LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2012) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

lunes, 16 de enero de 2012

LEY DE COSTAS Y DERECHOS HUMANOS

Con el anuncio del ministro Arias Cañete sobre su intención de realizar una “reforma en profundidad” de la Ley de Costas, se han puesto en pie de guerra ecologistas y no tan ecologistas,  anunciando movilizaciones y denuncias sin ni siquiera esperar a conocer  cuál es el alcance de la reforma que se pretende llevar a cabo.
La ASOCIACIÓN EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS (AEPLC)  ha comparecido en varias ocasiones ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, la última el 24 de mayo de 2011, denunciando la gravedad de las consecuencias socioeconómicas y los dramas personales de gente humilde por la aplicación retroactiva, arbitraria, injusta e insegura de la norma, recabando el amparo de las instituciones europeas, el cual hemos obtenido.
Es por ello que no voy a entrar a rebatir ni debatir ni una sola opinión, sino a exponer la nuestra del porqué se ha de revisar profundamente dicha norma.

La actual Ley de Costas entró en vigor el 28 de julio de 1988, con el  supuesto fin último de la protección del medioambiente y de lograr la “determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo terrestre (DPMT) y especialmente la ribera del mar”, tal y como dice su título preliminar.
No se ha conseguido ni una ni otra cosa debido a que el espíritu de la norma ha sido pervertido hasta tal punto que se ha aprovechado la oportunidad para aprobar deslindes absolutamente incomprensibles y arbitrarios, en base a la deficiente definición del DPMT que contiene la Ley de Costas.
Si se ha conseguido en cambio lo inimaginable, que sea la única ley de nuestro ordenamiento jurídico donde todo vale; donde se pueden vulnerar los más sagrados principios  del Derecho Nacional e Internacional;  donde la retroactividad de la norma, expresamente prohibida por la Constitución Española, ha dado vía libre a dibujar en un plano, raya tras raya, lo que el Estado ambiciona poseer sin que sea suyo. Luego se trata de justificar diciendo que esos terrenos eran del Estado desde que los romanos invadieron Hispania o desde la última glaciación o desde que los dinosaurios se extinguieron. Suena a broma pero es así de serio.

Se oculta celosamente que todas las propiedades están dentro de la más estricta legalidad, con el visto bueno de todas las administraciones pertinentes, pagando cuantos impuestos las gravan, inscritas en el Registro de la Propiedad y, en la mayoría de los casos, adquiridas mediante una hipoteca que deberemos seguir pagando religiosamente cuando, terrenos y viviendas, pasen a manos del Estado, porque tampoco se cuenta que nos despojan de la propiedad pero nos dejan las deudas.

Omiten igualmente en sus famosos informes justificativos de tan escandaloso expolio  que, en innumerables casos,  las propiedades  que pretenden adjudicarse fueron desamortizadas en su momento para llenar las paupérrimas arcas estatales, vendiéndose a particulares españoles y extranjeros a los que ahora tratan de  arrebatárselas de nuevo.

No existe en España un m2 de terreno con más leyes y Directivas europeas proteccionistas que el del litoral, pero aún así se sigue insistiendo en que sin la Ley de Costas llegará el “fin del mundo costero”. Pero nadie clama por la protección de los Derechos Universales del Ser Humano, por la protección de su propiedad como un bien tan protegible como la naturaleza e incluso más, como expuso la ONU en el informe Brundtland; ni hay quién salga en defensa de las personas a quienes se les lleva a la más absoluta ruina saltando por encima de los Pactos internacionales vinculantes firmados por España como es el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El derecho a la propiedad está protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Constitución Española. Tratar de corregir una inseguridad jurídica que  afecta alrededor de 400.000 propiedades, que a vuela pluma corresponderá con 1.000.000 ciudadanos que son desposeídos de sus derechos adquiridos,  justifica  la necesidad de que se tramite una modificación de la Ley de Costas que sea respetuosa con el derecho a la propiedad consolidada con anterioridad a la ley, eliminando, además, cualquier concepto jurídico indeterminado que la cause como  ha sido la aplicación con carácter retroactivo de sus preceptos, generadora de gravísimos y profundos conflictos sociales no sólo en nuestro país, sino en toda Europa. Por esta razón las quejas que llegan al Parlamento Europeo se cuentan por miles y la imagen de España como un Estado de Derecho de la Unión Europea se  ha visto perjudicada hasta extremos insospechados, haciendo inviable cualquier inversión, española o extranjera, por miedo a una más que posible y demostrada confiscación que de la misma se ha venido realizando durante los 23 años de vigencia de la Ley de Costas.

Este Gobierno tiene muchos retos por delante. Uno de ellos es devolver a España la reputación perdida en muchos frentes, pero pocos o ninguno tan importantes como recuperar la Seguridad Jurídica y el Principio de la Confianza Legítima de los ciudadanos, pues una cosa es proteger el medio ambiente y otra muy distinta  despojar a los ciudadanos de los derechos  amparados  por las normas y pactos internacionales.
Se debe y se tiene la obligación de conciliar ambos aspectos.

sábado, 14 de enero de 2012

El PP de Formentera espera que el anuncio sobre la reforma de la Ley de Costas sea una "realidad"

El PP de Formentera ha confiado en que el reciente anuncio realizado por el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, sobre una reforma "profunda" de la Ley de Costas que pretende realizar su departamento sea una "realidad" y "no caiga en un mero anuncio".

   Los 'populares' de Formentera han afirmado en un comunicado que los partidos políticos, asociaciones y sobre todo los afectados por el deslinde de costas de esta isla hace muchos años que esperan que el Gobierno Central acometa con "valentía" las reformas necesarias de la Ley, para que se respete la propiedad privada de todas las edificaciones legales que la normativa y el posterior deslinde "pretendían confiscar".

   El PP de Formentera ha afirmado que estará "activo" en todo este proceso que ahora se inicia y solicitará que cualquier medida que se tome en el futuro se haga con la colaboración de la plataforma de afectados, que en el caso de Formentera es una entidad pionera en la crítica a la actual situación de "injusticia", ha apostillado.

   Desde la agrupación 'popular' de Formentera han señalado que siempre se ha luchado para que desde la dirección nacional se tuviese en cuenta la "absoluta injusticia" de la actual Ley y por ello han considerado "una excelente noticia" el anuncio realizado por el ministro.
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-pp-formentera-espera-anuncio-reforma-ley-costas-sea-realidad-20120114173021.html

Government to bring in changes to the "Ley de Costas"


The controversial law has led to serious problems for some property owners
The current and controversial ‘Ley de Costas’ has been in force since 1988 with hardly any modifications. Now the new Minister for Agriculture, Foodstuffs and the Environment, Miguel Arias Cañete, has indicated that ‘very deep reforms’ are on the way to bring value to the coast.

El País reoprts that at an event to welcome top civil servants in his department, he gave a speech which indicated that the environment cannot stop economic development, and said that environmental legislation needs to be simplified.

Sources at the ministry have noted that there is a problem of judicial insecurity with the current legislation and that they have received pressure from countries such as Britain and Germany, and complaints from EuroMPs as there are foreigners who have been affected by the compulsory purchase aspect of the legislation.

