Tienen que pagar el IBI seis años después del derribo de Cho Vito

Parece surrealista, pero es pura realidad. Varios vecinos de Candelaria, que perdieron su vivienda de la playa de Cho Vito en 2008, cuando fueron derribadas por sentencia firme, por estar situadas en dominio público marítimo terrestre, tienen ahora que hacer frente al pago del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) por unas casas que fueron pasto de las palas mecánicas. Por lo pronto, algunos exvecinos de Cho Vito tendrán que hacer frente al pago de la llamada contribución y, posteriormente, reclamar ante el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, que es quien sigue gestionando el cobro de esos recibos en el municipio de Candelaria.

La cantidad, al demostrar que ya no existe propiedad ni suelo ni edificación, les será devuelta. Otra cosa es que el trámite para la devolución sea “muy lento”, como ayer reconoció el concejal de Urbanismo de Candelaria, Javier Rivero, sorprendido y molesto por la insistencia en el error por parte del Consorcio.

Desde la Concejalía de Hacienda se aclara que, como la mayoría de los municipios de la Isla, tiene la gestión de la recaudación del impuesto del IBI delegada al Consorcio de Tributos.

Por otro lado, el concejal del área, Javier Rivero, comunica que desde 2009 el Ayuntamiento de Candelaria alertó de la necesidad de causar la baja del padrón de estos inmuebles tanto al Consorcio como a la Dirección General de Catastro, por lo que los recibos no tendrían porque haberse emitido.

El concejal de Hacienda de Candelaria recomienda a los vecinos afectados que acudan a la Oficina del Consorcio para interrumpir el procedimiento de cobro del recibo del IBI, y pide disculpas por los posibles perjuicios ocasionados por la emisión de los recibos, la cual no debería haberse producido nuevamente, cuando la incidencia está comunicada desde hace cinco años.

Rivero: “Es un error grave que daña al Consistorio”

“Ha sido un grave error del Consorcio de Tributos, pero al que realmente daña es a la imagen del Ayuntamiento”, afirmó el concejal Javier Rivero, quien no tuvo reparo en “pedir disculpas a los vecinos afectados”, sin llegar a explicar por qué sucede un error que “termina siendo motivo de crítica en las redes sociales”. Y con razón porque “es inexplicable que se repita algo así”, subrayó el responsable de Urbanismo.

http://www.diariodeavisos.com/2014/05/tienen-pagar-ibi-seis-anos-despues-del-derribo-cho-vito/

¿Nadie siente vergüenza de ver cómo se ha destruido un poblado lleno de vida para dejar tanta desolación con un ¿paseo? que no conduce a ningún sitio?

EL MINISTERIO LICITA LOS NUEVOS DESLINDES DE FORMENTERA Y VARIOS TRAMOS DE DESLINDES ANULADOS

V. Anuncios

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

18105 Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la que se anuncia licitación del servicio "Realización del deslinde del dominio público marítimo-terrestre en diversos tramos, incluida la Isla de Formentera, en Illes Balears".

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/22/pdfs/BOE-B-2014-18105.pdf

El Jefe de Costas de Tenerife, el alcalde de Santiago del Teide y dos técnicos imputados por homicidio involuntario

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arona ha cerrado una fase de instrucción del caso del desprendimiento del talud de la playa de Los Guíos, en Los Gigantes, donde fallecieron sepultadas una mujer británica de 57 años de edad y una española de 34 años en noviembre del 2009. En un auto dictado por dicho órgano judicial que se ha encargado de la instrucción hasta ahora se determina que el proceso continúe como procedimiento abreviado y que continúan imputados el alcalde de Santiago del Teide, Juan Damián Gorrín Ramos; dos arquitectos técnicos del ayuntamiento y el jefe provincial de la Demarcación de Costas, Carlos González Pérez, por un supuesto delito de homicidio imprudente.

Por el contrario, dicho juzgado de Arona decreta el archivo o sobreseimiento libre en el caso de la comunidad de aguas El Jurado (propietaria del canal que discurre por donde se produjo el derrumbe); el Consejo Insular de Aguas, representado actualmente por Jesús Morales; así como el actual concejal de Hacienda, Emilio Navarro, y los exconcejales Germán Jiménez y Rafael Cuadrado Socas.

La piedra angular de la investigación desarrollada en su momento por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil con base en Las Américas y posteriormente con la instrucción del citado juzgado fue un primer desprendimiento ocurrido el 2 de octubre del 2009, donde no hubo víctimas.

