LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2012) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

miércoles, 1 de enero de 2014

El gol que Felipe Gonzalez metió a Margaret Thatcher con la Ley de Costas

1989 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO MONTESINOS GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN POPULAR, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ADOPTAR ALGUNA MEDIDA, ADEMAS DEL JUSTO PRECIO, QUE COMPENSE ECONOMICAMENTE A LOS RESIDENTES EXTRANJEROS PROPIETARIOS DE INMUEBLES EN EL LITORAL ESPAÑOL, QUE SERÁN EXPROPIADOS POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS?

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Montesinos García. Tiene la palabra el señor Montesinos. 

El señor MONTESINOS GARCIA: Gracias, señor Presidente. 
Señor Ministro de Obras Públicas, según una información aparecida en el "Sunday Times", el 12 de marzo, más de medio millón de ciudadanos británicos se verán afectados por la posible expropiación de inmuebles de su propiedad. 
De ahí la pregunta: ¿Tiene previsto el Gobierno adoptar alguna medida, además de pagar el precio justo, que compense económicamente a los residentes extranjeros propietarios de inmuebles en el litoral español, que serán expropiados por la aplicación de la Ley de Costas? 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montesinos. Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas. 

El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO (Sáenz Cosculluela): Señor Presidente, señoría, me causa extrañeza que, habiendo leído esa noticia, no haya tenido conocimiento del comunicado que, como respuesta leo, que fue divulgado por el Ministerio de Obras Púíblicas y Urbanismo: En relación con las informaciones publicadas recientemente en diversos medios de comunicación británicos, relativas a una hipotética nacionalización o expropiación de las residencias veraniegas propiedad de ciudadanos británicos en el litoral español, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas, se hace público el siguiente comunicado:
  • Uno. El Ministerio de Obras Públicas y urbanismo desmiente rotundamente que la Ley de Costas implique la nacionalización o expropiación de propiedad alguna de ciudadanos españoles o extranjeros. Sólo aquellas edificaciones que carezcan de todo soporte legal se verán afectadas por los oportunos expedientes sancionadores, según el procedimiento legalmente establecido y con todas las garantías procesales para los interesados. La Ley de Costas arbitra mecanismos para la legalización de construcciones realizadas en la zona de dominio público marítimo-terrestre, así como salvaguarda las edificaciones construidas de acuerdo con la legislación anterior. 

  • Dos. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo -sigue diciendo el comunicado- afirma que una lectura objetiva y rigurosa de la Ley de Costas no puede llevar a declaraciones como las que se han hecho públicamente, por lo que no puede dejar de constatar y lamentar profundamente que se estén produciendo por parte de algunas personas con determinada representatividad -obviamente el comunicado es anterior a la pregunta y no es S. S. el aludido- campañas que tienden intencionadamente a generar una confusión en la opinión pública.

25 años después, se confirma todo cuanto anunció el "Sunday Times". Los ciudadanos europeos han visto confiscadas sus propiedades.

lunes, 16 de diciembre de 2013

Demolition risk for British-owned homes in Spain a 'substantial problem', says Foreign Office

Demolished houses on the Costa del Sol, Spain

UK officials promise to bring the matter 'to the attention of Spanish authorities'

The UK Foreign Office has said the risk of British-owned properties in Spain being demolished for breaching local planning rules is a "substantial problem".
The Foreign Office said it estimated that there are at least 4,000 British-owned homes in Spain affected by some sort of property dispute.
Will Middleton, director of British consular services in southern Europe,told the BBC: "For those involved it's absolutely devastating. It's the uncertainty that is the big problem."
A spokesman for the Foreign Office said the UK could not get involved in individual disputes and urged British people affected to go through the "appropriate local courts".

He said: "We recognise this is a substantial problem and we can bring to the attention of the Spanish authorities the problems British residents are facing. 
“We can’t interfere in court cases, and it’s up to the Spanish authorities to provide clarity on the legal uncertainty facing many British homeowners in Spain.

“We meet and lobby the Spanish authorities at all levels and we will continue to do so.”
He said the Foreign Office was aware of three British-owned properties that have been demolished because they were deemed illegal, one in 2008 and two this year.
The Spanish government was accused last month of pushing illegally built homes to British buyers.
Spain has approximately three million homes standing empty due to the property crash in 2007. Up to a third of these properties may have been built illegally due to corruption in the construction industry and town halls.
A British couple, John and Jan Brooks, had their dream villa bulldozed in October despite a court ruling that they were innocent victims of a corruption scandal.
The Foreign Office has produced a guide on how Britons can avoid being ripped off when buying a property in Spain. 

