La ley de Costas en Canarias es selectiva

La Ley de Costas en Canarias es selectiva y el ayuntamiento de Tijarafe así lo cree, y presenta Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra Costas por querer derribar la zona costera del Proís en Candelaria. Y le da la razón con fecha 4 de marzo de 2013. Lo que demuestra a priori que los derribos de viviendas en las Costas de Canarias, se efectúa por la dejadez o complicidad de ayuntamientos, Cabildos Insulares y Gobierno de Canarias.

En Canarias está previsto derribar 41 núcleos costeros, mientras en el continente indultan a 10 núcleos y en territorio anexo a todas las de la isla de Formentera (Baleares).

Cuarenta y un núcleos costeros quieren derribar en Canarias porque la ley de Costas se aplica selectivamente en Canarias, afectando a más de 1.500 canarios. Atentando a nuestros valores históricos, culturales, etnográficos; tiran nuestras antiguas viviendas hechas con penuria y sudor… por los presentes y fallecidos familiares, alegando que invaden la zona marítimo-terrestre, y, nos dejan en la puta calle. Sin embargo, en el territorio continental y anexo, les garantizan su supervivencia 75 años, porque las instituciones implicadas (Alcaldes, Diputaciones…) han solicitado su indulto.

En Canarias Costas con el silencio cómplice de las instituciones implicadas: alcaldes, presidentes de Cabildos y presidente del Gobierno de Canarias sentencian a la destrucción los siguientes núcleos costeros:

a) En la isla de La Palma 10, El Remo (Los Llanos de Aridane), la Bombilla (entre Los Llanos de Aridane y Tazacorte), Punta Larga, El Faro y La Zamora (Fuencaliente), Puerto Trigo, Puerto Paja y Martín Luís (Puntallana) Las Mretas (Mazo) y Caleta del Palo (Breña Baja).

b) En Tenerife 15 núcleos, como Boca Cangrejo (El Rosario)…

c) La Gomera 1, Puntallana (San Sebastián de la Gomera).

d) Hierro 3, Pozo de la Salud (Frontera)…

e) Gran Canaria 5, Tufia (Telde)…

f) Lanzarote 1, El Golfo (Yaiza).

g) Fuerteventura 6, Puerto Lajas (Puerto de Rosario)…

En la isla de la Graciosa y otras muchas miles de viviendas de Canarias que tiene la zapata sobre la arena de playas, en terrenos de protección…, no las derriban. ¡Qué casualidad! ¿Quiénes serán sus dueños?

Otras comunidades, hacen gestiones administrativas ante Costas y consiguen indultar 10 asentamientos costeros, como en la provincia de Alicante unas 800 viviendas en los edificios de Alacant, Helios y Rocafel y Santa Pola, en Gerona dos núcleos como Empueriabravo y Paja de Aro, Huelva 3, casco urbano de isla Cristina…, Málaga 2, Pedregalejo y El Palo, Valencia 1, Olivares.

Uno dice más, en la isla de Formentera (Baleares), no se derriban los núcleos costeros porque su Comunidad Autónoma ha solicitado el indulto alegando tener identidad propia.

El Gobierno vernáculo ¿Es culpable de los derribos? Uno cree que sí por su silencio cómplice, y pasividad ante la obligación moral de solicitar una merecida prórroga para nuestros emblemáticos núcleos costeros. Y el pueblo, ¿es culpable? A uno no le vale el victimismo ¿No puedo hacer nada? Sí se puede, sí se puede.

¿Usted que ha hecho? Ante la injusticia de destruir nuestras casas en si misma, acrecentada comparativamente (continente y anexo) que, es la mayor de las injusticias que se puede cometer.

El pueblo tiene que usar la palabra, manifestaciones, huelgas y si no es suficiente ante los simios que nos gobiernan; ponernos en huelga de hambre como hicieron los vecinos de Cho Vito en Candelaria (Tenerife), antes de permitir derribar viviendas costeras selectivamente, hechas con sudor de los presentes o de nuestros ancestros comiendo gofio procedente de cereales mezclado con raíz de helecho.

La historia no eximirá de culpabilidad a los ciudadanos que actualmente se escudan en los políticos. La historia dirá: los políticos son unos zánganos representando a un pueblo paquete; donde unos critican a los valientes de Cho Vito, y otros se quedan acojonados en su casa porque les da vergüenza o por precaución ante el trabajito prometido.

Y Las generaciones futuras cuando junto con otros males les asolen; nos maldecirán.

Debemos elegir ante la disyuntiva de ver un partido de fútbol u organizarnos para que no destruyan nuestra cultura… formarnos… y exigir al Gobierno de Canarias, o lo que sea, porque a lo mejor no es gobierno ni nada, sino un enjambre de zánganos, donde pululan como buenos simios en una institución social y donde priva el amiguismo, el nepotismo, el chanchullo, y el comadreo como parte intrínseca de su conducta ética, porque ellos son los principales culpables de dejarnos sin viviendas, porque en vez de defender nuestros entornos costeros ante depredadores medioambientales para su enriquecimiento personal, lo que hacen es culpar al Gobierno de España en vez de solicitar el indulto de nuestros inmuebles como han hecho y conseguido otras comunidades. Con esta guisa; mientras los canarios adormilados crean sus patrañas, difundidas a través de sus medios de comunicación y de otros afines, seguirán derribando viviendas costeras en Canarias.

http://www.lapalmaprotesta.com/2013/03/la-ley-de-costas-en-canarias-es.html

SENTENCIA

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6715745&links=prois%20de%20candelaria&optimize=20130523&publicinterface=true

Arcila: “El PP no se ha enterado de que la realidad es distinta a lo que regula en la Ley de Costas”

Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dijo hoy que “el PP no se ha enterado de que la realidad es muy distinta a lo que el Gobierno de Mariano Rajoy ha regulado en la Ley de Costas, ya que con esa norma se impide el natural crecimiento poblacional de los asentamientos costeros rurales de la zona de Anaga”.

