viernes, 14 de junio de 2024
Tavernes exige paralizar los deslindes que afectan a 36 viviendas de la Goleta
Los vecinos de la Goleta de Tavernes de la Valldigna han observado indignados como los técnicos de Costas realizaban el acto de apeo, marcaban los puntos de sus propiedades afectadas por el deslinde. En febrero de este año la Demarcación de Costas publicaba el expediente de revisión del deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, del tramo de costa de unos 510 metros de longitud, entre el límite con el término municipal de Cullera y el 'Passeig dels Tarongers', en la playa de La Goleta, de Tavernes de la Valldigna.
Pese a las alegaciones y a la oposición tanto de los propietarios como del Ayuntamiento de Tavernes y de la Generalitat, el expediente sigue su curso y ahora se ha dado un paso más señalando el área que dejará de ser privada y pasará a ser de dominio público. Las viviendas afectadas son 36 por el cambio de dominio público, varios grupos de casas unifamiliares frente al mar. En la mayoría de casos el deslinde afecta a zonas ajardinadas y piscinas pero incluso hay algunas viviendas donde el nuevo límite llega al interior. Pero también existen unos 300 inmuebles que formarán parte de la nueva área de servidumbre de paso por lo que en el futuro también encontrarán limitaciones.
Los afectados han estado presentes en el acto de apeo y han afeado a Costas que no se frenen los deslindes cuando existe un gran proyecto de regeneración de la playa que supondrá un importante incremento de la línea litoral que acabará con los problemas de regresión en este punto de la costa valenciana.
Sin embargo, los retrasos en la puesta en marcha de la actuación en la Goleta han provocado que lleguen antes los deslindes. Por ello, el Ayuntamiento de Tavernes ya ha presentado alegaciones y ha pedido a Demarcación de Costas la paralización del expediente administrativo.
Costas ha respondido que ambas actuaciones son independientes por lo que el expediente de deslinde continúa. Desde SOS Platja de Tavernes han recordado que sigue sin estar completo el informe encargado desde 2022 y que los técnicos no han respondido a muchas de las preguntas planteadas en el acto. «Esto no es una expropiación, aquí nos quitan la casa y te dan una concesión», señala un miembro de la plataforma.
Tras el acto en el Consistorio, se ha acudido a la playa para marcar los puntos del deslinde y los miembros de SOS Platja de Tavernes han solicitado que se levantara acta pero los técnicos de Costas ya no estaban presentes por lo que ha acudido la Guardia Civil y la Policía Local, ante la negativa de representantes del Ministerio a que se grabara el acto, para dar fe de lo sucedido.
Alegaciones
El Ayuntamiento presentó el pasado mes de febrero las alegaciones pertinentes y ya ha requerido en tres ocasiones, dos por escrito y este miércoles durante la reunión celebrada en la localidad, que Demarcación de Costas pare la tramitación del expediente del deslinde. Una reunión en la que por parte del gobierno local han estado presentes la alcaldesa Lara Romero y los tenientes alcalde José Enrique Cuñat y Juan Bautista Talens.
La alcaldesa ha defendido, una vez más, a los afectados y ha reiterado que «este gobierno siempre estará junto a los vecinos y vecinas porque son una prioridad. El Ayuntamiento de Tavernes ya ha efectuado los trámites necesarios para paralizar este proceso porque es incoherente que se inicie un deslinde en una playa, la de la Goleta, donde ya existe un proyecto de regeneración».
En la misma línea se han manifestado desde el PP local. «Estos deslindes quedarán inservibles tras la regeneración como ha pasado en otros puntos pero los propietarios ya habrán perdido sus espacios sin ninguna indemnización porque la Administración no ha actuado a tiempo», lamenta la portavoz del PP en Tavernes, Eva Palomares.
Con la intención de paralizar este proceso de deslinde, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio ha presentado alegaciones contra este procedimiento. El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Vicente Martínez Mus, que se ha personado en el acto de apeo en el Ayuntamiento de Tavernes de Valldigna, ha señalado que «se trata de un expediente muy agresivo, a diferencia de otros que hemos tenido, que se aplica en una zona ya deslindada. Se contradice así el Ministerio de Transición Ecológica, que venía diciendo que deslindaba tramos pendientes, no revisaba los ya hechos» y ha añadido que, «nos oponemos, una vez más, a que el Ministerio prive de derechos y oportunidades de futuro a los vecinos».
Martínez Mus ha remarcado que «el Gobierno central intenta explicar que es un deslinde que no afecta a muchas personas y no es verdad. Modificar la línea genera nuevas afecciones a propietarios, que están en lo que se llama servidumbre de tránsito o de protección y estos vecinos van a ver muy limitados sus derechos de propiedad».
