viernes, 31 de mayo de 2013
miércoles, 29 de mayo de 2013
La nueva Ley de Costas, rizando el rizo. Antonio Alonso Orihuela (Candelaria)
Sinceramente, resulta increíble. Y tan increíble que incluso los desafortunados técnicos, abogados, ingenieros y demás especies a las que se les pregunta por la Reforma de la Ley de Costas de 1988, ya de por sí, un conjunto de despropósitos, denominada Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, coinciden en asegurar que no tiene sentido, que no protege, que no es sostenible y que no añade seguridad jurídica ni nada por el estilo.
Todo lo contrario. Esta nueva norma, añade dos definiciones más al dominio público; una, la existente en la Constitución y dos nuevas: una para las empresas salineras, y otra para la isla de Formentera. La arbitrariedad esta servida.
Pero no queda ahí el asunto, pues, puestos a rizar el rizo, creamos nuevas definiciones de playa, dunas (muertas y artificiales) y núcleos costeros tradicionales. Y al hablar de estos últimos creía yo, equivocadamente, que estos núcleos tradicionales eran pueblitos como Bajo la Cuesta, Playa Quemada, Tufia, o el Caletón de La Matanza; pero el Ministerio de Medio ambiente me aclara que núcleos costeros tradicionales no son esos. Para el ministerio, el ejemplo de núcleo costero tradicional es el de una urbanización marítima, en terrenos ganados al mar, donde sus habitantes pasean en sus lujosas embarcaciones por los numerosos canales artificiales, y que con la nueva norma sería totalmente legal. Claro está que en Canarias no tenemos de eso, y por eso la tan demandada singularidad canaria, definida por la fragmentación de nuestro territorio, la lejanía, la tradición y la cultura de nuestra tierra, no fue recogida en esta nueva ley.
Esta nueva ley del litoral viene a reformar la anterior de 1988, que prohibía básicamente construir en el litoral español, y que, visto lo visto, no lo hizo. Y aquellos impulsores de la ley, socialistas, fueron los que crearon este desaguisado, pero son los populares los que están incrementando la arbitrariedad y la vulneración de derechos con esta reforma, ante la pasividad de los nacionalistas canarios, más preocupados por la pérdida de competencias que por mantener, promocionar y proteger los pueblos de nuestras costas, pero sobre todo de proteger a los miles de afectados en esta tierra. Ni unos ni otros comprenden la realidad del problema que han creado, principalmente porque cuando se habla de medio ambiente no se puede excluir a las personas, ya que son parte fundamental del mismo.
Lo que han hecho bien los chicos y chicas de Rajoy es aumentar el número de afectados por la reforma de la Ley de Costas. Han elaborado una articulado queafecta a más propietarios (cosa que creía imposible). Antes de la reforma se hablaba de cuatrocientas mil familias, unos cien mil en Canarias; ahora no hay estimaciones, pero les aseguro que pasan del millón. Y les explico:
Dentro del nuevo articulado, el art 87 bis de la nueva norma explica que "podrán imponerse contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras que se realicen en el dominio público marítimo-terrestre para su protección, defensa o mejora, o para la de los terrenos colindantes, resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque este no pueda fijarse en una cantidad concreta. El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de la ejecución de las obras tendrá, a estos efectos, la consideración de beneficio especial.
Serán sujetos pasivos de estas contribuciones especiales quienes se beneficien de modo directo con las obras de protección, defensa y mejora del dominio público marítimo-terrestre; y especialmente los titulares de derechos de ocupación, así como los propietarios de las fincas y establecimientos colindantes. La base imponible se fijará en el real decreto por el que se acuerde la contribución especial no pudiendo exceder del cincuenta por ciento del coste total de las obras".
Hablando claro, el que quiera que le hagan un paseo en su municipio; los vecinos lo pagan. Si se pretende realizar una obra de aportación de arena, los vecinos lo pagan. Si se arregla los desperfectos ocasionados por la acción del mar, ¿adivinen quien lo paga?
¿Proteger el litoral, o simplemente hacer caja?
Antonio Alonso Orihuela (Candelaria)
martes, 28 de mayo de 2013
El Gobierno de Canarias presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Costas
Mario Pérez denuncia que la Ley de Costas no salva ni un núcleo de
Canarias, pero sí hoteles y casas “de alto standing” de la península
“Canarias tiene 1.500 metros de costa y en todo ese espacio, el PP no ha encontrado ni una sola excepción. No ha encontrado ni un núcleo con valores etnográficos o paisajísticos, o algún núcleo en el que mereciera la pena que no se aplicara la Ley de Costas”. Así ha resumido el viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Mario Pérez, el agravio que entienden que ha supuesto esta nueva ley para el archipiélago. Y es que mientras los núcleos canarios siguen afectados por esa nueva normativa, en la península y en Baleares sí se han hecho múltiples excepciones.
Entre ellas, Mario Pérez ha citado el caso de “viviendas de altísimo standing” y “hoteles en primerísima línea de playa, en la arena”, concretamente en Santa Pola. Además, el viceconsejero también se ha referido a la costa gallega, que “está excluida en su totalidad, mientras en Canarias nada de nada”.
“Es una ley arbitraria, que nos trata de manera muy distinta y nos hace enormemente diferentes”, ha insistido el viceconsejero, subrayando especialmente el caso de la isla balear de Formentera. “Se ha hecho una excepción en su totalidad por sus valores morfológicos, porque es una isla volcánica”, ha cuestionado, insistiendo en el “agravio comparativo que supone”.
“Ni en Lanzarote, ni en ninguno de los 70 núcleos de Canarias, han permitido la excepción, cuando en el archipiélago existen 1.842 viviendas que están en una situación complicadísima”, ha reiterado Pérez en una entrevista en Radio Lanzarote-Onda Cero.
Recurso de inconstitucionalidad
Por éstos y otros motivos, el Gobierno de Canarias ya ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra esta nueva ley, una vez que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado. “Nació desde Madrid sin diálogo con ninguna de las comunidades autónomas y ni en el Congreso ni en el Senado han admitido ninguna enmienda de la oposición”, agrega el viceconsejero de Política Territorial del archipiélago.