Arcila hizo esta afirmación tras haber asistido ayer a una asamblea informativa convocada por los vecinos de Igueste de San Andrés sobre este asunto, en la que la portavoz popular en el Ayuntamiento, Cristina Tavío, volvió a incidir en la idea del partido conservador en el sentido de no permitir nuevas edificaciones en los pueblos costeros de Anaga afectados por la Ley de Costas, aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados.

El concejal ecosocialista, que en la citada asamblea expuso la posición de Sí se puede, totalmente contraria a la que defiende el grupo municipal presidido por Tavío, recuerda que el Ayuntamiento ya aprobó por unanimidad en noviembre pasado una moción de su formación en la que se proponía la modificación de una disposición transitoria de la ley, de tal manera que se reconociera que el ancho de la servidumbre de protección de los asentamientos rurales de Anaga fuera de 20 de metros, tal y como demandan los vecinos de esta zona del municipio.

Según Arcila, la solución para el problema planteado no consiste solo en regularizar la situación de las viviendas costeras afectadas, sino que pasa por buscar fórmulas que permitan el desarrollo poblacional de estos núcleos, modificando, si fuera necesario, la Ley recientemente aprobada, algo que “ni Cristina Tavío ni el resto del Partido Popular parecen querer entender”, afirmó.

Además, el edil recordó que el diputado nacional del PP Pablo Matos –también concejal en Santa Cruz– adquirió ante el alcalde, José Manuel Bermúdez, el compromiso de hacer las modificaciones oportunas en la citada norma para garantizar el cumplimiento de la moción de Sí se puede, que su propio grupo apoyó en el pleno municipal.

Fuera de ordenación
La moción presentada en noviembre fue consecuencia de la preocupación de Sí se puede por el hecho de que el proyecto de ley no incluyera la protección para esta parte del municipio. En la propuesta, defendida por Arcila, se solicitaba equiparar los asentamientos rurales a los suelos urbanos existentes antes de 1988, de tal manera que no se les aplicara la servidumbre de protección de cien metros.

De esta forma se pretendía resolver la situación en la que se encuentran los pueblos de Igueste, Tachero, Almáciga y Roque de Las Bodegas tras los injustos pronunciamientos judiciales que han supuesto que más de 200 viviendas se encuentren fuera de ordenación. Esta situación se agrava por la imposibilidad, en varios de estos pueblos, de contemplar suelo residencial para atender el crecimiento demográfico natural debido fundamentalmente a las limitamciones de uso residencial que impone esta servidumbre.

http://lavozdetenerife.com/not/40334/arcila___ldquo_el_pp_no_se_ha_enterado_de_que_la_realidad_es_distinta_a_lo_que_regula_en_la_ley_de_costas_rdquo_/

Ley de costas confiscatoria (Mario Gómez Figal)

Bajo el paraguas de "nueva Ley de Costas, basada en el bien común", el Gobierno modifica una difusa, ambigua e irracional ley, la de 1988 -'copia' del proyecto de Ley de Costas franquista del 68-, que más allá de solucionar y evitar las tropelías arbitrarias de quien dice defender los intereses de propietarios y litoral, agrava el problema y aumenta el poder confiscatorio e inconstitucional del Estado.

Muchos son los medios que hablan de las modificaciones de la Ley de Costas, pero nadie habla de las 'bondades' que oculta; la expropiación o confiscación sin indemnización de la propiedad privada por parte del Estado; el desalojo de poblados enteros, su derribo, y por ende, la destrucción de un patrimonio cultural con más de doscientos años de historia (en algunos casos) que debería ser preservado y puesto en valor. Y todo ello, en aras de la protección del litoral -¡un nuevo 'brindis al sol'!-.

 

Veinticinco años después de la aprobación de la Ley de Costas de 28 de julio de 1988, y cuando pensábamos que se había esfumado toda posible especulación urbanística con la burbuja inmobiliaria, se modifica la ley que nació para evitar todo aquello que posteriormente consintió convirtiéndose en una clara y gravísima dejación de funciones de las Administraciones públicas. Eran otros tiempos -podríamos decir ahora-, en los que promotoras especuladoras y políticos sin escrúpulos iban de la mano, en algunos casos hasta con la participación de las cajas de ahorro que ellos mismos dirigían para conseguir, además del enriquecimiento personal, la depredación urbanística de nuestro litoral. Pero no, no podemos hablar en pasado porque las nuevas modificaciones son garantes del control de la propiedad en nombre de un falso 'bien común', vulnerando el derecho a la propiedad recogido en el artículo 33 de la Constitución española y en el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal y como advierte el Informe Auken del Parlamento Europeo. Una ley que dará pie a nuevos y 'camuflados' Algarrobicos o Marinas. Una Ley que, seguro, será tumbada.

Modificación que, pretendiendo proteger el medio ambiente de riberas y litoral, poco se preocupa del impacto visual ocasionado por las paredes de hormigón y ladrillo de los complejos hoteleros y urbanísticos que los partidos gobernantes han promocionado; poco se preocupa de los vertidos incontrolados al mar provocado por un crecimiento desproporcionado e insostenible. Y nada se preocupa de la conservación de los sistemas de dunas permitiendo la eliminación de la entrada de arena en los mismos.

Una modificación que, procurando proteger los derechos de antiguos propietarios de viviendas u otros bienes, les despojan, con carácter retroactivo (prohibido en el artículo 9 de la Constitución), hasta de sus recuerdos: Expropian sus bienes y obligan a pagar los impuestos de las propiedades que mantienen como okupas a la espera del ilegal desahucio. Y en algunos casos, hasta el derribo.

 

Una modificación que, lejos de ofrecer seguridad jurídica para garantizar un equilibrio sostenible entre el entorno y la actividad económica, más bien deja a los propietarios que compraron de buena fe y a sus herederos en una indefensión absoluta ante la aplicación de la ley de forma arbitraria y totalitaria que arrasa pequeñas casas costeras y mantienen macrocomplejos, fruto de la corrupción urbanística y un claro 'fraude de ley' Y lo que es aún peor, aprueban nuevos megaproyectos urbanísticos riéndose de las víctimas expoliadas y de los que aún creemos en la democracia. 