Reino Unido intentará evitar la demolición de 4.000 viviendas de británicos en España que inclumplen la Ley de Costas

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico mostrado su preocupación por la aplicación de la nueva Ley de Costas española, que podría suponer la demolición de unas 4.000 viviendas de propiedad británica. Will Middleton, director de los servicios consulares británicos en el sur de Europa, dijo a la BBC: "Para los afectados es absolutamente devastadora la incertidumbre, ése es el gran problema".

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que el Reino Unido no puede intervenir en conflictos individuales de sus compatriotas peo les instó a defender sus derechos en los tribunales locales.
Asimismo, añadió que "reconocemos que es un problema importante y podemos trasladdarle a las autoridades españolas la problemática que afecta a los ciudadanos británicos. No podemos interferir en los procesos judiciales, y le toca a las autoridades españolas a proporcionar claridad sobre la inseguridad jurídica que enfrentan muchos propietarios británicos en España". Así, aclaró que hemos mantenido reuniones a todos los niveles con las autoridades españolas y vamos a seguir haciéndolo".
Además, dejó constancia de que el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba al tanto de las tres propiedades de británicos que han sido demolidas porque fueron consideradas ilegales, una en 2008 y las otras dos este año.
España cuenta con alrededor de tres millones de viviendas vacías debido a la crisis inmobiliaria en 2007. Hasta un tercio de estas propiedades puedan haber sido construido ilegalmente debido a la corrupción en el sector de la construcción y de los ayuntamientos, indica "The telegraph".

Una pareja británica, John y Jan Brooks, vieron como su villa de ensueño fue demolida, a pesar de que la Justicia dictaminó que habían sido víctimas de un caso de corrupción y no tenían responsabilidad ninguna. Para que ningún británico se ve afectado en el futuro por la compra de inmuebles ilegales, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha elaborado una guía sobre cómo pueden evitar las estafas a la hora de adquirir una vivienda residencial en España.

miércoles, 11 de diciembre de 2013

Cañete defiende que la Ley de Costas resuelve "problemas pendientes" y el PNV dice que todavía hay inseguridad jurídica

El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha defendido la puesta en marcha este año de la nueva Ley de Costas que, a su juicio, resuelve la "mayor parte" de los problemas pendientes que tenía España en la materia, mientras que desde el PNV, el diputado Joseba Agirretxea, ha alertado de que se mantiene la inseguridad jurídica para los propietarios de muchos inmuebles situados en la costa, a pesar de ser uno de los supuestos objetivos de la normativa.

Este debate se ha producido durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde el diputado 'jeltzale' ha cuestionado al responsable de Medio Ambiente por el 'Informe Werthmann', presentado en el Parlamento Europeo en relación a la modificación de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno este 2013, y por el que la Eurocámara ha emitido una orden directa a la Comisión Europea para que investigue "si esta nueva legislación se ajusta a derecho europeo".

Cañete ha subrayado en su argumentación que el citado informe "es un simple documento", que fue elaborado por una delegación de parlamentarios europeos que visitó España tras la aprobación de la ley en el semestre pasado, y "con recomendaciones no vinculantes".

Es más, sostiene que este documento de trabajo reconoce que el Gobierno español ha hecho un "esfuerzo importante" aprobando una nueva legislación en materia de costas, que resuelve "la mayor parte de problemas pendientes" para conciliar los problemas de la costa española con el desarrollo económico, y una mayor seguridad a los propietarios inmobiliarios.

A su vez, ha subrayado que este informe europeo plasmaba la necesidad de que las zonas costeras no se utilizasen para nuevas edificaciones, reclamaba una actualización del informe del registro y del catastro, al mismo tiempo que pedía la distinción de playas urbanas de las naturales, entre otras recomendaciones para España, que ya han sido incluidas en la nueva Ley de Costas, según ha asegurado.

COMPENSACIONES E INSEGURIDAD JURÍDICA

Arias Cañete ha señalado también que el 'Informe Werthmann' pide también indemnizaciones económicas, en lugar de concesiones de uso como compensación, aunque también recoge que la Comisión Europea ha señalado que el régimen de propiedad es competencia del Estado miembro.

Además, sostiene que en el marco del derecho nacional lo que no se puede es ignorar los preceptos de la Constitución, en cuanto a la demarcación público marítimo terrestre, ni tampoco la interpretación del Tribunal Constitucional, donde se establece que el dominio público "no admite claves de propiedad privada".

"Nosotros hemos mejorado el tratamiento de la Ley del 78, que establecía las concesiones de forma muy limitada, dando unas de 75 años, que además son transmisibles, con lo cual aumentamos su valor patrimonial", ha insistido el responsable de medio ambiente.