The law, which was left untouched by the Aznar government, declares all the beach to be of public use, but does not use a fixed distance, following geographic concepts instead. That extends the area into dunes and marshlands, to where the sea has reached in the worst of storms. Many people have purchased property without the notary or the bank telling them it is located in land for public use, and these people have been granted a 30 year concession of use, but no longer own the property.

A legal change now is complicated by the fact that there has already been compulsory purchases and demolition of some properties, so their owners will now be able to claim compensation. The new legislation is expected to extend the concessions, as ‘thousands’ of them were to expire in 2018

viernes, 13 de enero de 2012

(AMPLIACIÓN) Cañete anuncia una "profunda reforma" de la Ley de Costas

Medio Ambiente justifica que quiere "poner en valor" el litoral y dar "seguridad jurídica"

El ministerio planea alargar las concesiones y autorizar nuevos usos en primera línea

El Gobierno prepara una "simplificación de la normativa ambiental" para agilizar trámites

La Ley de Costas, vigente desde 1988 sin apenas modificaciones, tiene los días contados. La norma, que delimita el uso público del litoral, sufrirá una "reforma en profundidad", según ha anunciado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en su primera comparecencia sobre medio ambiente. Lo ha hecho en la toma de posesión de altos cargos del departamento y su discurso destilaba una idea: que el medio ambiente no puede frenar el desarrollo económico. En esa línea ha anunciado que "simplificará trámites ambientales" y potenciará el turismo en parques nacionales.
En la oposición, el PP ya votó en el Congreso y el Senado para suavizar la Ley de Costas y Rajoy sentenció hace un año: "Nos gustan los chiringuitos", que se habían convertido en un símbolo de la utilización política de la ley. La idea del ministerio es estudiar cómo alargar concesiones y autorizar nuevos usos en la costa, aunque el departamento insiste en que es pronto para conocer cómo quedará la ley.
Personalidades relevantes del PP como Pío García Escudero, Jaime Mayor Oreja y José Manuel García-Margallo habían mantenido la pasada legislatura reuniones con los afectados por los deslindes y las expropiaciones de la Ley de Costas y FAES, la fundación del PP, estaba preparando documentación sobre cómo se debería reformar.
Aunque el programa electoral del PP no citaba una modificación de la ley, Cañete ha anunciado hoy una reforma legal a fondo para "poner en valor el litoral" para "armonizar el desarrollo económico con la decida protección de los recursos naturales".
Fuentes del departamento explican que la norma ha creado un grave problema de inseguridad jurídica, que se trata de una ley muy compleja con aplicaciones distintas según el sitio. Además, hay presiones de países como Reino Unido o Alemania y quejas de eurodiputados extranjeros porque hay miles de extranjeros afectados.
La norma, que el Ejecutivo de Aznar no tocó, fija el uso público de toda la playa, pero no establece una distancia concreta sino que usa conceptos geográficos. Así, son de dominio público "las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación" y hasta donde hayan llegado los mayores temporales conocidos.
Sin embargo, el trámite para trazar la línea de la zona pública, el deslinde, aún no ha concluido. Según los afectados, eso y la falta de control han hecho que mucha gente comprara su casa sin que ni el notario ni el banco les advirtiera de que estaba en dominio público y que como mucho podían tener una concesión de uso para 30 años, pero no una propiedad, por lo que tampoco pueden vender. Los ecologistas sostienen que cualquiera que se hubiera informado ya sabía que había una Ley de Costas y con preguntar se habría evitado problemas.
En lugar de reformar la ley, el PP podía haber optado por suavizar la aplicación. Un cambio legal es extremadamente complejo porque en los más de 20 años desde la aprobación ha habido expropiaciones y derribos de cientos de propiedades, y sus dueños ahora podrían pedir compensaciones al Estado.
El Gobierno socialista ya intentó un pequeño cambio legal a través de la Ley de Navegación Marítima pero encalló en el Congreso. Ahora, con este cambio, lo previsible es que se alarguen las concesiones de uso, ya que miles de ellas caducan en 2018, algo que sería "dramático", según el equipo de Arias Cañete. Además, estudiarán si se autorizan nuevos usos en el litoral, actualmente limitado a pequeños chiringuitos desmontables.
Además, Arias Cañete ha anunciado una "simplificación de la normativa ambiental" para "agilizar trámites" y que no se frene la inversión. El ministerio tiene un atasco en las declaraciones de impacto ambiental que a veces duran años.
En la línea de reducir las trabas ambientales, Arias Cañete también ha anunciado que quiere potenciar "las actividades turísticas en los parques nacionales".

Arias Cañete anuncia una reforma "profunda" de la Ley de Costas

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado una reforma "profunda" de la Ley de Costas que pueda "armonizar" el desarrollo económico con la decidida protección de los recursos naturales, así como su intención de colaborar entre las distintas administraciones para tratar de alcanzar un gran pacto nacional del agua.
   Durante la toma de posesión de altos cargos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el ministro ha dicho que estos son algunos de los retos más importantes de este departamento, cuyas líneas estratégicas presentará próximamente en sede parlamentaria.
   Respecto a la reforma de la Ley de Costas, ha afirmado que "es compatible el desarrollo turístico con el respeto y la protección ambiental". Mientras, sobre un pacto del agua, pretende que éste asegure un "abastecimiento de calidad" y el mantenimiento de todos los ecosistemas ligados al agua. Para ello, ha explicado que se fomentará la utilización del agua reciclada, la explotación ordenada del agua subterránea y otras técnicas, que se sumarán a la gestión eficiente de los recursos hídricos superficiales, que son la base actual del suministro.
   Además, ha asegurado que la política medioambiental promoverá la participación de las distintas organizaciones y la simplificación de los trámites administrativos, respetando "escrupulosamente" los valores medioambientales.http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-arias-canete-anuncia-reforma-profunda-ley-costas-20120113140857.html

domingo, 8 de enero de 2012

Españoles piden en Caracas que Madrid actúe ante las expropiaciones en Venezuela

¡Pobres!, nadie les ha dicho que España es otra republica bananera donde la propiedad privada es humo y también se está confiscando  con la Ley de Costas.
A buen sitio han ido a pedir ayuda.

Españoles piden en Caracas que Madrid actúe ante... por Globovision

Españoles y sus descendientes venezolanos pidieron hoy en Caracas al rey Juan Carlos y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que actúen ante lo que denominan expropiaciones "ejecutadas ilegalmente" por el Gobierno de Hugo Chávez.
El presidente de la Federación de Centros Españoles de Venezuela (FECEVE), Félix Barbero, dijo a Efe que las autoridades venezolanas "no cumplen" con lo establecido por la Constitución en cuanto a indemnizaciones y otros "pasos a seguir en el caso de expropiaciones de bienes".
Por ello Barbero hizo un llamamiento a las autoridades de Madrid "para que hagan cumplir el acuerdo que se firmó entre España y Venezuela en 1995 y que empezó a regir en el año 1997".
El presidente de FECEVE aludió con ello al acuerdo bilateral de promoción y protección recíproca de inversiones, que -reiteró Barbero- es vulnerado por el Gobierno de Chávez en perjuicio de "más de 300" españoles y por un monto que "pudiera pasar de más de 5.000 millones de euros".