Puedo enumerar miles (cerca del medio del millón, me atrevería a decir), de casos de gente humilde a la que le han derribado su vivienda, y con ella su vida, sin indemnización alguna. Pero pocos son los casos -escasas decenas- donde los 'filibusteros del 'XX y XXI', poder en mano, han actuado contra las grandes promotoras aunque siempre asociadas a contrapartidas millonarias. De nada sirve una Ley que arremete contra 'unos' -los más débiles- y garantiza derechos a 'otros' -los de siempre- mediante una asquerosa 'política de derechos consumados'.

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2013/06/01/ley-costas-confiscatoria/473317.html

«Amigos de Salinas» arremete contra la nueva ley de Costas que entra hoy en vigor

«Es un atraco que los propietarios tengan que pagar por la protección del litoral», sostiene el presidente de la asociación de vecinos 

La nueva ley de Costas que hoy entró en vigor nace rodeada de polémica. La normativa con la que el Gobierno central del PP enmienda a la de 1988, aprobada por el ejecutivo del PSOE, tampoco contenta a todos. Uno de los artículos más controvertidos es el que hace referencia al cobro de contribuciones especiales por la ejecución de obras en el dominio público marítimo-terrestre para su protección, defensa o mejora. «Es un atraco a los propietarios. Toman ahora esa decisión porque no hay dinero», criticó ayer el presidente de la asociación de vecinos «Amigos de Salinas», Eloy Martínez Argüelles.

El artículo 87 bis de la Ley de Costas que ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dice que «podrán imponerse contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras que se realicen en el dominio público marítimo-terrestre para su protección, defensa o mejora, o para la de los terrenos colindantes, resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque éste no pueda fijarse en una cantidad concreta». La base imponible de las contribuciones especiales se fijará en un real decreto aunque la cantidad no podrá exceder del cincuenta por ciento del coste total de las obras.

«Con la anterior Ley de Costas hubo grandes problemas con los deslindes y ahora pretenden cargar a los vecinos con el coste de las obras. Si un vecino del paseo marítimo de Salinas tiene que pagar el arreglo si la mar lo tira, terminará marchándose a otro sitio, porque no es justa la decisión del Gobierno», señaló Eloy Martínez.

El dirigente vecinal destacó que en la ley hay agravios comparativos pues, mientras a unos propietarios les harán pagar las obras a otros les legalizan una viviendas (125.000 en total según el PP), que con la ley de 1988 estaban fuera de ordenación urbanística.

La nueva Ley de Costas fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 9 de mayo con los votos a favor del PP, UPN y Foro Asturias; la abstención de CiU y el rechazo del resto de los grupos políticos de la oposición entre los que se encuentran el PSOE, IU, UPyD, el PNV y el grupo Mixto (excepto UPN y Foro). Asimismo, Coalición Canaria que gobierna en canarias con el apoyo del PSOE, ya anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley. La asociación europea de perjudicados por la Ley de Costas (Aeplc) se constituyó recientemente, incluso antes de la entrada en vigor de la normativa.

«Es una vergüenza que se quiera cobrar a los vecinos por lugares que las administraciones tienen la obligación de mantener en buen estado. Espero que rija el sentido común y no se aplique porque seguirán los recursos como en la ley de 1988 que se recurrieron deslinden. No entiende cómo lo que destruya el mar lo tengamos que pagar los ciudadanos», concluyó Eloy Martínez.

http://www.lne.es/aviles/2013/05/31/amigos-salinas-arremete-nueva-ley/1420518.html

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/30/pdfs/BOE-A-2013-5670.pdf

La nueva Ley de Costas, rizando el rizo. Antonio Alonso Orihuela (Candelaria)

Sinceramente, resulta increíble. Y tan increíble que incluso los desafortunados técnicos, abogados, ingenieros y demás especies a las que se les pregunta por la Reforma de la Ley de Costas de 1988, ya de por sí, un conjunto de despropósitos, denominada Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, coinciden en asegurar que no tiene sentido, que no protege, que no es sostenible y que no añade seguridad jurídica ni nada por el estilo.

Todo lo contrario. Esta nueva norma, añade dos definiciones más al dominio público; una, la existente en la Constitución y dos nuevas: una para las empresas salineras, y otra para la isla de Formentera. La arbitrariedad esta servida.

Pero no queda ahí el asunto, pues, puestos a rizar el rizo, creamos nuevas definiciones de playa, dunas (muertas y artificiales) y núcleos costeros tradicionales. Y al hablar de estos últimos creía yo, equivocadamente, que estos núcleos tradicionales eran pueblitos como Bajo la Cuesta, Playa Quemada, Tufia, o el Caletón de La Matanza; pero el Ministerio de Medio ambiente me aclara que núcleos costeros tradicionales no son esos. Para el ministerio, el ejemplo de núcleo costero tradicional es el de una urbanización marítima, en terrenos ganados al mar, donde sus habitantes pasean en sus lujosas embarcaciones por los numerosos canales artificiales, y que con la nueva norma sería totalmente legal. Claro está que en Canarias no tenemos de eso, y por eso la tan demandada singularidad canaria, definida por la fragmentación de nuestro territorio, la lejanía, la tradición y la cultura de nuestra tierra, no fue recogida en esta nueva ley.

Esta nueva ley del litoral viene a reformar la anterior de 1988, que prohibía básicamente construir en el litoral español, y que, visto lo visto, no lo hizo. Y aquellos impulsores de la ley, socialistas, fueron los que crearon este desaguisado, pero son los populares los que están incrementando la arbitrariedad y la vulneración de derechos con esta reforma, ante la pasividad de los nacionalistas canarios, más preocupados por la pérdida de competencias que por mantener, promocionar y proteger los pueblos de nuestras costas, pero sobre todo de proteger a los miles de afectados en esta tierra. Ni unos ni otros comprenden la realidad del problema que han creado, principalmente porque cuando se habla de medio ambiente no se puede excluir a las personas, ya que son parte fundamental del mismo.

