Decenas de núcleos tradicionales costeros podrían acabar siendo demolidos
La reforma de la Ley de Costas, que acaba de ser aprobada tras su paso por el Senado, puede suponer el derribo de al menos setenta núcleos de población canarios, algunos de ellos con casas de más de doscientos años de antigüedad. Mientras que en la Península y Baleares se salvarán miles de viviendas irregulares, pueblos enteros y toda la isla de Formentera, la ley se ensaña con Canarias, que no ha conseguido la amnistía para ninguno de sus asentamientos históricos.
Aquí va a pasar como con los desahucios; mientras no empiece a suicidarse la gente, no cambiarán la ley”. Antonio Alonso, miembro de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), no encuentra mejor manera de ilustrar qué efectos va a tener la modificación de esta norma en las Islas Canarias. Según sus cálculos, en el archipiélago hay unas 10.000 edificaciones afectadas, repartidas en 109 núcleos costeros tradicionales, de los cuales más de setenta están seriamente amenazados por la piqueta. Todos, en mayor o menor medida, incumplen la nueva normativa, cuya modificación más relevante es la reducción de 100 a 20 metros de la zona de servidumbre de protección. Esto, que se ha interpretado como una amnistía para cientos de edificaciones y que puede abrir la puerta a un nuevo ladrillazo en toda España, apenas afectará a los núcleos costeros tradicionales canarios, muchos de los cuales tienen casas construidas dentro Marítimo Terrestre (DPMT), algunas con sentencia firme de derribo dictada por el Tribunal Supremo. Ejemplo de ello son los barrios de Tufia y Ojos de Garza, en Telde (Gran Canaria), donde distintas autoridades isleñas es están presionando para que al menos se retrase la demolición hasta que los propietarios sean realojados.
El senador de El Hierro por CC, Narvay Quintero, ha intentado introducir, entre otras enmiendas a la ley, una que recogiera el valor etnográfico, arquitectónico e histórico de muchos de estos núcleos poblacionales, pero no ha conseguido su propósito. “Hay un claro agravio comparativo. En la reforma figuran hasta doce pueblos indultados en la Península con similares condiciones que otros canarios. Hace unos días metieron con calzador Moaña, en Pontevedra, y Xilxes, en Castellón, mientras que no se salva ni un solo pueblo del archipiélago.
Se están riendo de nosotros”, señala el senador herreño. Precisamente, la isla de El Hierro reúne similares características que Formentera, amnistiada en la nueva normativa “debido a su especial configuración geológica”. “Si le han dado ese estatus a Formentera, también se lo podían dar a El Hierro”, añade Quintero, que no solo carga las tintas contra el Gobierno central: “Los políticos canarios tenemos nuestra parte de culpa por no haber hecho la defensa necesaria de las poblaciones afectadas”. No duda, por otra parte, que el hecho de que no haya un pacto de Gobierno entre el PP y CC “ha influido decisivamente en que Canarias se vea perjudicada frente a otras comunidades”.
Del valor etnográfico de sus casas dan cuenta Montserrat Acosta y Daniel Morales, presidenta y secretario de la Asociación de Vecinos del Pozo de las Calcosas, un asentamiento de El Hierro que cuenta con edificaciones de más de doscientos años de antigüedad a pie de mar y que está condenado a desaparecer si se aprueba la nueva normativa. “Hemos intentado mantener el estilo arquitectónico tradicional, construyendo las casas con piedra, madera y colmo, la paja del centeno. No son casas de residencia habitual, sino que se ocupan un mes al año, en agosto, con la llamada ‘mudada’, un cambio de residencia estacional que se viene practicando en El Hierro desde el siglo XVII”, afirma Montserrat. Salvo dos o tres construcciones, todas datan de antes de 1988, fecha en que se aprobó la Ley de Costas. En principio, deberían quedarse en pie, pero no cumplen ninguno de los dos requisitos que contempla la nueva normativa: que antes de esa fecha tuvieran agua, luz, acceso rodado y sistema de evacuación de aguas residuales; o bien, que al menos un tercio de la zona afectada estuviera considerado como núcleo urbano consolidado. El acceso rodado no existe: “Todo lo hemos bajado a mano, durante años, los vecinos del Pozo”, dice Daniel, cuya familia lleva tres generaciones allí instalada. Además, El Pozo está calificado como suelo rústico y ninguna de ellas es primera vivienda. Hay edificios que tienen abierto un expediente de recuperación posesoria, trámite previo a la orden de demolición. Y también otros que, aun siendo legales, rompen con sus paredes de cemento y sus ventanas de aluminio el aspecto tradicional de todo el entorno.