Algunas decenas de esos ciudadanos se congregaron hoy frente al Consulado de España en Caracas, donde firmaron las cartas dirigidas al rey y a Rajoy.
La FECEVE "respalda la mala situación que están pasando todos los españoles con respecto a la afectación de sus propiedades" en Venezuela, dijo Barbero y aseguró que no se trata únicamente de ciudadanos españoles "afectados por la expropiación de propiedades agrícolas", sino también "pecuarias, urbanas e industriales".
"Hay estructuras industriales, estructuras comerciales, estructuras de vivienda" levantadas algunas por "generaciones de abuelos, mucho trabajo, mucho esfuerzo perdido", se lamentó.
La misiva dirigida a don Juan Carlos subraya que, "al no cumplirse la garantía que ofrece la legalidad (...), desprotegidos y fuera de estado de derecho, recurrimos a su majestad como españoles que somos y, conociendo su sensibilidad humana y social, le pedimos que nos ayude a encontrar la salida justa".

El titular de FECEVE recordó que Miguel Ángel Moratinos, cuando era ministro español de Exteriores, firmó a mediados de 2010 un convenio con las autoridades venezolanas para lograr "un pago justo" por las propiedades afectadas.
"Se hicieron unas mesas de trabajo, fueron siete hasta diciembre de 2010, y no se concluyó nada", lo que luego derivó en acciones de "desesperados" que "tuvieron que, en forma lamentable, ponerse en huelga de hambre", recordó.
"No sé si eso es lo que persiguen de nosotros: que nos pongamos todos en huelga de hambre aquí en la puerta del consulado", agregó Barbero al recordar el ayuno cumplido el año pasado por los hermanos Carlos y Luis Solórzano, de nacionalidad española y venezolana.
La finca de los Solórzano formó parte de la política de expropiaciones de terrenos que el Gobierno de Chávez considera de "utilidad pública" o cuya titularidad no ha quedado demostrada, según el criterio oficial, así como de latifundios catalogados de ociosos.
A los hermanos Solórzano "se les pagó a mucho disgusto", pero además, sostuvo Barbero, sin reconocerles "un justo precio".


ASÍ SE CONFISCA EN ESPAÑA

El Supremo ratifica la venta de una de las parcelas de La Tablada...Con la ayuda inestimable de Costas

Rechaza que en subasta de Defensa se vulnerase el ordenamiento jurídico

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado un recurso de casación contra la venta en subasta allá por el año 1997 de una de las parcelas de Tablada por parte del Ministerio de Defensa y ha señalado que en aquella operación no hubo vulneración del ordenamiento jurídico ni de las leyes de Patrimonio ni de Costa.
La sentencia del Supremo, según recoge E.P., desestima el recurso promovido contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2005 que a su vez había desestimado un recurso contencioso administrativo contra las resoluciones del Ministerio de Defensa que en 1997 formalizaron y confirmaron la enajenación mediante subasta pública de la parcela tres de la base aérea de Tablada, cuya posesión ostenta actualmente la agrupación de interés económico «Tablada Híspalis» dentro de un lote de 367,4 hectáreas que ocupaban las antiguas instalaciones castrenses.
El recurrente había alegado ante el Tribunal Supremo que la subasta pública de esos terrenos había generado indefensión, supuestas vulneraciones del ordenamiento jurídico y de las leyes de Patrimonio del Estado o de Costas, argumentos todos ellos desechados finalmente por el Supremo. Es más, el Tribunal Supremo no solo ha resuelto que «no ha lugar» el recurso de casación y ha confirmado la mencionada sentencia del TSJA, sino que ha impuesto las costas a la parte recurrente por un importe total de 4.000 euros.
Esta sentencia del Supremo, junto a la resolución con carácter retroactivo emitida el pasado mes de diciembre por el Ministerio de Medio Ambiente y por la que se declararon los terrenos de Tablada como innecesarios para protección y utilización del dominio público marítimo terrestre, viene a sacar del atolladero en el que se encontraba el Ministerio de Defensa tras vender los terrenos de la antigua dehesa sin haber contado con esa declaración,
El proceso de venta de los antiguos suelos de la base aérea de Tablada se inició en 1997. El 11 de julio de aquel año el Ministerio de Defensa subastó 160,9 hectáreas que adquirieron las cajas de ahorro El Monte y San Fernando por 30 millones de euros; en el año 2000 las dos cajas compraron otro lote de terreno a Defensa, éste de 195 hectáreas. Los bancos vendieron después esos terrenos al consorcio empresarial «Tablada Hispalis», en el que figuraban como grupos de referencia Osuna y Prasa, para desarrollar un proyecto que incluía la ejecución de miles de viviendas.
El cambio de gobierno en el Ayuntamiento provocaría el inicio de varios procesos de expropiación que tumbaron los tribunales mientras en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado definitivamente en 2006, los terrenos se calificaron como no urbanizables de especial protección. Ante esta situación, el futuro de esa gran parcela de suelo sigue siendo una incógnita, del gran proyecto de desarrollo urbanístico que se iba a ejecutar en él se pasó al de parque periurbano, pero ni siquiera la Junta ha declarado ese suelo como espacio protegido.

El interminable caso de la dehesa

Defensa aprobó la enajenación de los suelos de Tablada en 1997. Quince años después su futuro sigue siendo una incógnita y acumula una maraña de procesos judiciales que a día de hoy no se sabe cuándo acabarán. Ha habido recursos contra su venta, como el que acaba de resolver el Supremo; ha generado procesos de expropiación que los actuales propietarios han ganado en los tribunales y han sido objeto de deseo para proyectos, de nueva zona desarrollo a parque periurbano y de ahí a nuevo real de la Feria, aún en la nebulosa
GUÍA PARA ENTENDER EL CASO DE LA TABLADA
6 el precio. La pregunta del millón. ¿Cuánto valen de verdad los terrenos? Pues depende. ¿De qué? Esencialmente, del momento en el que se hagan las cuentas. Unos antecedentes ayudan a contextualizar la cuestión. Tablada, históricamente, fue patrimonio de todos los sevillanos. Un suelo comunal. La ciudad se lo entregó en su día gratis al Ejército. Y Defensa, tras cerrar la antigua base aérea, optó por subastarlos en 1998. El precio de salida fueron 30 millones de euros. El comprador: el Consorcio Tablada, una sociedad instrumental de las antiguas cajas de ahorro de Sevilla y de una empresa, minoritaria, del empresario Ramón Valencia, actual gestor de la plaza de toros de la Maestranza. En 2001 el PA (entonces gobernaba ya con el PSOE) anunció su decisión de expropiar los terrenos. Monteseirín, ya entonces alcalde, quedó al margen de la decisión, con la que los andalucistas buscaban mejorar su imagen al frente de Urbanismo. Ese mismo año las cajas movieron ficha: vendieron los suelos a un consorcio -Tablada Híspalis AIE [Agrupación de Interés Económico (AIE]- en el que participaban casi todas las grandes inmobiliarias: Osuna, Prasa, Expoan, Sando, el grupo empresarial de Luis Alarcón de la Oliva, Arenal 2000 y Cartuja Inmobiliaria. El precio oficial de adquisición fue de 82 millones de euros. Una vez traspasado el suelo, las distintas empresas inmobiliarias decidieron venderse entre sí determinadas parcelas con el objetivo de fijar, con vistas al proceso judicial, precios de referencia muy superiores al de partida. Al real.