Por una parte, el director general ha expuesto que «está comprobado que hay una aplicación indebida de la ley y que el deslinde -en el caso de insistir practicarlo- debería volver a iniciarse en cualquier caso aplicando el reglamento en la versión anterior a una modificación declarada nula previamente por el Tribunal Supremo».
Por otra parte, Martínez Mus ha manifestado la falta de oportunidad del deslinde ya que se pretende revisar una zona ya deslindada en 1999. «Es incongruente con la estrategia plasmada y manifestada en numerosas ocasiones por el Ministerio para la Transición Ecológica de deslindar los terrenos que no lo estuvieran desde la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988», ha explicado el director general.
Asimismo, en este caso, Martínez Mus ha insistido en que «existe un deslinde vigente, además de obras en trámite y proyectadas otras que podrían hacer variar sensiblemente la línea de ribera de mar y la de dominio público marítimo terrestre». Por lo que «anticipar el deslinde a la ejecución de esas obras es generar graves perjuicios a particulares sin necesidad», ha añadido.
Además, «no queda justificado el motivo de la modificación de la línea de dominio público, más si cabe cuando el Ministerio indica que la causa son los temporales acaecidos en 2020, causa de nulidad decretada por el Tribunal Supremo de la modificación del Reglamento General de Costas (agosto de 2022)», ha puntualizado.
Por último, para el director general se trata «de un golpe de fuerza más que forma parte de la vorágine por deslindar del Gobierno central». También ha destacado que «la Generalitat se ha opuesto desde un principio a estos deslindes en las costas de la Comunitat Valenciana» y ha recordado que el Consell trabaja para desplegar todas sus competencias en la materia.
Cuando los deslindes acaban con jardines, piscina y el salón de una vivienda
Los afectados de Tavernes de la Valldigna por el nuevo expediente de Costas claman contra la «injusticia» y la «desprotección» de la Administración
sábado, 11 de mayo de 2024
El Gobierno 'cuela' una enmienda en la Ley de Paridad para facilitar la aprobación de leyes sin consulta pública
- Busca reformar la Ley del Gobierno para que solo haya que cumplir...
- ...uno de los seis requisitos actuales para poder saltarse el trámite
El Gobierno ha colado una enmienda en la Ley de Paridad para rebajar los requisitos para sacar adelante leyes, reales decretos y reglamentos sin necesidad de sacar la norma a consulta pública. Es decir, sin que los ciudadanos u organizaciones potencialmente afectados por la nueva ley o reglamento puedan opinar al respecto.
El PSOE y Sumar buscan reformar el artículo 26 de la Ley del Gobierno con el objetivo de que con solo cumplir una de las actuales seis circunstancias que marca la norma para poder prescindir de la consulta pública, el Ejecutivo ya tenga vía libre para saltarse este trámite.
Los partidos justifican este cambio en que el Tribunal Supremo tumbó el pasado 31 de enero el Real Decreto del 1 de agosto de 2022 que modificaba el Reglamento General de Costas porque el Gobierno obvió el trámite de consulta pública.
Según PSOE y Sumar, la sentencia considera que, en el caso de normas reglamentarias, para poder prescindir del trámite de consulta pública previa, han de concurrir las circunstancias acumuladas de que se trate de normas presupuestarias u organizativas y, además, razones graves de interés público que lo justifiquen, no imponer obligaciones relevantes a los destinatarios o regular aspectos esenciales de una materia.
Así es la actual ley
Es decir, la actual Ley del Gobierno, según establece literalmente, solo permite excluir la consulta pública "en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. También podrá prescindirse de este trámite de consulta en el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas".
El cambio que busca Sánchez
El cambio que busca el Ejecutivo a través de la enmienda número 76 indica textualmente que podrá prescindirse de consulta pública "cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias":
a) Cuando se trate de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas.
b) Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.
c) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica.
d) Cuando la propuesta no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios.
e) Cuando la propuesta regule aspectos parciales de una materia.
f) Cuando se acuerde la tramitación urgente de iniciativas normativas, en los términos previstos en el artículo 27.2.
El trámite de consulta pública previa tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo sobre los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Este cambio daría mayor manga ancha al Ejecutivo para sacar adelante normas sin necesidad de que pasen el filtro de la opinión ciudadana o las organizaciones o empresas afectadas.
- https://www.eleconomista.es/legal/noticias/12802965/05/24/el-gobierno-cuela-una-enmienda-en-la-ley-de-paridad-para-aprobar-leyes-sin-consulta-publica.html
¿De quién dependen las leyes?... Pues eso...
Platja d’Aro abre otra vía para los 1.200 afectados por la ley de Costas
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La situación afecta 858 propiedades, entre pisos, garajes, casas o locales de primera línea de mar |
Un catedrático parte de la idea que dos órdenes ministeriales podrían ser nulas.