Del valor etnográfico de sus casas dan cuenta Montserrat Acosta y Daniel Morales, presidenta y secretario de la Asociación de Vecinos del Pozo de las Calcosas, un asentamiento de El Hierro que cuenta con edificaciones de más de doscientos años de antigüedad a pie de mar y que está condenado a desaparecer si se aprueba la nueva normativa. “Hemos intentado mantener el estilo arquitectónico tradicional, construyendo las casas con piedra, madera y colmo, la paja del centeno. No son casas de residencia habitual, sino que se ocupan un mes al año, en agosto, con la llamada ‘mudada’, un cambio de residencia estacional que se viene practicando en El Hierro desde el siglo XVII”, afirma Montserrat. Salvo dos o tres construcciones, todas datan de antes de 1988, fecha en que se aprobó la Ley de Costas. En principio, deberían quedarse en pie, pero no cumplen ninguno de los dos requisitos que contempla la nueva normativa: que antes de esa fecha tuvieran agua, luz, acceso rodado y sistema de evacuación de aguas residuales; o bien, que al menos un tercio de la zona afectada estuviera considerado como núcleo urbano consolidado. El acceso rodado no existe: “Todo lo hemos bajado a mano, durante años, los vecinos del Pozo”, dice Daniel, cuya familia lleva tres generaciones allí instalada. Además, El Pozo está calificado como suelo rústico y ninguna de ellas es primera vivienda. Hay edificios que tienen abierto un expediente de recuperación posesoria, trámite previo a la orden de demolición. Y también otros que, aun siendo legales, rompen con sus paredes de cemento y sus ventanas de aluminio el aspecto tradicional de todo el entorno.
Otras poblaciones de El Hierro, como El Tamaduste o La Caleta, tienen edificaciones expedientadas por Costas.
TENERIFE, LA MÁS AFECTADA
De toda Canarias, la isla de Tenerife es la que cuenta con mayor número de núcleos afectados por la Ley de Costas.
Uno de ellos, Bocacangrejo, antiguo barrio pesquero de El Rosario, sigue dando cobijo a 930 vecinos, gente en su mayoría de origen muy humilde que habita en su primera y única vivienda. Todos pagan contribución urbana, muchos tienen escritura de propiedad anterior a 1988 y algunos, como Isaura Cruz, llevan allí más de setenta años. Su casa, una cueva habilitada como vivienda, llega casi al borde del mar. “¿Por qué me van a echar ahora? –se pregunta–. Al menos, que me den un cuartito donde no estorbe hasta que me muera”. Más claro lo tiene su vecino Rafael, un pescador retirado que también habita una cueva al pie de una pequeña caleta: “Esta es mi vida. Si me vienen a echar, antes me rajo el cuello y aquí me quedo para siempre”. Muchas casas de este enclave invaden el dominio público marítimo terrestre y tienen los días contados. Pero no deja de sorprender que, pese a que lo prohíbe la ley vigente, aún se sigue construyendo dentro de la servidumbre de protección, tal como denuncia Estéfana, representante de los vecinos de Bocacangrejo.