Lo que han hecho bien los chicos y chicas de Rajoy es aumentar el número de afectados por la reforma de la Ley de Costas. Han elaborado una articulado queafecta a más propietarios (cosa que creía imposible). Antes de la reforma se hablaba de cuatrocientas mil familias, unos cien mil en Canarias; ahora no hay estimaciones, pero les aseguro que pasan del millón. Y les explico:

Dentro del nuevo articulado, el art 87 bis de la nueva norma explica que "podrán imponerse contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras que se realicen en el dominio público marítimo-terrestre para su protección, defensa o mejora, o para la de los terrenos colindantes, resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque este no pueda fijarse en una cantidad concreta. El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de la ejecución de las obras tendrá, a estos efectos, la consideración de beneficio especial.

Serán sujetos pasivos de estas contribuciones especiales quienes se beneficien de modo directo con las obras de protección, defensa y mejora del dominio público marítimo-terrestre; y especialmente los titulares de derechos de ocupación, así como los propietarios de las fincas y establecimientos colindantes. La base imponible se fijará en el real decreto por el que se acuerde la contribución especial no pudiendo exceder del cincuenta por ciento del coste total de las obras".

Hablando claro, el que quiera que le hagan un paseo en su municipio; los vecinos lo pagan. Si se pretende realizar una obra de aportación de arena, los vecinos lo pagan. Si se arregla los desperfectos ocasionados por la acción del mar, ¿adivinen quien lo paga?

¿Proteger el litoral, o simplemente hacer caja?

Antonio Alonso Orihuela (Candelaria)

http://eldia.es/criterios/2013-05-29/5-Cartas-director.htm

El Gobierno de Canarias presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Costas

Mario Pérez denuncia que la Ley de Costas no salva ni un núcleo de Canarias, pero sí hoteles y casas “de alto standing” de la península

“Canarias tiene 1.500 metros de costa y en todo ese espacio, el PP no ha encontrado ni una sola excepción. No ha encontrado ni un núcleo con valores etnográficos o paisajísticos, o algún núcleo en el que mereciera la pena que no se aplicara la Ley de Costas”. Así ha resumido el viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Mario Pérez, el agravio que entienden que ha supuesto esta nueva ley para el archipiélago. Y es que mientras los núcleos canarios siguen afectados por esa nueva normativa, en la península y en Baleares sí se han hecho múltiples excepciones.

Entre ellas, Mario Pérez ha citado el caso de “viviendas de altísimo standing” y “hoteles en primerísima línea de playa, en la arena”, concretamente en Santa Pola. Además, el viceconsejero también se ha referido a la costa gallega, que “está excluida en su totalidad, mientras en Canarias nada de nada”.

“Es una ley arbitraria, que nos trata de manera muy distinta y nos hace enormemente diferentes”, ha insistido el viceconsejero, subrayando especialmente el caso de la isla balear de Formentera. “Se ha hecho una excepción en su totalidad por sus valores morfológicos, porque es una isla volcánica”, ha cuestionado, insistiendo en el “agravio comparativo que supone”.

“Ni en Lanzarote, ni en ninguno de los 70 núcleos de Canarias, han permitido la excepción, cuando en el archipiélago existen 1.842 viviendas que están en una situación complicadísima”, ha reiterado Pérez en una entrevista en Radio Lanzarote-Onda Cero.

Recurso de inconstitucionalidad

Por éstos y otros motivos, el Gobierno de Canarias ya ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra esta nueva ley, una vez que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado. “Nació desde Madrid sin diálogo con ninguna de las comunidades autónomas y ni en el Congreso ni en el Senado han admitido ninguna enmienda de la oposición”, agrega el viceconsejero de Política Territorial del archipiélago.

Entre los motivos de ese recurso, también plantearán que existe una “invasión de competencias”, así como el carácter “retroactivo” de la ley, "al obligar a los ayuntamientos a demostrar en sólo tres meses la clasificación de numerosos núcleos que llevan años recogidos en el planeamiento como urbanos".

http://www.lavozdelanzarote.com/article76835.html

LA LEY DE COSTAS, O COMO ACABAR CON LA CONSTITUCIÓN POR MANDATO CONSTITUCIONAL

La Ley de Costas de 1988, así como su reciente modificación, en el Título I  Art. 3 dice:

“Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución”…

Esta frase, tan manida como socorrida, sale indefectiblemente cuando ya no se sabe cómo justificar lo injustificable. Lo increíble es que nadie tenga el sentido común suficiente como para pensar si es posible que un solo artículo de la Constitución Española ordene ir contra la misma y contra la mayoría de los principios jurídicos del Derecho nacional e internacional, llegando a anularlos. Eso sí, sólo para una parte de la población; para aquellos que optaron por vivir en la franja costera.

Cuando se estaba discutiendo el Art 132.2 de la Constitución en el Senado, se dijo:

 “Con respecto al tema de dejar a claro en zona marítimo-terrestre los derechos legítimamente adquiridos, crea que no es necesario decirlo, porque, en efecto, los derechos legítimamente adquiridos no son afectados en ningún caso por esta Constitución, que no es, claramente, una Constitución confiscatoria. Se reconoce el derecho la propiedad” [Sic]

Mientras que el Poder Constituyente dejó claro que la Constitución no era confiscatoria, el Poder Legislativo de 1988 decidió que sí, que era un mandato de la misma, que para eso tenían mayoría absoluta. Este simple hecho, debería haber sido motivo de anulación por parte del Tribunal Constitucional. Es más, con que los jueces se hubieran parado a leer la Exposición de Motivos IV donde explica que: “En el marco del respeto general a los derechos legalmente adquiridos, con los criterios de la nueva Ley se evita, por una parte, la incidencia sobre derechos adquiridos en términos que pudieran originar una carga indemnizatoria que gravitaría fundamentalmente sobre la Administración Urbanística y, por otra parte, se excluye también la necesidad de afrontar un proceso de revisión del planeamiento que introduciría un factor de inseguridad en las expectativas de edificación”, tendrían que haber visto el auténtico objetivo de la ley: la confiscación.

