que las competencias de la carretera correspondían a la Junta de Andalucía.

Al hilo de ello, ha recordado que el Gobierno ha venido argumentando en los últimos años que ha actuado en este asunto "ante la inacción de la Junta" y "por interés general". No obstante, Verdemar cuestiona esta argumentación, ya que "con menos de la mitad de la cantidad millonaria que se ha gastado para retirar arena de la carretera podría haberse acometido alguna de las soluciones propuestas".

Por todo ello, ha recalcado que van a pedir explicaciones al Ministerio de Medio Ambiente para que "aclare punto por punto en qué se han gastado exactamente los más de 17,6 millones" y que "se demuestre que, tal y como ha defendido el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, Costas actuó 'de manera diligente' en relación a la extracción de arena de la duna y los posibles fines irregulares que se dieron a la misma", lo que está siendo objeto de una investigación judicial.

Finalmente, Muñoz ha dejado claro que dicha cantidad "no es una invención" del colectivo ecologista, pues consta en la Cuenta de la Administración General del Estado correspondiente al ejercicio 2014, publicada en septiembre de 2015 y que, como corresponde, fue remitida al Tribunal de Cuentas por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

Así, en el apartado de gastos en ejecución de proyectos de inversión del ejercicio 2014, figura que a 1 de enero de ese año se había realizado ya la inversión total de 17.665.792,98 euros correspondiente a una partida presupuestaria plurianual (2004-2017) para actuaciones en la duna de Valdevaqueros y Bolonia. Asimismo, aparece como realizada en esa misma fecha otra inversión de 3.697,39 euros correspondiente a otra partida también para actuaciones en la duna y en Bolonia.

http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-verdemar-pide-gobierno-detalles-gasto-176-millones-duna-valdevaqueros-20160305105209.html

Un juez investiga el posible robo de arena en Tarifa para Gibraltar. El expediente municipal con las firmas que vendieron la tierra ha desaparecido del Ayuntamiento.

Un juez investiga un posible robo o venta ilegal de arena extraída de la duna de Valdevaqueros en Tarifa (Cádiz),toneladas de tierra que Gibraltar utilizó para regenerar sus costas durante 2012 y 2013. El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Algeciras, analiza delitos de hurto, apropiación indebida y falsedad documental y ha requerido al Ayuntamiento gaditano para que le informe sobre los contratos del Consistorio con empresas que posteriormente vendieron parte de esa arena a Gibraltar, según los indicios recabados. La sorpresa es que el expediente municipal con toda la información ha desaparecido y la última persona que accedió al mismo fue el exalcalde Juan Andrés Gil (PP), según el actual regidor, Francisco Ruiz (PSOE).

El Ayuntamiento desconoce qué empresas retiraron la arena, en qué cantidades, los pagos que se hicieron, y si el destino final de las toneladas de tierra fue el Peñón. "Toda la historia es un poco rara, se entrecruzó Gibraltar, y permanecen muchas incógnitas. Existía un decreto para que Transportes Gades retirara arena, pero los técnicos dicen que no se fiscalizó la retirada", admite Ruiz (PSOE). Existe un segundo decreto que afecta a la firma Carmin, que reclamó el pago por haber retirado tierra pero no hay rastro del abono. Es decir, el Consistorio ignora los detalles exactos de la operación y ahora el juez debe decidir los próximos pasos para averiguarlos. Este diario ha intentado sin éxito recabar la opinión de Gil al respecto.

Retirada de arena de la duna de Valdevaqueros (Tarifa) en 2012. ANDRÉS CARRASCO

La organización Verdemar-Ecologistas en Acción denunció al Ayuntamiento de Tarifa -hasta el pasado noviembre gobernado por el PP-  ante la Fiscalía General del Estado por delito ecológico y hurto agravado de la arena extraída de la duna de Valdevaqueros, que habría acabado vendiéndose a empresas que gestionan campos de golf y polo de la provincia gaditana, así como a empresas de Gibraltar para su uso en la regeneración de playas del Peñón, informa Europa Press.  A los ecologistas se sumó la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, que añadió fraude fiscal y falsedad a la acusación. "Los áridos pertenecen a Minas, del Ministerio de Industria, lo que ocurre es que no tiene policía adscrita. Sin su consentimiento no se puede mover un grano", subraya su portavoz, Carmen del Amo.

La fiscalía archivó el delito ecológico pero vio indicios por hurto o apropiación indebida y de falsedad documental, al haberse acreditado indiciariamente la venta de la arena extraída, pudiendo haberse falseado la documentación y procedencia de dicha arena. Estas pesquisas son las que maneja ahora el juez de Algeciras.

Mientras, el Gobierno de Gibraltar aseguró que había adoptado todas las medidas posibles para asegurarse de que la arena suministrada a la colonia "se extrajera legalmente", por lo que indicaba que cualquier sugerencia de ilegalidad debía dirigirse a las autoridades pertinentes en España, "en concreto Tarifa". La colonia detalló que como parte de un proyecto inicial de regeneración de la playa de Sandy Bay, el Gobierno del Peñón firmó un contrato con una empresa gibraltareña para el suministro y colocación de 10.000 toneladas de arena en la playa. Dicha empresa debía suministrar la arena de la zona de Valdevaqueros, pero de la que volaba y cubría las carreteras adyacentes, no de la playa.