Mientras, Agirretxea ha insistido en que la aplicación de la Ley de Costas no ha solucionado el problema de la inseguridad jurídica a la que se veían sometidos propietarios de inmuebles deslindados porque se "les han confiscado propiedades", al no haberse efectuado una compensación económica, "por medio de unas concesiones de uso usufructo por unas concesiones de 75 años", a personas que eran ya propietarias por escritura pública de esos inmuebles antes de que existiera ninguna Ley de Costas.
Así, ha apuntado por ejemplo al caso del Molino de Mareas, una edificación del siglo XVII situado en la ría de Urdaibai, en Vizcaya.

Finalmente, ha avisado a Arias Cañete de que el Parlamento Europeo detectó "una enorme laguna jurídica" que el PNV propuso solventar vía enmienda durante la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Costas, pero al que el Gobierno no accedió a modificar.
http://www.teinteresa.es/tierra/Canete-Ley-Costas-PNV-inseguridad_0_1045696088.html

INFORME WERTHMANN
(Español)http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-510.751%2B04%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FES

(Inglés)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-510.751%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

(Alemán)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-510.751%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDE

(Francés)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-510.751%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR

Observaciones finales 

Estrictamente hablando, según los términos del Tratado de la UE, nada obliga a España a cambiar su posición y es evidente que el Gobierno español y el Parlamento poseen plena competencia, constitucional y políticamente, para decidir y aprobar dicha legislación. El «régimen de propiedad» sigue siendo competencia del Estado miembro. Sin embargo, el artículo 6 del Tratado de la UE y el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales también contienen disposiciones relativas a los derechos de los ciudadanos a su propiedad. 
Las personas tienen por tanto confianza legítima en que la UE y el Parlamento, en particular, deben defender estos derechos en su nombre cuando estos sean socavados o violados. 

Resulta deplorable que con esta revisión de la Ley de Costas no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica con respecto a los derechos de propiedad, un requisito imprescindible de todo mercado sostenible de la vivienda. Además, el hecho de que, en su caso, la línea de demarcación pueda revisarse cada vez que se produce un cambio en la línea de la costa (debido a la erosión costera o la construcción de un nuevo puerto deportivo, por ejemplo) genera una inseguridad adicional, pues lo que es legal hoy podría dejar de serlo mañana. 

Según se ha indicado, la mayoría de los miembros no consideran que las concesiones sean una compensación justa por la eventual pérdida de valor de las propiedades privadas situadas en el nuevo espacio público establecido.


Recomendaciones

Pide a la Comisión Europea que estudie si esta nueva legislación se ajusta al Derecho europeo.

Insta a las autoridades españolas a establecer un mecanismo de compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares pudieran ser objeto de derribo o expropiación a consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas.

Pide a las autoridades españolas que ofrezcan indemnizaciones que reflejen el valor de la propiedad de los afectados por la Ley de Costas, en lugar de otorgar concesiones. 
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El ministro Arias Cañete podrá despreciar el Informe Werthmann, pero que se haya desplazado una comisión de investigación del Parlamento Europeo a España y concluya en un informe que no se está respetando el derecho de propiedad en España y por tanto, que existe una inseguridad jurídica impropia de un Estado de Derecho Europeo...

Que diga que en España "lo que hoy es legal, podría dejar de serlo mañana"...


Es como para plantearse la derogación de la ley o dimitir, porque esa demostrada inseguridad, ese desprecio por el respeto de los derechos humanos, nos deja a nivel de las repúblicas bananeras.

miércoles, 4 de diciembre de 2013

EL GRAN NEGOCIO DE COSTAS CON LA COSTA

  • Pastor ha anunciado "un plan ambicioso" para reutilizar los faros
  • España cuenta con 187 faros, de los que medio centenar están habitados
'Se ofrece edificio en primera línea de costa, con vistas inmejorables, sin vecinos molestos, para instalar un restaurante, un hotel, un centro cultural o científico. Más información en el Ministerio de Fomento'. Este es el anuncio -aunque no redactado en estos términos- que la ministra de Fomento, Ana Pastor ha hecho esta mañana en un desayuno informativo de Europa Press.

Pastor ha anunciado que Puertos del Estado pondrá en marcha de forma inmediata "un plan ambicioso" para dar uso hotelero a los faros, respetando su valor patrimonial, a través de concesiones en aquellos donde sea posible, y dando entrada así al sector privado. Fomento pretende así convertir un coste en un ingreso. Ahora el mantenimiento de los edificios históricos de los faros supone una elevada cuantía y con la concesión se lograría rentabilidad económica.

España cuenta con 187 faros, de los que entre 55 están habitados, aunque los técnicos de señales -antiguos fareros- no se dedican exclusivamente al mantenimiento de sus instalaciones, sino que prestan ayuda a las autoridades portuarias.

Fuentes de Puertos del Estado han explicado a RTVE.es que los faros son pequeños y se piensa "en hoteles con encanto o casas rurales". En los casos que estén habitados, la solución que se prefiere es la "cohabitación", es decir, mantener al farero y convivir con el nuevo uso. En un principio, el Ministerio no va a permitir que se construyan habitaciones anexas a los edificios ya existentes porque una de las obligaciones para el concesionario será devolver el faro a su estado inicial una vez cese su actividad.