Esto es: que para evitar las grandes indemnizaciones que habría que pagar, se utilizan otros mecanismos que afectan gravemente al derecho de propiedad consolidado.

Sorprende leer en la tediosa sentencia del Tribunal Constitucional como se basan en la Carta Europea del Litoral e ignoran por completo el Art 17 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Art 10.2 de la Constitución para dar vía libre al despojo de la propiedad con regates y patadas, que para sí quisieran muchos futbolistas, a cuantos artículos de la Constitución se le pone por delante: el 9.3, patada; el 10.2, patada: el 14, el 24, 25…regate, 33, 46, 47…regate-patada y ¡¡gol!!. Un gol por la escuadra que acaba con la propiedad privada en España y, por ende, con el Estado de Derecho, el libre mercado, la libre circulación de capitales y bienes, la seguridad jurídica, la presunción de inocencia, el principio de confianza legítima, el principio de irretroactividad de las leyes… vaciando la Constitución de contenido.

La sentencia TC 149/91 dejó tantas lagunas, tantos “sí pero no”, que han tenido que ser los jueces de la Audiencia Nacional y del Supremo, los que han acabado legislando a base de un caos de sentencias donde tan pronto estás en suelo urbano como en rústico; la duna de tu vecino no es la misma que la tuya;  un caracol te convierte el monte en marisma; una inundación del Pleistoceno te condena al derribo y para rematar el absurdo, hay jueces-geólogos que deciden que ya no es necesario ni el deslinde, que con una foto vale para ver que la propiedad está en playa (para quién crea que exagero, puedo mandarle las sentencias. Las hay todavía más sangrantes)

A pesar de la gravedad de todo lo expuesto, queda aún lo más grave. Según el T. Constitucional  la nueva definición del dominio público “ni se aparta en nada de la noción genérica de la zona marítimo- terrestre como zona en donde el mar entra en contacto con la tierra emergida, ni difiere sustancialmente de los empleados con anterioridad”.

Entonces, ¿cómo es posible que pusieran el contador a cero para ampliar el concepto de dominio público marítimo terrestre hasta donde el caprichoso dedo señalara en un plano, alguno incluso 7 km tierra adentro? ¿Por qué no se respetaron los deslindes realizados hasta 1988 cuando la costa ya estaba deslindada en un 85%? ¿Cómo puede anularse por ley aquello que las propias administraciones validaron?

¡Qué preguntas! Para eso no se hubieran molestado en hacer esta perversa ley que ni los más avezados juristas dominan. Ambicionaban las tierras de otros; la “milla de oro” no podía estar en manos de descamisados y si se tenía que anular el Registro de la Propiedad, pues se anulaba; si había que hacer la ley retroactiva hasta la Edad Media, pues se hacía. Es lo malo que tienen las mayorías absolutas en manos de quienes llegan a creerse Luis XIV en la soledad de la Moncloa.

Por desgracia, la frase “el Estado soy yo” sigue vigente en pleno siglo XXI.

La mayoría de la gente desconoce que un gran porcentaje del litoral fue vendido por el Estado para llenar las paupérrimas Arcas de la Hacienda Pública, terrenos que ahora se arrebatan a quienes se lo vendieron. Eso sólo tiene un nombre: ESTAFA.

En resumen, la Ley de Costas 22/1988 y su modificación de 2013, constituye un abuso de derecho y un fraude de ley y lo que es peor, una intervención gubernativa tan desmesurada que hace saltar por los aires la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y el Tratado de la Unión, por mucho que lo pinten de “verde”.

Cuánto nos hubiéramos ahorrado todos si Felipe González y Mariano Rajoy se hubieran paseado por la costa como un Chávez venezolano cualquiera al grito de ¡¡confísquese!!

http://es.roostergnn.com/2013/05/28/la-ley-de-costas-o-como-acabar-con-la-constitucion-por-mandato-constitucional-2/127401/

Un vecino paraliza las obras de la playa del Cabrón

COSTAS HABÍA ORDENADO DEMOLER SU CASA     

La administración estatal no podrá ejecutar derribo alguno hasta que estudie si el propietario tiene derecho a obtener una concesión.

La Dirección General de Costas no podrá mover una piedra en la playa del Cabrón, en la localidad grancanaria de Agüimes, hasta que arregle los asuntos que tiene pendientes con el vecino, Luis M. M., quien desde hace años lleva enzarzado en una lucha sin cuartel contra el organismo estatal. Ahora el Tribunal Supremo (TS) le acaba de dar la razón y reconoce el derecho a que se tomen en cuenta sus argumentos, que básicamente consisten en estudiar si tiene derecho o no a que se le otorgue una concesión. 

El vecino ha conseguido así paralizar el conocido como Proyecto de Recuperación Ambiental, al menos hasta que Costas responda de forma razonada a su exigencia planteada hace años. En 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya se puso del lado de este vecino y ahora el Supremo ha venido a ratificar el fallo anterior.

La lucha de Luis M. M. comenzó en 1999, cuando Costas inició los trámites para fijar el nuevo deslinde en este tramo del litoral de Agüimes declarado Zona Especial de Conservación (ZEC). Entonces quedó en evidencia que podía acogerse a una de las excepcionalidades que recoge esta legislación como es que si hay diferencias entre las líneas antigua y la nueva, los terrenos que queden en medio pueden ser objeto de concesión por 30 años renovables por otro tanto.

En 1999 este vecino, efectivamente, solicitó acogerse a lo plasmado en la Ley, pero la respuesta con la que se encontró fue con una orden de demolición para ejecutar el proyecto de Recuperación Ambiental. Por tanto, tal y como señaló primero el TSJC y hace ahora el Supremo, primero tenía que haberse tramitado y resuelto sobre la solicitud de concesión, antes de decidir sobre la demolición.

