LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2012) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

domingo, 27 de febrero de 2011

LOS NEGOCIOS DE COSTAS Y LOS ERRORES ADMINISTRATIVOS

Esto no es noticia en sí porque Costas nos tiene acostumbrados a estas tropelías. El tema es mucho más serio cuando se conoce la historia completa de lo que llaman "proyecto de Costas para reordenar el litoral del término de Valdoviño"

Todo lo que Costas llama "reordenar" significa "espera que te voy a dejar el espacio libre" y  ya sabemos a quién. A nosotros desde luego no.
Sólo es necesario ir a las hemerotecas para encontrar el motivo del proyecto.
En 2006 el jefe de Costas de Galicia, Rafael Eimil, derribó, sin orden judicial y sin esperar a la sentencia de la Audiencia, 50 viviendas construidas 40 años antes. Como siempre, gente humilde e indefensa. Su justificación, que el espacio que ocupaban era de un alto valor ecológico que había que proteger.

En 2010, un juez permite que se construya en otra playa del mismo municipio una urbanización de 17 chalets, a los que seguirán otros 50 y, cómo no, un hotel en una zona de altísimo nivel de protección medioambiental. ¿El motivo? que el expediente se tramitó por la Consellería de Política Territorial, en vez de por la de Medio Ambiente y nadie le puso remedio, optando por el silencio administrativo. El gobierno no recurrió dejando pasar el plazo. Dijeron que todo se debió  a un error. 
Sin comentarios.
Costas construye una cafetería a dos metros de la playa de Valdoviño (noticia del 2007)
Nos encontramos en primera línea de playa de Valdoviño, mirando hacia la Pena Percebelleira. El paseo marítimo recorre las dunas, a la derecha se alza un torreón de viviendas verdes y una promotora pretende crear una urbanización de chalés sobre los acantilados. Las autoridades han puesto freno a la expansión urbanística en este municipio costero de Ferrolterra.

Sin embargo, a las entidades ecologistas les llama la atención la última actuación de la Demarcación de Costas. Este organismo construye una cafetería que cederá posteriormente al Ayuntamiento. ¿Su ubicación? A dos metros de las propias dunas, en pleno dominio público marítimo-terrestre. El BNG ya ha pedido explicaciones al Gobierno central por este inmueble que edifica Tragsa en el arenal de A Frouxeira. Según recuerda el diputado Francisco Rodríguez, "necesítase o trámite de información pública por ser zona de dominio público, autorización ambiental por lugar protexido, e autorización autonómica por solo rústico".

Repasemos la historia del polémico edificio. La Demarcación de Costas derribó en abril una famosa cafetería alzada en las dunas. Pero a pocos metros inició la construcción de una cafetería con 150 metros cuadrados, para cederla a la gestión municipal y potenciar la hostelería en la zona. Los ecologistas iniciaron las negociaciones con Rafael Eimil, responsable de Costas. Al mismo tiempo los ingenieros detectaron errores topográficos en la obra, y decidieron tirar el edificio ya cimentado. Sin embargo, la construcción se ha retomado 10 metros a la derecha de la posición inicial y siempre paralela a la costa con invasión del dominio público. Según Carlos Outeiro, de Adega-Trasancos, "Costas ten un acordo co Concello para facer tres cafeterías deste tipo". (Costas tiene un acuerdo con el Concejo para hacer tres cafeterías de este tipo)
Este primer centro hostelero se alza "en zona protexida de alto valor": un humedal de importancia internacional, como Zona de Especial Protección de Aves, Zona de Especial Protección de Valores Naturales y Lugar de Importancia Comunitaria. Desde Adega, Carlos Trasancos explica gráficamente la actuación de Costas: "É como se deixamos o raposo coidando das galiñas". (Es como si pusieramos al zorro a cuidar las gallinas)
                                           
Un error del bipartito permite construir 17 chalés en un área protegida de Valdoviño 
El Tribunal Superior de Justicia da por concedida la licencia al considerar que Medio Ambiente tramitó el expediente de forma incorrecta

domingo, 20 de febrero de 2011

La Ley de Costas es el intrumento imprescindible para la especulación

Hace tan sólo unos meses que  Costas derribó un barrio de 50 casitas de pescadores con siglos de historia. Posiblemente fueran los primeros y los únicos habitantes de la zona. Entonces no existía la Ley de Costas, ni el turismo, ni la avaricia por unas tierras que no servían más que para el sustento familiar.
Han esperado años hasta que los han echado del lugar que vio nacer generaciones enteras.
El Plan General se aprobó en 2008 después de una guerra sin cuartel en el Ayuntamiento, mociones de censura con concejales tránsfugas incluidos.
Lo peor del caso es como ha actuado Costas en el Puig. En 2006 permitió que se construyera una urbanización en Dominio Público e ignorando la ley, no sólo lo permitió sino que decidió meter en el deslinde terrenos que no tenían que estar. ¿Cómo se llama a ésto según el Código penal?
Supuestamente la fiscalía tendría que haber actuado de oficio, o bien el Ayuntamiento denunciarlo en el juzgado de guardia. Pero no, todos han callado mirando para otro lado.
En el Puig (Valencia) se van a construir 10.000 nuevas viviendas, 6.000 de ellas en la zona costera...¿y no había sitio para 50 familias de pescadores?
La Ley de Costas no sirve para proteger el litoral, sirve como instrumento confiscatorio de propiedades legales que en nada dañan el medio ambiente pero que, para nuestra desgracia, están construidas en la "milla de oro española": la 1ª linea de playa.