El conflicto que desde hace cinco años impide a 1.200 propietarios de edificios situados en un tramo de primera línea de mar de Platja d’Aro registrar operaciones de compraventa o de transmisión de herencias ha abierto un nuevo capítulo que puede ser un pequeño resquicio de esperanza para los afectados.
Una ley de 2013 indicaba, ante la sorpresa de los perjudicados, que una parte de edificios de un tramo de 650 metros de la playa Gran estaban situados en una zona de dominio público marítimo terrestre, propiedad del Estado.
Ley 2013
Una ley de 2013 indicaba que una parte de edificios de un tramo de 650 metros de la playa Gran estaban situados en una zona de dominio público marítimo terrestre
El Ayuntamiento y los afectados batallan para cambiar una situación que les deja en un limbo legal desde que en 2019, la nueva registradora de la propiedad se negó a inscribir compraventas y otras operaciones.
Hace un año, el Ayuntamiento de Platja d’Aro presentó ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso, pendiente de sentencia, contra el silencio administrativo del ministerio competente ante los requerimientos en los que se reclamaba que se excluyera del dominio público marítimo terrestre el término municipal. Ahora, a ese recurso se le podría sumar pronto otra demanda por vía administrativa impulsada por el abogado y catedrático de Derecho de la Facultad Complutense de Madrid, Emili Suñé.
¿Cómo puede ser que a lo largo de 74 años nadie supiera de ese deslinde?, se pregunta Emili Suñé.
Dueño de tres fincas afectadas, explica que los propietarios “son las víctimas” de una “situación totalmente kafkiana”, de un “enredo urbanístico” de primer orden en el que intervino incluso el Tribunal Constitucional en el año 2015 sin cerrar la cuestión. Este abogado, experto en derecho administrativo, se pregunta cómo puede ser que a lo largo de 74 años nadie supiera que Platja d’Aro estaba afectada por el deslinde. El estado sitúa en el año 1945 esa primera delimitación de la zona marítimo terrestre.
“Un registrador de la propiedad no es bobo, tampoco lo son los funcionarios del Ayuntamiento ni los notarios… ¿Por qué el departamento de Costas no dijo nada cuando se edificaba ante su propia costa?”. Preguntas –dice Suñé- que le hicieron abrir los ojos. “Me entró la duda de que Platja d’Aro hubiese tenido alguna vez una afectación del dominio público”, esgrime. Parte de los edificios de primera línea involucrados en esta situación se construyeron en las décadas de 1960 y 1970.
El catedrático parte de la base que dos de las órdenes ministeriales con las que se habría basado el Estado para delimitar el deslinde en Platja d’Aro podrían ser nulas o contar con defectos de forma que avalarían su nulidad. La primera es la del año 1945. “Nadie ha visto esa orden, ni siquiera en los Boletines Oficiales de la Provincia (BOP) de aquellas fechas aparece ninguna mención a Platja d’Aro ni otras formas de toponimia del municipio empleadas entonces”, explica.
Suñé ha reclamado al Ministerio de Transición Ecológica poder ver esa orden para saber si existe en realidad y conocer su contenido. El catedrático recuerda que en esa época aún no existía la Ley de Costas, ya que la primera data de 1969. Tampoco la Ley de Patrimonio estatal, la primera es de abril de 1964, que es la que da pie a la operativa de dominio público. La normativa que regía entonces era la Ley de Puertos de 1928, respetuosa con la propiedad privada, y el Código Civil.
La segunda orden ministerial de la que duda es de la del año 2000. “Es un orden secreta, solo comunicada internamente entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio Provincial de Costas, que nunca se ha publicado y de la que nos hemos enterado por casualidad”, esgrime Suñé, que está en contacto con las 15 comunidades de vecinos afectadas para ir todos a una en una demanda que presentarán por vía administrativa.
Dos anomalías que podrían dar pie al reconocimiento de los afectados como propietarios de pleno derecho desde siempre de sus fincas.
Una situación dramática
Ni comprar, ni vender, ni mejorar la hipoteca
Los problemas empezaron en el año 2019 cuando la nueva registradora de la propiedad de Sant Feliu de Guíxols, amparada por el Ministerio, se negó a inscribir las transmisiones patrimoniales en el Registro de la Propiedad, haciendo una interpretación más restrictiva que su antecesor de una ley de 2013 que situaba Platja d’Aro y otros once núcleos del litoral español en zona marítimo terrestre. Que una propiedad no figure con su nuevo titular en el registro implica problemas tanto para un futuro comprador como para el vendedor de las fincas afectadas. El primero no puede pedir una hipoteca, de modo que si no tiene suficiente liquidez no podrá materializar la compra. También es un problema para el propietario que, ante la necesidad imperiosa de querer vender, puede acabar haciéndolo por un precio muy inferior al previsto. A todo eso se le añaden otros problemas. Por ejemplo, los que todavía pagan una hipoteca no pueden mejorar sus condiciones bancarias porqué la registradora tampoco las inscribe. “Todo eso da pie a una situación dramática para los propietarios, que si quieren vender, deben aceptar unas rebajas nada razonables, lo que fomenta la aparición de mafias de especuladores”, explica Rafael Arau, presidente de la Associació del Passeig Marítim, que agrupa a varios afectados. Al menos unas sesenta operaciones de compraventa han quedado frenadas por esta rocambolesca situación.