Pocos kilómetros más al sur se alza Radazul, una urbanización de alto standing donde cambia totalmente la situación:
“Aquí se permitió, pasado 1988, que se echara relleno al mar [una medida prohibida por la ley], a fin de ganar unos metros y que muchos edificios quedaran fuera del deslinde del DPMT. Costas debería explicar por qué lo autorizó”, asegura Antonio Alonso. Una estrategia a la que hay que sumar la destrucción de medio acantilado para encajar en él hasta diez edificios de ocho plantas.
La mayoría de los afectados se quejan de que, mientras ven peligrar sus casas, decenas de hoteles ubicados por todas las costas canarias podrían ver ampliada a 75 años su concesión. Un caso muy ilustrativo es el del Oliva Beach, en plenas dunas de Corralejo (Fuerteventura), que lleva años pleiteando sobre su legalidad. E incluso cuenta con el apoyo de senadores como el socialista Domingo Fuentes Curbelo, preocupado por salvar “los más de 400 puestos de trabajo directos y muchísimos indirectos” que dependen de este hotel, tal como afirmó hace unos días en el diario La Provincia.
DOBLE RASERO
En El Médano (Granadilla, Tenerife) se alza el hotel del mismo nombre, con toda su terraza sostenida por unas columnas que se adentran en el mar. Costas dio permiso para arreglarlas ante el riesgo de derrumbe. Así lo afirma el actual dueño del edificio, Álvaro Alcalá Galiano, que alega gozar de una concesión “muy anterior a la Ley de Costas y que era por tiempo ilimitado”. Un asunto que tienen recurrido ante los tribunales.
“El caso está sub iúdice, y andamos a la espera de lo que ocurra con la reforma de la ley. Se habla de que podrían ampliar la concesión 75 años más. Aparte, aquí nadie quiere que se tire el edificio, pues mantiene comercialmente a todo El Médano”, dice el hotelero.
Unos metros más allá del hotel, en toda la línea de casas que invaden el deslinde del DPMT –y que también podrían ser derribadas–, se puede ver estos días cómo una empresa constructora está rehabilitando una casa recientemente adquirida por una propietaria rusa. Algo que contrasta con muchas otras edificaciones de Tenerife, condenadas a la ruina precisamente por la prohibición de Costas de hacer obras de rehabilitación, con la excusa de que están invadiendo el DPMT. Es el caso del barrio marinero de El Caletón de La Matanza, donde viven unas 120 familias y donde está planeada, además, la construcción de un paseo marítimo que afectará a casas que podrían haberse salvado tras la aprobación de la nueva Ley de Costas. “Nos quieren tirar
por feos”, dice Elena Hernández, propietaria de una casa comprada en 2003 y representante vecinal de El Caletón.
“La casa es anterior a 1988 y se podría salvar, pero ahora, con el proyecto del paseo, y con el deslinde recurrido, puede peligrar nuestro futuro y el de muchas otras edificaciones”, asegura. Frente a su terraza, colgadas de un acantilado, se ven las ruinas de un inmenso edificio destinado a apartamentos que no se terminó por la quiebra de la constructora:
“Se están cayendo los paneles de cemento al mar, con el peligro que eso conlleva. Y sin embargo Costas no hace nada”, añade Elena. Su marido, Eduardo, es abogado y lleva años luchando por defender a las familias de El Caletón.
Como tantos otros dueños de casas anteriores a la Ley de Costas de 1988, tiene muy claro que el desalojo supone “una vulneración del derecho fundamental de la propiedad”. A falta de su definitiva aprobación en el Congreso y el posterior desarrollo del reglamento, la nueva Ley de Costas podría abrir la puerta a un nuevo ladrillazo en detrimento de numerosos núcleos costeros tradicionales. Así lo afirma Carmen del Amo, presidenta de la AEPLC: “Toda la costa está programada. Existen nuevos proyectos en los que es imprescindible la desaparición de los núcleos tradicionales costeros”. No anda desencaminada.