2009 - Sentencia de la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional acaba de dictar una providencia que puede cambiar radicalmente el futuro de la mayor bolsa de suelo rústico que queda en la ciudad de Sevilla, el motivo del debate urbanístico más polémico de los últimos quince años, el objeto de deseo de políticos, constructoras y ecologistas: la dehesa de Tablada.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/contenidoExterno/Pub_revistama/revista_ma46/ma46_42.html

Pregunta: ¿es legal emitir un certificado con efecto retroactivo a 1997 para sacar de un problema judicial al Ministerio de Defensa? ¿Es legal vender el Dominio Público?

jueves, 5 de enero de 2012

Nombrado el nuevo Dtor Gral de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar

D. PABLO SAAVEDRA INARAJA.
Nacido el 8 de junio de 1973, es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Ha sido jefe de Área de Coordinación de la Subdirección General de Legislación y Ordenación Normativa en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; subdirector general adjunto de Selección en el Instituto Nacional de Administración Pública y asesor del Secretario de Estado de Cooperación Territorial. En la actualidad era subdirector general de Relaciones Bilaterales con las Comunidades Autónomas en el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

martes, 3 de enero de 2012

SÍ, SE PUEDE HACER ( PAZ VILLALOBOS NICIEZA. abogada letrada-jefe del Ayuntamiento de Laredo.)

Mi experiencia en la Administración durante 27 años me ha enseñado que los Técnicos nos movemos en unos márgenes muy estrechos. Cada vez que un ciudadano nos presenta un proyecto, demasiadas veces le decimos "lo siento pero no se puede hacer", "tiene razón pero no puedo ayudarle".
Cuando los políticos nos presentan una actuación de interés público muchas veces les decimos " "es que el artículo ..dice...".  Nos han metido tanto miedo con el riesgo de ser acusados de prevaricación que no nos atrevemos a saltar los obstáculos que, solo aparentemente, se oponen para alcanzar los intereses públicos, para ayudar a los administrados a desarrollar sus actividades comerciales, empresariales, etc. Para buscar el apoyo jurídico de esa razón que les reconocemos y no nos atrevemos a argumentar porque el artículo x dice.  Personalmente creo que hemos de asumir el riesgo de buscar soluciones jurídicas, que siempre las hay, cuando lo que se persigue es la consecución de una resolución justa y acorde al sentido común. Nuestro Derecho, afortunadamente no consta de un único artículo, podemos relacionarlo con otros muchos, con las decisiones jurisprudenciales españolas y de los Tribunales europeos, con el respeto a los derechos y principios protegidos en nuestra Carta Magna y en la Carta Europea de Derechos Humanos.
Así, podremos comprobar, afortunadamente, que todas las cosas justas y valiosas para la sociedad, sí, se pueden hacer. Y si no es así entonces habrá que modificar la ley. Nos evitaríamos un sin fin  de pleitos y los Abogados nos dedicaríamos a buscar soluciones y participar en todos los procesos de redacción de normas, planteamiento de convenios y concertación de los particulares, empresas y asociaciones con la Administración. Los Tribunales se descargarían de un montón de procesos bizantinos, totalmente innecesarios y se dedicarían más a innovar y aplicar también la jurisprudencia europea y todas las resoluciones serían más justas. Nosotros podríamos intentar "hacer" en lugar de paralizar o deshacer lo andado. Tampoco cuesta tanto estimar los recursos en vía administrativa cuando alguien tiene razón, ni proponer el allanamiento en vía judicial si la otra parte defiende un derecho del que ha sido privado.
Personalmente he pasado 14 años defendiendo judicialmente el Sector IV de Laredo, tres años más otros compañeros, porque: "No se podía hacer". Finalmente: "Se está haciendo", tras 4 sentencias judiciales favorables. Cuanto tiempo y dinero  perdido. El Polígono Industrial de Laredo, "No se podía hacer", bastó una propuesta jurídica objetiva y razonable, respetando los intereses en conflicto y legislación medioambiental, para que fuera inmediatamente suscrito un acuerdo histórico con todas las Asociaciones ecologistas, de empresarios, de trabajadores, Administración Regional y Ayuntamiento. En un año, las empresas conserveras se habían reubicado en el Polígono. ¿Qué habría pasado si no se hubiera buscado y aceptado esa solución realista y justa? La respuesta es terrible, el Polígono Industrial 14 años paralizado con recursos judiciales, el cierre de las Empresas de Laredo y su traslado a otros polígonos, novecientos puestos de trabajo perdidos en nuestro municipio. La obstinación no es buena ni aún cuando se tiene razón. Cuando confluyen varios intereses en conflicto muchas veces hay que ceder algo para conseguir mucho más. Tampoco es admisible que 60 familias de Santoña hayan tenido que estar pleiteando durante 17 años, con los sucesivos Ministerios competentes en materia de Costas, para que finalmente los Tribunales de las dos jurisdicciones, llegasen al acuerdo obvio y unánime de que los terrenos urbanos de propiedad privada con las antiguas leyes de Puertos y Costas, transformados antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1.988,  deben entenderse legítimamente desafectados y ajenos al concepto actual ampliado de dominio público. Por eso creo que, y es especialmente relevante en estos tiempos de crisis del sector inmobiliario y empresarial, hemos de asumir en las Administraciones que todas las iniciativas y proyectos positivos, sean públicos o privados, si buscamos las soluciones: "Sí, se pueden hacer". Asimismo, que los conflictos sociales por motivo de la aplicación de la LC, por sentencias de derribo debidas a actos ilícitos de las propias  Administraciones y otros supuestos afines, se pueden resolver. Tenemos la obligación de hacerlo por imperativo del art 10.2 de la CE y Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Afortunadamente hay muchos empleados públicos, en todas las Administraciones, que seguimos estas premisas, que nos preocupamos de buscar soluciones a estos y otros conflictos, porque si hemos aguantado en nuestros puestos es únicamente porque tenemos verdadera vocación de servicio público. Es hora de que la sociedad empiece a mentalizarse, a dejar de generalizar en sus críticas y que las Administraciones consigamos que los ciudadanos dejen de vernos como a enemigos.
Paz Villalobos Nicieza, abogada letrada-jefe del Ayuntamiento de Laredo.

lunes, 2 de enero de 2012

El periodista Yeray González denuncia en un documental la aplicación arbitraria de la Ley de Costas en Canarias

Ayer se presentó en Fuerteventura ‘A Nuestra Costa’, trabajo que expone el distinto uso de la normativa para favorecer los grandes complejos turísticos y eliminar núcleos costeros emblemáticos como Los Molinos, Chovito, Ojos de Garza o El Golfo

La arbitrariedad en la aplicación de la Ley de Costas es la temática principal de ‘A Nuestra Costa’, trabajo documental en que el periodista Yeray González Nuez se estrena como realizador abordando distintos casos particulares que en Canarias ponen de manifiesto el diferente uso que se hace de la normativa para favorecer los grandes complejos turísticos que pueblan el litoral, por un lado, y por otro para eliminar núcleos costeros emblemáticos y de tradición pesquera como Los Molinos y El Puertito de Jandía en Fuerteventura, Chovito en Tenerife, Ojos de Garza en Gran Canaria o  El Golfo en Lanzarote.