La angustia de los vecinos de Mazarrón a los que Ribera quiere incautar sus casas: «Lloramos de impotencia»
Una treintena de propietarios en la playa de Nares, Mazarrón, está viviendo una auténtica pesadilla al ver como el Estado pretende incautar sus casas aplicando la Ley de Costas. Estos vecinos explican que sus hogares, situados en primera línea de playa, corren peligro debido al acercamiento progresivo del mar y a la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez que se niega a modificar una ley que convierte estas propiedades en lugares susceptibles de ser incautados una vez que entren a formar parte de la zona de dominio público marítimo.
OKDIARIO ha podido hablar con ellos y ha sido testigo de la desesperación que viven los propietarios en esta línea costera del municipio murciano. «Es como si fuéramos okupas de nuestras propias casas. Lloramos de impotencia ¿Qué hemos hecho nosotros mal?», dice Constantino Sánchez López, miembro de la Asociación de Propietarios La Reya-Nares de Mazarrón.
Uno de los vecinos explica a este medio que las casas que se sitúan en la línea costera son «centenarias» y que algunas tienen hasta 120 años. «Esta casa es del año 1923 pero hay casas mucho más antiguas. Me parece muy mal que se tiren, esto es un patrimonio histórico, es la memoria de un pueblo», señala el propietario de una de estas construcciones.
Según manifiestan, el imparable avance del mar es agravado por la acción del hombre que ha contribuido a cambiar la morfología de la playa. «Era cóncava y ahora es convexa. Además pasan una maquinaria pesada todos los veranos de más de 30.000 kilos aplastando la arena para dejar la playa más bonita», denuncian.
Ahora bien, estos vecinos no sólo están amenazados por la misma naturaleza. A sus espaldas el Estado ha vendido un terreno para levantar 2.500 viviendas, un hotel y un centro comercial. Ordenación Bahía, así se llama este proyecto para modernizar Mazarrón, busca, además, eliminar las históricas viviendas de primera línea para construir un paseo marítimo y ensanchar la playa. «De la noche a la mañana existe una demarcación de costas que toma la decisión de tirar la línea de costa por detrás del dominio público ¿Por qué? ¿Dónde están los derechos fundamentales recogidos en la Constitución?», se pregunta Constantino Sánchez López el cual afirma que este modo de proceder «es una clara evidencia de como se están haciendo las cosas en este país».
El Gobierno y la Ley de Costas
La playa de Nares en Mazarrón no es la única zona afectada por la negativa del Gobierno a modificar la Ley de Costas para proteger la propiedad privada. En total son más de 400 propietarios los que están gravemente afectados por esta política «climática» del Ejecutivo de Sánchez.
OKDIARIO ha podido saber que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, decidió paralizar en 2018 una estrategia de protección del litoral aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2016 que consistía en la construcción de infraestructuras que impidiesen que el mar avanzase tierra adentro, una medida que aseguraba la línea costera y protegía las propiedades en primera línea. «Es una cuestión de fundamentalismo ideológico, de radicalismo ecologista. Si el mar avanza pierdes tu propiedad. Ya hay órdenes de demolición», han dicho fuentes del PP en la Región de Murcia.
Como consecuencia de anular esta política del Partido Popular, decenas de miles de propietarios por todo el litoral mediterráneo se han visto desprotegidos en dos frentes: por el avance natural del mar que desde hace décadas ha establecido la línea de olas varios metros tierra adentro y por la pasividad del Gobierno que ante estos cambios ha decidido adaptar el dominio público marítimo terrestre a la nueva situación, lo que impide la propiedad privada.