“Si bien el proyecto de regeneración puede realizarse, sobre la propiedad del recurrente, que es donde existe un interés legítimo del mismo, no puede ejecutarse demolición alguna; mientras no se dé cumplimiento a lo dispuesto por la propia Administración en las órdenes aprobatorias del deslinde". Esto es decidir si tiene derecho o no a una concesión.

Lo que no ha prosperado es la petición de este vecino para anular todo el proyecto de las obras ya que, según los tribunales, “afecta al dominio público y el anuncio que propicia la intervención del particular, no es el acto aprobatorio, sino un período de información pública”. El Supremo considera probado que la Demarcación de Costas en Canarias nunca se pronunció sobre si este vecino tenía derecho o no a una concesión y, por lo tanto, obliga a hacerlo ahora.

“Debemos concluir que procede la anulación de la recuperación de oficio pues por más que las resoluciones impugnadas recojan que no se puede apreciar motivo alguno de interés público, la Sala estima que para llegar a la conclusión de que procede la recuperación y la demolición se impone, en este caso que la Administración resuelva el expediente obligado a tramitar”. En referencia al derecho de este propietario a obtener una respuesta a sus exigencias, tampoco se podrá otorgar de forma “inmediata”.

En este punto la Sala se limita a reconocer de forma general que Costas debe estudiar de forma pormenorizado su caso. Mientras, el Supremo, tal y como hizo en su momento el TSJC, bloquea cualquier intento de demoler las edificaciones de este entorno.

http://www.canariasahora.es/articulo/gran-canaria/un-vecino-paralizar-las-obras-de-la-playa-de-el-cabron/20130526081509404877.html

SENTENCIA

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6710820&links=playa%20de%20el%20cabron&optimize=20130517&publicinterface=true

CASO NÓOS - El Consell no sabe quién encargó y pagó el proyecto de la Valencia Olímpica

El Consell reconoce que existe pero no sabe quién encargó ni quién pagó el proyecto urbanístico de la Valencia Olímpica que fue presentado personalmente por Iñaki Urdangarin a través del Instituto Nóos en Vaersa y la Conselleria de Obras Públicas, entre 2005 y 2006, con objeto de coordinar la urbanización del litoral valenciano desde la Albufera hasta Sagunt. Ésta ha sido la respuesta que ha dado la Generalitat Valenciana al diputado de Esquerra Unida (EU), Ignacio Blanco, tras aparecer publicado en Valencia Plaza el power-point del proyecto el pasado 18 de febrero.

Aquél día hubo revuelo en las oficinas de Vaersa, con una búsqueda exhaustiva en armarios y cajones, hasta que apareció el documento digital del proyecto. De hecho, en la respuesta que suscribe la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, se reconoce que el power-point con 232 diapositivas se encuentra en los archivos de esta empresa pública dependiente de la Conselleria.

Las preguntas del diputado autonómico, Ignacio Blanco, eran simples: "¿Quién encargó al Instituto Nóos y a la Fundación Metrópoli el proyecto ‘La Valencia Olímpica' presentado en Vaersa? ¿En qué consistía el proyecto la Valencia Olímpica y cuál era su relación con el objeto social de Vaersa? ¿Se firmó algún tipo de contrato o convenio por parte de la Conselleria o de Vaersa en relación con el proyecto la Valencia Olímpica? ¿Se realizó algún pago por parte de la Conselleria o de Vaersa en relación con el proyecto ‘La Valencia Olímpica'?"

La respuesta no ha podido ser más escueta: "Desconocemos quién encargó a la Fundación Metrópoli y al Instituto Nóos la redacción del proyecto La Valencia Olímpica que figura en los archivos de Vaersa". De otra parte, la consellera invita al diputado de la oposición a que visite las instalaciones de Vaersa para consultar el proyecto. "El señor diputado tiene a su disposición en las instalaciones de Vaersa la presentación del proyecto", añade.

A continuación, especifica que "ni la entonces Conselleria de Territorio y Medio Ambiente ni Vaersa firmaron ningún contacto o convenio ni han realizado ningún pago en relación con este proyecto". Y, por último, recalca este extremo diciendo que "las entidades Nóos Consultora Estratégica SL, Instituto Nóos y la Fundación Metrópoli no han facturado ninguna cantidad a Vaersa entre los años 1996 y 2012". No obstante, nada dice respecto a si la comprobación se ha realizado también respecto al resto de entes o empresas públicas de la Generalitat o a la misma Generalitat.

Desde 2005 hasta 2007, Iñaki Urdangarín, yerno del Rey, presentó varios proyectos ante la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia para la celebración de unos Juegos Europeos y su preparación para los Juegos Olímpicos que Madrid pugnaba por acoger en 2016. El proyecto de "La Valencia Olímpica" pretendía urbanizar la costa valenciana de cara a estos eventos deportivos.

Mientras tanto, el Instituto Nóos firmaba con la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia una serie de congresos llamados Valencia Summit por más de tres millones de euros, aprovechando la celebración de la Copa del América. El Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca investiga a la empresa promotora de estos eventos, el Instituto Nóos, y a sus socios, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, por presuntamente cobrar más de tres millones de euros a través de su mediación en estos eventos.

Los Juegos Europeos eran el preludio de una Valencia Olímpica que implicaba la mejora de sus instalaciones deportivas marítimas, sus infraestructuras y sus canales de comunicación. En este escenario, el Instituto Nóos -en esta ocasión, de la mano de la Fundación Metrópoli- llegó a entrevistarse con el conseller de Territorio y Vivienda, a la sazón, Rafael Blasco, a finales de diciembre de 2005.

Ya se habían dado los primeros pasos en otras instancias de la Generalitat Valenciana, como el convenio firmado meses antes con la Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (Cacsa) "para la preparación de la Comunidad Valenciana como sede de la primera edición de los Juegos Europeos". La candidatura fue presentada oficialmente el 21 de octubre de 2005 en el Palau de la Generalitat, en un acto presidido por el entonces presidente Francisco Camps y por el propio Urdangarin.

