Miles de propietarios en primera línea de playa están a un paso de perder sus casas o negocios. Sin embargo, la anulación por parte del Tribunal Supremo del reglamento de Costas de 2022 abre ahora la puerta a tumbar los deslindes kilométricos que en los últimos meses había ido realizando por toda la costa española el Ministerio para la Transición Ecológica. Unos deslindes que, al ampliar el alcance del dominio público marítimo-terrestre con el argumento de proteger las playas, afectaban a numerosos inmuebles que, en la práctica, iban a pasar a manos del Estado.
Pero la reciente sentencia del Supremo declara la "nulidad de pleno derecho" del Real Decreto por el que se modificó el reglamento de Costas en 2022. Es la primera respuesta a la cascada de recursos planteados, en este caso, el de los afectados de Formentera. Según el fallo, el cambio del reglamento debía haber pasado por el trámite de la consulta pública, que no se hizo.
Esto significa que los deslindes que ejecutó la Demarcación de Costas conforme a esta norma dejan de ser válidos, pero no los que se iniciaron anteriormente según el reglamento de 2014. Todo "un galimatías jurídico que obligará a revisar caso por caso".
Así lo advierte Manolo López, portavoz de Somos Mediterrania, una entidad que agrupa a medio centenar de colectivos de afectados por la Ley de Costas en toda España. "Que desaparezca la reforma del reglamento de 2022 nos retrotrae a la normativa anterior: el reglamento de 2014, que no es mejor", explica. Por tanto, "solo decaerán automáticamente los deslindes que se estaban sustentando sobre el último reglamento, porque la retroactividad de la norma es limitada".
Y aquí es donde aparece la primera complicación, tal y como constata Pedro Pastor, presidente de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas en Denia. En este municipio alicantino, con gran proyección turística, los vecinos se han levantado en armas en los últimos meses para tratar de salvar los 3.617 inmuebles afectados. De estos, 103 son los que quedarían directamente dentro del dominio público con la propuesta de deslinde. Dicho con otras palabras, sus legítimos propietarios dejarán de serlo en beneficio del Estado. Un caso de "confiscación en toda regla" que denuncia Somos Mediterrania.
Aun así, no está claro que los deslindes en Denia se puedan paralizar sin más. "El deslinde a día de hoy sigue vivo y entendemos que está vigente", lamenta Pastor, que denuncia "la falta de transparencia de Costas". "No hemos podido ver aún ningún informe técnico que justifique los deslindes en Denia, por lo que Costas podría subsanar cualquier defecto y volver a presentar el deslinde", insiste. Y ello porque el deslinde definitivo no está ejecutado, a pesar de que ya se han superado las fases de incoación y del acto de apeo. Dicho de otro modo, está por ver si Costas podría acogerse al reglamento de 2014 y completar el trámite.
Para el director general de Costas de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, "los criterios de deslinde que venía aplicando el Ministerio hacen referencia al temporal Gloria de 2020, por lo que queda claro que el reglamento que se aplicaba era el de 2022". "Es nulo y no se pueden validar los actos administrativos", subraya. En su opinión, "el Ministerio vuelve a la casilla de salida".
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