La Roca aseveró que la compañía gibraltareña "presentó pruebas de los permisos necesarios expedidos por el Ayuntamiento de Tarifa a su proveedor local para la extracción de esta arena". No obstante, debido a las "numerosas dificultades puestas por las autoridades españolas" a su proveedor local, el suministro se interrumpió a principios de junio de ese año, ascendiendo la cantidad entregada hasta entonces a 2.950 toneladas. En consecuencia, según afirmó el Peñón, la empresa gibraltareña habría contratado a un proveedor diferente, concretamente a una compañía española de construcción civil, para la provisión de 7.000 toneladas de arena procedentes de una cantera de arena situada en la provincia gaditana.

http://politica.elpais.com/politica/2016/02/29/actualidad/1456745968_692898.html

El ex secretario de Estado, Ramos de Armas, contó en el Congreso todo lo que estaba ocurriendo en Acuamed desde 2004 ¿y nadie sabe nada?

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Ramos de Armas):

Voy a empezar por las comparecencias relativas a los desvíos presupuestarios. Este Gobierno, desde su toma de posesión, ha hecho gala de su austeridad y se ha mostrado dispuesto a luchar para acabar con los sobrecostes desproporcionados de algunas actuaciones que terminan incrementando de forma muy notable el precio final de las obras. Por eso una de las primeras actuaciones que acometimos en su día, al inicio de la legislatura, fue abordar un estudio para conocer la situación real de los expedientes de contratación que se tramitaban por la Dirección General del Agua, que era la gran dirección contratante de la secretaría de Estado. Esto se hizo con objeto de comprobar no solo si se habían producido desviaciones presupuestarias respecto a los presupuestos de adjudicación, sino también para, en su caso —y muy especialmente—, conocer las causas del sobrecoste. Solo de esta manera se podían establecer medidas de cara al futuro para evitar que se volvieran a repetir situaciones similares, más si cabe, en un escenario económico como el que vivimos. Para ello, se evaluaron un total de 1.237 expedientes de contratación correspondientes al periodo comprendido entre el año 2004 hasta el primer trimestre del año 2012. Los resultados de los análisis permitieron determinar que en todos los expedientes analizados, sin excepciones, se había producido una desviación económica, entendida como la diferencia entre el importe de adjudicación del contrato y el importe que finalmente se ha pagado —en el caso de los contratos finalizados— o el presupuesto vigente, en el caso de contratos todavía en ejecución. Se trata de expedientes de contratación tramitados por la Dirección General del Agua, a los que también añadimos sus organismos autónomos, las confederaciones hidrográficas, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y las sociedades estatales del Agua. No son todos los expedientes de contratación que se firmaron durante el periodo de análisis, pero suponen una cifra muy significativa de ese volumen. Los contratos de los 1.237 expedientes evaluados contaban con un presupuesto total de adjudicación de 5.134 millones de euros, que se elevó a 6.665 millones de euros en el presupuesto final. Es decir, en estos expedientes analizados se produjo una desviación de 1.531 millones de euros o del 29,82% del importe de la contratación inicial. Este sobrecoste se reparte entre las diversas unidades con capacidad inversora en materia de agua, entre ellas destaca sensiblemente la propia Dirección General del Agua, en la que la desviación detectada entre la previsión inicial y lo que finalmente se invirtió en cada obra alcanza un 69,80%, en los 209 expedientes evaluados que le corresponden del total. Esta fuerte desviación detectada en los expedientes de contratación tramitados desde la propia Dirección General del Agua puede responder, al menos parcialmente, a la tipología de las obras acometidas, que se trata principalmente de infraestructuras de regulación, como el caso de la presa de Yesa que tiene un desvío del 145% o la de Enciso que tiene un 160%. Sin embargo, esto no obsta para que se hayan producido sobrecostes importantes en el periodo analizado y en otro tipo de actuaciones. En el caso de organismos autónomos y sociedades estatales, el porcentaje medio de desviación se sitúa aproximadamente en el 20%, aunque hay que destacar, como situación especial, la de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en la que la media de la desviación de los 24 expedientes evaluados alcanza un máximo de un 68,94%. Este importante sobrecoste de los expedientes analizados en el Guadiana se debe principalmente a la desviación del proyecto de la conducción de la tubería de la llanura manchega cuyo coste se ha incrementado en un 83% en relación con el presupuesto de adjudcación. Esta circunstancia incrementa de manera notable la media de desviación en este organismo.

El señor PRESIDENTE: en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz, doña María Teresa de Lara.

La señora DE LARA CARBÓ:

Sobrecostes de obras hidráulicas. Noviembre de 2011. Como ha indicado el secretario de Estado, el ministerio se encontró con que las obras hidráulicas sufrieron un sobrecoste, entre 2004 y 2011, de 1.500 millones de euros y que en los expedientes analizados existían desviaciones medias del 29,8%. Diciembre de 2013, también lo ha explicado el secretario de Estado: se ha terminado con los sobrecostes. Ahora hay gestión eficaz y uso eficiente de los recursos. Se minimizan los modificados, las obras complementarias y los sobrecostes excesivos. Se impone, señorías, otra forma de planificar y proyectar en beneficio de todos los españoles.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Ramos de Armas): 

Nos encontramos con una importante desviación presupuestaria y con un problema notable de planificación. Para que se hagan una idea, les diré que en el año 2005, en el momento de la modificación del Plan hidrológico nacional, se estimó que bastarían 721 millones para construir las 15 nuevas desaladoras en el año 2006. Una vez redactados los proyectos, la cifra pasó de 721 a 1.337 millones de euros; es decir, el presupuesto se incrementó en un 85,4%. La realidad es que a día de hoy llevamos invertidos más de 800 millones de euros en las nuevas desaladoras y solo se están ejecutando 8 de las 15 previstas. Además, faltan por invertir otras cantidades para completar redes de distribución, por ejemplo, 68 millones de euros, y no existe prácticamente demanda de esa agua desalada.