Galicia cuenta con varios faros que podrían sumarse a esta iniciativa. Por ejemplo, el faro romano más antiguo que sigue en funcionamiento, la torre de Hércules, ya alberga un centro cultural y está gestionado por el ayuntamiento coruñés.

Una gestión "cien por cien privada"
Ahora se trata de dar entrada a la iniciativa privada, por eso Fomento no se ha planteado que la gestión hotelera recaiga en Paradores -en medio de un proceso de restauración-. La idea, según Puertos del Estado, es que "la gestión sea cien por cien privada".

La titular de Fomento destaca que con este proyecto, denominado 'Faros de España', se busca poner en valor la red de faros, para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de "las vistas magníficas que ofrecen" con un uso hotelero que es habitual en numerosos países europeos y aún no existe a nivel nacional.

Fuentes de Fomento han señalado a RTVE.es que "no se sabe cuáles van a ser porquedependerá de su idoneidad y viabilidad" y de que le espacio sea "compatible con su uso técnico". Además hay que esperar "a ver que empresas están interesadas y en qué condiciones".

Desde hace un mes está funcionando un grupo de trabajo para analizar qué faros reúnen las condiciones para qué usos con el coste más bajo posible, ya que se persigue una "sostenibilidad" de la actividad en el tiempo. Fuentes de Puertos del Estado han confirmado a RTVE.es que "ya hay empresas hoteleras interesadas", con las que se reunirán en los próximos días.

Los grupos hoteleros o los empresarios tendrán que hacer una propuesta de explotación de uno o varios faros. Este documento será analizado por un equipo técnico de Puertos del Estado, en colaboración con los expertos de la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el faro. Una vez recibido el visto bueno se elevará al Consejo de Ministros que autorizará la concesión.

Desde Puertos del Estado han dejado claro a RTVE.es que siempre se analizará "caso por caso", con un respeto escrupuloso a la Ley de Costas y al pliego técnico que se fije para cada faro. Fomento espera que esta iniciativa sirva para dinamizar el empleo.

¿Qué dice la Ley de Costas al respecto?

Artículo 32

1. Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.

 Artículo 49 
«4. En la zona de servicio portuaria de los bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos, que no reúnan las características del artículo 3, además de los usos necesarios para el desarrollo de la actividad portuaria, se podrán permitir usos comerciales y de restauración, siempre que no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre, ni la actividad portuaria y se ajusten a lo establecido en el planeamiento urbanístico. En todo caso, se prohíben las edificaciones destinadas a residencia o habitación.

¿Va saltarse el Gobierno su propia ley? 
Seguro. La Ley de Costas nació en 1988 con el ÚNICO propósito de hacer negocio con la costa y no van a quedase cruzados de brazos pudiendo especular con ella.

martes, 3 de diciembre de 2013

La Audiencia Nacional anula el deslinde que Costas realizó en Fisterra

Los magistrados de la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional acaban de anular el deslinde que Costas del Estado realizó en casi todo el litoral de Fisterra (salvo la playa de Langosteira), aprobado en una orden ministerial de marzo del 2011. Los jueces dan la razón al Concello de Fisterra, que recurrieron la norma al entender que en dos zonas, San Roque y Sardiñeiro, la servidumbre impuesta debería ser mucho menor: no de 100 metros, como fijaba el ente estatal, sino de 20, por considerarla área urbana.
La victoria judicial ha causado sorpresa (y mucha satisfacción) en el gobierno local y en el arquitecto municipal, ya que ambos aseguran que en este tipo de pleitos las Administraciones locales pierden más del 90 % de los litigios.
No obstante, los jueces del tribunal madrileño (Costas es una de las escasas competencias atribuidas a la Audiencia Nacional) ni siquiera han entrado en el fondo de la cuestión. De hecho, la consideración de esos terrenos como urbanos y y por tanto la necesidad de reducir la protección hasta los 20 metros era la segunda petición del Ayuntamiento. La primera era más simple: el expediente estatal no podía salir adelante porque Costas lo aprobó cuando el plazo para hacerlo ya había caducado. Y, en efecto, la sentencia establece que eso ha sido así, argumento que ya le basta para fallar a favor del ejecutivo local sin entrar en otras consideraciones.
Señalan los magistrados que, desde que se inició el expediente, en junio del 2007, hasta que se resolvió, en marzo del 2011, pasaron 45 meses y medio, mucho más de los 24 meses de máximo legal, además de otros 12 de ampliación acordados en mayo del 2009. Una segunda ampliación, de mayo del 2010, no se ha tenido en consideración, al entender que ni se debió a una circunstancia externa «ni menos aún de difícil previsión».
La sentencia es recurrible, pero en caso de que Costas no lo haga, debería preparar un deslinde provisional. Y, en otro caso, recobran vigencia las establecidas en las normas subsidiarias, que atribuyen suelo urbano a los dos puntos en litigio. Por un lado, y según explican desde el Concello, otorgan una continuidad desde Fisterra hacia Langosteira. Y, en Sardiñeiro, se garantiza su expansión, especialmente en la salida hacia Estorde.
Traba considera que las modificaciones del deslinde ahora anulado no estaban justificadas, y defiende su carácter urbano, Costas de Galicia les daba la razón, pero no Madrid.
SENTENCIA