Desde ese derrumbe de parte del talud, los bomberos voluntarios de Santiago del Teide realizaron un primer desalojo, pero posteriormente el seguimiento y cumplimiento del cierre de esa zona quedó en manos de la Policía Local, "quien, sin tener instrucciones claras y precisas por parte del alcalde, (...) que asumía las competencias en materia de Seguridad y Policía, no cursó las correspondientes instrucciones para la vigilancia permanente de la playa, ni tampoco ordenó la colocación de ningún cartel advirtiendo del peligro de desprendimiento", según consta en el auto judicial al que tuvo acceso EL DÍA. En cuanto al balizamiento de la zona afectada, uno de los arquitectos técnicos municipales entendió suficiente delimitar el lugar del desprendimiento con varillas metálicas clavadas en la arena, pero se trataba de una franja intermareal con fuerte presencia del oleaje, por lo que la medida fue "insuficiente", según consta en la documentación del juzgado. El mismo aparejador remitió a Costas un proyecto de gunitado (proyección de cemento en el acantilado) en el talud y protección de la zona de baño el 15 de octubre y una semana después pidió autorización para la obra. Pero, según el informe de un perito, dicho "proyecto" era un "informe irrealizable por falta absoluta de definición y contenido acorde con el objeto del mismo", ya que no cumplía ningún requisito exigido por la legislación. Por ejemplo, dicho arquitecto técnico consideró que no era necesario un estudio geotécnico del terreno, mientras que el perito estima que sí era prioritario dicho análisis.

http://eldia.es/2014-03-29/sur/1-Gorrin-dos-tecnicos-jefe-Costas-imputados-Guios.htm

2009 - El Alcalde indignado con Costas

Esto es lo que pasa cuando Costas decide quedarse con todos los terrenos que se le antoja, pero se niega a asumir las responsabilidades que conlleva ser el dueño y señor del litoral español.

Costas es como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer.... hasta que sucede una desgracia. Luego las culpas para los demás.

Portugal copia lo peor de España. British expats in Portugal face losing homes

New laws require landowners with waterfront properties to produce hard-to-find paperwork that proves their home was built legally

British expats who own waterfront property in Portugal face losing their homes if they are unable to locate documents that prove the land has been privately owned for 150 years.

The Portuguese government is targeting properties built on valuable waterfront land that is within 50 metres of the ocean or 30 metres of other waterways such as lakes and rivers. It claims it wants to protect the environment and crack down on illegal buildings. It reintroduced an old law in 2005 that allows it to reclaim land if property owners fail to produce records proving long-term private ownership by July 1 this year.

Many home owners claim Portugal’s land registry archives are not comprehensive and the necessary documents simply do not exist. They argue the land registry approved their purchase of the land, so the government should not have the power to seize it.

Residents lobbied against the law and last month the government agreed to limit the new rules to any property built after 1951. It also scrapped the July 1 deadline.

The requirement, which applies to local and foreign residents, is most likely to come into force when people want to sell their property, but the government has the ability to demand the documents at any time.

Under the law it can choose to reclaim the land, impose additional taxes on owners or give them the right to live in the property under a 30-year lease.

Jersey-born Paul Abbiati and his Portuguese wife Iva bought a seafront three-bedroom property for €150,000 in 2008 in the fishing village of Paul do Mar, on Madeira Island.

He said his ownership papers have been stamped by the land registry and a notary acknowledging the sale was legal. However, last month he was forced to search for documents proving the land has been in private ownership since 1864.

“I, and other private home and landowners in the same situation, have spent hours and much money trying to discover documents proving private ownership in Government archives but it’s impossible," he said.

“There are thousands of ordinary people affected by this, not just the wealthy. There are local fishermen with houses dating back 300 years that are unable to find the documents they need.”

He said he complained to the European Commission, but was told he had to battle it out in the Portuguese legal system.

The situation is being compared to Spain's notorious "land grab" law, under which hundreds of expatriate Britons lost homes on the Costa Blanca in the early 2000s.

Under a loophole in the law, known as the Ley Reguladora de la Actividad Urbanista (LRAU), property agents could compulsorily purchase prime rural land by saying it was for urban development.