 El caso concreto de la desaladora de Torrevieja es un ejemplo de mala planificación, y no podremos ponerla en funcionamiento al cien por cien porque los estudios que se elaboraron han resultado completamente erróneos. Sin poder poner la desaladora en plena producción hay que asumir financieramente la amortización de la totalidad de la infraestructura, que ha supuesto una inversión de algo más de 288 millones de euros, cuando estuvo presupuestada en 188 millones de euros. Tenemos una situación bastante complicada.

(extractos de la comparecencia para Que informe de las causas de los desvíos presupuestarios ante los sobrecostes producidos respecto al presupuesto de adjudicación en las obras hidráulicas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 213/000372)

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-479.PDF

TODOS LO SABÍAN PERO NADIE FUE A LA FISCALIA ¿qué más saben de otras empresas públicas que se callan? ¿donde está el estudio que se hizo para conocer los sobrecostes? 

ESCÁNDALO INTERNACIONAL ANTE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DEL MINISTERIO DEL "MAL AMBIENTE"

La Comisión Europea no ha instado a investigar a Miguel Arias Cañete, actual comisario de Acción por el Clima y Energía, acerca de si era o no conocedor del pago de 40 millones de euros a la constructora FCC por la polémica desaladora de Almanzora sino que ha dejado el caso en manos de las autoridades españolas, según han aclarado fuentes de la Comisión a Republica.com, las cuales han añadido que la Comisión ha trasladado el caso a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para que considere si se investiga o no el caso. Acuamed, la sociedad dependiente del Ministerio de Agricultura, se ha visto involucrada en otro escándalo de corrupción por sobrecostes injustificados.

Un correo electrónico de la directora general del Agua del Ministerio de Agricultura y actual vicepresidenta de Acuamed, Liana Sandra Ardiles, en el que pide al director general de la entidad un “informe sobre la situación de la desaladora” almeriense de Almanzora, ante una reunión del ministro, entonces Arias Cañete, con FCC, deja al descubierto la posible vinculación del comisario y exminsitro. De hecho, el testigo de cargo del caso, Francisco Manuel Valiente González, exdirector de Ingeniería y Construcción del ente público que destapó el escándalo con su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, aseguró ante el juez que instruye el sumario, Eloy Velasco, que el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, intentó vencer sus reticencias en el 2013 para que diera su visto bueno a un contrato hinchado a FCC asegurando que el amaño eran “órdenes directas” del entonces ministro de Agricultura y hoy comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.

El portavoz comunitario de Política Regional, Jakub Adamowicz, ha asegurado que la Comisión Europea ha trasladado el caso a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para que considere investigar el caso. La CE adelantó a Efe el pasado día 22 que fue alertada el pasado día 18 de la investigación abierta en España a la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) por supuesto fraude, indicaron.

Acuamed, que depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, es un “beneficiario tradicional” de fondos europeos, recordaron, y más en concreto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y de los fondos de cohesión para realizar obras públicas en el sector del agua en la cuenca mediterránea. Entre 2007 y 2013, los fondos europeos cofinanciaron proyectos por valor de unos 660 millones de euros. “Tras las alegaciones aparecidas en la prensa española, la CE pidió inmediatamente a la autoridad de gestión -el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas- informar sobre la situación”, indicaron las fuentes comunitarias. A su vez, la Comisión “recordó su responsabilidad a la hora de tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que el dinero de la UE no se utilice mal”.

http://www.republica.com/2016/01/28/la-comision-europea-no-investigara-a-arias-canete-por-su-posible-implicacion-en-el-escandalo-de-acuamed/

Denunciado a la Fiscalía el rellenado de una playa virgen

La denuncia tacha de negligente la actuación llevada a cabo en Cala Vidre y Cala Sant Jordi

Hortènsia Grau, diputada de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) por Tarragona, ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente el rellenado con arena de cantera de una franja de playa virgen en l’Ametlla de Mar (Baix Ebre). La c un hermoso paraje de roca erosionada y aguas claras situado en la punta norte de las costas del delta del Ebro. Grau apunta que, adulterando el terreno con elementos que no son propios del lugar, se han vulnerado hasta ocho artículos del código penal relacionados con la protección de espacios naturales.

El rellenado de las playas de l’Ametlla que planificó y ordenó Costas hace tres semanas tuvo que ser paralizada de inmediato por el propio Ministerio de Medio Ambiente ante las alertas de que, usando arena de cantera común en lugar de la pertinente arena de playa, se estaba poniendo en peligro un espacio protegido y de alto valor natural. Se pretendió esparcir más de un millar de metros cúbicos de tierra en unas playas que, según el Ayuntamiento, no precisan de tratamiento ninguno. Con la introducción de gravilla común en un entorno marítimo de tanta sensibilidad se pone en peligro el ecosistema del lugar y uno de los riesgos principales lo sufren las poblaciones de posidonia, planta que puebla el fondo marino.

La subdelegación del Gobierno central en Tarragona atribuyó la actuación a un error y ordenó la retirada inmediata de la arena. La denuncia de la diputada de CSQEP tiene en cuenta la reparación del daño pero destaca que cabe una investigación por parte de la Fiscalía atendiendo a la gravedad potencial que comportó el vertido de arena. “Estas playas están dentro de la Red Natura 2000, aprobada por el Gobierno de la Generalitat el 5 de septiembre de 2006”, apunta Grau, y recuerda que este documento desgrana un “catálogo de espacios naturales de interés de la Unión Europea”. La diputada carga también contra la pasividad mostrada por la Generalitat ante la chapuza.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/08/catalunya/1452252600_563859.html

La gente se harta de la dictadura de Costas. Protesta ciudadana contra el proyecto de construcción de espigones de Costas

Alrededor de una veintena de personas se ha concentrado esta misma mañana en el paseo marítimo, a la altura de la plaza de la Concordia, para mostrar su malestar por el proyecto que la Demarcación de Costas quiere llevar adelante para regenerar las playas del sur de Castellón y que conlleva la construcción de sendos espigones en la zonas de Almardà y Puerto Siles. Bajo el lema No a la muerte de nuestras playas se ha llevado esta primera concentración que tendrá su continuación próximamente.