domingo, 17 de noviembre de 2013

El Gobierno lleva a la quiebra a ciudadanos y empresas con sus leyes retroactivas, pero va presumiendo de país seguro donde invertir

Mariano Rajoy: "La seguridad jurídica es requisito imprescindible para el progreso"


Ha debido de afectarle el jet lag o vive en otro país o no tienen decencia.
Esa frase del discurso no se atreve a decirla en el Parlamento Europeo después de haberse hecho públicas las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre los derechos de propiedad y la Ley de Costas de 1988 en España, incluida una visita de investigación a España, los días 21 y 22 de marzo de 2013:

En el proyecto de ley (Ley de Costas) se reconoció que habían surgido problemas en lo tocante a la seguridad jurídica de la propiedad que, a su vez, «suscitaron desconfianza y confusión».

Sin embargo, queda una consideración importante que todavía sigue, en parte, sin resolver, y que está relacionada con el propio derecho fundamental de la propiedad. En breves palabras, la cuestión enfrenta dos conceptos fundamentalmente opuestos de los derechos de propiedad: el Gobierno español no otorga la propiedad de las viviendas construidas en la zona costera, sino que las considera concesiones. Considerando que según la legislación de 1988 las concesiones duraban treinta años, a tenor de la nueva propuesta estas se ampliarían a setenta y cinco años en determinadas circunstancias. Los peticionarios, muchos de los cuales habían comprado su propiedad antes de 1988 o les había sido legada por su familia durante generaciones, consideran sin embargo que deberían conservar plenos derechos sobre la propiedad, atestiguados por los registros oficiales de venta de bienes raíces. Por lo tanto, los peticionarios encuentran inaceptable cualquier propuesta que se retracte de tales derechos adquiridos, tanto más teniendo en cuenta que sus efectos serían retroactivos.

Para concluir el debate, el Director General (de Costas) indicó que, en el pasado, la ausencia de seguridad jurídica había surgido en parte debido a los límites de la demarcación incorrectos, a los derechos de propiedad y a la acumulación en los registros de la propiedad y el Catastro.

Observaciones finales de la Comisión de investigación

Los miembros siguen preocupados por el hecho de que aún deben llevarse a cabo mejoras significativas en materia de derechos de propiedad y adquisición para poder respetar las normas comunes europeas.

Resulta deplorable que con esta revisión de la Ley de Costas no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica con respecto a los derechos de propiedad, un requisito imprescindible de todo mercado sostenible de la vivienda. Además, el hecho de que, en su caso, la línea de demarcación pueda revisarse cada vez que se produce un cambio en la línea de la costa (debido a la erosión costera o la construcción de un nuevo puerto deportivo, por ejemplo) genera una inseguridad adicional, pues lo que es legal hoy podría dejar de serlo mañana.

Los miembros tampoco tienen claro que se respeten plenamente algunas otras directivas de la UE.
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¿Puede Rajoy dar lecciones de seguridad jurídica, cuando siendo registrador de la propiedad aprueba una ley, la de Costas, que anula el Registro de la Propiedad con efecto retroactivo para poder confiscar las propiedades legales de los ciudadanos europeos con el único objetivo de un enriquecimiento ilícito del Estado?.... NO

¿Es España el Estado de Derecho fiable del que va presumiendo Rajoy en el extranjero?... NO

¿Existe seguridad jurídica en España?... NO

La conclusión es clara: invertir en España es jugar a la ruleta rusa. 

martes, 12 de noviembre de 2013

Costas, condenada a pagar 185.100 euros a una empresa

POR CAMBIAR UN DESLINDE


Los intentos de la compañía por construir en Tabaiba Baja dieron lugar en 2008 a una fuerte oposición vecinal