Un PAI de 500 casas derribará las últimas casitas del barrio de pescadores del Puig
El proyecto urbanizará 70.000 m2 con un paseo, aparcamientos, jardines y seis bloques                                                                                                                                                            
La empresa Grupo Teresa ha presentado un Proyecto de Actuación Integrada (PAI) para urbanizar 69.332 metros cuadrados de suelo en la playa del Puig, frente al lugar en el que se situaban las casitas de los pescadores derribadas en octubre por orden del Ministerio de Medio Ambiente. Precisamente, este nuevo proyecto urbanístico -que contempla la construcción de alrededor de 500 viviendas, una zona verde, un paseo marítimo y dos zonas de aparcamiento-, implicará si se aprueba el derribo de una veintena de casitas del barrio de pescadores que se salvaron de la excavadora al quedar fuera de la zona de dominio público marítimo-terrestre.            
El precio de licitación del proyecto estimado por el consistorio se fija en seis millones de euros. Ángel Teresa, gerente de la urbanizadora, ha reconocido a este periódico que la actual crisis económica favorece poco este tipo de operaciones, pero señaló que se trata de un plan "a medio plazo" que empezará a ser realidad en un mínimo de cuatro años. El empresario mostró su confianza en que el ayuntamiento respalde el PAI ya que -además del paseo, accesos, zonas verdes y plazas de aparcamiento- supondrá un aumento del suelo dotacional para el municipio.
Por el momento, Grupo Teresa -a través de su subsidiaria Teresa Hotels- es la única que ha presentado el proyecto de urbanización después de que el ayuntamiento aprobase el pasado verano las bases para la tramitación del PAI Sector Playa 1 (SP-1), a petición de esta firma que posee la mitad del suelo del sector. El resto se reparte entre pequeños propietarios que llegaron a constituir una Agrupación de Interés Urbanístico para desarrollar el sector,y que se disolvió en enero.
Según aseguró el gerente de Grupo Teresa, la empresa ha ofrecido a estos propietarios formar parte de la sociedad urbanizadora a razón de una acción por cada metro cuadrado de suelo que posean en el SP-1, aunque por el momento estas negociaciones no han prosperado
HEMEROTECA AÑO 2006
Costas protege la playa de El Puig para que no se construya en primera línea  El plan afectado planeaba adosados en una franja de 12.000 m²                                    Costas ha presentado en el Ayuntamiento de El Puig una nueva delimitación en la que anula las posibilidades de hacer adosados en primera línea de playa, una zona de aparcamientos públicos y completar el paseo marítimo. La zona afectada es de 12.000 metros cuadrados situados entre principio del término y la urbanización Puig Val.                  Este nuevo deslinde de Costas, calificado por el Ayuntamiento como “exagerado”, responde a la necesidad del Ministerio de compensar ciertas zonas, ya que hay una urbanización, Puig Val, que sus adosados y parte de un edificio estaban dentro de la línea de Costas y ahora el Ministerio “ha desafectado esos terrenos y, para compensar, ha cogido nuevas zonas que antes no estaban incluidas”, explicaron fuentes municipales.

jueves, 17 de febrero de 2011

EL MAREANTE VAIVÉN DE LA LEY DE COSTAS. AHORA SÍ, AHORA NO


El Gobierno recurre ante el Constitucional el apartado de la Ley de Vivienda que blindaba núcleos afectados por deslindes
El Gobierno retira el recurso que impedía legalizar los núcleos costeros
Moncofa anuncia más acciones legales si Costas no mueve ficha
Retirarán el contencioso tras garantizarse una marina

domingo, 13 de febrero de 2011

LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS EN EL SENADO

La Modificación de la Ley de Costas presentada por el Grupo Popular  y  aprobada el pasado  miércoles 9 en el Senado, que tantas espectativas y falsas esperanzas había levantado  entre los  miles de familias a quienes se les ha llevado a la ruina personal, familiar y económica       confiscándoles la propiedad, ha acabado siendo una modificación partidista e igual de injusta que lo que ya teníamos. Basta con leer detenidamente el texto de la propuesta aprobada.  
Se propone la modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, de la siguiente forma:

Artículo único. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas queda modificada como sigue:
Uno. El apartado segundo de la Disposición Transitoria Segunda queda redactado en los siguientes términos: «Disposición Transitoria Segunda.
2. Los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud de cláusula concesional establecida con anterioridad a la promulgación de esta Ley, serán mantenidos en tal situación  jurídica, conservando sus condiciones y naturaleza temporal, hasta tanto se apruebe y ejecute un instrumento de planificación específico para dichos terrenos, que venga a ratificar el mantenimiento de la ocupación o a determinar motivadamente la extinción del derecho, previa valoración de la concesión a efectos indemnizatorios, si bien sus playas y zona marítimo-terrestre continuarán siendo de dominio público en todo caso. Los terrenos ganados al mar y los desecados en su ribera sin título administrativo suficiente continuarán siendo de dominio público.»
Dos. «Disposición Transitoria Sexta.
2. El apartado segundo de la Disposición Transitoria Sexta queda redactado en los siguientes términos:Extinguidas con arreglo a lo establecido en sus respectivos pliegos de condiciones, las concesiones otorgadas con anterioridad a esta Ley, y que no resulten contrarias a lo dispuesto en ella, la Administración competente resolverá sobre el mantenimiento o levantamiento de las instalaciones. En caso de que se opte por el mantenimiento será de aplicación lo previsto en el apartado 3 del artículo 72.»

Es decir, SÓLO se modifica la ley para las CONCESIONES a las que se le quiere dar carácter y protección de supuesta propiedad.
A las  verdaderas víctimas de la Ley de Costas, a los PROPIETARIOS LEGÍTIMOS, se nos ignora pero se aprovechan y manipulan los argumentos que se tendrían que utilizar en defensa del Derecho Humano a la propiedad privada.
Baste como ejemplo la oportuna mutilación del Informe Auken que en la exposición de motivos hecha en el Senado se queda en:
"Por su parte, la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009, aprueba el denominado «Informe Auken», instando al Estado español a actuar para evitar la vulneración de los derechos adquiridos de buena fe y de forma legítima, afectados por la Ley de Costas:
«(…) nadie debería perder sus tierras o viviendas sin las debidas garantías procesales y una indemnización justa y apropiada, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que todos los Estados miembros están obligados a respetar en virtud del segundo apartado del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea».

