La anulación por parte del Tribunal Supremo del Reglamento de Costas aprobado por decreto en agosto de 2022, echa por tierra todas las actuaciones de la Dirección General del Ministerio para la Transición Ecológica desde esa fecha, muchas de las cuales han tenido una gran contestación social en la provincia de Alicante. De hecho, cada una de las asociaciones de afectados presentó su propio recurso y ahora quedan a la espera de que el alto tribunal responda también a sus argumentos.
Y es que por el momento el Supremo ha tumbado el Reglamento por un recurso de la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costa Formentera, por un defecto de forma basándose en que la norma administrativa (que no ley) del Reglamento no pasó por una consulta pública con participación ciudadana.
Los afectados temen que con tan sólo esta sentencia, el Gobierno intente de nuevo aprobar el Reglamento de Costas por decreto subsanando el error por el que el Supremo ha tumbado la norma administrativa. En cambio, si el Supremo entra a valorar el fondo de otros recursos, se conseguiría un "contexto jurídico" más amplio.
En el caso de la Asociación de Vecinos de Playa Babilonia, en Guardamar, el recurso judicial no estaba basado en la ausencia de consulta pública sino en el modo en que se ha tramitado, un reglamento por decreto, para una materia que debería haber pasado por el Congreso de los Diputados en forma de ley.
"El Reglamento entra a regular materias que no son desarrollo de una ley, sino una ley en sí misma, que es lo que debe reformarse y debatirse en las Cortes. Entre otras cosas porque regula la delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) o el alcance de los deslindes cambiando la ley de Costas y conduciendo a una situación de inseguridad jurídica ya que un reglamento no puede crear derecho", explica Manuel López, de dicha asociación.
También en Dénia otros afectados agrupados en la Asociación en Defensa de la Playa Norte y la Asociación de Playa Les Deveses registraron sus recursos propios, incluyendo uno más en conjunto con la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas que preside Carmen del Amo.
Rosa Marín, vicepresidenta de la Asociación de Playas Norte de Dénia y secretaria del colectivo vecinal de Les Deveses, explica que en tanto en sus recursos como en el general que hizo la asociación de Carmen del Amo, también se contempla la falta de participación ciudadana que ha servido para tumbar el Reglamento, "porque los afectados entendían que les provocaba una indefensión".
Pero además, tanto en este recurso como en las alegaciones que se han realizado a los deslindes del pasado otoño en el municipio alicantino, se exponen más argumentos contra el Reglamento aprobado por decreto, como el hecho de que no se debatan todos estos asuntos en procedimiento de ley.