La Audiencia Nacional ha condenado a la Dirección General de Costas en Tenerife a indemnizar con 185.100 euros a la empresa Deo Volente Sur SL , propietaria de una parcela situada en El Rosario, y más concretamente en Tabaiba Baja, por el cambio de criterio del organismo estatal sobre el deslinde en este tramo de la costa.
Este hecho supuso que la compañía no pudiera edificar en una parcela con el consiguiente perjuicio económico que le supuso, pese a que Costas, el Gobierno canario y el Ayuntamiento habían informado favorablemente al proyecto. Los intentos de construir en este punto del litoral por parte de la compañía dio lugar en 2008 a una fuerte protesta vecinal ya que las obras impidieron el acceso de los usuarios a las playas.
Estos encontronazos fueron noticia en los medios de comunicación durante varias semanas y concluyeron con la paralización de las obras tras quedar afectadas por el nuevo deslinde. A partir de aquí la compañía optó por acudir a los tribunales al considerar que Costas cometió un “error reiterado”, lo que dio lugar a una serie de planes urbanísticos, licencias y proyectos de obras que, según decían, afectaron a los derechos consolidados de propiedad.
Todo ello derivó en una pérdida en el valor de la parcela, por lo que la compañía pedía ser indemnizada con 1,7 millones, una cifra que ha sido rebajada notablemente. La entidad adquirió en 2006 un solar de casi 1.800 metros cuadrados por algo más de medio millón de euros que no estaba afectado por el deslinde aprobado en 1969.
Incluso Costas llegó a informar favorablemente el proyecto para construir 14 viviendas en este enclave y en el mismo sentido se pronunció la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario y el Ayuntamiento de El Rosario.
Denuncias por el acceso al litoral
Sin embargo, en 2008 comenzaron a sucederse las denuncias vecinales dado que las obras estaban impidiendo el acceso a las calas, por lo que la Plataforma en Defensa del Litoral de El Rosario solicitó la paralización de los trabajos. Durante varios meses fueron constantes los encontronazos entre los usuarios de la playa del Moro y las fuerzas de seguridad por los intentos de los primeros de acceder libremente a las calas. 
Pese a que existieron acuerdos para que los trabajos se realizaran sólo en los meses de invierno, finalmente la promotora prefirió acelerarlos y los llevó a cabo en verano, cuando más bañistas acudían a este punto del litoral. Un año más tarde Costas cambió el deslinde de manera que la práctica totalidad de la parcela quedó integrada como dominio público y, por lo tanto, se prohibían los usos residenciales.
La empresa finalmente optó por acudir a los tribunales, mientras que Costas se defendió indicando que el deslinde había sido impugnado por la propia compañía y, por lo tanto, tachaba de “prematura” su pretensión. Sin embargo, finalmente en 2012 una sentencia le daría la razón al organismo estatal frente a la constructora.
Costas se defendió indicando que el responsable de conceder la licencia había sido el Gobierno canario, argumento que no prosperó ante los tribunales, aunque el fallo es recurrible ante el Supremo.
SENTENCIA
Da la casualidad que el primer dueño del terreno, harto de las trabas que le pusieron para poder construir, se lo vendió a un antiguo jefe de Costas, Mariano González Becerra, que consiguió todos los permisos sin ningún problema. ¿Casualidad?

viernes, 8 de noviembre de 2013

El deslinde de El Saler tiene aún nueve recursos en el Tribunal Supremo

El propietario de una vivienda de la Casbah que ha conseguido que el Tribunal Supremo siembre al menos dudas sobre los deslindes de El Saler ha pedido al Ayuntamiento de Valencia que negocie con el Ministerio de Medio Ambiente una solución para las construcciones que han quedado dentro del espacio público marítimo terrestre. Aunque está convencido de que puede ganar el litigio en los tribunales, recuerda que sólo en el Supremo hay una maraña judicial con nueve recursos pendientes.
El portavoz de la mercantil Miratres S. L., propietaria de una vivienda en Casbah, cree que el Tribunal Supremo no ha entrado en el fondo de la cuestión al devolver el caso a la Audiencia Nacional para que decida si los 3.900 metros de costa que van desde el Camino de la Rambla hasta la Gola de Pujol protegen realmente un cordón dunar o se han excedido protegiendo "depósitos de materiales sueltos". "Aquí el problema es la retroactividad con la que se ha aplicado la Ley de Costas de 2008, algo en lo que no ha entrado el Supremo", dijo.
Este propietario recuerda que la Casbah, donde hay 79 viviendas, cumple todos los requisitos de la ley de 1969, que era la vigente cuando se construyó. Ha sido bendecida, así mismo, por un deslinde realizado posteriormente que no se aplicó y cuenta con todos los informes favorables. "Pero vino Narbona -ministra de Medio Ambiente con el Gobierno socialista- y lo alteró todo", creando una nueva ley y trazando unos deslindes que en la práctica son una aplicación retroactiva de la misma.
Sobre este asunto incluso la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo les ha dado la razón a los propietarios, dice la fuente, que lamenta que el Supremo no haya valorado este problema de "inseguridad jurídica".
Es por ello por lo que este propietario está convencido de que el pleito con el Gobierno terminarán ganándolo, "si no en el Supremo en el Tribunal de Estrasburgo", porque "la razón tiene mucha fuerza".
El proceso judicial, sin embargo, es muy farragoso, con pleitos en distintas instancias y al menos 9 recursos sólo en Tribunal Supremo.
Para salir de esa maraña, este propietario contempla también la posibilidad de que el Ayuntamiento, que "ya llegó a un acuerdo para el otro tramo deslindado entre la Gola de Pujol y el Perellonet", haga lo mismo en este caso. "La calle Gola de Pujol es tan de Valencia como la calle Colón y el ayuntamiento tiene la misma responsabilidad de defenderla".