Pero ¿qué consecuencias concretas tiene todo esto? En primer lugar, los mojones que marcan la línea de costa se van a situar donde ahora están las viviendas o incluso detrás de ellas, englobando todo ese espacio dentro del dominio público marítimo. Este hecho produce que los dueños de estas casas ya no tienen una propiedad privada, sino que están ocupando un espacio público. Sin embargo, lo que más preocupa a los residentes es el camino que se está llevando a cabo para llegar a esta situación: órdenes de demolición directa de las viviendas y ofertas de concesiones administrativas temporales para que los propietarios puedan seguir ocupando sus propias viviendas durante un tiempo limitado. «El problema es que se trata de una incautación no de una expropiación porque ni siquiera te indemnizan», han explicado las fuentes anteriormente citadas.
domingo, 18 de febrero de 2024
La erosión de la costa por diques, puertos y presas es 10 veces mayor que la provocada por el cambio climático
El profesor Medina Folgado expone ante los abogados de la Comunitat Valenciana la situación de las costas y los modos de resolver la regresión.
Apenas unos días después de que el Tribunal Supremo tumbase el Reglamento de Costas aprobado por decreto por el Gobierno de Pedro Sánchez el año pasado y que está provocando mucho malestar con los deslindes en municipios como Dénia, el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) celebró el martes una jornada bajo el título "Deslindes de la Ley y de Costas. Cómo defenderse de la Administración", en la que participó el ingeniero y catedrático, Josep Ramón Medina Folgado, director del Laboratorio de Puertos y Costas de la Universitat Politècnica de València.
El doctor e ingeniero fue contundente respecto a la situación de las costas en la Comunitat Valenciana y las causas responsables de la erosión generalizada de las playas, que cifró en un déficit de 2,5 millones de metros cúbicos de sedimentos al año (según se desprende del estudio Beachmed).
Para el experto, la construcción de embalses y presas fluviales, diques, puertos y las extracciones de arena provocan diez veces más regresión del litoral que el aumento del nivel del mar y erosión por efecto del cambio climático.
Medina Folgado remontó su explicación a los años 80 del pasado siglo, cuando la iniciativa pública pasaba por recuperar la costa y regenerar las playas. Y la contrapuso a situación actual en la que el cambio climático es utilizado como "excusa para eludir responsabilidades" por las administraciones, que no van más allá que limitar la propiedad privada en la costa con deslindes.
El ingeniero explicó que el cambio climático sí causa erosión, con el aumento de 1 a 3 milímetros del nivel del mar al año, pero que "este carácter erosivo es muy pequeño respecto a otros factores". La construcción de presas y embalses en los ríos y de diques y puertos en el mar, son en su opinión los mayores causantes de la pérdida de sedimentos "y todas de estas obras, aseguró, son "responsables las administraciones".
Es más, insistió en que son las administraciones públicas las que "tienen las herramientas y recursos" para volver a regenerar las playas con aportes de arena gracias a depósitos submarinos como el de Cullera, procedente de una playa anterior a la última era glaciar y que contiene 90 millones de metros cúbicos que servirían para regenerar las playas de la Comunitat, que de 1946 a 2000 perdieron 135 millones.
Causas de la erosión
El catedrático se detuvo en las principales causas de que las playas estén retrocediendo. Así, comenzó hablando de las presas de los ríos. Los cauces fluviales, expuso, de forma natural transportan los sedimentos gruesos (arenas y gravas) y los sedimentos finos (limos y arcillas) hacia su desembocadura en el mar. Pero si el transporte natural se interrumpe por una presa, los sedimentos gruesos se depositan y acumulan en la cola de los embalses.
"Los ríos de la cuenca del Júcar están acumulando más de 3 millones de metros cúbicos de sedimentos al año. El 10-15% de esos sedimentos gruesos debería llegar a las playas", afirmó el Medina Folgado. En este sentido, el profesor aseguró que el problema se podría resolver haciendo un trasvase de sedimentos aguas abajo de las presas, pero no se está haciendo pese a la que Directiva Marco del Agua así propone.
El otro gran problema son las barreras construidas por el hombre en el litoral (diques, puertos y espigones) que impide el transporte litoral en los primeros metros de profundidad. El caudal de sedimentos se queda acumulado en una parte y provoca erosión en otra.
Se podría resolver restituyendo el flujo natural cogiendo arenas de un lugar y llevándolo a otro. "El oleaje va a continuar y los diques no se van a mover", explicó Medina Folgado, pero para ello habría que trasladar esos sedimentos allí donde se necesitan.
Es en este punto en el que el experto aboga por coger arena de un banco marino y trasladarlo donde se necesita. Una actuación que se hacía antes de los años 90 y que ahora de desestima salvo en casos excepcionales.
viernes, 16 de febrero de 2024
El Ministerio asegura que puede tramitar una nueva modificación del reglamento de Costas anulado por el Supremo
El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) asegura que la sentencia del Tribunal Supremo que anula el reglamento de Costas de 2022, tras el recurso presentado por la Plataforma de Afectados por del deslinde de Costas de Formentera, "no entra en el fondo de la regulación, sino que la anulación es por cuestiones de forma”. Este deslinde afecta a cientos de negocios y propiedades de toda España y, como es lógico, de Ibiza y Formentera.