Entre los motivos de ese recurso, también plantearán que existe una “invasión de competencias”, así como el carácter “retroactivo” de la ley, "al obligar a los ayuntamientos a demostrar en sólo tres meses la clasificación de numerosos núcleos que llevan años recogidos en el planeamiento como urbanos".
LA LEY DE COSTAS, O COMO ACABAR CON LA CONSTITUCIÓN POR MANDATO CONSTITUCIONAL
La
Ley de Costas de 1988, así como su reciente modificación, en el Título I Art. 3 dice:
“Son bienes de dominio público
marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de
la Constitución”…
Esta
frase, tan manida como socorrida, sale indefectiblemente cuando ya no se sabe
cómo justificar lo injustificable. Lo increíble es que nadie tenga el sentido
común suficiente como para pensar si es posible que un solo artículo de la
Constitución Española ordene ir contra la misma y contra la mayoría de los
principios jurídicos del Derecho nacional e internacional, llegando a anularlos.
Eso sí, sólo para una parte de la población; para aquellos que optaron por
vivir en la franja costera.
Cuando
se estaba discutiendo el Art 132.2 de la Constitución en el Senado, se dijo:
“Con respecto al tema de dejar a claro
en zona marítimo-terrestre los derechos legítimamente adquiridos,
crea que no es necesario decirlo, porque, en efecto, los derechos
legítimamente adquiridos no son afectados en ningún caso por esta Constitución,
que no es, claramente, una Constitución confiscatoria. Se reconoce el derecho
la propiedad” [Sic]
Mientras que el Poder Constituyente dejó
claro que la Constitución no era confiscatoria, el Poder Legislativo de 1988
decidió que sí, que era un mandato de la misma, que para eso tenían mayoría
absoluta. Este simple hecho, debería haber sido motivo de anulación por parte
del Tribunal Constitucional. Es más, con que los jueces se hubieran parado a
leer la Exposición de Motivos IV donde explica que: “En el marco del respeto general a los derechos legalmente adquiridos, con
los criterios de la nueva Ley se evita, por una parte, la incidencia sobre
derechos adquiridos en términos que pudieran originar una carga
indemnizatoria que gravitaría fundamentalmente sobre la Administración
Urbanística y, por otra parte, se excluye también la necesidad de afrontar
un proceso de revisión del planeamiento que introduciría un factor de
inseguridad en las expectativas de edificación”, tendrían que haber visto el auténtico objetivo de la ley: la
confiscación.
Esto es: que para evitar las grandes
indemnizaciones que habría que pagar, se utilizan otros mecanismos que afectan
gravemente al derecho de propiedad consolidado.
Sorprende
leer en la tediosa sentencia del Tribunal Constitucional como se basan en la
Carta Europea del Litoral e ignoran por completo el Art 17 de La Declaración
Universal de los Derechos Humanos y el Art 10.2 de la Constitución para dar vía
libre al despojo de la propiedad con regates y patadas, que para sí quisieran
muchos futbolistas, a cuantos artículos de la Constitución se le pone por
delante: el 9.3, patada; el 10.2, patada: el 14, el 24, 25…regate, 33, 46, 47…regate-patada
y ¡¡gol!!. Un gol por la escuadra que acaba con la propiedad privada en España
y, por ende, con el Estado de Derecho, el libre mercado, la libre circulación
de capitales y bienes, la seguridad jurídica, la presunción de inocencia, el principio
de confianza legítima, el principio de irretroactividad de las leyes… vaciando
la Constitución de contenido.
La
sentencia TC 149/91 dejó tantas lagunas, tantos “sí pero no”, que han tenido
que ser los jueces de la Audiencia Nacional y del Supremo, los que han acabado
legislando a base de un caos de sentencias donde tan pronto estás en suelo
urbano como en rústico; la duna de tu vecino no es la misma que la tuya; un caracol te convierte el monte en marisma;
una inundación del Pleistoceno te condena al derribo y para rematar el absurdo,
hay jueces-geólogos que deciden que ya no es necesario ni el deslinde, que con
una foto vale para ver que la propiedad está en playa (para quién crea que
exagero, puedo mandarle las sentencias. Las hay todavía más sangrantes)
A
pesar de la gravedad de todo lo expuesto, queda aún lo más grave. Según el T. Constitucional
la nueva definición del dominio público “ni se aparta en nada de la noción
genérica de la zona marítimo- terrestre como zona en donde el mar entra en contacto
con la tierra emergida, ni difiere sustancialmente de los empleados con
anterioridad”.
Entonces,
¿cómo es posible que pusieran el contador a cero para ampliar el concepto de dominio
público marítimo terrestre hasta donde el caprichoso dedo señalara en un plano,
alguno incluso 7 km tierra adentro? ¿Por qué no se respetaron los deslindes
realizados hasta 1988 cuando la costa ya estaba deslindada en un 85%? ¿Cómo
puede anularse por ley aquello que las propias administraciones validaron?
¡Qué
preguntas! Para eso no se hubieran molestado en hacer esta perversa ley que ni
los más avezados juristas dominan. Ambicionaban las tierras de otros; la “milla
de oro” no podía estar en manos de descamisados y si se tenía que anular el
Registro de la Propiedad, pues se anulaba; si había que hacer la ley
retroactiva hasta la Edad Media, pues se hacía. Es lo malo que tienen las
mayorías absolutas en manos de quienes llegan a creerse Luis XIV en la soledad
de la Moncloa.
Por
desgracia, la frase “el Estado soy yo” sigue vigente en pleno siglo XXI.
La
mayoría de la gente desconoce que un gran porcentaje del litoral fue vendido
por el Estado para llenar las paupérrimas Arcas de la Hacienda Pública,
terrenos que ahora se arrebatan a quienes se lo vendieron. Eso sólo tiene un
nombre: ESTAFA.