El Supremo anula un deslinde de terreno en El Saler

El Tribunal Supremo ha anulado un deslinde de terrenos de 3.900 metros de costa entre el camino de la Rambla y la gola de Puchol, en las inmediaciones de El Saler, en Valencia, que fueron considerados bienes de dominio público marítimo-terrestre a finales de 2007.
Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, se estima el recurso de casación interpuesto por varios propietarios de forma que se anula la sentencia de abril de 2010 y se ordena que se repongan las actuaciones y que se dé traslado a las partes para que aleguen cuanto estimen conveniente sobre la pertenencia de los terrenos objeto de litigio.
Estos propietarios defendieron, en contra del criterio del Ministerio de Medio Ambiente, que los terrenos y la vegetación sobre los que se asientan las urbanizaciones cercanas al Sidi Saler y los conocidos como chalets de la Casbah son propios de monte, y no de zona de dunas, como se arguyó para acometer el citado deslinde.
Así, se constata que los terrenos no reúnen las características de dunas litorales, sino que se trata de una zona forestal que actúa como manga de separación entre la Albufera y el mar y pertenecientes al monte denominado Dehesa de la Albufera, que fue cedido por el Estado al Ayuntamiento de Valencia en 1911 y catalogado posteriormente como monte de utilidad pública.

La Audiencia Nacional anula el deslinde de Ampuriabrava

Finalmente cabe añadir, que si bien esta Sala ha conocido con anterioridad de diversos recursos interpuestos contra la misma Orden de deslinde de 23 de diciembre de 2010 aquí impugnada y los ha desestimado, en ninguno de dichos recursos se había invocado la caducidad del procedimiento de deslinde, que se esgrime ex novo en el presente procedimiento.

Apreciada, como se ha hecho, la caducidad del procedimiento de deslinde seguido para dictar la resolución recurrida que, tal y como expresa nuestra sentencia de 13 de mayo de 2013 afecta a la totalidad del deslinde, pues todo el tramo de costa objeto de deslinde fue objeto de recurso fallado (FJ 1), al haberse superado el plazo previsto legalmente para su tramitación y resolución ya a la fecha en que esta fue dictada, procede resolver de conformidad con lo resuelto por esta Sala en el precedente trascrito, anulando la resolución recurrida.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional , procede imponer las costas causadas en este procedimiento a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones, al no apreciarse que el caso presentara serias dudas de hecho o de derecho.

FALLAMOS
ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Jacobo García García, en nombre y representación de FECORMASA SL, contra la resolución de fecha 30 de enero de 2012, dictada por el Secretario General Técnico por delegación del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Orden Ministerial de 23 de diciembre de 2010, por la que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos cuarenta y siete mil ochocientos seis (47.806) metros de longitud, en la Marina interior de Empuriabrava, en el término municipal de Castelló d'Empúries (Girona), que se anulan por no ser conformes a Derecho.

Se condena al pago de las costas causadas a la Administración demandada.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Notifíquese a las partes la presente sentencia con indicación de que no cabe contra ella recurso de casación.
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia en audiencia pública. Doy fe. Madrid a 
LA SECRETARIA JUDICIAL

jueves, 7 de noviembre de 2013

El alcalde de Benicarló apoya la querella de vecinos de la costa norte contra su partido

El munícipe exige que se actúe en el litoral para frenar la agresiva erosión. Acepta denunciar al Gobierno del PP porque “hay que mirar por la ciudad”

El alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, apoya la intención de la Asociación de Vecinos de las partidas Riu, Surrach yAiguaoliva de ampliar la querella que presentaron hace algo más de dos años contra los responsables de Costas (dirigida por aquel entonces por el PSOE), a los dirigentes del actual Gobierno del PP.
Domingo, si bien es alcalde por las filas populares, ha sido crítico con la política de su partido en referencia a su postura con la problemática de la costa norte. “Entiendo la decisión de la entidad porque es cierto que la Administración central ha hecho pública en reiteradas ocasiones su intención de actuar en la zona para frenar la regresión pero, hasta ahora, no ha hecho nada”, señaló en munícipe, a la vez que apuntó que su deber como primer edil es “mirar por defender los intereses del municipio”.
Domingo aseguró que ve con buenos ojos que el colectivo haya optado por ejercer medidas de presión, como la de acudir a los tribunales, encaminadas a conseguir su propósito, que no es otro que el Estado, “independientemente del color político, cumpla con la obligación de poner en marcha los medios y actuaciones pertinentes para prevenir la degradación y asegurar la adecuada conservación e integridad del dominio marítimo terrestre, tal como se contempla en los artículos 1 y 2 de la Ley de Costas”.
Precisamente, la omisión de esta responsabilidad fue la que llevó a los ciudadanos, en abril del 2011, a presentar una querella ante el juzgado de instrucción número 2 de Vinaròs en la que denunciaban a la administración socialista por prevaricación y que, ahora, en menos de 10 días, incluirá al gobierno popular, argumentando las mismas causas.
“La ley nos ampara y si no se lleva a cabo la obra, vamos a seguir adelante con las acciones jurídicas”, aseguró el presidente de la plataforma, Manuel Roca.

miércoles, 6 de noviembre de 2013

Los vecinos de la costa norte de Benicarló incluirán en su querella a los dirigentes del PP

La primera denuncia por "prevaricación" contra los responsables socialistas de Costas sigue activa en los juzgados

La Asociación de vecinos de las partidas Riu, Surrac y Aiguadoliva de Benicarló ampliarán la querella presentada en su día contra la dirección general de Costas a los dirigentes del actual gobierno del Partido Popular. Los propietarios denunciaron en abril de 2011 ante el juzgado de instrucción número 2 de Vinaròs a los responsables de la administración socialista por la falta de interés en solucionar los problemas de regresión en la costa norte. 


En ella acusaban a los responsables de la Dirección General de Costas de "prevaricación". El juzgado admitió a trámite la querella en su día y llamó a declarar a varios de los responsables de Costas en la etapa socialista. Ahora, junto a sus nombres, estarán los responsables del área del gobierno de Mariano Rajoy.

Para el presidente de la plataforma vecinal, Manuel Roca, el actual gobierno "se ha limitado a hacer anuncios ante los medios de comunicación sobre su intención de llevar a cabo las obras pero sin llegar a hacer nada". "Los únicos trabajos que se van a llevar a cabo previsiblemente serán pedazos y no los trabajos de protección integral que reclamamos desde la asociación por eso en un plazo de 10 días presentaremos la ampliación de la querella", indicó el portavoz del colectivo. 
Así las cosas, Roca considera que "tensar la cuerda" es la única solución para empujar al ejecutivo a actuar. "Hemos visto que sin tensar la relación no conseguimos nada, así que vamos a presionar y a ver si conseguimos que actúen, ya que el compromiso que adquirió el gobierno de Rajoy era acabar las obras en 2015, no comenzarlas entonces", espetó Roca. 

Los vecinos denunciaron a Costas al considerar que no han cumplido con los artículos 1 y 2 de la ley de Costas, que contemplan la obligación del Estado de asegurar la adecuada conservación e integridad del dominio marítimo terrestre, adoptando las medidas de protección y restauración necesarias. Unas medidas que en el caso de Benicarló nunca han llegado y que desde la ampliación del puerto de Vinaròs en los años 90 son más que necesarias ya que, año tras año, la acción del mar ha ido erosionando el litoral produciendo graves desperfectos en propiedades privadas llevándoles a una "situación insostenible e incomprensible". En este sentido, los vecinos recuerdan que la ley de Costas "obliga al gobierno a actuar dentro del dominio público".

domingo, 3 de noviembre de 2013

El gobierno español necesita 4 meses para certificar que Guadalajara no tiene costa



El ejecutivo del PP del Estado español queda retratado al contestar una pregunta, formulada por el PSOE, simple y vacía de sentido

La farragosa burocracia y lentitud de la administración pública española que ya criticaba Mariano José de Larra en su famoso artículo costumbrista ' Vuelva usted mañana 'parece haberse trasladado al Congreso de los Diputados español. El gobierno de España ha quedado retratado para contestar una pregunta simple y vacía de sentido 4 meses después de ser formulada por el grupo socialista. Los diputados del grupo parlamentario del PSOE, José Luis Ábalos Meco y Magdalena Valerio Cordero, preguntaron el mes de abril como afectaría la Ley de Costas a la provincia de Guadalajara. 
4 meses más tarde han obtenido respuesta por parte del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes a través del BOCG (Boletín Oficial de las Cortes Generales) . Aquí la respuesta: "La provincia manchega se encuentra a más de 300 kilómetros de la costa, por lo tanto no está afectada por la Ley de Costas" . Este hecho ha sido fuente de burlas en las redes sociales, donde se han podido leer comentarios que reflexionaban con tono irónico cuánto tiempo tardaría el ejecutivo del PP español en dar respuesta a preguntas más complejas.