Cabe recordar, como publicó este rotativo en su edición del pasado viernes, 11 de diciembre, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) ha realizado un  informe, fechado en 2015, para la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar cuyo objetivo es estudiar todo el frente costero de Castellón y Valencia para detectar las zonas con problemas y vislumbrar una solución de alcance. En este estudio se proponen trasvases de arena desde las playas de Puerto de Sagunto y Canet d'En Berenguer hasta las de la provincia de Castellón.

Este estudio ya ha sido objeto de crítica por los integrantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sagunto, formado por Compromís, Esquerra Unida y ADN Morvedre, la marca blanca de Podemos. Es más, el propio alcalde de la localidad, Frances Fernàndez, afirmó: «Lo que nos preocupa de este proyecto es que pueda tener efectos negativos en nuestra costa porque pensamos que el proyecto de espigones del ministerio amenaza las playas de Sagunto».

En el estudio existente, se plantea la construcción de un espigón de cerca de 300 metros de longitud entre las playas de Almardà y Almenara; una gran prolongación de los espigones situados en Puerto Siles (Canet d’en Berenguer) y en el extremo norte de la playa del Puerto de Sagunto; la construcción de un dique de 180 metros de longitud frente a la costa de esta misma playa y la extracción de decenas de miles de toneladas de arena. Una de las consecuencias de este conjunto de actuaciones sería, según explicaron desde el tripartito, «la reducción la anchura de la playa en unos 30 metros».

http://www.eleconomico.es/ciudad/item/117546-protesta-ciudadana-contra-el-proyecto-de-construccion-de-espigones-de-costas

El Estado asegura haber gastado 78.000 euros este año en Cho Vito

En una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo incluye el paseo concluido hace tres años entre los gastos del ejercicio en curso.

En respuesta a la pregunta "qué inversión real ha llevado a cabo el Gobierno en playas, desde comienzos de año hasta la fecha, desglosado por comunidades autónomas y por provincias", que formuló Miguel Ángel Heredia Díaz, diputado por del PSOE Málaga, el Gobierno central respondió que en el "Proyecto de paseo marítimo y demoliciones en la playa de Cho Vito" gastó 78.361,59 durante el año en curso.

Curiosamente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente refleja, en su página web, que ese proyecto concluyó en el año 2012, tras 24,5 meses de tiempo de ejecución y 923.913,81 euros de inversión.

Fue en mayo de 2011, cuando el gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) informó, a través de un comunicado de Costas, del inicio de las obras de ejecución del paseo peatonal en la playa del Cho Vito y su comunicación con las Caletillas, "con la colocación del vallado en la zona de actuación, que en ningún momento interrumpe el paso de vecinos ni usuarios de la costa". Además, explicó que "estas obras no interfieren con el proceso de recuperación posesoria en Cho Vito, que continúa pendiente para su finalización del realojo de los vecinos que aún viven en el lugar".

Entonces permanecían en pie nueve casas, que fueron demolidas el 16 de noviembre de 2012. Es decir, que el Gobierno central terminó la actuación poco después de derribar completamente Cho Vito, hace ya tres años, sin que desde entonces se haya realizado obra alguna en este enclave de la costa de Candelaria.

http://eldia.es/sur/2015-11-20/3-Estado-asegura-haber-gastado-euros-ano-Cho-Vito.htm

Tercer aniversario del derribo de las últimas casas de Cho Vito

El 16 de noviembre de 2012 fue cuando un dispositivo de 50 guardias civiles llegó al lugar para que las palas terminaran con las nueve casas que quedaban en pie desde 2008.

"A las 9:56 horas de ayer comenzó el derribo de la primera de las nueve casas del poblado marinero después de que la Guardia Civil desalojara uno a uno a cada vecino, seis de los cuales abandonaron la huelga de hambre iniciada el martes". EL DÍA inició así la crónica de la desaparición total de Cho Vito, ocurrida el 16 de noviembre de 2012.

En este tercer aniversario, los últimos de Cho Vito rememoran que fueron unas ocho horas de tensión permanente durante las que los desalojados se concentraron en la aledaña playa de Caletillas, acompañados de muchos vecinos y gente solidaria con esta causa, de medios de comunicación y de algunos de los entonces concejales de CC y PP, entre ellos José Fernando Gómez y Carina Dainotto, hoy fuera del PP por defender a los afectados frente a su partido.

Fueron más de 50 los efectivos de la Guardia Civil que intervinieron tal día como hoy, pero de hace tres años, en Cho Vito. Los afectados señalaron entonces como la causa de esta última actuación la obligación que tenía el Gobierno central de justificar la inversión de casi 1.200.000 euros, procedentes de la Unión Europea (UE) en la realización del paseo que ocupa hoy el sitio en el que había un poblado marinero hasta el 16 de noviembre de 2012.

"Muchos pasaron, cual gaviotas, por este pueblo, pero pocas entendieron o quisieron entender porque a todos les interesaba el resultado. Nadie buscó la verdad ni la justicia", reflexionó hace unos días uno de los "cabecillas" de la lucha por la supervivencia de Cho Vito, Antonio Alonso Orihuela.