En
resumen, la Ley de Costas 22/1988 y su modificación de 2013, constituye un abuso
de derecho y un fraude de ley y lo que es peor, una intervención gubernativa tan
desmesurada que hace saltar por los aires la Carta Europea de los Derechos
Fundamentales y el Tratado de la Unión, por mucho que lo pinten de “verde”.
Cuánto
nos hubiéramos ahorrado todos si Felipe González y Mariano Rajoy se hubieran
paseado por la costa como un Chávez venezolano cualquiera al grito de ¡¡confísquese!!
http://es.roostergnn.com/2013/05/28/la-ley-de-costas-o-como-acabar-con-la-constitucion-por-mandato-constitucional-2/127401/
lunes, 27 de mayo de 2013
Un vecino paraliza las obras de la playa del Cabrón
COSTAS HABÍA ORDENADO DEMOLER SU CASA
La administración estatal no podrá ejecutar derribo alguno hasta que estudie si el propietario tiene derecho a obtener una concesión.
La Dirección General de Costas no podrá mover una piedra en la playa del Cabrón, en la localidad grancanaria de Agüimes, hasta que arregle los asuntos que tiene pendientes con el vecino, Luis M. M., quien desde hace años lleva enzarzado en una lucha sin cuartel contra el organismo estatal. Ahora el Tribunal Supremo (TS) le acaba de dar la razón y reconoce el derecho a que se tomen en cuenta sus argumentos, que básicamente consisten en estudiar si tiene derecho o no a que se le otorgue una concesión.
El vecino ha conseguido así paralizar el conocido como Proyecto de Recuperación Ambiental, al menos hasta que Costas responda de forma razonada a su exigencia planteada hace años. En 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya se puso del lado de este vecino y ahora el Supremo ha venido a ratificar el fallo anterior.
La lucha de Luis M. M. comenzó en 1999, cuando Costas inició los trámites para fijar el nuevo deslinde en este tramo del litoral de Agüimes declarado Zona Especial de Conservación (ZEC). Entonces quedó en evidencia que podía acogerse a una de las excepcionalidades que recoge esta legislación como es que si hay diferencias entre las líneas antigua y la nueva, los terrenos que queden en medio pueden ser objeto de concesión por 30 años renovables por otro tanto.
En 1999 este vecino, efectivamente, solicitó acogerse a lo plasmado en la Ley, pero la respuesta con la que se encontró fue con una orden de demolición para ejecutar el proyecto de Recuperación Ambiental. Por tanto, tal y como señaló primero el TSJC y hace ahora el Supremo, primero tenía que haberse tramitado y resuelto sobre la solicitud de concesión, antes de decidir sobre la demolición.
“Si bien el proyecto de regeneración puede realizarse, sobre la propiedad del recurrente, que es donde existe un interés legítimo del mismo, no puede ejecutarse demolición alguna; mientras no se dé cumplimiento a lo dispuesto por la propia Administración en las órdenes aprobatorias del deslinde". Esto es decidir si tiene derecho o no a una concesión.
Lo que no ha prosperado es la petición de este vecino para anular todo el proyecto de las obras ya que, según los tribunales, “afecta al dominio público y el anuncio que propicia la intervención del particular, no es el acto aprobatorio, sino un período de información pública”. El Supremo considera probado que la Demarcación de Costas en Canarias nunca se pronunció sobre si este vecino tenía derecho o no a una concesión y, por lo tanto, obliga a hacerlo ahora.
“Debemos concluir que procede la anulación de la recuperación de oficio pues por más que las resoluciones impugnadas recojan que no se puede apreciar motivo alguno de interés público, la Sala estima que para llegar a la conclusión de que procede la recuperación y la demolición se impone, en este caso que la Administración resuelva el expediente obligado a tramitar”. En referencia al derecho de este propietario a obtener una respuesta a sus exigencias, tampoco se podrá otorgar de forma “inmediata”.
En este punto la Sala se limita a reconocer de forma general que Costas debe estudiar de forma pormenorizado su caso. Mientras, el Supremo, tal y como hizo en su momento el TSJC, bloquea cualquier intento de demoler las edificaciones de este entorno.
SENTENCIA
domingo, 26 de mayo de 2013
CASO NÓOS - El Consell no sabe quién encargó y pagó el proyecto de la Valencia Olímpica
El Consell reconoce que existe pero no sabe quién encargó ni quién pagó el proyecto urbanístico de la Valencia Olímpica que fue presentado personalmente por Iñaki Urdangarin a través del Instituto Nóos en Vaersa y la Conselleria de Obras Públicas, entre 2005 y 2006, con objeto de coordinar la urbanización del litoral valenciano desde la Albufera hasta Sagunt. Ésta ha sido la respuesta que ha dado la Generalitat Valenciana al diputado de Esquerra Unida (EU), Ignacio Blanco, tras aparecer publicado en Valencia Plaza el power-point del proyecto el pasado 18 de febrero.
Aquél día hubo revuelo en las oficinas de Vaersa, con una búsqueda exhaustiva en armarios y cajones, hasta que apareció el documento digital del proyecto. De hecho, en la respuesta que suscribe la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, se reconoce que el power-point con 232 diapositivas se encuentra en los archivos de esta empresa pública dependiente de la Conselleria.
Las preguntas del diputado autonómico, Ignacio Blanco, eran simples: "¿Quién encargó al Instituto Nóos y a la Fundación Metrópoli el proyecto ‘La Valencia Olímpica' presentado en Vaersa? ¿En qué consistía el proyecto la Valencia Olímpica y cuál era su relación con el objeto social de Vaersa? ¿Se firmó algún tipo de contrato o convenio por parte de la Conselleria o de Vaersa en relación con el proyecto la Valencia Olímpica? ¿Se realizó algún pago por parte de la Conselleria o de Vaersa en relación con el proyecto ‘La Valencia Olímpica'?"
La respuesta no ha podido ser más escueta: "Desconocemos quién encargó a la Fundación Metrópoli y al Instituto Nóos la redacción del proyecto La Valencia Olímpica que figura en los archivos de Vaersa". De otra parte, la consellera invita al diputado de la oposición a que visite las instalaciones de Vaersa para consultar el proyecto. "El señor diputado tiene a su disposición en las instalaciones de Vaersa la presentación del proyecto", añade.