La presentación de ayer, celebrada en el Centro Bibliotecario Insular, contó con la introducción al documental por parte de su autor, y con la asistencia de numerosos colectivos vecinales que en la Isla majorera se encuentran afectados por la problemática de Costas, como los mencionados Los Molinos y El Puertito, o Majanicho. En representación del Cabildo de Fuerteventura, que cedió las instalaciones del centro para la ocasión, acudió el consejero de Cultura y Patrimonio Histórico, Juan Jiménez.

“Lo que queremos es denunciar el doble rasero que existe entre los asentamientos costeros de Canarias, algunos de ellos centenarios, y los complejos turísticos y hoteleros que de la mano del poder económico encuentran cabida para ocupar el litoral, obviando en muchos casos la presencia de elementos medioambientales, etnográficos o patrimoniales”, relata el propio Yeray González al inicio de la cinta.

El rodaje del documental se llevó a cabo durante seis meses de 2010, utilizando otros cuatro meses para la edición del material recopilado. Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, las cuatro islas del archipiélago con mayor masificación urbanística en el litoral, acogen los cuatro capítulos y escenarios principales del trabajo. Una quinta localización fue Madrid, donde se entrevista al director General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pedro Antonio Ríos.

Por parte de los principales afectados, innumerables vecinos y representantes de las asociaciones que defienden los derechos de los asentamientos costeros aparecen en el documental denunciando los hechos. El presidente del Cabildo, Mario Cabrera, y el alcalde de Puerto del Rosario, Marcial Morales, son otros dos de los testimonios que en representación de las instituciones públicas aparecen en el documental, en este caso apoyando a los colectivos vecinales.

Todos estos diferentes puntos tratan de ofrecer una visión lo más objetiva posible de un problema que afecta en mayor medida a la sociedad canaria, por tener ésta un contacto directo y continuado con la costa y el mar.

Además, este trabajo también pone de manifiesto el deterioro del actual modelo turístico implantado en las Islas Canarias, y que basa casi toda su desarrollo en la costa, produciendo un gran desgaste en la misma. Como alternativa, se ofrece la posibilidad de desarrollar la actividad turística en el litoral de una manera más sostenible y en consonancia con el medio ambiente. En este sentido, los pequeños y tradicionales pueblos pesqueros suponen un atractivo reclamo para el turista del siglo XXI, el cual busca un destino diferenciado del resto, y cada vez más alejado de la masificación hotelera reinante en el archipiélago.

En definitiva, este documental intenta ofrecer una visión diferente sobre la aplicación de la Ley de Costas en Canarias, sus consecuencias y su influencia en la idiosincracia de la sociedad canaria. Así como en el actual modelo de desarrollo económico de las islas: el turismo.

Nota. Para ampliar información o realizar entrevistas se puede contactar con Yeray González Nuez en el teléfono 667563562.

martes, 27 de diciembre de 2011

RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES EN LA RECESION DE LA COSTA. REPERCUSION DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN EL EQUILIBRIO Y DETERIORO DE LAS PLAYAS.


Por Paz Villalobos Nicieza, abogada, letrada-jefe del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Laredo

Son cuantiosos los supuestos de daños catastróficos en nuestras costas, especialmente en los meses de septiembre a marzo, como consecuencia de vientos superiores a 100 Km/hora y la conjunción de la pleamar o mareas equinocciales. Como ejemplo del tipo de riesgos podemos citar los temporales de 30 de enero de 1.990, 11 de marzo de 2.008, 24 de enero de 2.009 y 9 de noviembre de 2.010, con olas de 19´77, 26 y 13´14 metros de altura, todos ellos con vientos de 99 hasta los 140 Km/hora. El record lo obtuvo el temporal del 24 de enero de 2.009, que alcanzó los 140 k/h y altura de olas de hasta 26 metros.  A ellos se suma el de los pasados días, 15 a 17 de diciembre, con olas de 8 metros de altura, que produjeron cuatro heridos en la Cornisa Cantábrica y cuantiosos daños, rotura de árboles y de los cordones dunares de protección en muchas de nuestras playas y puntales arenosos.

A raíz de lo acaecido en la península durante los primeros días de noviembre de 2010, fue adoptado el acuerdo del Consejo de Ministros, en su reunión de 12 de noviembre de 2010, en el cual se enumeran los daños sufridos en nuestro litoral.
“El fuerte temporal que ha afectado desde el pasado fin de semana a diversas zonas de la península, especialmente a Galicia y la cornisa cantábrica, ha provocado la pérdida de vidas humanas, un desaparecido, el desbordamiento de ríos, cortes en carreteras, el amarre de flotas pesqueras, alteraciones en vuelos y considerables daños materiales en vías públicas, paseos marítimos, puertos y establecimientos mercantiles y viviendas costeras.
Concretamente, el día 7 de noviembre la Agencia Estatal de Meteorología emitió alertas de nivel rojo por vientos y fenómenos costeros de gran intensidad en las costas de Lugo y A Coruña para el día 8. Dicho aviso fue extendido al resto de la Costa Cantábrica para el día 9 de noviembre, situación que se mantuvo durante todo la jornada.
Igualmente, el 7 de noviembre se declararon alertas de nivel naranja para el día siguiente en las áreas costeras de Pontevedra, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cádiz, Granada, Almería, Ceuta, Melilla e Islas Baleares. Esta alerta naranja se extendía a otras zonas interiores del país, manteniéndose el nivel de aviso, según las zonas, incluso hasta finales del día 10.
Entre las consecuencias más graves de estos fenómenos, cabe destacar dos fallecimientos como consecuencia del temporal en Galicia.
En la ciudad de A Coruña, el fuerte temporal ha provocado el derribo de la balaustrada del Paseo Marítimo y ha afectado a otros elementos del mobiliario urbano y a una toma de agua, causando la inundación de una parte de la calzada. Además, el mar desplazó piedras de grandes dimensiones y provocó desperfectos en el mobiliario urbano de la zona de Las Esclavas. En Lugo, la fuerza del mar ha destruido parte del muelle de San Cibrao y ha causado daños en casetas de pescadores en Cervo. En la provincia de Pontevedra, la intensidad del viento provocó varios accidentes de tráfico y cortes en la A-55, que une Vigo y O Porriño.
En Asturias, los fuertes vientos, las persistentes lluvias y el oleaje han causado numerosos daños materiales en todo el litoral de la región. Ribadesella, Llanes, Villaviciosa, Gijón, Carreño, Gozón, Castrillón, Cudillero, Valdés y Tapia de Casariego han sido las localidades más afectadas por el temporal, que ha provocado inundaciones en calles y ha originado muchos desperfectos en viviendas, muelles, arenales, establecimientos comerciales y otros equipamientos urbanos. En Gijón, la conjunción del fuerte oleaje con el horario de la pleamar ha causado que el río Piles se desbordara de forma parcial y ocasionara desperfectos en la playa de San Lorenzo, donde el mar arrancó quince metros de barandilla y causó daños en el mobiliario urbano del entorno. En Avilés, los efectos del temporal se han dejado sentir con especial intensidad en la playa de Salinas, donde el fuerte oleaje arrastró troncos y ramas que pusieron en peligro a la población local.
Copia de Imagen 092
En Cantabria, la ciudad de Santander ha sufrido intensas precipitaciones y rachas de vientos que llegaron a alcanzar los 100 kilómetros por hora. En concreto, se han producido daños significativos en la zona de la segunda playa de El Sardinero, donde el temporal se ha llevado unos cincuenta metros de la barandilla del paseo marítimo, ha arrastrado la arena a la calzada y ha obligado a acordonar este área para evitar daños personales. Las olas de la costa cántabra han llegado hasta los trece metros de altura en playa de la Virgen del Mar y hasta los diez metros en la costa de Santoña, y se han registrado daños en las localidades de Ribamontán al Mar, Mogro, Somo, Galizano, Santoña, Laredo y Castro Urdiales, donde se inundaron algunas zonas urbanas.
En el País Vasco, destaca el socavón de aproximadamente quince metros que se produjo en el Paseo Nuevo de San Sebastián. El desperfecto ha afectado a los dos carriles de la calzada y la acera peatonal, impidiendo el tránsito de vehículos. Además, se han producido desprendimientos en la N-634, concretamente en el tramo comprendido entre Zarautz y Zumaia, así como daños en el mobiliario urbano de varias localidades costeras.
Con carácter general, cabe reseñar que la intensidad de los vientos ha afectado con diferente incidencia a numerosos puntos de la geografía española, dando lugar a incidentes de carácter leve en ciudades como Logroño o a caídas de árboles y otros daños materiales aislados en localidades de la costa levantina como Cartagena…
…Todos estos perjuicios se han producido a pesar de los esfuerzos que las distintas Administraciones con competencia en esta materia llevaron a cabo en este tiempo, tanto en labores de prevención como en actuaciones desarrolladas durante la emergencia…” 
P3120342

El Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, establece un procedimiento de tramitación de ayudas que resulta adecuado para su aplicación a los hechos extraordinarios,  no sólo para paliar los daños sino también con carácter preventivo. Ahora bien, sólo resulta operativo en ese tipo de situaciones.
Es evidente, por tanto, a mi juicio, que resulta esencial activar todos los medios que establece la legislación vigente para la prevención de daños. Especialmente dada la situación de riesgo creada por actuaciones públicas sin la debida estimación de impactos. Son las dos Administraciones actuantes en los estuarios, regional y estatal, quienes han de acometer los estudios precisos para determinar y corregir la situación de riesgo actual en todos estos puntos negros de nuestras costas, con la colaboración y participación de los Ayuntamientos, hasta ahora ignorados, en el diseño de las estrategias de planificación y gestión integrada del litoral.  

En el informe elaborado por esta Letrada para el Ayuntamiento de Laredo en Cantabria en el pasado mes de marzo, revisado en el mes de abril, fueron analizados los perniciosos efectos de la recuperación de concesiones de marismas en otros puntos de los estuarios, puntales arenosos, sistemas dunares, terrenos de propiedad privada, derivados de la alteración del prisma de marea. El Plan de Recuperación de concesiones en el estuario del Asón, Parque de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, contempla la recuperación de más de 70 concesiones, de las cuales, solo en un 70% como máximo fueron objeto de análisis en el Estudio Morfodinámico encargado a la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria dentro del expediente de Deslinde de la Playa del Regatón, aprobado por O.M. de 8 de febrero de 2.011.
  mapa marisma rellenos
Las que se observan en azul oscuro no han sido objeto de análisis en el estudio mencionado, encargado únicamente como justificación del deslinde.
Actualmente, según el informe, algunas de las antiguas concesiones se mantienen en uso, mientras que otras se han recuperado o se encuentran abandonadas y en proceso de naturalización. Como destacaba este informe de la Universidad, la progresiva recuperación de estas zonas, supondrá cambios hidromorfológicos del estuario que afectarán a la estabilidad de la playa del Regatón y reducción del Puntal de Laredo.

Asimismo, D. Francisco Martín, entonces Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabría, --actualmente integrado en IH CANTABRIA, en la Jornada del pasado 17 de febrero de 2011, organizada por la Secretaria de Estado de Cambio Climático, en una magnífica exposición, puso de manifiesto la interacción de todos los ecosistemas dentro de un estuario y que los de Cantabria han visto reducida su área inundable de forma notable, reducción “que ha generado una morfología diferente a la original, tanto en las zonas ocupadas como en el resto del estuario”. En este sentido, añadió, que esa diferente morfología origina comunidades diferentes, pero también valiosas. En su opinión, la Ley de Costas permitirá recuperar algunas de las zonas ocupadas y restituir la dinámica original de las mismas en todos los estuarios “lo que acarreará cambios, también en otras zonas del estuario”.
De ello resulta que cada Proyecto de recuperación de una marisma,  cualquier tipo de actuación pública en un estuario, debe ser estudiada y analizar sus efectos sobre la morfodinámica y equilibrio del sistema y en la regresión de la costa.
Sin embargo, muy pocas son las actuaciones y proyectos que integran tales estudios o son sometidos a Evaluaciones de Impacto ambiental que, en todo caso, resultan insuficientes. En el supuesto de las marismas del estuario del Asón ya recuperadas no ha sido efectuado estudio alguno.
004-EL PUNTAL DESDE M62273
El Puntal de Laredo en el espacio comprendido entre la playa del Regatón y la Avda. de los Derechos Humanos podría verse convertido en 10, 50, o 100 años en una marisma, según el estudio de IH Cantabria, en cuanto más sujeto a los eventos de inundación, simplemente por la recuperación de las concesiones de marismas coloreadas en azul claro, sin evaluación previa de impactos, ni adopción de medidas correctoras.

Otro ejemplo de estas afecciones graves a terrenos urbanos, como consecuencia de la ejecución de obras y proyectos públicos, lo tenemos en el municipio de Noja. Según el estudio de la Asistencia Técnica que presenta Costas, realizado por el Instituto de Hidráulica de la Universidad de Cantabria,  para efectuar el deslinde de Noja, lo que se pretende es, asimismo, la ejecución del Plan de recuperación de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Se basa el estudio en que si se abren los diques de la Marisma Joyel, aunque sea unos metros, y se retiran los rellenos del Camping los Molinos (no dice nada de las presas de los molinos de marea), se inundaría la marisma como antes del siglo XV, y aunque únicamente se inundará la marisma según una ortofoto que incorpora el estudio, llegaría a afectar de tal forma al equilibrio de la playa y la anchura de la desembocadura que precisan las fincas de Castrejón, terrenos urbanos de los Campings Playa Joyel  y Suaces, Apartamentos Turísticos Ris, carretera municipal, y otros suelos urbanos, como reserva para subsanar esos efectos destructivos de su Plan. A costa, como en el caso de Laredo, de legítimas propiedades del municipio y de particulares, terrenos continentales inactivos desde hace más de trescientos años.