Explica que en el caso concreto de la norma anulada por el Alto Tribunal, "se llevó a cabo una amplísima participación pública sobre el proyecto, abierta a toda la ciudadanía y comunicada a todos los potenciales afectados, y se estudiaron y tuvieron en cuenta las numerosas aportaciones recibidas".
Es decir, que el Ministerio considera que se garantizó la "total participación ciudadana" y que "al no haber sido suscitados defectos de fondo [en la sentencia], se puede volver a tramitar la modificación con el mismo contenido".
Insiste en que la modificación anulada de 2022 del Reglamento General de Costas, se refería a "aspectos parciales de una materia" porque afectaba a muy pocos artículos del Reglamento aprobado en 2014. Las modificaciones más relevantes se referían "a concesiones y deslindes, y se introdujeron para adaptar el Reglamento a la normativa vigente así como para tener en cuenta los efectos del cambio climático", puestos de manifiesto en la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española, aprobada en 2017.
Deslindes
Respecto a los deslindes, el Ministerio aclara que el Real Decreto de 2022 eliminó del Reglamento General de Costas "el criterio de alcance del oleaje cinco veces en cinco años para el establecimiento de la ribera del mar" y prescindió de las especificaciones sobre tipos de dunas incluidas en el dominio público marítimo-terrestre, "puesto que en ambos casos se excedía lo regulado en la Ley de Costas y se limitaba la definición de los bienes con características de dominio público, lo que resulta incoherente con los escenarios climáticos a los que nos enfrentamos".
Al mismo tiempo, el Miteco deja claro que la anulación de la modificación del reglamento de 2022 "no implica la anulación de ningún deslinde". Asegura que en todos los deslindes aprobados desde la modificación reglamentaria "se hubiera establecido la misma línea de ribera del mar aplicando el reglamento de 2014, bien porque el alcance del oleaje ha sido solo uno de los criterios aplicados y el resto (inundabilidad, características de playa o acantilado) ya determinan la pertenencia al dominio público, bien porque el alcance de los mayores temporales coincide con el criterio de alcance cinco veces en cinco años".
La modificación de los criterios del deslinde del dominio público marítimo-terrestre del reglamento anulado de 2022, "hubiera tenido efectos más a largo plazo, dados precisamente los efectos del cambio climático, pero aún no en los practicados inmediatamente tras su aprobación, puesto que estos efectos aún no son tan patentes como lo serán en los próximos años", subraya el Ministerio.
Respecto al concreto caso de Formentera, el Miteco asegura que "el deslinde de la mayor parte de la isla se aprobó en 1997 y es firme, al haberse desestimado los numerosos recursos que se interpusieron contra él".
https://www.diariodeibiza.es/formentera/2024/02/16/ministerio-asegura-tramitar-nueva-modificacion-98247272.html
martes, 13 de febrero de 2024
La asociaciones alicantinas afectadas por el Reglamento de Costas anulado por el TS, a la espera de otros recursos
Quieren saber la decisión del alto tribunal sobre otros aspectos denunciados para que el Gobierno no trate de subsanar el error formal y volver a tramitar el decreto como está.
La anulación por parte del Tribunal Supremo del Reglamento de Costas aprobado por decreto en agosto de 2022, echa por tierra todas las actuaciones de la Dirección General del Ministerio para la Transición Ecológica desde esa fecha, muchas de las cuales han tenido una gran contestación social en la provincia de Alicante. De hecho, cada una de las asociaciones de afectados presentó su propio recurso y ahora quedan a la espera de que el alto tribunal responda también a sus argumentos.
Y es que por el momento el Supremo ha tumbado el Reglamento por un recurso de la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costa Formentera, por un defecto de forma basándose en que la norma administrativa (que no ley) del Reglamento no pasó por una consulta pública con participación ciudadana.
Los afectados temen que con tan sólo esta sentencia, el Gobierno intente de nuevo aprobar el Reglamento de Costas por decreto subsanando el error por el que el Supremo ha tumbado la norma administrativa. En cambio, si el Supremo entra a valorar el fondo de otros recursos, se conseguiría un "contexto jurídico" más amplio.
En el caso de la Asociación de Vecinos de Playa Babilonia, en Guardamar, el recurso judicial no estaba basado en la ausencia de consulta pública sino en el modo en que se ha tramitado, un reglamento por decreto, para una materia que debería haber pasado por el Congreso de los Diputados en forma de ley.
"El Reglamento entra a regular materias que no son desarrollo de una ley, sino una ley en sí misma, que es lo que debe reformarse y debatirse en las Cortes. Entre otras cosas porque regula la delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) o el alcance de los deslindes cambiando la ley de Costas y conduciendo a una situación de inseguridad jurídica ya que un reglamento no puede crear derecho", explica Manuel López, de dicha asociación.