Mientras que en el Informe Auken se expone:
C.  Considerando el artículo 6, apartado 2, del Tratado de la UE, por el que la Unión se compromete a respetar los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH),
H.  Considerando que el derecho a la propiedad privada está reconocido como derecho fundamental de los ciudadanos europeos en el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que dispone que «toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos»; que «nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en los casos y condiciones previstos por la ley y a cambio de una justa indemnización»; y que «el uso de los bienes podrá regularse en la medida que resulte necesario para el interés general»,

Pero continúa la exposición de motivos en el Senado:
Por todo ello, sin perjuicio de reconocer la dificultad de la conciliación del interés público con los derechos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, es imprescindible la revisión y modificación de la legislación en materia de costas para consagrar el respeto de principios jurídicos fundamentales de un Estado de Derecho como el nuestro.
En el Informe Auken se expone
22. Reconoce y apoya los esfuerzos de las autoridades españolas por proteger el medio ambiente costero y, allí donde sea posible, restaurar ese medio ambiente de forma favorable para la biodiversidad y la regeneración de las especies autóctonas de fauna y flora y, en este contexto específico, les insta a que revisen urgentemente y, en su caso, modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero; hace hincapié en que dicha protección no debe concederse a proyectos de desarrollo especulativos que no respetan las directivas de la UE en materia de medio ambiente; se propone revisar las peticiones recibidas sobre este asunto a la vista de la respuesta de las autoridades competentes españolas;

Ni la Sra Auken en su informe, ni la Carta Europea de los Derechos Fundamentales dice nada sobre las concesiones ¿Por qué se quiere confundir a la opinión pública?
La modificación propuesta no da solución ni a  concesionarios ni a propietarios .

miércoles, 9 de febrero de 2011

La Diputación pedirá a la Unión Europea la paralización de la Ley de Costas que pretende derribar 600 viviendas del litoral castellonense

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha presentado esta mañana la Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense. Un foro que representa a la práctica totalidad de ayuntamientos y asociaciones de vecinos afectados por la Ley de Costas y a la totalidad de municipios afectados. Su creación obedece, según el presidente provincial “a un único compromiso: no quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo peligra la belleza y el encanto de nuestras costas, que dependen tanto de la naturaleza como de la vida que se construye en torno a ella”.

Carlos Fabra ha recordado que la institución provincial respeta la ley, “no así su actual aplicación absolutamente arbitraria. En 1988 la mayoría de nuestras playas contaba con 30 metros más de arena. Y por tanto las casas estaban fuera del límite establecido para ser Dominio Público. Sin olvidar que en estos años se han ampliado puertos colindantes y hemos sufrido graves temporales que han variado nuestras playas. El mal hubiese sido menor si Costas hubiese cumplido con la obligación que establece la Ley en sus primeros dos artículos: conservar, proteger y restaurar la costa”.

El responsable provincial ha confirmado que la institución provincial avalará ante la Unión Europea todas y cada una de las reivindicaciones de la plataforma. “La unión hace la fuerza y por eso vamos a presentar una petición oficial, amparada por la población, ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, para que Europa logre la paralización de la aplicación retroactiva de la Ley de Costas. Queremos que esa Europa plural nos respalde en nuestra defensa de los derechos de los propietarios. Para ello hemos puesto en marcha una campaña de recogida de firmas, sustentada en un sitio web, las redes sociales y una exposición fotográfica itinerante. Además, hemos habilitado secciones para que los afectados cuenten su caso de primera mano, subiendo vídeos y fotografías, y para la firma on-line de la petición al Parlamento Europeo. Asimismo, solicitaremos una declaración del Gobierno, en la que se comprometa a respetar la propiedad privada como un derecho fundamental, modificando todas aquellas leyes que puedan vulnerarlo, como la de Costas”.

Durante la presentación, el presidente provincial ha criticado el estado en el que se encuentran esas mismas costas cuando llegan los turistas. “Año tras año, los primeros turistas que llegan a nuestra provincia en Semana Santa se encuentran la misma estampa: excavadoras y operarios con palas en la arena reparando los destrozos de los últimos temporales”. Ahí no hay ley de Costas que valga. Qué pena que no funcione a la hora de aprobar deslindes que amenazan con derribar cientos de viviendas. 600 familias del litoral castellonense”.

La Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense se creó legalmente el pasado mes de diciembre a petición de los alcaldes, que solicitaron apoyo al ente provincial para coordinar las acciones necesarias para la defensa de los intereses de la ciudadanía afectada ante la Administración central y reclamar el respaldo de las Instituciones Europeas. La AEPLC es una asociación sin ánimo de lucro, gestionada por afectados cuyas propiedades fueron construidas legalmente antes de la aprobación de la Ley de Costas de 1988. Dicha entidad defiende, gratuitamente, los derechos e intereses generales de sus miembros en calidad de perjudicados por la Ley de Costas y sus normas complementarias.
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/105905_diputacion-pedira-union-europea-paralizacion-costas-pretende-derribar-viviendas-litoral-castellonense.html

lunes, 7 de febrero de 2011

Costas miente, la ley SI se aplica con retroactividad

«La recuperación del dominio público marítimo-terrestre es un proceso largo, complejo y en el que, evidentemente, hay que respetar todas las garantías legales. Vamos viendo de forma individualizada si el propietario de cada construcción tiene derecho a treinta más treinta años de concesión, a partir de la aprobación del deslinde de cada tramo de costa», comenta la jefa de la Demarcación Costas en la Región de Murcia, Francisca Baraza.
Ésta apunta que, en cuanto a las terrazas asociadas a viviendas que invaden la línea imaginaria marcada por los mojones, y por lo tanto metros de acceso al mar ganados a costa del disfrute público, «lo lógico es el derribo». Eso, al margen de las compensaciones económicas que se puedan establecer.
De esta forma, el Ministerio de Medio Ambiente busca el difícil y siempre polémico equilibrio entre la recuperación total del dominio público, que exigiría un fuerte desembolso de dinero en expropiaciones y compras, y el poner coto a lo que en este momento parecen playas privadas, puesto que se hace imposible transitar por esos lugares sin tener que rodear las urbanizaciones o meterse en el agua ya que la arena forma parte de casas y recintos de uso privado.
«Este proceso de recuperación del dominio público puede llevar años, porque se trata de mucho papeleo, audiencias, exposiciones públicas e incluso recursos judiciales. Pero lo que está claro es que lo importante es abordar el tema y hacerlo siempre de forma individualizada y velando por el cumplimiento de la legalidad. Los propietarios no tienen por qué tener miedo, porque actuamos con todas las garantías. Eso sí, en las ocupaciones al margen de la legalidad actuamos con firmeza», argumentó Baraza.
La máxima responsable de Costas en la Región invita a reflexionar sobre la moderación con la que debe actuar la Administración en estos casos, «ya que si nos ponemos estrictos, casi toda La Manga podríamos considerarla ilegal a la vista de la actual ley, porque casi todo está construido. Lo que pasa es que la ley no es retroactiva, y por eso reconoce los derechos adquiridos por los propietarios de bienes y derechos de urbanización», concluyó.