En informes periciales del Ingeniero especialista en puertos, Jesús Merino Fernandez, aportados al expediente de deslinde, se ofrecen soluciones de menor intervención que producen el efecto de mejora de la marisma sin necesidad de afectar o inundar la carretera de Noja a Soano o fincas nunca pertenecientes a la marisma. No se ha dado respuesta aún a los recursos presentados en el mes de marzo pasado.
Copia de Imagen 196
La ejecución de este Plan, que afecta a 11 municipios de Cantabria, y la ausencia de cualquier medida de protección de los sistemas dunares y playas actuales, es lo que justifica la ampliación de dominio público en los deslindes aprobados este mismo año, a costa de terrenos originariamente de propios de los Ayuntamientos, hoy en parte de particulares, integrados en la zona de Reserva del PORN.
Ahora pretenden asociarse a las marismas, provocando desde hace tiempo, mediante actuaciones parciales ya ejecutadas,  reconocidas en el informe de IH Cantabria, graves deterioros en los cordones dunares activos, dunas terciarias protegidas por la Directiva Hábitat  y playa seca, integrados en la Red ecológica europea Natura 2.000.

De lo que no existe estudio alguno conocido hasta la fecha, de una forma integral e integrada, es de las causas del deterioro progresivo que está sufriendo la Playa Salvé y su sistema dunar, la zona de Restaurantes, aparcamiento, el Paseo  Marítimo. Desconocemos en la actualidad cual sea el origen de los gravísimos daños y alteraciones morfodinámicas que está sufriendo. No sabemos si las obras públicas ejecutadas en los últimos años, unidas a la incidencia de las marismas ya recuperadas, sumada a otras causas naturales o artificiales, o bien la extracción de áridos por los dragados que se efectúan periódicamente y su depósito en zonas inadecuadas o fuera del sistema, pueden haber forzado  pérdida de sedimentos o un cambio en el sentido de las olas produciendo un giro en la playa y afectando a las zonas urbanas.

Las playas giran, metafóricamente hablando, como un girasol, en el sentido de las olas, según pudimos conocer en una charla protagonizada por D. Raúl Medina Santamaría a la que asistí recientemente junto con Alcalde D. Ángel Vega Madrazo. Cualquier obra marítima, según su conferencia del 6 de julio de 2.010, pronunciada en Asturias, produce una alteración de las olas, cambia las olas y las playas responden a ese cambio. Tal vez no sea descabellado, en algunos casos, a la vista de la descapitalización de arena y erosión existente en nuestra playa, formación de dunas sobre el Paseo Marítimo, amontonamiento de arena contra diques o el puerto y el punto en el cual se vierten las procedentes de dragados.
Inclusive todas o algunas de estas causas superpuestas.
Imagen 001
Lo que no podemos admitir es que, después de todas las actuaciones y obras públicas ejecutadas en los últimos años sin evaluación de impacto ambiental, ni adopción de medidas de protección alguna de otros ecosistemas valiosos, que han ejecutado o consentido en nuestra costa las Administraciones estatal y regionales en los últimos años, pretendan argumentarnos que son únicamente las edificaciones colindantes las que constituyen una barrera artificial al desenvolvimiento de las playas, como suele aducir la Abogacía del Estado en los procesos judiciales frente a los deslindes realizados con la nueva ley de costas. El desarrollo urbanístico de Laredo fue efectuado en los años 60, y jamás hasta hace cuatro o cinco años se han empezado a sentir estos efectos. Casualmente, es el mismo período en que se desarrollan las actuaciones públicas mencionadas.

El estudio EUROSION, encargado por la Comisión Europea y concluido en mayo de 2.004,  siguiendo la iniciativa del Parlamento Europeo, se centra en cuantificar las condiciones, el impacto y las tendencias de la erosión costera en Europa, y evalúa las necesidades de acción a nivel de la Unión Europea, de los Estados Miembros y de las regiones. En él se indica  que las zonas costeras desempeñan funciones ecológicas, sociales y económicas muy relevantes, las más importantes son la protección de bienes frente a los temporales y a la intrusión de agua marina, la absorción de abonos y de sustancias contaminantes evacuadas por los ríos hacia el mar, así como la reproducción y la alimentación de los peces, crustáceos y aves. Reemplazar sus funciones naturales costaría mucho más de lo que las futuras generaciones de ciudadanos europeos se pueden permitir. Concluye que los esfuerzos deben dirigirse a mejorar la resiliencia de los espacios litorales mediante una mejor gestión de los sedimentos y la preservación del espacio suficiente para los procesos costeros.
Estas conclusiones parecen bastante incompatibles con las actuaciones públicas desarrolladas en el estuario de Santoña y otros espacios de nuestra costa a la vista de los deterioros causados y previsibles a más largo plazo.
Por ello, resulta de imperiosa necesidad la búsqueda de una solución, meditada, pero rápida y efectiva, previo estudio urgente de las causas determinantes de tales efectos, ante la gravedad de los daños que están sufriendo nuestras playas, que podría llegar a afectar inclusive a zonas edificadas en los próximos temporales. Actuaciones de prevención con independencia de otras medidas necesarias de estudio y determinación de  las causas de su erosión creciente  y  de la planificación y gestión integrada de la costa. 
No podemos dejar que las olas discurran por las calles de nuestra ciudad, como afirma la Administración ocurrió en el municipio de Somo, en el temporal acaecido el 30 de enero de 1.990. En aquel caso fue la política de incruentos dragados iniciada en los años ochenta, en interés de la navegación hacia el puerto de Santander, la que asoló el sistema dunar destruyendo la barrera natural de protección de la costa que constituyen los sistemas dunares, permitiendo, el día del temporal, el paso del mar por encima de la formación arenosa de la flecha del puntal . Si no hubiera sido por la barrera artificial de la primera línea de urbanización del casco urbano de Somo, quién sabe si los desastres aún hubieran sido más graves, porque, en su extremo, el puntal estuvo a punto de romperse y convertirse en una isla. Todo ello fue objeto de estudio y recuperación, modificándose la política de dragados, a  raíz del estudio encargado al Grupo de Ingeniería Oceanográfica de la Universidad de Cantabria.
En el análisis efectuado en el Proyecto EUROSION, se señala que durante el último siglo ha existido un conocimiento limitado de las autoridades sobre los procesos del transporte sedimentario, lo que ha comportado la adopción de medidas inapropiadas para mitigar la erosión costera. En algunos casos estas prácticas han resuelto los problemas erosivos localmente, pero los han empeorado en otras zonas próximas -alcanzando decenas de kilómetros - o han dado lugar a otros problemas ambientales.
PUNTAL DESDE EL AIREQueda para los especialistas el estudio de las posibles relaciones e implicaciones entre los efectos morfodinámicos originados por la recuperación de concesiones, dragados, escolleras, presas, construcción o ampliación de puertos y otras obras públicas, todos ellos superpuestos sobre un estuario. Inclusive, el cambio y repercusión de todas estas actuaciones, si las analizamos en el conjunto de todos los estuarios, sobre el nivel general de la cota de inundación, perfil de playas, etc, en nuestras costas. Tal vez deban encararse todos esos problemas que determinan un nuevo escenario de partida ante la elevación del nivel del mar y el cambio climático.
Lo que sí está probado por estos expertos de reconocido prestigio en la materia, en el  informe EUROSION, es que cualquier concesión que sea objeto de recuperación,  u obra pública, la construcción o ampliación de un puerto, un simple dragado, en cualquier punto de un estuario, cualquier obra marítima, producirá efectos de mayor o menor intensidad en función de su superficie y otros factores, en terrenos tan alejados como pueden estarlo el Puntal de Laredo y una concesión en Rada, Limpias, Arnuero, Escalante o Argoños, incluso a decenas de kilómetros. En el informe EUROSION se señala asimismo:
“Los grandes proyectos como la ampliación de puertos, la ocupación de suelo por parques eólicos o las centrales eléctricas, en general integran los procesos de erosión costera en los EIA (Estimacion de Impacto ambiental) de algunos países. Sin embargo, con frecuencia el coste de las medidas correctoras excede la disposición -o la capacidad- del promotor a pagar. Esto puede ilustrarse en el ejemplo del puerto de Aveiro, donde el coste anual del “by pass” de arena ha sido considerado excesivo para las autoridades portuarias. Los procedimientos de EIA no son sistemáticamente aplicados a los proyectos de tamaño reducido o medio, a pesar de que estos proyectos tomados en cuenta conjuntamente pueden tener un efecto notable sobre los procesos de erosión”. (Supuesto de los proyectos parciales de recuperación de marismas).“Son pocos los países que han institucionalizado la evaluación y han sistematizado una cartografía de los riesgos como parte integrada en los proceso de planificación territorial. Pero incluso cuando estos mapas existen, son poco accesibles al público…” “Sin embargo, sí que puede ser cuestionable que una Administración pública soporte un coste si los responsables son otros, o si un propietario privado decide establecerse en un área de riesgo. Por todo ello y bajo estas circunstancias, la oportunidad de adjudicar la responsabilidad de la defensa costera a los beneficiarios e inversores debe ser considerada (según el principio de quien contamina paga).”