Dos meses después, el Duque ponía sobre la mesa del conseller de Territorio y Vivienda dejaron un documento digitalizado, en forma de power point, con 232 diapositivas que ofrecían imágenes virtuales y reales de una Valencia idílica preparada para el Siglo XXI y ajena a la crisis que ya se adivinaba en plena bonanza del ladrillo.

En aquella primera reunión estuvo presente Iñaki Urdangarin, como sello de calidad, y puso sobre la mesa el CD con "La Valencia Olímpica", un ambicioso proyecto que implicaba la adaptación de Valencia al concepto de ecociudad, con ecoparques agrícolas, ecoviales y coches ecológicos. Con el ecologismo como bandera, la idea era integrar el litoral valenciano en una logística preparada para grandes eventos deportivos a nivel internacional. Se intentó, hasta que la 36ª Asamblea General de los Comités Olímpicos Europeos dijo no.

Mientras tanto, la Conselleria puso al servicio de Nóos a sus técnicos y a la empresa pública Vaersa para coordinar este proyecto olímpico con el resto de infraestructuras urbanísticas que se estaban desarrollando por las instituciones pública sobre la zona litoral, desde el parque de la Albufera hasta el puerto de Sagunt, y para colaborar. A lo largo de 2006, se sucedieron las reuniones con los técnicos de la conselleria con el objeto de encajar este proyecto en otras actuaciones que la conselleria estaba realizando sobre el territorio. También se pidió información de otras instituciones públicas.

http://www.valenciaplaza.com/ver/87258/el-consell-no-sabe-quien-encargo-y-pago-el-proyecto-de-la-valencia-olimpica.html

En cuanto se lee en cualquier documento oficial, leyes o proyectos futuros la palabra SOSTENIBILIDAD Y ECO...LO QUE SEA, es para echarse a temblar.

¿Por qué no pregunta el juez a Costas con qué fin hizo el 2º deslinde de la Albufera?

Los ayuntamientos asumen que muchas viviendas no se salvarán

La reducción de la servidumbre a 20 metros no será suficiente para que muchas residencias costeras puedan salvarse al no contemplar la ley excepciones para Canarias.

A la espera de que la nueva Ley de Costas salga publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por tanto, entre en vigor, los ayuntamientos canarios, conscientes del limitado plazo que tienen para presentar sus alegaciones, han comenzado a hacer la tarea y preparan ya toda la documentación.

Una vez se publique la norma en el BOE, las administraciones locales tendrán un plazo de tres meses para recabar y presentar todos los informes necesarios para que no se derriben los núcleos que afectados.

Entre los requisitos para que los damnificados sean reconocidos como núcleo legal destacan que las ocupaciones no estén en dominio público, cuenten con acceso rodado, electricidad, agua corriente y evacuación de aguas residuales. Además, no deben estar en dominio público.

Pero, y hasta que se publique la norma, la dilatada experiencia con esta controvertida ley, ha llevado a algunos consistorios a asegurar que no podrán salvar muchas de las ocupaciones que están afectadas, pues están en dominio público y por debajo de los nuevos límites de la servidumbre, que pasó de cien metros a veinte.

Este es el caso del municipio tinerfeño de Güímar, que tiene un total de ocho núcleos costeros con un expediente abierto en Costas. Del total, cuatro de ellos ya ganaron la batalla en el Tribunal Supremo (TS) con sentencia firme. Pero el resto de las poblaciones aún están pendientes de conocer su futuro, el cual, según explicó esta semana el ex alcalde Rafael Llanes, "seguramente sea la demolición".

Llanes explicó que estos núcleos están en dominio público, y que, pese a que aún no "hemos analizado bien la nueva norma, la mayor parte de las ocupaciones de estas poblaciones no podrán salvarse". Pese a ello, aseguró que el consistorio "ya está estudiando los casos para evitar los derribos".

En concreto, las zonas de Güímar que no cuentan con seguridad jurídica y cuyo futuro está aún por 

determinar son Chimaje, Santa Lucía, El Callao y Cho Regino, detalló el ya ex alcalde, Rafael Llanes.

Candelaria es otro municipio que asegura que ya está estudiando los casos de Playa de la Viuda y Bajo Cuesta Las Tablas, pero desde el consistorio reconocen que a muchas ocupaciones de estos núcleos será muy difícil salvarlas.

La misma situación se vive en los municipios de Santa Cruz de Tenerife, donde los servicios jurídicos preparan ya todos los documentos para salvar zonas capitalinas tan destacadas de Anaga como Almáciga y Taganana, entre otras.

En el caso de La , y el núcleo de Jover (que se busca regular en el nuevo PGO) y Finca El Apio, donde algunas casas acabarán por ser demolidas por estar en la zona de servidumbre.

La nueva norma contempla la amnistía para algunos núcleos peninsulares ubicadas en Girona (Empuriabrava, Platja de Aro), Huelva (Ría Punta Umbría), Alicante (Rocafel, Puerto de Santa Pola) y Pontevedra (Moaña), entre otros, pero ninguno en Canarias. De igual forma, se contempla una especificidad con Formentera, mientras que la Isla de Lobos ni si quiera es mentada.

De ahí, que los alcaldes y concejales coincidan todos en calificarla de "poco arbitraria".