La Sra  Baraza sabe perfectamente que se está aplicando la ley retroactivamente, en contra del lo que dicta la Carta Magna. Y lo sabe porque es ella quién propone y firma los planos de los deslindes.
Está demostrado que se está confiscando las propiedades anteriores a la Ley de Costas, incluso con retroactividad de 5 siglos, mientras se permite construir a menos de 20 metros del mar. Claro que depende de quién sea el que construye.

En cuanto a que se respetan los derechos adquiridos, es otra mentira más que ya nadie se cree.
El derecho a uso y disfrute con el que nos quieren conformar, es decir, las concesiones, ese derecho ya lo tenemos por ser propietarios. ¿Cuál es entonces la indemnización? NINGUNA, o sea, una CONFISCACIÓN en toda regla.

Si por playas privadas se refiere a la del Hotel Abama en Guia de Isora (Canarias) construido por la familia Polanco (grupo Prisa), estamos totalmente de acuerdo. Pero resulta que no, que Costas autoriza la apropiación de la costa para uso privado a cualquier persona, familia o empresa afín al poder.  A los demás, a los que no podemos defendernos del abuso y de la arbitrariedad de nuestros políticos, se nos CONFISCA la propiedad y encima creen que somos tontos y no nos enteramos de nada.

viernes, 28 de enero de 2011

Carlos Fabra se reúne con la presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y la presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, para establecer las bases de la cooperación entre la asociación europea y la Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense.
Con esta reunión, el presidente provincial pretende iniciar la ronda de contactos entre la Diputación y las asociaciones nacionales y europeas que luchan por proteger los derechos de los afectados por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas. Durante el encuentro, Fabra ha presentado la estrategia y el plan de trabajo de la plataforma provincial a la presidenta de la AEPLC y se ha debatido sobre las posibles acciones comunes a desarrollar en el futuro.
El presidente ha destacado que la Diputación "persigue coordinar las acciones de la plataforma provincial con las que realizan estas entidades para optimizar esfuerzos y recursos". Así, ha recordado que la asociación que preside Carmen del Amo "cuenta con una amplia experiencia y lleva muchos años trabajando para asistir a los perjudicados en su defensa ante la Administración central".
Carlos Fabra ha asegurado que "la Diputación va a hacer lo posible por coordinar una defensa común con estas asociaciones". Sin embargo, ha querido destacar que "no olvidaremos que nuestro hecho diferencial es que hemos creado una plataforma por y para las personas, cuyo objetivo es hacer entender a la población y clase política europeas que hablar de la Ley de Costas en España es hablar de pérdida de nuestro patrimonio y de cientos de hogares en la provincia de Castellón".
La Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense se creó el pasado mes de diciembre a petición de los alcaldes, que solicitaron apoyo al ente provincial para coordinar las acciones necesarias para la defensa de los intereses de la ciudadanía afectada ante la Administración central y reclamar el respaldo de las Instituciones Europeas.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=633022

Las casas amenazadas del litoral de Benicarló también irán a la UE

La plataforma ciudadana para la protección de las viviendas y propiedades del litoral castellonense visitó ayer Benicarló con el objeto de incluir la situación del litoral de las partidas Riu, Surrac y Aiguadoliva de la ciudad en la documentación que se prevé enviar al comité de peticiones de la Unión Europea. Posteriormente, los técnicos de este colectivo se desplazaron a Peñíscola. El objetivo de esta iniciativa es aunar esfuerzos para defender los derechos de los propietarios de viviendas históricas de la provincia de Castelló frente a la aplicación de la Ley de Costas.
El presidente de la asociación de vecinos de las partidas Riu, Surrac y Aiguadoliva, Manuel Roca, fue el encargado de guiar a los técnicos de la plataforma ciudadana y mostrar algunos de los puntos más afectados por la regresión marina. "Hemos visitado algunas de las viviendas que están a punto de caer y se han podido entrevistar con algunos vecinos y representantes de comunidades como es el presidente de la urbanización Benihogar", indicó Roca, quien explicó que durante la visita han podido comprobar no sólo los riesgos que están viviendo los propietarios de las viviendas sino también el riesgo que supone pasear por la zona ante "la posibilidad de que el acantilado se desplome encima de alguien".
La cita sirvió para recoger no sólo fotografías, sino también imágenes en vídeo y testimonios, de múltiples propietarios españoles y alemanes y suizos.
El presidente de la asociación entregó, además, las actas notariales que ha levantado la entidad cada vez que se ha producido un temporal marino y provocado el desplome de acantilados. "Tras ver la situación de la costa nos han comentado que ninguno de los municipios visitados se encuentra en una situación tan crítica como la de la costa norte de Benicarló", aseguró Roca. Por último, Roca lamentó las palabras de Escuder en las que aseguraba que no se ha podido demostrar que la costa norte era urbanizable con el antiguo plan general. "Es indigno".
http://www.levante-emv.com/castello/2011/01/21/casas-amenazadas-litoral-benicarlo-iran-ue/775638.html

miércoles, 19 de enero de 2011

Los vecinos del norte se querellan contra Costas por “prevaricación”