Por consiguiente, si han sido recuperados terrenos de marismas sin evaluación de impacto, o han existido errores o efectos sinérgicos, superpuestos, no estimados en otras actuaciones previas o actuales, si existen puntos negros o zonas críticas por la excesiva ocupación del frente litoral, es necesario que se estudien sus repercusiones, se corrijan y se adopten las medidas oportunas, antes de que los daños sean más graves. Con el acuerdo de las tres Administraciones públicas, a través de los Planes Generales Municipales, es posible transferir aprovechamientos y reubicar actividades que incidan peligrosamente en la protección de la costa, sin perjudicar a terceros adquirentes de buena fe, sin esperar al vencimiento de las discutibles concesiones que establece la DT Primera de la Ley de Costas, y con un coste mucho menor que la compra de terrenos, que al final pagamos todos.
054-dunas del puntaldfd

Es un millón de veces más efectiva, más económica y desde luego mucho menos lesiva la política de prevención que la de reparación. Sobre todo, si la ausencia de protección que constituye la barrera dunar, puede provocar inclusive la pérdida de vidas humanas, como ocurrió en algunos de los temporales descritos inicialmente.   A estas alturas, al contrario de lo que estudiábamos en la teoría de la responsabilidad, da igual cual sea “la causa de la causa que es causa del mal causado”. Pueden haber sido actuaciones públicas importantes y valiosas, no evaluadas y/o en su caso defectuosamente ejecutadas,  el interés del ser humano a lo largo de toda su historia de asentarse cerca de los ríos y de la costa.  Lo que hemos de demandar y constituye una obligación inaplazable y urgente, son las soluciones, la planificación y gestión integrada de la costa y la coordinación, concertación y participación de las tres Administraciones Públicas, estatal, regional y local. Finalmente, celeridad administrativa en su ejecución, a fin de proteger el paisaje, los ecosistemas y los asentamientos humanos que entre todos hemos construido.

Personalmente agradezco a personas como Carmen del Amo, Presidenta de la Asociación Europea de afectados por la Ley de Costas y a sus delegaciones en las comunidades autónomas, a la Presidenta de la Asociación DARACA (Liencres) Pilar Embeitía, así como a cuantas asociaciones defienden intereses colectivos, ya sea humanos como los de respeto a la biodiversidad, la labor desarrollada hasta la fecha. Sus reivindicaciones nos permiten conocer todos los aspectos del conflicto social y descubrir que la preservación de los derechos de todos los seres vivos, las políticas de equilibrio,  sostenibilidad y la concertación entre las tres Administraciones Públicas son el único camino posible hacía la paz social y el desarrollo económico, en el marco del pleno respeto al Patrimonio Natural y a nuestra Carta Magna.

jueves, 22 de diciembre de 2011

Miguel Arias Cañete recupera Agricultura como cartera y como Ministerio

Arias Cañete, de 61 años, repite como titular de Agricultura con Mariano Rajoy, en un departamento que incluye también las competencias de Medio Ambiente, a pesar de haberse especulado con la posibilidad de que pudiera hacerse cargo de la cartera de Exteriores.

  • La primera vez que Arias Cañete fue nombrado ministro de Agricultura fue el 27 de abril de 2000, en sustitución de Jesús Posada, actual presidente del Congreso de los Diputados.
    Durante su gestión al frente de Agricultura, Arias Cañete, que en la actualidad es diputado por Madrid, afrontó la crisis de las 'vacas locas' o la peste porcina y la escalada de precios del gasóleo agrícola.
    Además tuvo que hacer frente a la negociación del acuerdo pesquero de la Unión Europea con Marruecos, que finalmente no llegó a buen puerto, o a las consecuencias del vertido del 'Prestige' frente a las costas gallegas.
    En 2001, Arias Cañete tuvo que enfrentarse a un nuevo problema, cuando se hizo público que algunos sistemas de producción de aceite de orujo de oliva podían generar sustancias cancerígenas.
    En las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, que dieron la victoria al PSOE, Arias Cañete cesó como ministro y fue sustituido por Elena Espinosa.
    Nacido en Madrid el 24 de febrero de 1950, casado y con tres hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo por oposición la plaza de abogado del Estado en 1974 y ejerció la actividad docente como profesor de la Facultad de Derecho de Jerez de la Frontera (Cádiz).
    Entre 1981 y 1984, fue profesor de Derecho Comunitario Europeo en los cursos organizados por la Dirección General de lo Contencioso del Estado y por la Secretaría de Estado para las Relaciones para las relaciones con las Comunidades Europeas.
    Ocupó un escaño en el Parlamento Andaluz entre 1982 y 1986, fecha en la que es elegido Senador, presidiendo la Comisión de Presupuestos de la Cámara Alta hasta 1986.
    En enero de 1986 fue elegido eurodiputado dentro del Grupo Popular Europeo, y ocupó su escaño hasta junio de 1999. Entre 1994 y 1996, fue presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, y desde 1996 hasta el final de la legislatura europea, presidente de la Comisión de Política Regional de esta misma cámara.
    Su relación con la política data de 1981, fecha en que se afilia a Alianza Popular. En esta formación, fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional entre 1982 y 1990. Es además abogado en ejercicio en los Colegios de Jerez de la Frontera y Ceuta desde 1978.