A continuación, especifica que "ni la entonces Conselleria de Territorio y Medio Ambiente ni Vaersa firmaron ningún contacto o convenio ni han realizado ningún pago en relación con este proyecto". Y, por último, recalca este extremo diciendo que "las entidades Nóos Consultora Estratégica SL, Instituto Nóos y la Fundación Metrópoli no han facturado ninguna cantidad a Vaersa entre los años 1996 y 2012". No obstante, nada dice respecto a si la comprobación se ha realizado también respecto al resto de entes o empresas públicas de la Generalitat o a la misma Generalitat.
Desde 2005 hasta 2007, Iñaki Urdangarín, yerno del Rey, presentó varios proyectos ante la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia para la celebración de unos Juegos Europeos y su preparación para los Juegos Olímpicos que Madrid pugnaba por acoger en 2016. El proyecto de "La Valencia Olímpica" pretendía urbanizar la costa valenciana de cara a estos eventos deportivos.
Mientras tanto, el Instituto Nóos firmaba con la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia una serie de congresos llamados Valencia Summit por más de tres millones de euros, aprovechando la celebración de la Copa del América. El Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca investiga a la empresa promotora de estos eventos, el Instituto Nóos, y a sus socios, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, por presuntamente cobrar más de tres millones de euros a través de su mediación en estos eventos.
Los Juegos Europeos eran el preludio de una Valencia Olímpica que implicaba la mejora de sus instalaciones deportivas marítimas, sus infraestructuras y sus canales de comunicación. En este escenario, el Instituto Nóos -en esta ocasión, de la mano de la Fundación Metrópoli- llegó a entrevistarse con el conseller de Territorio y Vivienda, a la sazón, Rafael Blasco, a finales de diciembre de 2005.
Ya se habían dado los primeros pasos en otras instancias de la Generalitat Valenciana, como el convenio firmado meses antes con la Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (Cacsa) "para la preparación de la Comunidad Valenciana como sede de la primera edición de los Juegos Europeos". La candidatura fue presentada oficialmente el 21 de octubre de 2005 en el Palau de la Generalitat, en un acto presidido por el entonces presidente Francisco Camps y por el propio Urdangarin.
Dos meses después, el Duque ponía sobre la mesa del conseller de Territorio y Vivienda dejaron un documento digitalizado, en forma de power point, con 232 diapositivas que ofrecían imágenes virtuales y reales de una Valencia idílica preparada para el Siglo XXI y ajena a la crisis que ya se adivinaba en plena bonanza del ladrillo.
En aquella primera reunión estuvo presente Iñaki Urdangarin, como sello de calidad, y puso sobre la mesa el CD con "La Valencia Olímpica", un ambicioso proyecto que implicaba la adaptación de Valencia al concepto de ecociudad, con ecoparques agrícolas, ecoviales y coches ecológicos. Con el ecologismo como bandera, la idea era integrar el litoral valenciano en una logística preparada para grandes eventos deportivos a nivel internacional. Se intentó, hasta que la 36ª Asamblea General de los Comités Olímpicos Europeos dijo no.
Mientras tanto, la Conselleria puso al servicio de Nóos a sus técnicos y a la empresa pública Vaersa para coordinar este proyecto olímpico con el resto de infraestructuras urbanísticas que se estaban desarrollando por las instituciones pública sobre la zona litoral, desde el parque de la Albufera hasta el puerto de Sagunt, y para colaborar. A lo largo de 2006, se sucedieron las reuniones con los técnicos de la conselleria con el objeto de encajar este proyecto en otras actuaciones que la conselleria estaba realizando sobre el territorio. También se pidió información de otras instituciones públicas.
http://www.valenciaplaza.com/ver/87258/el-consell-no-sabe-quien-encargo-y-pago-el-proyecto-de-la-valencia-olimpica.html
En cuanto se lee en cualquier documento oficial, leyes o proyectos futuros la palabra SOSTENIBILIDAD Y ECO...LO QUE SEA, es para echarse a temblar.
¿Por qué no pregunta el juez a Costas con qué fin hizo el 2º deslinde de la Albufera?
En cuanto se lee en cualquier documento oficial, leyes o proyectos futuros la palabra SOSTENIBILIDAD Y ECO...LO QUE SEA, es para echarse a temblar.
¿Por qué no pregunta el juez a Costas con qué fin hizo el 2º deslinde de la Albufera?
Los ayuntamientos asumen que muchas viviendas no se salvarán
La reducción de la servidumbre a 20 metros no será suficiente para que muchas residencias costeras puedan salvarse al no contemplar la ley excepciones para Canarias.
A la espera de que la nueva Ley de Costas salga publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por tanto, entre en vigor, los ayuntamientos canarios, conscientes del limitado plazo que tienen para presentar sus alegaciones, han comenzado a hacer la tarea y preparan ya toda la documentación.
Una vez se publique la norma en el BOE, las administraciones locales tendrán un plazo de tres meses para recabar y presentar todos los informes necesarios para que no se derriben los núcleos que afectados.
Entre los requisitos para que los damnificados sean reconocidos como núcleo legal destacan que las ocupaciones no estén en dominio público, cuenten con acceso rodado, electricidad, agua corriente y evacuación de aguas residuales. Además, no deben estar en dominio público.
Pero, y hasta que se publique la norma, la dilatada experiencia con esta controvertida ley, ha llevado a algunos consistorios a asegurar que no podrán salvar muchas de las ocupaciones que están afectadas, pues están en dominio público y por debajo de los nuevos límites de la servidumbre, que pasó de cien metros a veinte.
Este es el caso del municipio tinerfeño de Güímar, que tiene un total de ocho núcleos costeros con un expediente abierto en Costas. Del total, cuatro de ellos ya ganaron la batalla en el Tribunal Supremo (TS) con sentencia firme. Pero el resto de las poblaciones aún están pendientes de conocer su futuro, el cual, según explicó esta semana el ex alcalde Rafael Llanes, "seguramente sea la demolición".