Antonio Alonso dice que hay planeados varios campos de golf en el litoral norte de Gran Canaria, “que estarán ubicados más allá de los veinte o cien metros que marquen la servidumbre de protección, y serán legales, pero no quieren tener la mala imagen de nuestros viejos poblados costeros en primera línea de playa”.
EL TRISTE EJEMPLO DE CHO VITO
■ El futuro de muchos núcleos costeros canarios se refleja en el triste presente de los vecinos de Cho Vito, un barrio del municipio tinerfeño de Candelaria cuya demolición, iniciada en 2008, fue portada de todos los medios informativos.
Las últimas casas fueron derruidas el pasado mes de noviembre; entre ellas la de David Luis, tataranieto de Cho Vito, el fundador de este enclave. “David sigue pagando a duras penas el crédito que pidió por amueblar la casa que le han tirado”, dice José Antonio Luis, su padre, también desalojado de una casa aledaña. Mientras las autoridades insulares presumen del nuevo paseo marítimo construido donde se alzaba el barrio marinero, sus antiguos moradores siguen clamando justicia.
Como única indemnización solo consiguieron que les pagaran un alquiler social por 24 meses. “Hemos pasado de ser propietarios a vivir de la caridad de la Administración”, dice Soledad, una de las desalojadas de lo que fue su primera vivienda, con escritura pública incluida. Como ella, muchos otros vecinos tienen recurrido el derribo de sus casas y han llevado el asunto a la Comisión Europea. Una vez que se pronuncie, trasladarán su caso al Tribunal de Justicia Europeo.
No deja de ser chocante que la Administración local continúe cobrándoles, por ese hogar que ya no tienen, el recibo del IBI, y que aún sigan declarándolo a Hacienda. “Implícitamente están reconociendo nuestros derechos. Ellos sabrán”, ironiza Soledad desde una gruta abierta al mar que fue, durante años, la cocina de su casa-cueva.
Pocos kilómetros más al sur se alza Radazul, una urbanización de alto standing donde cambia totalmente la situación:
“Aquí se permitió, pasado 1988, que se echara relleno al mar [una medida prohibida por la ley], a fin de ganar unos metros y que muchos edificios quedaran fuera del deslinde del DPMT. Costas debería explicar por qué lo autorizó”, asegura Antonio Alonso. Una estrategia a la que hay que sumar la destrucción de medio acantilado para encajar en él hasta diez edificios de ocho plantas.
La mayoría de los afectados se quejan de que, mientras ven peligrar sus casas, decenas de hoteles ubicados por todas las costas canarias podrían ver ampliada a 75 años su concesión. Un caso muy ilustrativo es el del Oliva Beach, en plenas dunas de Corralejo (Fuerteventura), que lleva años pleiteando sobre su legalidad. E incluso cuenta con el apoyo de senadores como el socialista Domingo Fuentes Curbelo, preocupado por salvar “los más de 400 puestos de trabajo directos y muchísimos indirectos” que dependen de este hotel, tal como afirmó hace unos días en el diario La Provincia.
DOBLE RASERO
En El Médano (Granadilla, Tenerife) se alza el hotel del mismo nombre, con toda su terraza sostenida por unas columnas que se adentran en el mar. Costas dio permiso para arreglarlas ante el riesgo de derrumbe. Así lo afirma el actual dueño del edificio, Álvaro Alcalá Galiano, que alega gozar de una concesión “muy anterior a la Ley de Costas y que era por tiempo ilimitado”. Un asunto que tienen recurrido ante los tribunales.
“El caso está sub iúdice, y andamos a la espera de lo que ocurra con la reforma de la ley. Se habla de que podrían ampliar la concesión 75 años más. Aparte, aquí nadie quiere que se tire el edificio, pues mantiene comercialmente a todo El Médano”, dice el hotelero.