LAS CLAVES

Al reducir la servidumbre a 20 metros (antes estaba a 100) algunos núcleos se podrán ver beneficiados por la reforma. Aquellas poblaciones que no estén en dominio público y acrediten que

tienen acceso rodado, electricidad, agua corriente y evacuación de aguas residuales tendrán la posibilidad de no ser derruidos. Mientras la norma amnistía a algunas zonas peninsulares del Mediterráneo y de Galicia, así como a Formentera, no contempla ninguna especificidad del Archipiélago, ni si quiera la Isla de Lobos. El Gobierno del Estado dejó claro que aquellos núcleos que ya eran ilegales antes de la primera ley seguirán siéndolo pese a la nueva norma. Las zonas costeras que ya tienen una sentencia firme no se podrán beneficiar de las modificaciones de la nueva Ley de Costas. De igual forma no se verán perjudicadas por la misma. Una vez salga publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley, y por tanto entre en vigor, los ayuntamientos tendrán un plazo de tres meses para presentar sus alegaciones, acompañadas de la documentación correspondiente, para intentar salvar a los núcleos afectados.

http://eldia.es/vidaycultura/2013-05-26/4-ayuntamientos-asumen-muchas-viviendas-salvaran.htm

Arteixo prevé legalizar el polígono de Suevos con la Ley de Costas

La recién aprobada Ley de Costas brinda al Concello una nueva oportunidad, según sostiene el Gobierno local, de legalizar el polígono industrial del Suevos sobre el que pesa una orden de derribo parcial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que fue ratificada en febrero del pasado año por el Tribunal Supremo.

El Ayuntamiento anunció en diversas ocasiones su intención de regularizar las instalaciones del antiguo matadero de Mafriesa con la inclusión del polígono industrial sobre el que se asienta en el plan general. Pero la modificación de la Ley de Costas, que reduce de cien a 20 metros la zona de protección litoral, abre una nueva vía para esquivar el derribo. La intención del Concello es solicitar la delimitación del núcleo histórico de Suevos como urbano. Una vez obtenido este reconocimiento, explica el concejal de Urbanismo, Alberto Castro, el Concello pretende acogerse a la modificación de la zona de servidumbre de 100 a 20 metros, reducción que ahora recoge la norma.

Esto, apunta el edil, permitirá legalizar las instalaciones del antiguo matadero de Mafriesa, que se asientan en terrenos clasificados como suelo no urbanizable y, en parte, en terrenos no urbanizables de protección de costas. Alberto Castro explica que este cambio permitiría desvincular el uso marítimo de las instalaciones de Mafriesa. "La actividad de Mafriesa no está vinculada al mar; si se tratase de una escuela de surf o de buceo no habría problema".

El siguiente paso, apunta el concejal, será incluir el polígono en el plan general. "Son dos procesos que tendremos que tramitar en paralelo". Preguntado al respecto, el Concello asegura que "no le consta" que la Xunta haya impuesto una nueva sanción a Bruesa inmobiliaria SA, propietaria del polígono industrial de Suevos, por incumplir la sentencia del Superior que ordena demoler las instalaciones del antiguo matadero de Mafriesa. "No tiene sentido que se ejecute una sentencia cuando se tramita una ley estatal para resolver este tipo de situaciones", destaca Castro.

La Xunta impuso una multa coercitiva a la propietaria del parque industrial el pasado verano. Anunció entonces que multaría a Bruesa Inmobiliaria con cantidades que oscilarían entre 1.000 y 10.000 euros por cada mes de incumplimiento. Este periódico preguntó al Gobierno autonómico, sin éxito, por la existencia de nuevas sanciones en múltiples ocasiones.

http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2013/05/26/arteixo-preve-legalizar-poligono-suevos-ley-costas/725930.html

El consulado británico pregunta al alcalde Guillén por la gestión urbanística...y por la Ley de Costas

El Ayuntamiento ofrece una oficina en la costa al vicecónsul para que pueda atender a sus compatriotas

La gestión urbanística en Orihuela fue ayer el tema estrella de la visita que el vicecónsul del Reino Unido, Lloyd Milent, realizó al alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén (Los Verdes), y a la que asistió el concejal de Urbanismo, Antonio Zapata. Milent trasladó los asuntos que afectan a sus compatriotas: concesión de cédulas de habitabilidad, las sanciones urbanísticas, la regularización de viviendas ilegales y la afección de la Ley de Costas en Orihuela. El regidor y el edil contestaron a las dudas del diplomático

Según explicaba el gabinete de Comunicación municipal, "el vicecónsul agradeció el trabajo del Ayuntamiento en materia de servicios sociales en la costa oriolana, donde residen muchos ciudadanos británicos. "Se ha puesto de manifiesto la estrecha colaboración que hay entre el Ayuntamiento y el Consulado del Reino Unido en nuestra provincia", ha dicho Guillén".

http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2013/05/23/consulado-britanico-pregunta-alcalde-guillen-gestion-urbanistica/1376954.html

Orihuela advierte que parte de las casas dentro del deslinde del dominio público marítimo terrestre que ejecuta Costas son viviendas consolidadas y legales

La Junta de Gobierno Local (JGL) ha dado cuenta hoy de la advertencia hecha por el departamento de Planificación a la Servicio Provincial de Costas que está ejecutando la marcación del dominio público marítimo terrestre en la franja costera de Orihuela, iniciada desde el linde con Torrevieja, en PuntaPrima, a petición del Ayuntamiento. 

Según ha dicho la portavoz municipal y edil de Planificación, Antonia Moreno, se ha advertido a Costas de que en una zona de Campoamor existen “viviendas consolidadas con el plan general actual e incluso están fijadas en un plan de 1978 y que están de acuerdo con el planeamiento antiguo”, a pesar de que se quedan dentro de la franja de reserva de 100 metros desde la línea de pleamar hacia el interior, según establece la Ley de Costas. Algunas viviendas están incluso a 20 metros del mar, pero se ajustan al planeamiento y tienen licencia de obras, según la Concejala, por lo que deberían ser incluidas dentro del dominio público sin mayor problema.

http://www.elperiodic.com/orihuela/noticias/235587_orihuela-advierte-parte-casas-dentro-deslinde-dominio-publico-maritimo-terrestre-ejecuta-costas-viviendas-consolidadas-legales.html

¿Cómo la habrán explicado al Vicecónsul que en España se despoja de la propiedad y se deja a la gente en la ruina cuando se le antoja a Costas? si difícil es explicarlo, mucho más difícil es entenderlo.

No deben saber explicarlo muy bien porque le ofrecen una oficina al Vicecónsul en la costa (parece una broma pesada) para que lo explique él. 

¡¡Vaya país de pandereta!!