Llanes explicó que estos núcleos están en dominio público, y que, pese a que aún no "hemos analizado bien la nueva norma, la mayor parte de las ocupaciones de estas poblaciones no podrán salvarse". Pese a ello, aseguró que el consistorio "ya está estudiando los casos para evitar los derribos".
En concreto, las zonas de Güímar que no cuentan con seguridad jurídica y cuyo futuro está aún por
Candelaria es otro municipio que asegura que ya está estudiando los casos de Playa de la Viuda y Bajo Cuesta Las Tablas, pero desde el consistorio reconocen que a muchas ocupaciones de estos núcleos será muy difícil salvarlas.
La misma situación se vive en los municipios de Santa Cruz de Tenerife, donde los servicios jurídicos preparan ya todos los documentos para salvar zonas capitalinas tan destacadas de Anaga como Almáciga y Taganana, entre otras.
En el caso de La , y el núcleo de Jover (que se busca regular en el nuevo PGO) y Finca El Apio, donde algunas casas acabarán por ser demolidas por estar en la zona de servidumbre.
La nueva norma contempla la amnistía para algunos núcleos peninsulares ubicadas en Girona (Empuriabrava, Platja de Aro), Huelva (Ría Punta Umbría), Alicante (Rocafel, Puerto de Santa Pola) y Pontevedra (Moaña), entre otros, pero ninguno en Canarias. De igual forma, se contempla una especificidad con Formentera, mientras que la Isla de Lobos ni si quiera es mentada.
De ahí, que los alcaldes y concejales coincidan todos en calificarla de "poco arbitraria".
LAS CLAVES
Al reducir la servidumbre a 20 metros (antes estaba a 100) algunos núcleos se podrán ver beneficiados por la reforma. Aquellas poblaciones que no estén en dominio público y acrediten que
tienen acceso rodado, electricidad, agua corriente y evacuación de aguas residuales tendrán la posibilidad de no ser derruidos. Mientras la norma amnistía a algunas zonas peninsulares del Mediterráneo y de Galicia, así como a Formentera, no contempla ninguna especificidad del Archipiélago, ni si quiera la Isla de Lobos. El Gobierno del Estado dejó claro que aquellos núcleos que ya eran ilegales antes de la primera ley seguirán siéndolo pese a la nueva norma. Las zonas costeras que ya tienen una sentencia firme no se podrán beneficiar de las modificaciones de la nueva Ley de Costas. De igual forma no se verán perjudicadas por la misma. Una vez salga publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley, y por tanto entre en vigor, los ayuntamientos tendrán un plazo de tres meses para presentar sus alegaciones, acompañadas de la documentación correspondiente, para intentar salvar a los núcleos afectados.
Arteixo prevé legalizar el polígono de Suevos con la Ley de Costas
La recién aprobada Ley de Costas brinda al Concello una nueva oportunidad, según sostiene el Gobierno local, de legalizar el polígono industrial del Suevos sobre el que pesa una orden de derribo parcial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que fue ratificada en febrero del pasado año por el Tribunal Supremo.
El Ayuntamiento anunció en diversas ocasiones su intención de regularizar las instalaciones del antiguo matadero de Mafriesa con la inclusión del polígono industrial sobre el que se asienta en el plan general. Pero la modificación de la Ley de Costas, que reduce de cien a 20 metros la zona de protección litoral, abre una nueva vía para esquivar el derribo. La intención del Concello es solicitar la delimitación del núcleo histórico de Suevos como urbano. Una vez obtenido este reconocimiento, explica el concejal de Urbanismo, Alberto Castro, el Concello pretende acogerse a la modificación de la zona de servidumbre de 100 a 20 metros, reducción que ahora recoge la norma.
Esto, apunta el edil, permitirá legalizar las instalaciones del antiguo matadero de Mafriesa, que se asientan en terrenos clasificados como suelo no urbanizable y, en parte, en terrenos no urbanizables de protección de costas. Alberto Castro explica que este cambio permitiría desvincular el uso marítimo de las instalaciones de Mafriesa. "La actividad de Mafriesa no está vinculada al mar; si se tratase de una escuela de surf o de buceo no habría problema".
El siguiente paso, apunta el concejal, será incluir el polígono en el plan general. "Son dos procesos que tendremos que tramitar en paralelo". Preguntado al respecto, el Concello asegura que "no le consta" que la Xunta haya impuesto una nueva sanción a Bruesa inmobiliaria SA, propietaria del polígono industrial de Suevos, por incumplir la sentencia del Superior que ordena demoler las instalaciones del antiguo matadero de Mafriesa. "No tiene sentido que se ejecute una sentencia cuando se tramita una ley estatal para resolver este tipo de situaciones", destaca Castro.
La Xunta impuso una multa coercitiva a la propietaria del parque industrial el pasado verano. Anunció entonces que multaría a Bruesa Inmobiliaria con cantidades que oscilarían entre 1.000 y 10.000 euros por cada mes de incumplimiento. Este periódico preguntó al Gobierno autonómico, sin éxito, por la existencia de nuevas sanciones en múltiples ocasiones.
jueves, 23 de mayo de 2013
El consulado británico pregunta al alcalde Guillén por la gestión urbanística...y por la Ley de Costas
El Ayuntamiento ofrece una oficina en la costa al vicecónsul para que pueda atender a sus compatriotas
La gestión urbanística en Orihuela fue ayer el tema estrella de la visita que el vicecónsul del Reino Unido, Lloyd Milent, realizó al alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén (Los Verdes), y a la que asistió el concejal de Urbanismo, Antonio Zapata. Milent trasladó los asuntos que afectan a sus compatriotas: concesión de cédulas de habitabilidad, las sanciones urbanísticas, la regularización de viviendas ilegales y la afección de la Ley de Costas en Orihuela. El regidor y el edil contestaron a las dudas del diplomático
Según explicaba el gabinete de Comunicación municipal, "el vicecónsul agradeció el trabajo del Ayuntamiento en materia de servicios sociales en la costa oriolana, donde residen muchos ciudadanos británicos. "Se ha puesto de manifiesto la estrecha colaboración que hay entre el Ayuntamiento y el Consulado del Reino Unido en nuestra provincia", ha dicho Guillén".