El presidente de la Asociación de Vecinos de la Costa Norte de Benicarló, Manuel Roca, confirmó que la entidad presentará una querella criminal por la vía penal en el juzgado de instrucción contra la Dirección General de Costas por “prevaricación”.
Asimismo, se mostró “decepcionado” con el Ministerio de Medio Ambiente por “la falta de medidas” de protección en el litoral.
Roca aseguró no entender los motivos por los que, tras llegar a un acuerdo entre residentes, Generalitat y Gobierno para crear un parque litoral y regenerar la zona, “se llegue a Madrid y se indique que el Estado no asumirá inversión alguna en la costa”.
El subdelegado de Gobierno, Antonio Lorenzo, tampoco escapó del punto de mira de las acusaciones de Roca y calificó de “cortina de humo” sus ultimas manifestaciones, en las que afirmaba que lo que se haga en la localidad debe pasar por el estricto cumplimiento de la ley de Costas. “Hemos demostrado que no hay edificaciones ilegales, pero el Estado sí incumple esa norma porque no hace nada para frenar la erosión como es su obligación y responsabilidad, y así lo recoge la legislación”, sentenció Roca.

Además de presentar la querella criminal, la asociación no descarta emprender otras medidas de presión y unirse a otras plataformas de la provincia que defienden similares intereses, “lucharemos hasta la extenuación”, concluyó el presidente.     
              
VERSIÓN DEL PSOE // El PSOE local dio su versión sobre el tema, pero cargó tintas contra el alcalde, Marcelino Domingo. Fue Enric Escuder, su portavoz, el primero en salir al paso de las acusaciones del munícipe de no haber defendido con contundencia los intereses de Benicarló en la reunión en el Ministerio. “Acompañé a la delegación con la intención de respaldar la protección en la costa norte”, aseguró, “y Domingo me ha convertido en el chivo expiatorio de su fracaso”, añadió.

El concejal socialista afirmó que “se han perdido cuatro años de negociaciones para no obtener resultado alguno; el primer edil ha generado una serie de expectativas que le han ido bien desde el punto de vista electoral, pero la ley de Costas está ahí”.
Por su parte, el edil José Antonio Sánchez fue más allá: “Domingo y Cuenca demuestran una actitud poco democrática señalando a Escuder como culpable, cuando el resultado es fruto de su falta de preparación”.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=630664 

Costas se niega a actuar en el litoral norte de Benicarló al considerarlo zona ´privada´
Los vecinos no dan crédito a las explicaciones ofrecidas por la Dirección General de Costas el pasado jueves para no proteger el litoral de Benicarló, en las que el subdirector general de Costas, Miguel Velasco, aseguraba que el ministerio no estaba para actuar "en playas particulares". El colectivo asegura que no son los propietarios los que infringen la ley de Costas sino el propio gobierno no actuando sobre una zona pública, por ello han anunciado que presentarán esta semana la anunciada querella contra el ministerio.
"Parece ser que nos ha tocado la lotería. La asociación pedirá las escrituras de las playas si es verdad que son privadas", indicó el presidente de la asociación de vecinos de las partidas Riu, Surrac y Aiguadoliva de Benicarló, Manuel Roca.   

Que la naturaleza actúe"
El segundo tramo del proyecto, con menos densidad de viviendas construidas, pretendía convertirse en una senda verde con paseo y miradores. Sin embargo, es precisamente sobre esta zona, más afectada por la erosión, en la que el ministerio no quiere actuar y reclama dejar "que la naturaleza actúe". Desde la asociación, uno de sus portavoces, Benjamín Martí, advirtió que los vecinos no se rendirán y reclamó un respeto para con los vecinos. "Merecemos el respeto de que al menos Velasco se haya leído la problemática de la zona o que por lo menos alguien de su partido se lo haya contado". "Benicarló no ha aprovechado nunca la costa y ahora que quiere mirar al mar no nos dejan", lamentó.
http://www.levante-emv.com/castello/2011/01/19/costas-niega-actuar-litoral-norte-benicarlo-considerarlo-zona-privada/775016.html 

Oida su opinión, ¿por qué regeneran los montes, envían bomberos para apagar incendios o reconstruyen las zonas devastadas por huracánes y terremotos? 
¡¡ Dejemos que la Naturaleza actúe y vólvamos a las cavernas !!                                                                       

sábado, 15 de enero de 2011

El director general de Costas dice que se pedirá la ejecución de las sentencias firmes sobre obras ilegales en el litoral

“Ningún vecino se va quedar sin su primera vivienda por Costas”
El director de sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, Pedro Antonio Ríos, señaló la tarde de este viernes en la sede del PSOE de Arrecife que su departamento exigirá la ejecución de las sentencias firmes sobre obras ilegales en el litoral. Aseguró, preguntado por el caso del Hotel Papagayo Arena, en Playa Blanca, que no se expropiará una obra que es ilegal.

Respecto a los pleitos ente Costas y los vecinos de algunos núcleos como El Golfo o Tenézara, Ríos, que lleva dos meses en el cargo y no conocía los casos con detalle, señaló que el objetivo de la Ley de Costas no es tirar viviendas sino recuperar la costa para disfrute de todos. Aseguró que “se invertirá en diálogo cono las administraciones” y que los casos que están en el Juzgado se esperará a la sentencia. Dijo que “los vecinos deben estar tranquilos porque ningún vecino se va a quedar sin su primera vivienda por culpa de Costas”.
Por otro lado, se comprometió a licitar este año las obras del dragado del Charco de los Clicos en El Golfo. Aseguró que el proyecto está ultimado en todas sus fases, tanto el estudio de impacto ambiental como la exposición pública. Las obras se iniciarían en el mes de noviembre, que es la fecha elegida por los técnicos para que la obra se pueda realizar. Este dragado lleva más de diez años pendiente de ejecutarse.

El nuevo director de Costas estuvo visitando durante este viernes diversos emplazamientos de la Isla de Lanzarote, como el paseo entre Playa Honda y Puerto del Carmen, el Charco de los Clicos o las Salinas de Janubio, entre otros. Estuvo acompañado en su visita del secretario insular del PSOE, Carlos Espino, del director insular del Gobierno, Orlando Suárez, los alcaldes de Tías y San Bartolomé, José Juan Cruz y Marcial Martín, y el candidato a la alcaldía de Arrecife, José Montelongo.