También en Dénia otros afectados agrupados en la Asociación en Defensa de la Playa Norte y la Asociación de Playa Les Deveses registraron sus recursos propios, incluyendo uno más en conjunto con la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas que preside Carmen del Amo.
Rosa Marín, vicepresidenta de la Asociación de Playas Norte de Dénia y secretaria del colectivo vecinal de Les Deveses, explica que en tanto en sus recursos como en el general que hizo la asociación de Carmen del Amo, también se contempla la falta de participación ciudadana que ha servido para tumbar el Reglamento, "porque los afectados entendían que les provocaba una indefensión".
Pero además, tanto en este recurso como en las alegaciones que se han realizado a los deslindes del pasado otoño en el municipio alicantino, se exponen más argumentos contra el Reglamento aprobado por decreto, como el hecho de que no se debatan todos estos asuntos en procedimiento de ley.
El varapalo del Supremo a los deslindes del Gobierno no calma a los afectados: "Es un galimatías jurídico que obligará a revisar caso por caso"
En su primera respuesta a la cascada de recursos, el Alto Tribunal anula el reglamento de Costas que dejaba en manos del Estado numerosos inmuebles en primera línea de playa
Miles de propietarios en primera línea de playa están a un paso de perder sus casas o negocios. Sin embargo, la anulación por parte del Tribunal Supremo del reglamento de Costas de 2022 abre ahora la puerta a tumbar los deslindes kilométricos que en los últimos meses había ido realizando por toda la costa española el Ministerio para la Transición Ecológica. Unos deslindes que, al ampliar el alcance del dominio público marítimo-terrestre con el argumento de proteger las playas, afectaban a numerosos inmuebles que, en la práctica, iban a pasar a manos del Estado.
Pero la reciente sentencia del Supremo declara la "nulidad de pleno derecho" del Real Decreto por el que se modificó el reglamento de Costas en 2022. Es la primera respuesta a la cascada de recursos planteados, en este caso, el de los afectados de Formentera. Según el fallo, el cambio del reglamento debía haber pasado por el trámite de la consulta pública, que no se hizo.
Esto significa que los deslindes que ejecutó la Demarcación de Costas conforme a esta norma dejan de ser válidos, pero no los que se iniciaron anteriormente según el reglamento de 2014. Todo "un galimatías jurídico que obligará a revisar caso por caso".
Así lo advierte Manolo López, portavoz de Somos Mediterrania, una entidad que agrupa a medio centenar de colectivos de afectados por la Ley de Costas en toda España. "Que desaparezca la reforma del reglamento de 2022 nos retrotrae a la normativa anterior: el reglamento de 2014, que no es mejor", explica. Por tanto, "solo decaerán automáticamente los deslindes que se estaban sustentando sobre el último reglamento, porque la retroactividad de la norma es limitada".
Y aquí es donde aparece la primera complicación, tal y como constata Pedro Pastor, presidente de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas en Denia. En este municipio alicantino, con gran proyección turística, los vecinos se han levantado en armas en los últimos meses para tratar de salvar los 3.617 inmuebles afectados. De estos, 103 son los que quedarían directamente dentro del dominio público con la propuesta de deslinde. Dicho con otras palabras, sus legítimos propietarios dejarán de serlo en beneficio del Estado. Un caso de "confiscación en toda regla" que denuncia Somos Mediterrania.
Aun así, no está claro que los deslindes en Denia se puedan paralizar sin más. "El deslinde a día de hoy sigue vivo y entendemos que está vigente", lamenta Pastor, que denuncia "la falta de transparencia de Costas". "No hemos podido ver aún ningún informe técnico que justifique los deslindes en Denia, por lo que Costas podría subsanar cualquier defecto y volver a presentar el deslinde", insiste. Y ello porque el deslinde definitivo no está ejecutado, a pesar de que ya se han superado las fases de incoación y del acto de apeo. Dicho de otro modo, está por ver si Costas podría acogerse al reglamento de 2014 y completar el trámite.