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2013/05/23/consulado-britanico-pregunta-alcalde-guillen-gestion-urbanistica/1376954.html
¿Cómo la habrán explicado al Vicecónsul que en España se despoja de la propiedad y se deja a la gente en la ruina cuando se le antoja a Costas? si difícil es explicarlo, mucho más difícil es entenderlo.
No deben saber explicarlo muy bien porque le ofrecen una oficina al Vicecónsul en la costa (parece una broma pesada) para que lo explique él.
¡¡Vaya país de pandereta!!
domingo, 19 de mayo de 2013
Un grupo inversor proyecta una isla artificial de lujo frente a Barcelona
Una isla artificial, como las construidas en Dubái, en plena costa de Barcelona. Una inversión de 1.500 millones de euros que incluye hoteles y viviendas de lujo, con forma de una gran nave espacial. Pisos a partir de 495.000 euros y áticos de 20 millones. Todo conectado a tierra firme con una gran pasarela. Y ecosostenible, aseguran sus promotores.
Parece un bulo de los que corren por las redes sociales, pero sus responsables insisten en que la idea va en serio. Para ello ya han hecho un primer proyecto, que venden con aires de lujo y seguridad inversora en la página de Internetwww.barcelonaisland.com. El Ayuntamiento de la capital catalana, por su parte, confirmó ayer que los promotores —el fondo de Apogee Investors y Mobilona, ambos estadounidenses— ya han comunicado oficialmente sus intenciones. Una portavoz de Barcelona Island asegura que también están en contacto con las autoridades catalanas y españolas, aunque ninguna lo confirma.
“Será la isla artificial más grande de Europa y su Torre Galaxy tendrá 300 metros de alto, el hotel más alto del continente”, asegura vía correo electrónico Jerome Bottari, presidente de Mobilona, que también tiene proyectos similares en Hong Kong y Los Ángeles. La empresa se creó solo hace un año y el pasado 2 de mayo firmó un acuerdo con Apogee —creada en 2009 en Delaware, Estado de EEUU conocido por su laxa fiscalidad— para dirigir la financiación de las obras de la isla. Bottari, de origen francés, tiene un gran recorrido en el mundo de los yates de lujo y trabajó en Singapur en una empresa de pequeñas aeronaves.
Los promotores son herméticos sobre el sitio donde hipotéticamente se construiría la isla o sobre sus dimensiones, alegando la necesidad de “confidencialidad debido al volumen de la operación”. “Estamos trabajando con Barcelona y Cataluña para determinar la mejor ubicación para el proyecto, una que sea favorable para los vecinos y atractiva para los visitantes. También buscamos una buena localización para nuestras plantas de energía verde, que aseguran la sostenibilidad de la isla y la región”, explica Bottari.
Se trata de un difícil puzle teniendo en cuenta el litoral catalán. La Autoridad Portuaria de Barcelona está prácticamente en el centro de la ciudad. El aeropuerto de El Prat siempre se planteó una posible extensión utilizando una isla artificial, como lo hace el de Kansai, en Japón, aunque la crisis apagó el plan. Una portavoz del Ministerio de Agricultura recuerda que este tipo de proyectos necesita demostrar “un uso compatible con el interés general, como lo manda la Ley de Costas” y deja la pelota en el techo de la Generalitat. El Departamento de Territorio y Sostenibilidad dice que la decisión tendría que tomarse en Madrid. Líos burocráticos en un país donde las islas artificiales no son, de momento, muy comunes. Bottari argumenta que la isla “tendrá parques y playas públicas”.
El Ayuntamiento de Barcelona asegura que tiene la obligación de analizar y atender cualquier petición que llegue. Sin embargo, aclara que “cualquier proyecto que quiera tirar adelante se ha de ajustar y encajar con el modelo de ciudad”. Fuentes el Consistorio, sin embargo, ven la iniciativa con recelo. Las críticas no solo ponen en duda la estética, sino que objetan el tiempo que tardarían los permisos medioambientales. A diferencia de Dubái, apuntan otras fuentes, el litoral catalán es profundo cerca de la playa.
Bottari asegura que está en el proceso de “hacer de Barcelona su casa y su primera residencia”, y que todo el equipo administrativo del proyecto “será residente de Cataluña”. “Queremos crear empleo y haremos negocios con compañías locales”, asegura. Y como ejemplo pone que el diseño de los edificios está firmado por Erik Morvan, un arquitecto francés radicado en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona). El despacho de Morvin declinó a hacer declaraciones.
La inspiración espacial de los edificios no solo se ve en las fachadas de los edificios. También estará en el interior de las habitaciones. “Estarán dotadas de sistema de Internet, habrá un observatorio astronómico y paneles de inmersión para que huéspedes y habitantes disfruten de las imágenes más asombrosas vistas del universo”.
A pesar del escepticismo, la historia reciente de Barcelona está llena de ideas polémicas. Aún se espera la llegada de un hotel-barco desde Malasia. Cuando se negociaba si Eurovegas llegaba a Cataluña, se llegó a plantear que los edificios estuvieran inspirados en la obra de Antonio Gaudí.
Costas y la realidad gallega
El impacto de la reforma de la Ley de Costas en Galicia en gran medida tiene que ver con la disposición transitoria tercera. Gran parte de la conflictividad que esta norma plantea en Galicia tiene que ver con los asentamientos poblacionales de hecho existentes, pero de derecho no reconocidos (a efectos urbanísticos); tal como es el caso de Aduana de Corón?As Sinas, en Vilanova de Arousa. La problemática consiste en que a situaciones consolidadas e incluso fomentadas por la administración, jurídicamente no se les reconoce la cualidad de asentamiento, es decir no se los reconoce como suelo urbano o suelo de Núcleo Rural, y determina, que la servidumbre de protección en esas zonas sea de 100 metros. Con la reforma de la Ley de Costas, tal y como se configura en este momento, los parámetros exigidos para el reconocimiento jurídico de los núcleos (y la consiguiente rebaja de la servidumbre de protección de 100 a 20 metros) dan más posibilidades que la norma actual, pero, no obstante, siguen siendo unas exigencias estrictas y referidas al año 1988, por lo que es posible que siga sin conseguirse la adaptación de la realidad jurídica a la realidad física y social; y así incluso antes de entrar en vigor esta reforma ya es una norma obsoleta en ese sentido.