¡ Menos mal que en pocos meses habrá elecciones generales!
Tendremos otro/a ministro/a (el 4º en cuatro años) y nuevos secretarios, subsecretarios...¿Les dará tiempo a enterarse de algo? ¿acabará alguno conociendo la verdadera y gravísima problemática que han generado con su empeño en confiscar y derribar cientos de miles de viviendas?

Durante la última legíslatura se ha pasado de querer expropiar el hotel Papagayo Arena (Nabona), a declarar que no invadía el DPMT (Espinosa) y, por último, a reconocer que es ilegal y que hay que derribarlo (Aguilar).
En lo que no dudan ni un momento, ni siquieran se plantean, es si están violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos al despojarnos de los bienes y destruir la poca arquitectura tradicional costera que queda en España.

Decir que “Ningún vecino se va quedar sin su primera vivienda por Costas” y exigir "la ejecución de las sentencias firmes sobre obras ilegales en el litoral"  es incompatible. Pero rematarlo con frases como "el objetivo de la Ley de Costas no es tirar viviendas sino recuperar la costa para disfrute de todos", raya lo absurdo.

Lástima, creíamos que este hombre era más normal.

Denuncian a España en Estrasburgo por «confiscar» un molino de mareas

El hasta ahora dueño de Portu Errota, en Urdaibai, afirma que la aplicación de la Ley de Costas «viola» la Carta de Derechos Humanos

Iturribarria califica de «chantaje» y «delito» la actuación del Gobierno con un bien protegido por la Ley de Patrimonio
Continúa la marejada en Portu Errota. El hasta ahora propietario del molino de mareas de Urdaibai, protegido como monumento por el Departamento de Cultura del Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya y a la espera de ser resuelta definitivamente su declaración de bien cultural calificado, ha registrado en Estrasburgo una denuncia contra España «por violación» de uno de los artículos de la Convención de Derechos Humanos, concretamente el primero, que recoge el derecho a la propiedad. La aplicación de la Ley de Costas, aprobada en 1988, ha supuesto para Jon Iturribarria la confiscación y pérdida del derecho de propiedad sobre sus bienes a pesar de poseer todos los títulos y escrituras «que acreditan que el molino pertenece a mi familia». Costas no lo ha reconocido así y ha declarado al molino y sus terrenos como bien de dominio público marítimo-terrestre a pesar de estar situada por encima del ámbito de influencia de mareas que recoge la ley.
«¿Cómo se puede declarar ilegal una vivienda de 1683 con una ley de 1988?», se vuelve a preguntar. «Es un chantaje y un delito, y lo que quieren es que la casa se derrumbe». Iturribarria ha denunciado ante la Comisión y el Parlamento Europeo que la aplicación de la Ley ha sido realizada de forma «retroactiva y arbitraria» y que «la confiscación», en este caso, de una propiedad que ha pertenecido a su familia durante tres generaciones «está prohibida explícitamente por la Constitución y la Convención de Derechos Humanos».
El edificio, el único superviviente de los seis molinos harineros de mareas que existían en la ría de Urdaibai, sufrió importantes daños en 2009 como consecuencia de un temporal que afectó seriamente a su cubierta «y nos están prohibiendo realizar obras de mantenimiento en un bien protegido por la Ley de Patrimonio», incide Jon Iturribarria. «Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar su conservación y cualquier atentado contra este patrimonio está sancionado como delito penal. Lo dice la Constitución Española», asegura.
«En un limbo»
Precisamente, esta situación y el riesgo de destrucción que planea sobre el molino llegó en diciembre al Parlamento vasco. El grupo popular, a través de su portavoz, Leopoldo Barreda, solicitó explicaciones al Gobierno «a fin de evitar la pérdida de tan singular elemento patrimonial». Barreda destacó en su intervención el «limbo jurídico-administrativo» en el que se encuentra la propiedad «que amenaza el futuro de la edificación». La consejera de Cultura, Blanca Urgel, reconoció en su respuesta que al molino de Portu Errota se le aplica tanto la Ley de Patrimonio Cultural como la de Costas, «dos ordenamientos jurídicos diferentes que protegen intereses públicos diferentes». La consejera destacó que las limitaciones de que los propietarios tienen para realizar las obras «vienen impuestas por la demarcación de Costas del País Vasco» y no por su departamento. «Es un tema que está judicializado y, por tanto, y mientras la resolución del contencioso permanezca en la vía judicial, realmente poco podemos hacer». Iturribarria lleva ya 16 años luchando contra la Administración en vías judiciales y «quedan aún cinco para la resolución del Tribunal de Derechos Humanos», asegura. «Para entonces, el único molino de mareas del País Vasco habrá desaparecido», afirma.
Urgel aseguró que la protección del bien y su conservación corresponde a la Diputación, quien en repetidas ocasiones ha requerido la urgente reparación de los elementos del molino y que en todos los casos han sido prohibidas por Costas a sus propietarios, «bien autorizando las obras o procediendo a su ejecución subsidiaria, en el caso de que los propietarios no cumplan con sus obligaciones de conservar, cuidar y proteger».
«No entiendo cómo la consejera dice que 'realmente poco podemos hacer' cuando -afirma Iturribarria- ella como responsable tiene la obligación de proteger el patrimonio por mandato constitucional, pudiendo cometer con su pasividad un delito penal». «El Gobierno vasco puede y debe hacer mucho», asegura, por lo que invita a sus responsables a mantener una reunión para analizar el expediente «y comprender por qué este caso ha escandalizado al Parlamento y a la Comisión Europea».

martes, 11 de enero de 2011

El Decano del Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos de Cataluña, reconoce y alaba la retroactividad de la Ley de Costas

La Ley de Costas, aprobada en 1988, casi hace 22 años, ha sido una norma con una presencia constante a la opinión pública a lo largo de toda su vida, lo que prueba la relevancia que ha tenido su aplicación en la nuestra sociedad. Polémica en el momento de su aprobación y polémica en la actualidad por las circunstancias que acompañan su ejecución, ha supuesto un cambio importante en la mentalidad del país, al otorgar el litoral, en un sentido amplio, el carácter de dominio público, con lo que significa para la protección efectiva y el uso ciudadano.
 Lo fue en el momento de su aprobación, al otorgarle el carácter retroactivo que ha permitido la intervención en algunos de los casos flagrantes de agresión en el litoral. Esta retroactividad también ha dado lugar a situaciones un poco surrealistas, como la confiscación por parte del Estado del Molino de Mareas de Portu Errota, en el País Vasco, un prodigio de la ingeniería hidráulica construido y habitado desde el 1683, que avalaría una retroactividad de más de tres siglos. Esta aplicación siempre ha sido una de las cuestiones más discutidas y polémicas de la ley.

