CC y PP aprueban con el voto en contra del PSC una iniciativa para "promover las reformas precisas en la legislación canaria para permitir la reclasificación de los suelos contiguos al dominio público marítimo-terrestre para la reubicación de los usos residenciales que no fueren autorizables por la Ley de Costas".
Los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno, Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), han hecho hoy en el Parlamento un nuevo intento para legalizar los núcleos urbanos costeros que vulneran la nueva Ley de Costas.
Así, y con el voto en contra del PSC, la Cámara ha instado al Ejecutivo regional a "promover las reformas precisas en la legislación del territorio de Canarias, con el fin de permitir la reclasificación de los suelos contiguos al dominio público marítimo-terrestre cuando resultaren necesarios, aunque estuvieren aislados de la malla urbana, para la reubicación de los usos residenciales que no fueren autorizables en virtud de las previsiones de la Ley de Costas, de aquellas edificaciones etnográficas susceptibles de conservación".
La diputada Cristina Tavío (PP) defendió esta iniciativa ante la insensibilidad del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley que modificó el texto refundido de Ordenación del territorio y Espacios Naturales aprobada hace un año para evitar el derribo de viviendas ilegales en las costas canarias.
"CC y PP no queremos que se tiren más poblados marineros en Canarias y que Canarias siga siendo Canarias y no Marbella, Malibú o Miami. Queremos que Canarias siga teniendo sabor canario junto al mar", ha asegurado.
Tavío ha considerado necesario acabar con la "incertidumbre jurídica de los miles de canarios que se han visto afectados en sus derechos en litigios con la Dirección General de Costas" debido a la "interpretación tortuosa, sectaria y contraria a los intereses de los canarios" por parte del Estado.
"Son viviendas de canarias y canarios que albergan actividades turísticas y económicas dignas de respeto y protección. ¿Qué peligro generan los puestos de trabajo en las costas canarias en un momento de crisis económica". Parece insensato acabar con esos núcleos", ha afirmado Tavío.
El socialista Manuel Fajardo Palarea consideró muy grave que se acuse al Estado de crear "inseguridad jurídica" por recurrir ante el TC cuando en un Estado de Derecho tanto el Ejecutivo como los particulares pueden ejercer esa potestad.
Además, ha acusado al Ejecutivo regional de llevar tres años de brazos cruzados, pues puede declarar los BIC que quiera y aplicar el régimen de protección etnográfica" para evitar que se inicien los expedientes de derribo.
La propuesta aprobada también busca la elaboración del censo de edificaciones del dominio marítimo-terrestre canario y sus zonas de servidumbre de tránsito y servidumbre de protección, con valoración técnica de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social.
Asimismo, y en coordinación con los entes locales implicados, se promueve "una línea de actuación pública dirigida a la mejora y acondicionamiento de aquellas áreas urbanas costeras de Canarias, así como la preservación y mejora de sus valores etnográficos, arquitectónicos o pintorescos".
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/04/13/nuevo-cc-pp-legalizar-nucleos-costeros/280850.html
Así, y con el voto en contra del PSC, la Cámara ha instado al Ejecutivo regional a "promover las reformas precisas en la legislación del territorio de Canarias, con el fin de permitir la reclasificación de los suelos contiguos al dominio público marítimo-terrestre cuando resultaren necesarios, aunque estuvieren aislados de la malla urbana, para la reubicación de los usos residenciales que no fueren autorizables en virtud de las previsiones de la Ley de Costas, de aquellas edificaciones etnográficas susceptibles de conservación".
La diputada Cristina Tavío (PP) defendió esta iniciativa ante la insensibilidad del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley que modificó el texto refundido de Ordenación del territorio y Espacios Naturales aprobada hace un año para evitar el derribo de viviendas ilegales en las costas canarias.
"CC y PP no queremos que se tiren más poblados marineros en Canarias y que Canarias siga siendo Canarias y no Marbella, Malibú o Miami. Queremos que Canarias siga teniendo sabor canario junto al mar", ha asegurado.
Tavío ha considerado necesario acabar con la "incertidumbre jurídica de los miles de canarios que se han visto afectados en sus derechos en litigios con la Dirección General de Costas" debido a la "interpretación tortuosa, sectaria y contraria a los intereses de los canarios" por parte del Estado.
"Son viviendas de canarias y canarios que albergan actividades turísticas y económicas dignas de respeto y protección. ¿Qué peligro generan los puestos de trabajo en las costas canarias en un momento de crisis económica". Parece insensato acabar con esos núcleos", ha afirmado Tavío.
El socialista Manuel Fajardo Palarea consideró muy grave que se acuse al Estado de crear "inseguridad jurídica" por recurrir ante el TC cuando en un Estado de Derecho tanto el Ejecutivo como los particulares pueden ejercer esa potestad.
Además, ha acusado al Ejecutivo regional de llevar tres años de brazos cruzados, pues puede declarar los BIC que quiera y aplicar el régimen de protección etnográfica" para evitar que se inicien los expedientes de derribo.
La propuesta aprobada también busca la elaboración del censo de edificaciones del dominio marítimo-terrestre canario y sus zonas de servidumbre de tránsito y servidumbre de protección, con valoración técnica de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social.
Asimismo, y en coordinación con los entes locales implicados, se promueve "una línea de actuación pública dirigida a la mejora y acondicionamiento de aquellas áreas urbanas costeras de Canarias, así como la preservación y mejora de sus valores etnográficos, arquitectónicos o pintorescos".
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