Requisitos excesivos
El que la servidumbre de protección en una zona sea de 20 o 100 metros estriba en que en tal zona se reconozca la entidad jurídica del asentamiento poblacional y en la actualidad para tal reconocimiento se exige que los terrenos tuviesen la clasificación de suelo urbano o núcleo rural en el año 88. La modificación de la disposición transitoria tercera de la Ley de Costas puede dar una oportunidad para el reconocimiento de los núcleos en la costa, no obstante, no será un reconocimiento inmediato, sino que para el mismo será necesario que los ayuntamientos realicen las correspondientes modificaciones de planeamiento o planes especiales de delimitación de núcleos, justificando cumplir unos requisitos quizá excesivos para la tradición gallega.
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| ¿A quién pertenecerán las viviendas que Rajoy evita mirar cómo impiden el libre paso por la playa? |
Perjudicados por la Ley de Costas (por Ricardo Melchior Navarro - Presidente del Cabildo Insular de Tenerife)
El Gobierno del Estado sigue empleando un rasero distinto con Canarias, cuando se nos mide con otras comunidades autónomas. El hecho podría entenderse positivo si estuviéramos refiriéndonos al respeto de las singularidades isleñas, en relación al distinto -y distante- territorio continental. Pero no van por ahí los tiros, sino todo lo contrario. Como acabamos de comprobar con la reciente aprobación de la reforma de la Ley de Costas, a cargo del Congreso de los Diputados, el Partido Popular vuelve a menospreciar a las Islas, al atender las peculiaridades de puntos del litoral mediterráneo o del archipiélago balear y hacer caso omiso de situaciones pendientes de resolver en Canarias.Tales situaciones no responden a capricho sino que están relacionadas con las particularidades de índole histórica, cultural y etnográfica que reúnen muchos núcleos costeros de las Islas, donde queda abierta la puerta a la acción de las palas. Sin embargo, a tenor de la reforma que acaban de aprobar las Cortes, no sucederá lo mismo en una serie de localidades de la Península y Baleares, que salen airosas en esta criba. Podría parecernos bien, en la salvaguarda de sus intereses, si no fuera por ese trato diferente -y pernicioso- con el que se legisla para Canarias.
El perjuicio recaerá sobre gente sencilla, que habita desde hace décadas en núcleos
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| EL SAUZAL (Tenerife) |
marineros con valor etnográfico, y en instantes difíciles como los presentes, cuando se agudiza la crisis. Muchas de esas personas fueron visitadas, en tiempo de campaña electoral, por algunos de los que ahora se sientan en el Congreso y el Senado para votar con sumisión lo que ordene su jefe de filas. Da igual qué tipo de promesas les hicieron sobre la supervivencia de sus propiedades en el litoral, que no son ni mansiones con piscina ni complejos turísticos en primera línea.
La situación es sencilla: Canarias, el territorio del Estado con más kilómetros de costa, queda fuera de las excepciones dispuestas por el PP para la isla de Formentera y una docena de núcleos mediterráneos. Así de claro y rotundo. Como sostiene la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que se ha rebelado contra esta injusta situación, la norma omite aquellos núcleos costeros y pesqueros tradicionales existentes con anterioridad a la Ley de 1988, cuya realidad social y económica nunca fue considerada adecuadamente, y cuyos valores etnográficos o arquitectónicos tampoco hallan protección en el nuevo texto, que únicamente establece la prelación de bienes de interés cultural.
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| EL SAUZAL (Tenerife) |
Por si fuera poco, los populares también impidieron que prosperase la enmienda presentada por los nacionalistas canarios acerca de la paralización de derribos en núcleos afectados por demoliciones, allá donde estén aprobadas operaciones de reposición de viviendas por la administración competente, en tanto no se cuente con dichos inmuebles y se garantice el traslado de los ciudadanos. Tampoco por ahí quisieron entrar estos mudos representantes de las Islas, por más que en sus memorias, seguramente, figuran todavía las dramáticas imágenes de un desalojo que dieron la vuelta a España.
Como hemos comentado en otras ocasiones, abogamos por la cogestión del litoral, una vieja reivindicación del Cabildo de Tenerife, de tal manera que no sólo sea Madrid quien tome las decisiones relativas al litoral isleño sino que participen también las administraciones locales, como de hecho sucede en otros territorios. Estamos seguros de que evitaríamos así situaciones tan injustas y desproporcionadas como las comentadas, que ponen también de manifiesto -una vez más- la falta de consideración del Gobierno central hacia los derechos singulares de las Islas.
viernes, 17 de mayo de 2013
miércoles, 15 de mayo de 2013
Vecinos de la playa de Nules reivindican el mismo indulto que el Gobierno ha concedido a las viviendas de Xilxes
La reforma de la Ley de Costas, aprobada la semana pasada en el Congreso, no ha satisfecho a los 242 vecinos de Nules afectados por el dominio público marítimo-terrestre. Valoran que la nueva normativa amplíe las concesiones de las viviendas hasta 75 años, ya que las autorizaciones iban a caducar en 2018 con el consiguiente riesgo de derribo. Sin embargo, lamentan que el texto legal no reconozca la propiedad a aquellos vecinos que tienen las escrituras de sus parcelas.
La presidenta de la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen de Nules, Marisol Ballester, cree que el municipio debería recibir la misma consideración que Xilxes, cuyas viviendas de playa han sido indultadas con la nueva normativa, como en otras 11 localidades españolas.