Por otro lado, la ley era necesaria. Con ella se derogó la ineficiente y ambigua ley del año 1969, que permitió el desarrollo de proyectos inmobiliarios que han dañado una buena parte de la costa, especialmente en el litoral mediterráneo, donde los espacios vírgenes son excesivamente escasos. En la ciudad de Barcelona, la aprobación de esta ley generó bastante ruido al coincidir con las operaciones de recuperación de la franja litoral del proyecto olímpico. En ese momento se oyeron no pocas voces que afirmaban que la ley quería avalar el urbanismo de los Juegos, y todo el mundo recuerda la enorme oposición popular que supuso la demolición de los entrañables chiringuitos de la Barceloneta, a los que atribuir un "valor histórico incalculable", que desaparecían víctimas de la "modernidad olímpica". El tiempo tiene la virtud de poner las cosas en su sitio, y aunque podemos añorar los arroces a pie de arena, el ciudadano ha ganado espacio para su uso. Con 22 años todavía es una ley muy viva y polémica, quizá por la lenta velocidad con la que cubriendo los objetivos que se expresan en la exposición de motivos.De la ley se pueden destacar dos virtudes. Por un lado, que ha sido una ley valiente.
El Sr Josep Oriol tiene la obligación de conocer y respetar la Cosntitución, que en su art. 9 dice:

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

¿Cómo se atreve a hablar de situaciones subrealistas cuando lo que está defendiendo es lo contrario a lo que ordena nuestra Carta Magna?
Este tipo de gente es la que está en la cumbre del poder. Gente ignorante y prepotente que se considera está por encima del bien y del mal.
Así va España. Así nos va a los españoles.

sábado, 8 de enero de 2011

Costas reactiva los deslindes de Nules, Moncofa y Vinarós

Abren un plazo de 15 días para consultar el expediente y presentar las alegaciones que se consideren oportunas
El año nuevo no ha empezado con buen pie para los municipios de Nules, Moncofa y Vinaròs, y es que la Dirección General de Costas ha reactivado los deslindes hasta ahora paralizados de estas tres localidades del litoral castellonense. En concreto, el ente dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha reabierto los trámites para marcar la nueva delimitación marítimo-terrestre, dando a los afectados un periodo de 15 días para examinar la documentación y presentar las alegaciones que consideren oportunas.
 
En este sentido, cabe recordar que en Nules se verá afectado por esta nueva demarcación un tramo de 1,16 kilómetros en el sur, desde el Camí de la Serratella hasta el límite con el término municipal de Moncofa. «De momento, no toca la zona de las viviendas pero pensamos que, antes de establecer el nuevo deslinde, deberían haberlo consensuado con el municipio», apuntó al respecto el alcalde, el popular Mario García.
Asimismo, el primer edil adelantó que el Consistorio volverá a reclamar ante Costas y advirtió de que en la zona se halla un camping que ve amenazada su existencia después de 24 años en pie, ya que el deslinde implica su declaración como área de dominio público.
 
En la vecina Moncofa, el límite se establecerá entre el margen derecho del río Belcaire (en el tramo del sur) y la frontera con Xilxes.
En este caso, el Gobierno pretende declarar público un tramo de 2,7 kilómetros donde hay viviendas. El Ayuntamiento también alegará de nuevo, tal como confirmó el alcalde, José Vicente Isach.
Además, cabe recordar que a esta área se une otra de 70.000 metros cuadrados que el Estado también quiere deslindar. Se trata del Belcaire Norte, donde, en un futuro, se planea construir la marina.
 
Por último, en Vinaròs se acometerá una demarcación de 7,7 kilómetros que abarca desde el río Cervol hasta el cauce del Sènia, lo que supone la zona costera norte.
Al contrario que los otros dos municipios, el Consistorio no reclamará, al entender que no afecta a ninguna propiedad suya. Sin embargo, los vecinos de la zona ya han mostrado su preocupación.

martes, 4 de enero de 2011

Un decreto fijará los criterios a seguir con las viviendas ilegales (en Andalucía)

La consejería de Obras Públicas prepara una norma específica para dar solución a las decenas de miles de viviendas construidas en suelo no urbanizable en el medio rural y que dejen de estar en el limbo jurídico en el que se encuentran y expuestas a una muy variada gama de respuestas en los ámbitos administrativo y judicial, cuando no contradictorias. Más que una norma que establezca preceptos, el texto fijará los procedimientos a seguir y los requisitos para la normalización de estas viviendas con unos criterios homogéneos pero no modifica la ley que hay que seguir cumpliendo.

La inmensa mayoría de estas viviendas quedará fuera de los planes de ordenación urbana por estar sobre suelos no urbanizables y alejadas de los núcleos urbanos consolidados. Desde Obras Públicas se asegura que se busca fijar unos mínimos requisitos con los que estas viviendas podrían obtener una licencia de primera ocupación que diera a sus propietarios seguridad jurídica.
La normativa, que presumiblemente será un decreto, contemplará tres presupuestos básicos: Las viviendas que en ningún caso pueden ser legalizadas ni entrar dentro de ningún plan de ordenación, y por tanto abocadas a ser demolidas; las que pueden obtener este permiso de mínimos y subsistir, aunque fuera de ordenación; y las que sí pueden ser legalizadas con todas las consecuencias. Todo ello considerado que la casuística es muy amplia, con una graduación muy variada de los incumplimientos que habrá de considerarse en la exigencia de requisitos de normalización, y con fenómenos de construcción también muy distintos según las comarcas y territorios.