Con la caída de la casa de Tomás González se perdió uno de los símbolos de esa lucha. El afectado fue claro entonces al señalar a las cuatro administraciones (Gobiernos nacional, regional, insular y municipal) y a todos los partidos políticos como corresponsables de lo sucedido en el poblado marinero. Para él y para el resto de sus convecinos, la demolición de Cho Vito "ha sido una decisión política". 

Pero la desaparición de sus casas no supuso el fin de "esta lucha que ha merecido la pena". Todavía hay asuntos en los juzgados pendientes de sentencia.

"En torno a las 5:45 horas de ayer sonó el bucio en Cho Vito anunciando la llegada del dispositivo montado por la Dirección General de la Sostenibilidad y el Mar para demoler las nueve casas que formaban el poblado marinero de Candelaria", publicó EL DÍA el 17 de noviembre de 2015. Era el final de un núcleo que agonizaba desde el 7 de octubre de 2008, cuando la entonces Dirección General de Costas demolió las primeras 31 viviendas en Cho Vito.

http://eldia.es/sur/2015-11-16/2-Hoy-tercer-aniversario-derribo-ultimas-casas-Cho-Vito.htm

El concepto de desarrollo sostenible es complejo: no implica solamente que el desarrollo ha de ser respetuoso con el medio ambiente y conservador de los recursos naturales, sino que, tal y como expresa la Estrategia Territorial Europea, ha de procurar el equilibrio y la JUSTICIA SOCIALES y ha de incrementar la riqueza económica de la sociedad

El objetivo final de una política de desarrollo sostenible es el desarrollo humano sostenible, la mejora de las condiciones de vida de toda la población, incluidas las generaciones futuras.

No es sostenible un desarrollo que preserve los recursos naturales a costa de disminuir la renta o la calidad de vida (Comisión Europea. “EUROPA 2020 Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”)

Como Costas S.A. ha proclamado con su ley la república independiente de la bananaria costera, Europa y sus Estrategias le traen al fresco, pero no así el dinero que recibe y del que bien se acordó  cuando pidió los fondos a la EU para destruir Cho Vito. 

JUSTICIA SOCIAL y mejora de las condiciones de vida de TODA la población, eso es hablar en chino para Costas S.A.

El Gobierno dicen que va a devolver las propiedades a sus dueños. Pues si eran suyas ¿por qué se las quitó?

Viviendas en la Mitja Galta, en la playa de Oliva. / J.C

El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Demarcación de Costas de Valencia, ha iniciado los trámites para desafectar del dominio público marítimo-terreste las parcelas y edificaciones del núcleo urbano de la playa de la Mitja Galta y del Sector 5, en Oliva. 

El Ministerio ya ha abierto el trámite de audiencia del proyecto. Esto implicará, tras su aprobación definitiva, que los propietarios puedan recuperar los derechos sobre sus parcelas, al ser excluidos de las limitaciones que fija la Ley de Costas. En el caso del Sector 5 se inicia el expediente de modificación de Ribera del Mar para desafectar las edificaciones y solares que están incluidos en la servidumbre de protección. 

El asunto, que se ha reivindicado desde hace años, fue abordado en una reunión en Madrid entre los responsables del Ministerio, el alcalde, David González, y dos representantes de la asociación de afectados, el pasado 15 de octubre. 
http://www.saforguia.com/HOME2013/LeerNoticia2011/tabid/357/titular/EL_MINISTERIO_EXCLUIR%C3%81_DEL_DOMINIO_P%C3%9ABLICO_EL_N%C3%9ACLEO_DE_LA_MITJA_GALTA_Y_EL_SECTOR_5_EN_LA_PLAYA_DE_OLIVA_/idnoticia/41636/Default.aspx

ADIVINA ADIVINANZA ¿cómo se las van a devolver? 

http://www.magrama.gob.es/es/costas/participacion-publica/omconjuntamagrama-patrimoniodesafectacion_tcm7-401293.pdf

Después de leer el documento ¿quién es el valiente que se lo explica a un extranjero? Los españoles estamos acostumbrados a no entender nada y por eso firmamos todo lo que se nos pone delante con las dramáticas consecuencias que después sufrimos y que conlleva años de peleas en los tribunales: deslindes, hipotecas, preferentes, desahucios, derribos... hasta que ponen orden  las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo.

Pero los extranjeros, ese es otro cantar. A ver quién les explica semejante galimatías y les garantiza, además, que no va a venir otro gobierno que cambie la ley, pongan nuevas rayitas y vuelta a empezar. 

Costas legaliza chiringuitos de playa mientras bloquea decenas de aldeas

La reforma legal impulsada para dar seguridad jurídica a los dueños de miles de viviendas en 800 aldeas del litoral gallego solo llega por ahora a 14 núcleos

Galicia vuelve a tropezar con la Ley de Costas, que sigue sin dar una solución efectiva a los asentamientos tradicionales que desde hace décadas pueblan el litoral gallego. La reforma que iba a favorecer una regularización rápida de cientos de núcleos se ha convertido en la práctica en un embudo que, a la vista del resultado de su aplicación, tampoco resolverá el problema de Galicia. Solo 6 de los 34 concellos que tramitaron sus solicitudes dentro del plazo de dos años que fijó la norma han obtenido respuesta favorable. A falta de que Medio Ambiente se pronuncie sobre los expedientes de otros 11 municipios, y las alegaciones que formularon 8 más, apenas 14 aldeas de las 176 diseminadas en esos 34 ayuntamientos se han beneficiado por ahora de una reforma más ágil en salvar de la piqueta chiringuitos de playa y favorecer su ampliación que en dar seguridad jurídica a los dueños de viviendas anteriores a la ley (1988).