Unos metros más allá del hotel, en toda la línea de casas que invaden el deslinde del DPMT –y que también podrían ser derribadas–, se puede ver estos días cómo una empresa constructora está rehabilitando una casa recientemente adquirida por una propietaria rusa. Algo que contrasta con muchas otras edificaciones de Tenerife, condenadas a la ruina precisamente por la prohibición de Costas de hacer obras de rehabilitación, con la excusa de que están invadiendo el DPMT. Es el caso del barrio marinero de El Caletón de La Matanza, donde viven unas 120 familias y donde está planeada, además, la construcción de un paseo marítimo que afectará a casas que podrían haberse salvado tras la aprobación de la nueva Ley de Costas. “Nos quieren tirar
por feos”, dice Elena Hernández, propietaria de una casa comprada en 2003 y representante vecinal de El Caletón.“La casa es anterior a 1988 y se podría salvar, pero ahora, con el proyecto del paseo, y con el deslinde recurrido, puede peligrar nuestro futuro y el de muchas otras edificaciones”, asegura. Frente a su terraza, colgadas de un acantilado, se ven las ruinas de un inmenso edificio destinado a apartamentos que no se terminó por la quiebra de la constructora:
“Se están cayendo los paneles de cemento al mar, con el peligro que eso conlleva. Y sin embargo Costas no hace nada”, añade Elena. Su marido, Eduardo, es abogado y lleva años luchando por defender a las familias de El Caletón.
Como tantos otros dueños de casas anteriores a la Ley de Costas de 1988, tiene muy claro que el desalojo supone “una vulneración del derecho fundamental de la propiedad”. A falta de su definitiva aprobación en el Congreso y el posterior desarrollo del reglamento, la nueva Ley de Costas podría abrir la puerta a un nuevo ladrillazo en detrimento de numerosos núcleos costeros tradicionales. Así lo afirma Carmen del Amo, presidenta de la AEPLC: “Toda la costa está programada. Existen nuevos proyectos en los que es imprescindible la desaparición de los núcleos tradicionales costeros”. No anda desencaminada.
Antonio Alonso dice que hay planeados varios campos de golf en el litoral norte de Gran Canaria, “que estarán ubicados más allá de los veinte o cien metros que marquen la servidumbre de protección, y serán legales, pero no quieren tener la mala imagen de nuestros viejos poblados costeros en primera línea de playa”.
EL TRISTE EJEMPLO DE CHO VITO
■ El futuro de muchos núcleos costeros canarios se refleja en el triste presente de los vecinos de Cho Vito, un barrio del municipio tinerfeño de Candelaria cuya demolición, iniciada en 2008, fue portada de todos los medios informativos.
Las últimas casas fueron derruidas el pasado mes de noviembre; entre ellas la de David Luis, tataranieto de Cho Vito, el fundador de este enclave. “David sigue pagando a duras penas el crédito que pidió por amueblar la casa que le han tirado”, dice José Antonio Luis, su padre, también desalojado de una casa aledaña. Mientras las autoridades insulares presumen del nuevo paseo marítimo construido donde se alzaba el barrio marinero, sus antiguos moradores siguen clamando justicia.
Como única indemnización solo consiguieron que les pagaran un alquiler social por 24 meses. “Hemos pasado de ser propietarios a vivir de la caridad de la Administración”, dice Soledad, una de las desalojadas de lo que fue su primera vivienda, con escritura pública incluida. Como ella, muchos otros vecinos tienen recurrido el derribo de sus casas y han llevado el asunto a la Comisión Europea. Una vez que se pronuncie, trasladarán su caso al Tribunal de Justicia Europeo.
No deja de ser chocante que la Administración local continúe cobrándoles, por ese hogar que ya no tienen, el recibo del IBI, y que aún sigan declarándolo a Hacienda. “Implícitamente están reconociendo nuestros derechos. Ellos sabrán”, ironiza Soledad desde una gruta abierta al mar que fue, durante años, la cocina de su casa-cueva.
INTERVIÚ 29/04/2013 reportaje de CARLOS BARRIO cbarrio.interviu@grupozeta.es