Para el director general de Costas de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, "los criterios de deslinde que venía aplicando el Ministerio hacen referencia al temporal Gloria de 2020, por lo que queda claro que el reglamento que se aplicaba era el de 2022". "Es nulo y no se pueden validar los actos administrativos", subraya. En su opinión, "el Ministerio vuelve a la casilla de salida".
https://www.elmundo.es/economia/2024/02/13/65ca5878e85ece8c4a8b45a1.html
domingo, 11 de febrero de 2024
El Supremo anula el reglamento de Costas de Ribera por saltarse la consulta pública
El Gobierno se saltó el trámite de consulta pública y, ahora, el Tribunal Supremo ha decidido anular entero el real decreto por el que el Ministerio para la Transición Ecológica reformó en 2022 el reglamento general de Costas. Este texto cambió, entre otras cosas, las condiciones por las que debían regirse los chiringuitos, las normas para los deslindes o las prórrogas para la ocupación del dominio público-terrestre.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se pronuncia así tras el recurso presentado por la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costa Formentera. La consecuencia inmediata es que ahora está en vigor el reglamento elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014. El Ejecutivo de Sánchez lo cambió para aclarar que las concesiones de dominio público marítimo-terrestre tenían un plazo máximo de 75 años, a contar desde la ley de Costas del 88 (y no desde la solicitud de una prórroga años después), pero también para facilitar los deslindes y para restringir las infraestructuras de los chiringuitos.
Sin embargo, el Gobierno se saltó un paso fundamental de la tramitación: el de escuchar a los ciudadanos. En su fallo, el tribunal señala que para poder prescindir del trámite de consulta pública en un reglamento «han de concurrir las circunstancias acumuladas de que se trate de normas presupuestarias u organizativas y, además de esas específicas normas reglamentarias, que concurran razones graves de interés público que lo justifiquen, no impongan obligaciones relevantes a los destinatarios o regulen aspectos esenciales de una materia». En cambio, el real decreto que sacó adelante el departamento de la ministra Teresa Ribera, «en modo alguno tiene naturaleza organizativa o presupuestaria y, además y a los solos efectos del debate suscitado, en modo alguno cabría infravalorar, como se razona en la Memoria de Análisis del Impacto Normativo, los efectos de la reforma», aperciben los magistrados.
La sentencia cuenta con el voto particular de dos de los cinco magistrados, que consideran que la nulidad absoluta del reglamento es desproporcionada. Según argumentan, hubo participación ciudadana, aunque fuese en un momento posterior a la elaboración del proyecto.
Consecuencias
«A día de hoy, el real decreto no tiene aplicación. Volvemos al reglamento de 2014«, explica Daniel Olabarría, especialista en materia de costas y derecho inmobiliaria en Buades Legal ajeno al proceso. Entre las consecuencias que prevé el abogado se encuentra que los nuevos negocios en la costa podrán optar a concesiones de hasta 75 años, por ejemplo, ya que era el real decreto de 2022 el que limitaba la posibilidad a 30 años.
Además, las condiciones para los chiringuitos volverán a ser las previas. «El reglamento les limitaba mucho los espacios», reconoce Olabarría. El reglamento de Ribera introdujo que estos solo podían ser de una planta y sin sótano. También establecía que las edificaciones no podían «limitar el campo visual ni romper la armonía del paisaje costero o desfigurar su perspectiva». Unas modificaciones que levantaron ampollas entre los hosteleros.
Nuevos deslindes
Para facilitar nuevos deslindes, el reglamento establecía nuevas normas, que han generado afectados por toda la costa española. «Ese reglamento dice cosas como que un único temporal, en un único lugar, una única vez incluso en cien años, sea suficiente para que si llega una ola deje de ser propiedad privada y pase a ser dominio público. Aberraciones como esa y otros pronunciamientos igual de agresivos es lo que propone el reglamento», recordaba ayer haber avisado Vicente Martínez Muz, director general de Costas de Comunidad Valenciana. Entonces avisó de que el reglamento se había elaborado a espaldas de los ciudadanos, y que había miles de alegaciones en contra.
También ampliaba el dominio público al blindar todos los tipos de dunas al mismo nivel, frente a la diferenciación que hacía el anterior reglamento. Y establecía que, en caso de silencio administrativo, se diera por hecho el «no» a la petición que se cursara, explican María José Mayans y Vicente Tur, presidenta y vicepresidente de la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costa Formentera, quienes han conseguido la sentencia con la ayuda de Cuart Abogados.
Sin embargo, sobre otro de los puntos más polémicos, en opinión de Olabarría la decisión de Supremo no tendrá efecto: las prórrogas de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre. El Gobierno de Rajoy intentó que se computasen desde la solicitud de la prórroga, ampliando de facto unos 30 años la posibilidad de las licencias. Este era uno de los puntos más polémicos. Sin embargo, además de acortar esta posibilidad en el reglamento, Teresa Ribera también la introdujo en la ley de Cambio Climático: «Los plazos de duración de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre se computarán desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas, de ser estas posibles, sin superar los plazos máximos establecidos en la Ley 22/1988», decía la ley climática. Es decir, que existe una norma con rango de ley que reitera el cómputo de los plazos de licencias que estaría por encima del reglamento de 2014, recuerda Olabarría.
Transición Ecológica no ha respondido a preguntas de este periódico sobre si iniciará un nuevo proceso para aprobar un reglamento.
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