Además de cumplir los requisitos urbanísticos, una de las exigencias indispensables para las viviendas que puedan normalizarse es que no haya repercusión sobre las arcas públicas, y que los promotores o propietarios corran con los gastos de dotación de servicios e infraestructuras básicas. Todo ello en defensa de los intereses de los ciudadanos que han comprado una vivienda legal y que por tanto contribuyen con sus tasas e impuestos al mantenimiento de servicios colectivos.
Las viviendas condenadas a la demolición serían aquellas construidas en suelo especialmente protegido o que incumplen alguna normativa sectorial, especialmente de medio ambiente o que infrinjan la Ley de Costas.

Para las viviendas que pueden beneficiarse de algún tipo de normalización, aun quedando fuera de ordenación, la norma considerará diversos criterios para valorar la gravedad de los incumplimientos. "Será una normativa muy exhaustiva", insisten fuentes de la consejería, porque hay una gama muy variada de casos. Hay casas que pueden estar en situación de ilegalidad sobrevenida porque se construyeron con las características que tienen antes de que entraran en vigor las leyes que las prohíben. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de 2003, prohíbe la construcción de una vivienda en suelo rústico en una parcela que no tenga al menos 25.000 metros cuadrados y cuyo uso esté condicionado a las labores agrícolas, ganaderas o forestales.

La consejería mantiene que la solución de las decenas de miles de viviendas en suelo no urbanizable deberá verse caso a caso y dentro del planeamiento urbanístico de cada municipio. Los alcaldes de las comarcas más afectadas por la proliferación de viviendas en suelo rústico, especialmente los de la comarca malagueña de La Axarquía, han pedido reiteradamente la elaboración de un reglamento sobre usos en suelo urbanizable, algo que la Junta ha considerado innecesario porque entiende que la LOUA ya fija con claridad lo que es posible y no hacer.

Resumiendo:
PURA PROPAGANDA ELECTORAL  que puede conllevar tráfico de influencias, corrupción generalizada, arbitraredad y nuevos limbos jurídicos.
¿Por qué? Muy sencillo, sólo hay que analizar el artículo. Empezando por la famosa frase de "deberá verse caso a caso" que todos sabemos que significa = "no pienso hacer nada" o "legalizaré a quién yo quiera" y, siguiendo por "la inmensa mayoría quedarán fuera de ordenación", el resultado es una nueva chapuza nacional encaminada a dar esperanzas mientras dure la campaña electoral. Después, el decreto será tan indescifrable para los ciudadanos de a pie, que quedará a la voluntad del regidor de turno decidir a quién salva y a quién condena, dándo lugar a todo lo expuesto anteriormente.

Lo indignate del tema es que vuelven a recalcar que irán a derribo "las que infrinjan la ley de costas". Es decir, que unas propiedades perfectamente legales que las convierte el Estado en ilegales por obra y gracia de la ley de costas, esas, a derribo.

¡¡Pero qué Decreto pretenden sacar!! ¿Ésta es la solución que van dar a un enorme problema social y económico que han generado ellos mismos a base de dar licencias anuladas posteriormente en los tribunales o haciendo la vista gorda o a base de sustanciosas comisiones que tiene a la Fiscalía Anticorrupción trabajando las 24 horas del día?
¡¡Valiente solución!! lo único que van a provocar son mayores problemas de los que ya hay.

domingo, 2 de enero de 2011

Los afectados por el deslinde esperan la creación de una mesa de negociación

Consideran que con el cambio de titular en el Ministerio de Medio Ambiente las conversaciones para un «deslinde justo» han quedado paradas.                        El colectivo de afectados por el deslinde de la zona de dominio público marítimo terrestre de Formentera espera que antes de las próximas elecciones, que tendrán lugar el próximo mes de mayo, se constituya una mesa de negociación con el Ministerio de Medio Ambiente para conseguir «un deslinde justo», tal y como reivindican desde hace años.

La portavoz del grupo, Gabriela Mayans, recordó que tanto el Congreso de los Diputados, como el Senado y el Parlament balear han aprobado iniciativas en las que instan al Gobierno central a realizar la modificación que desde su aprobación reclaman.

Para este colectivo a lo largo de 2010 se ha avanzado «muy poco o nada» para conseguir la modificación del deslinde, que sin desproteger la franja litoral reconozca la propiedad privada sobre los terrenos y los inmuebles afectados por la normativa de Costas, que convierte en concesiones a favor de los propietarios lo que antes era propiedad suya.

No obstante, Gabriela Mayans, señaló que existen «movimientos políticos» para buscar soluciones concretas. De hecho, existe el compromiso de que el deslinde no se ejecutará hasta que no se encuentre una solución que siempre se plantea de forma individual, analizando caso por caso los expedientes.

Cambio en el Ministerio
Sin embargo, el reciente cambio de titular en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha provocadoque el proceso de negociación haya quedado en suspenso.

En la misma línea, Gabriela Mayans considera que la ejecución de determinadas sentencias favorables, de forma parcial, a las demandas de algunos afectados en la zona de la Savina les han «desconcertado» por el momento en que se han aplicado. Mayans manifestó que no comprenden el motivo por el que se han ejecutado ahora, después de varios años.

Los propietarios afectados esperan que el Ministerio, que ahora dirige Rosa Aguilar, concrete «una respuesta cuanto antes» a través de la dirección general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que se encarga de la aplicación de los deslindes que en Formentera fue aprobada en 1997, siendo la primera isla de las Balears donde se ha ejecutado. Posteriormente se han ido trazando las líneas que marcan el uso y dominio público litoral en el resto del archipiélago, donde están aprobados en un 98 por ciento, según fuentes del Ministerio.

Los afectados siempre se ha opuesto al actual deslinde por considerarlo injusto y trazado de forma arbitraria desde su aprobación. Desde entonces y a pesar de las declaraciones de buenas intenciones de los partidos políticos de distinto signo ningún Gobierno ha dado respuesta a la demanda.