In 2005 the European Commission wrote to the Spanish government saying that the law breached EU regulations as well as human rights statutes.

http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/expat-money/10810941/British-expats-in-Portugal-face-losing-homes.html#disqus_thread

LANZAROTE: LEGALIZACIÓN DE LOS HOTELES Y PUERTOS ILEGALES MIENTRAS SE ILEGALIZAN Y SE AMENAZA DE DERRIBO A LOS POBLADOS TRADICIONALES COSTEROS

Canarias prepara una ley para regularizar los hoteles ilegales de Lanzarote

El Gobierno de Canarias está preparando una ley que servirá, entre otras cosas, para encajar dentro de la legalidad a casi todos los establecimientos hoteleros con licencias anuladas que no encajaban dentro del nuevo Plan General de Ordenación de Yaiza.

El anteproyecto de Ley de medidas tributarias, administrativas y sociales, que es como se llama, se tomó en consideración el pasado mes de diciembre en Consejo de Gobierno y deberá pasar por los informes del Consejo Consultivo de Canarias y del Consejo económico y social antes de llegar al Parlamento.

Lo que hace este anteproyecto es redundar en la solución prevista en el Plan General, que a su vez recogía lo que preveía la nueva Ley de Modernización Turística, que permite el aumento de la edificabilidad en un cincuenta por ciento para aquellos hoteles que vayan a mejorar sus zonas comunes sin aumentar el número de camas. Esta medida estaba pensada para la rehabilitación de establecimientos pero en la práctica se van a poder acoger a ella los hoteles con licencia anulada que hubieran superado el número de plazas que se les permitía, y así convertir esas plazas en zonas comunes y adaptarse al planeamiento.

Ahora la nueva ley recoge, según la página web del Gobierno, que "el incremento de edificabilidad será igualmente admisible en parcelas con establecimientos turísticos que pretendan la mejora de sus zonas comunes, sin aumento de la capacidad de plazas establecida, cuando así lo prevea el planeamiento o el plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad, sin que en ningún caso se supere el doble del coeficiente de edificabilidad de la parcela". Es decir, dobla el aumento de la edificabilidad, que en el Plan de Yaiza se había fijado en el cincuenta por ciento, hasta el cien por cien.

La ley pretende aclarar «diversas leyes en vigor que requieren ahora su actualización para una mejor aplicación efectiva». Los cambios afectan a materias como hacienda, agricultura, ganadería y alimentación, obras públicas, transportes, etc. En política territorial, también establece criterios de interpretación del contenido que han de tener los planes y normas de los espacios naturales o los órganos competentes para evaluar el interés general.

Con el aumento de la edificabilidad del cincuenta al cien por cien se facilita a varios establecimientos que acaben encajando en el planeamiento municipal, insular y regional. A cambio del aumento, los hoteles deberían obtener la licencia y pagar las plusvalías correspondientes, así como abonar el 15% del aprovechamiento urbanístico.

La inclusión en el Plan General de esa disposición que aumentaba la edificabilidad ya había recibido críticas y alegaciones en el Plan, por considerar que después de haber incumplido la normativa, se regalaba a esos hoteles la posibilidad de ampliarse usando una disposición pensada para la rehabilitación. La Fundación César Manrique consideraba en sus alegaciones al Plan que, en caso de poner en práctica esa medida se estaría "generando una gran inseguridad jurídica", una "clara desviación de poder» y "se quebraría el principio de igualdad, en relación con los establecimientos que desde el principio se ajustaron a las leyes".

El Gobierno, cuando se anunció esa medida que ahora se pretende aumentar, argumentó que no estaba hecha ad hoc para legalizar los hoteles de Playa Blanca. Responsables de la Consejería de Política Territorial aseguraron entonces que «está pensada para toda las parcelas, no para las que tienen las licencias anuladas".

http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Hoteles_ilegales-Yaiza-Canarias-turismo_0_223978044.html

¿Donde estaba Costas cuando todo esto ocurría? Haciendo deslindes en los poblados de la isla para ilegalizarlos, nacionalizando la propiedad y amenzándoles con el derribo mediante la Ley de Costas. Una ley que no ha existido para los grandes especuladores inmobiliarios que, lejos de caerles encima todo el peso de la ley, les premian con la legalización de todas las contrucciones ILEGALES POR SENTENCIA JUDICIAL.

¿Álguien puede todavía defender la Ley de Costas sabiendo que solo se emplea con la gente humilde e indefensa ante semejante abuso de poder?