Aunque el primer balance parcial del desarrollo de la reforma en Galicia también pone de manifiesto cierta desidia en los municipios que podían acogerse a esa vía para regularizar sus núcleos rurales junto al mar. De los 75 que cuentan con asentamientos de población dentro de la zona de servidumbre, solo 45 han solicitado al ministerio la reducción de esa franja de protección de 100 metros desde la ribera del mar a 20. Y muchos esperaron al último momento (mayo pasado) para reclamar un ajuste que supone el reconocimiento legal de que el suelo de núcleo rural es el ámbito natural de la costa gallega. Los seis municipios que ya han recibido respuesta positiva de Costas, entre esos 34 con expedientes resueltos, son Muros, Baiona, Nigrán, Gondomar, O Rosal y Marín, pionero en la lucha por legalizar sus núcleos y que obtuvo luz verde para los de Aguete sur, Loira, Teoira y Casás.

Falta de medios técnicos

Esos 34 concellos tramitaron solicitudes para legalizar 176 aldeas, pero 69 fueron excluidas por no cumplir la doble exigencia en cuanto a su grado de consolidación y dotación de accesos y servicios antes de 1988. En una reciente intervención parlamentaria, la secretaria xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, explicó que, en 22 de esos 69 casos, los propios ayuntamientos renunciaron, al asumir que no concurrían las circunstancias para aplicar el régimen transitorio. Y en 35 ámbitos, los municipios no aportaron la justificación documental requerida. La Consellería de Medio Ambiente reconoce que muchos concellos carecen de los medios necesarios, por lo que ha ofrecido ahora asesoramiento técnico a los alcaldes.

De los 34 que ya tienen la respuesta de Costas, solo 8 formularon alegaciones. Son Ares, Boiro, A Illa, O Grove, Sanxenxo, Vilaboa, Vilanova de Arousa y Poio. Aunque Medio Ambiente aún debe pronunciarse sobre las solicitudes de 11 ayuntamientos: Arteixo, Neda, Valdoviño, Barreiros, O Vicedo, Viveiro, A Guarda, Cangas, Oia, Poio y Redondela.

Las quejas de los alcaldes llevaron a la Xunta a presionar al ministerio para que la reforma tenga más calado en Galicia. Con ese objetivo, Urbanismo revisará los informes técnicos que los concellos remitieron a Costas y les prestará apoyo técnico. A día de hoy, la reforma solo llega a 14 aldeas, muy lejos de las 800 que el Ejecutivo de Feijoo estimó en el 2013 que podrían solventar su situación.

La reforma no frena las multas en Vilaboa

Propietarios de casas afectadas por la Ley de Costas en Vilaboa están recibiendo multas de la Axencia de Protección Urbanística (APLU), pese a que acordó frenar los expedientes si se solicitaba la regularización. La Xunta alega que cumple el Plan de Inspección, que dicta que las órdenes de derribo quedarán en suspenso desde que el concello solicita la aplicación de la reforma legal hasta que el ministerio se pronuncia de forma desfavorable, «como sucedeu en Vilaboa».

Solo 39 de los 75 municipios con asentamientos junto al mar tienen el PXOM aprobado

El principal obstáculo de los concellos para regularizar sus núcleos marineros es la falta de planeamiento urbanístico por parte de casi la mitad de los que podrían aprovechar la vía que abrió hace dos años la reforma de la Ley de Costas. Tan solo 39 de los 75 municipios con asentamientos a menos de 100 metros del mar tienen el PXOM aprobado. El resto se rigen por normas subsidiarias o tienen su plan urbanístico suspendido (Sada, Viveiro y O Grove) o anulado (Gondomar). Aunque la mayoría de esos 36 concellos sin PXOM lo están tramitando o lo tienen contratado.

La Xunta ha apremiado a los municipios a agilizar la tramitación del planteamiento, lo que les permitirá disponer de la información que requiere Costas sobre los núcleos sin regularizar. En una carta remitida a los alcaldes, la conselleira de Medio Ambiente, Ethel Vázquez, defiende las «oportunidades» que ofrece la reforma, y pone los servicios técnicos a su disposición para «conseguir que o maior número de núcleos tradicionais e os seus cidadáns poidan beneficiarse».

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/10/01/costas-legaliza-chiringuitos-playa-bloquea-decenas-aldeas/0003_201510G1P8991.htm

Es que Costas busca el negocio "a toda costa". Los chiringuitos dejan cifras millonarias mientras que los poblados ocupan los terrenos que Costas necesita para especular con ellos. Una vez derribados los poblados y expulsados sus moradores del sitio que les vió nacer, se inicia por parte del departamento del Ministerio una loca carrera por conseguir fondos europeos y nacionales en una "supuesta regeneración y protección costera" que en realidad servirá para regocijo de algunas empresas y bolsillos a los que poco le importa el medio ambiente. Cuando se aburran de derribar, traer y llevar arena de un sitio para otro, de hacer paseos y carriles-bici, pues se pondrán en marcha los concursos multimillonarios para llenar de chiringuitos, perdón, Zones Chill Out, lo que en su día fueron humildes pero dignos poblados. 

Cuando necesiten más terrenos, pues nada, se hace un nuevo deslinde y sin problema, la gente a calle y Costas S.A. a lo suyo, a seguir haciendo negocio que para eso se ha fabricado una ley estupenda que le permite coger lo que no le pertenece ¡y encima gratis! Otros por menos están en la cárcel.

Costas tumba las alegaciones al nuevo deslinde que afecta a 3.000 alojamientos

A pesar del frente común que realizó el Ayuntamiento de Benidorm con los hoteleros y las comunidades de propietarios contra el nuevo deslinde propuesto por Costas, dicha Dirección General del Ministerio de Medio Ambiente ha tumbado la batería de alegaciones presentadas contra el mismo a finales del pasado año.

La concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, anunció ayer que a mediados de julio la administración estatal le hizo saber al Consistorio que desestimaba todas sus apreciaciones, que tenían como base un informe realizado por el área municipal de Arquitectura y Urbanismo. Unas alegaciones que contaron con 93 escritos de adhesión tanto de la patronal hotelera Hosbec como de hoteles, administraciones de fincas, comunidades de propietarios e inmuebles afectados. En dicho documento se subrayaba cómo la nueva línea trazada por Costas afectaba a la mayoría de edificios situados en vías de primera línea como la avenida de Alcoy y de Madrid, y de la calle Verge del Sofratge. También perjudicaba a zonas como punta Canfali y punta Llisera. En total, se veían afectadas 3.000 unidades catastrales, entre viviendas y unidades de alojamiento turístico. Además, la titularidad del paseo marítimo, con el nuevo deslinde, pasa a ser del Ministerio, por lo que, según el Consistorio, «cambiar una farola entrañará trámites muy farragosos».

La carta que le queda por jugar al Ayuntamiento, antes de que el desentendimiento pueda llegar a los tribunales, es presentar un recurso de reposición sobre el nuevo deslinde, en el que solicitarán que se mantenga la demarcación que había hasta ahora, que es la que se llevó a cabo en 1964 y en la que se basó el PGOU de 1990. Asimismo, pedirán que se deje también dentro del dominio público marítimo-terrestre las avenidas de Alcoy y Madrid, y la calle Verge del Sofratge.

Lourdes Caselles explicó que también han solicitado reuniones con Costas y el Ministerio para agotar todas las vías administrativas. «Si eso no funciona nos veremos obligados a acudir al contencioso-administrativo, ya que este deslinde no tiene sentido y no atiende a las necesidades de una ciudad como Benidorm», manifestó. De manera muy resumida, el nuevo deslinde de Costas traslada la línea que delimita el dominio público marítimo-terrestre del borde del paseo con la arena a la fachada de multitud de edificios de primera línea.

Primeros problemas

La responsable de Urbanismo indicó ayer que con este planteamiento «hay edificios que no pueden ni rehabilitar sus balcones, por lo que van a sufrir no sólo un menoscabo estético sino también de seguridad». De hecho, la edil apuntó que Costas ha denegado a una comunidad de propietarios de la zona de Poniente hacer obras de conservación en su balconada.

Fuentes del Ministerio, en su momento, desmintieron muchas de las críticas realizadas por el Consistorio y aseguraron que en los inmuebles que se vean afectados por la zona de servidumbre de protección «se pueden realizar obras de conservación, mantenimiento, reparación y mejora, siempre que no implique un aumento de volumen».

La tramitación del nuevo deslinde contó con dos fases de alegaciones. En la primera, el Ministerio tuvo en cuenta las referidas al Hotel Selomar, situado en el paseo de Levante, y a un bloque de apartamentos, ubicado en el casco antiguo, dejando ambas construcciones desafectadas.

Según fuentes del área de Urbanismo, «si echamos la vista atrás, la posición de Costas no tiene ningún sentido. La primera ley moderna del Suelo en España es de 1956 y la de Protección de la Costa de 1969. El ejemplo piloto que se tomó fue el de Benidorm, en el que ya se estimaba la no afección de los edificios situados en primera línea», argumentaron las mismas fuentes.

http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2015/08/05/costas-tumba-alegaciones-nuevo-deslinde/1662810.html

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Artículo 137

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 140

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios.

Artículo 141

La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

¿Dónde pone en la Constitución que exista un municipio, provincia o Comunidad Autónoma que se llame COSTAS y esté formada por el territorio costero que le apetezca confiscar? ¿Qué autonomía tienen los municipios costeros si Costas decide anular sus actos (PGOU, licencias, planes etc...) con una simple rayita en un plano? ¿Dónde queda la seguridad jurídica y el principio de confianza legitima en las Administraciones?

La existencia de Costas no tiene ningún sentido desde que se ha aprobado la Directiva Marco Agua y la Directiva marco para la ordenación del espacio marítimo y Gestión Integrada de las Zonas Costeras, entre otras muchas, que requieren unidad territorial y de gestión.

Costas mantiene en un limbo legal cientos de casas en núcleos rurales

La reforma de la Ley de Costas de mayo del 2013 dejó sin resolver la demanda histórica de Galicia para el reconocimiento de los núcleos rurales de su litoral, aunque al menos habilitó una vía para regularizar muchas de las 12.500 viviendas anteriores a esa norma (1988) que la Xunta estimó que pueblan la zona de servidumbre. Esto llevó a 34 concellos con plan general a solicitar en el plazo fijado la rebaja de esa franja de protección de costa de los 100 metros delimitados en la ley original, desde el límite interior de la ribera del mar, a los 20 que permite su reforma. Esos concellos, y otros 24 con PXOM aprobado (que elevan a 255 los núcleos deslindados), cumplían los requisitos de consolidación edificatoria, accesos y servicios. Pero la mayoría de las 4.500 casas levantadas en esas 255 aldeas tradicionales siguen en el limbo. En unos casos, la Dirección General de Costas, que depende de Medio Ambiente, reclama más documentación. En otros, ha denegado la solicitud. Solo en unos pocos ya ha resuelto el problema.