Una de las opciones que barajan los vecinos para regularizar sus viviendas es la de impugnar el deslinde, es decir, pedir una revisión del dominio público marítimo-terrestre de manera que las construcciones queden fuera de la zona de protección. Y es que la ley recoge la posibilidad de pedir un nuevo deslinde en aquellas playas que ganen terreno al mar. Sin embargo, no es el caso de Nules. La presidenta de la asociación vecinal denuncia que en los últimos años el Gobierno no ha invertido en conservar los espigones y evitar la regresión de la costa, por lo que no podrán pedir la revisión del dominio público si no se regenera antes la playa.
Esta reivindicación también la comparte el alcalde de Nules, Mario García, quien ha pedido mayor inversión al Gobierno en la regeneración de la costa. Eso sí, García justifica la amnistía exclusiva de Xilxes, el único municipio de la provincia cuyas viviendas han sido indultadas. Recuerda que esta localidad, al contrario que Nules, ya sufrió derribos hace tres décadas y que entonces se inició un trámite para regularizar el resto de viviendas. Un trámite que no llegó a cerrarse y que ahora el Gobierno ha zanjado con el indulto.
En la provincia hay unas 600 viviendas de playa afectadas por el dominio público repartidas entre Almenara, Xilxes, Moncofa, Nules, Burriana, Almassora, Benicàssim y Cabanes. Ahora tienen un plazo de dos años para presentar la documentación y pedir la prórroga de las concesiones para un máximo de 75 años.
La presidenta de la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen de Nules, Marisol Ballester, cree que el municipio debería recibir la misma consideración que Xilxes, cuyas viviendas de playa han sido indultadas con la nueva normativa, como en otras 11 localidades españolas.
Una de las opciones que barajan los vecinos para regularizar sus viviendas es la de impugnar el deslinde, es decir, pedir una revisión del dominio público marítimo-terrestre de manera que las construcciones queden fuera de la zona de protección. Y es que la ley recoge la posibilidad de pedir un nuevo deslinde en aquellas playas que ganen terreno al mar. Sin embargo, no es el caso de Nules. La presidenta de la asociación vecinal denuncia que en los últimos años el Gobierno no ha invertido en conservar los espigones y evitar la regresión de la costa, por lo que no podrán pedir la revisión del dominio público si no se regenera antes la playa.
Esta reivindicación también la comparte el alcalde de Nules, Mario García, quien ha pedido mayor inversión al Gobierno en la regeneración de la costa. Eso sí, García justifica la amnistía exclusiva de Xilxes, el único municipio de la provincia cuyas viviendas han sido indultadas. Recuerda que esta localidad, al contrario que Nules, ya sufrió derribos hace tres décadas y que entonces se inició un trámite para regularizar el resto de viviendas. Un trámite que no llegó a cerrarse y que ahora el Gobierno ha zanjado con el indulto.
En la provincia hay unas 600 viviendas de playa afectadas por el dominio público repartidas entre Almenara, Xilxes, Moncofa, Nules, Burriana, Almassora, Benicàssim y Cabanes. Ahora tienen un plazo de dos años para presentar la documentación y pedir la prórroga de las concesiones para un máximo de 75 años.
lunes, 13 de mayo de 2013
Cho Vito reitera que Costas le tapó datos sobre el “verdadero”deslinde
La jefa de la Demarcación de Costas, Teresa Sánchez, aseguró el viernes que este organismo entregó a los vecinos de Cho Vito “toda la documentación que legalmente se les ha podido dar”, con lo que, preguntada por este diario en rueda de prensa, negaba de plano las acusaciones de que ha sido objeto por parte de los afectados, en el sentido de que se les negó el acceso a consultar el expediente completo mientras duró el litigio judicial que acabó con el derribo de sus casas para recuperar el dominio público y construir un paseo.
“Nuestras condenas firmes se basan en un acto administrativo, el del deslinde, que es nulo por erróneo, y los jueces nunca vieron estos papeles, por lo que no se puede decir que lo nuestro sea ya sea cosa juzgada, porque han aparecido nuevas pruebas”, manifestó ayer un portavoz de Cho Vito, Antonio Alonso, quien confirmó que el Ministerio de Medio Ambiente ya les ha rechazado su alegación en este sentido, lo que les aboca a intentar el más difícil todavía: reabrir un caso con sentencia ya firme. El viernes, la jefa de la Demarcación ya dejó claro que las alegaciones y los recursos de Cho Vito “se han tramitado y los tribunales han dado la razón a Costas”. ¿Pero dio realmente este organismo público todos los documentos que solicitaron los afectados antes de las sentencias? La técnico responsable de este organismo ha dicho que sí, pero los vecinos afirman que no, y para intentar acreditarlo han remitido a este diario cinco escritos, dos de 2010, con peticiones, no satisfechas, para obtener el expediente administrativo completo relativos a dos viviendas y otras tres peticiones de acceso al expediente del paseo marítimo, registradas en 2012.
Y es que las familias que vivían en Cho Vito sostienen que la tramitación de este proyecto, con el que se justificó la demolición incluso de casas en servidumbre, no las tiene todas consigo. “Consideramos que se cometieron irregularidades,como que el Consejo de Ministros no lo declarara de utilidad pública ni aprobara una declaración de impacto ambiental con el argumento de que son solo proyectos de mantenimiento y conservación, cuando no es así, y además, creemos que se han usado indebidamente fondos europeos para demoler nuestras casas ”, sostuvo Alonso, cuya vivienda se tiró pese a que, como comprobó luego, fotos y planos situaban el mojón del deslinde delante de la edificación.
A su juicio, “ha habido un secreto enorme sobre todo este asunto, vulnerando derechos” reconocidos en la ley 27/2006 que obliga a las administraciones públicas a dar acceso a la información sobre medio ambiente, y el Convenio internacional de Aarhus sobre esta materia.
Los nuevos papeles aportados por Cho Vito los publicó este diario en noviembre pasado, días antes de los últimos derribos, y la Subdelegación del Gobierno no quiso dar entonces su versión al respecto, pese a la insistencia de este diario. Le dieron seis meses después, el viernes, la delegada del Gobierno y la jefa provincial de Costas, a preguntas de este periódico, en rueda de prensa sobre la recién aprobada Ley de Costas.