Limita la expectativa que abrió para legalizar miles de viviendas junto al mar

Algunos municipios ya tenían reconocida esa franja de protección a 20 metros del mar, como sucede, por ejemplo, con el núcleo tradicional de Combarro (Poio). Y con la reforma también quedó solventada la situación en aldeas de Marín, que fue el primer concello en dar a conocer su problema con las movilizaciones del 2004. Son los casos de núcleos como Mogor y parte de los de Loira y Aguete, donde fue necesario un trabajo arduo para su reconocimiento y delimitación legal. La aprobación del planeamiento urbanístico (PXOM) de Marín fue crucial para completar con éxito el proceso, en diciembre pasado.

También en Baiona, Nigrán, Outes (con seis aldeas afectadas) y Arteixo tienen la situación resuelta. En Ribadeo, su alcalde, Fernando Suárez (BNG), destaca que tienen el PXOM aprobado «con toda a normativa legal en aplicación».

Pero muchos ayuntamientos están recibiendo negativas a las solicitudes que cursaron ante Costas. En esa tesitura está Vilaboa, que además de carecer de PXOM no cumple los requisitos en cuanto a su grado de consolidación o existencia de servicios públicos cuando se aprobó la ley (1988). Esto deja en ese limbo alegal a cientos de casas de los núcleos de Larache, Paredes, San Adrián y Santa Cristina. Se da la circunstancia de que hay viviendas con orden judicial de demolición, con la consiguiente incertidumbre de los propietarios afectados. También en O Grove (12 núcleos costeros), A Illa de Arousa (5) y Vilanova (5), Costas ha rechazado las solicitudes. Vilanova ya recurrió la decisión y O Grove lo hará. Los tres municipios reprochan a Medio Ambiente las trabas que complican acogerse a la vía que abrió en la reforma. En Fene, la anterior corporación formalizó hace dos años los trámites para regularizar los núcleos de Barallobre y Maniños. Pero la respuesta por parte de Costas ha sido negativa.

En Sanxenxo (8 núcleos), Poio (donde Costas rechazó ampliar el de Raxó), Cangas (9), Muros (5), Ribeira (3), Boiro (29), A Pobra (7), Malpica (3), Ponteceso (1), Neda (2), Valdoviño (4), O Vicedo (3) y Xove (1), entre otros, esperan respuesta. En muchos de esos procesos, Costas ha requerido a los ayuntamientos documentación complementaria para acreditar que cumplen las exigencias. Pese a la relevancia de un problema que preocupa a centenares de familias, en varios concellos donde mudó el gobierno tras las municipales de mayo los nuevos alcaldes ignoran la gestiones que realizaron sus predecesores. Este asunto no ocupó en todos los casos un lugar prioritario de la agenda en el traspaso de poderes.

Con información de Susana Luaña, Marcos Gago, Carla Elías, Andrea Díaz, Mónica Torres, Toni Longueira, Ana Gerpe, Mar G. Balseiro, Xosé V. Gago y Toni Silva.

Opción de reformar, no de construir

La reforma de la Ley de Costas permite a los propietarios de viviendas que se regularicen reformarlas o incluso ponerlas en venta o alquiler. Pero esas obras se limitarán a la conservación de lo edificado, porque la norma impide modificar su altura, volumen y superficie. Por lo demás, la revisión que el PP aprobó en solitario en mayo del 2013 (el PSOE la recurrió al Constitucional) veta nuevas construcciones en la zona de servidumbre, donde antes tampoco eran posibles. En lo que no entra es en las demoliciones. Del mismo modo que la reforma no facilita la construcción indiscriminada en la costa, tampoco supone la condena de las casas sin regularizar. En este sentido, la piqueta seguirá amenazando a las edificaciones sobre las que pese una sentencia judicial firme.

La Xunta señala que el rechazo a la solicitud no cierra la puerta a la regularización

El Gobierno de Feijoo prefiere ver la botella medio llena en el proceso que abrió la reforma de la Ley de Costas para el reconocimiento legal de los núcleos tradicionales junto al mar. La secretaria general de Urbanismo, Encarnación Rivas, sostiene que lo relevante de la revisión en un ámbito que compete al Ministerio de Medio Ambiente es «que marca un antes y un después por el reconocimiento de que el suelo de núcleo rural es el ámbito natural en la costa gallega». Sostiene que la denegación no cierra la puerta, porque «todavía hay margen para ajustarse a los requisitos».

A diferencia de otras comunidades, en Galicia no se busca dar cobijo legal a procesos especulativos, sino a la seña de identidad de los pueblos marítimos, anteriores al marco legal de 1988. Mientras en el Mediterráneo el debate político sobre la reforma de la ley se centró en si era más permisiva con aberraciones urbanísticas a pie de playa, o si amnistiaba chiringuitos, aquí el objetivo es buscar soluciones por las que Galicia lleva años reclamando para sus núcleos tradicionales, con varios requerimientos unánimes del Parlamento. «Lo importante es que los concellos trabajen con rigor y seriedad en los ámbitos en los que solicita la reducción de la zona de servidumbre», apunta Rivas.

La falta de PXOM, un escollo

El principal obstáculo de algunos concellos para regularizar sus núcleos costeros es la falta de PXOM. Además del pontevedrés de Vilaboa, que ya ha recibido la denegación de Costas, en esa tesitura está también Malpica. Otro escollo es la alta dispersión edificatoria característica del urbanismo gallego, ya que la regularización está condicionada a que las viviendas en situación alegal conformen un núcleo.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/07/29/costas-mantiene-limbo-legal-cientos-casas-nucleos-rurales/0003_201507G29P2991.htm
Si los alcaldes no hubieran dado el visto bueno a los deslindes y se hubieran unido para defender a su gente y la integridad de su municipio, ahora no estarían en la situación que están, ni Costas mandaría más que el Ayuntamiento en Pleno.

De aquellos polvos vienen estos lodos.