La contribución especial, recogida en la nueva ley de Protección del Litoral, es «un «abuso», a juicio de los afectados
La nueva contribución vecinal obligatoria para sufragar reformas y obras en paseos marítimos, que contempla la ley de Protección del Litoral, aprobada el miércoles en el Senado, ha caído como un jarro de agua fría entre los habitantes de la costa asturiana, que tildan de «abuso» la tasa, que será regulada por decreto en cada caso concreto.
El Gobierno justifica la exigencia de una cantidad extra por considerar que los arreglos en los paseos costeros aumentan el valor de los bienes de las cercanías. La nueva ley afecta de lleno a la parroquia gijonesa de Somió. «No doy crédito. Viendo cómo están las cosas, es lo que nos quedaba por escuchar», asegura Soledad Lafuente, presidenta de la Asociación de Vecinos «San Julián».
La línea de costa de la parroquia de Somió va desde la zona de El Rinconín a la playa de La Ñora. Esta franja, que dentro del concejo de Gijón sería directamente afectada por la nueva legislación, ya cuenta con un sendero peatonal. Lafuente considera «increíble» que los dueños del terreno que la Administración expropió en su día «a cuatro duros» tengan que sufragar las mejoras que se realicen en el futuro. «Pero si los propietarios ya aportaron el suelo y, en la zona baja de Somió, lo tienen inmovilizado, sin poder hacer nada, desde hace 30 años», incide la presidenta vecinal de la parroquia. Lafuente cuestiona, además, que las actuaciones en los paseos aumenten el valor de las propiedades que se sitúan en sus inmediaciones. «Principalmente porque estamos hablando de un sendero que no se hizo para los vecinos de Somió, sino para disfrute de todo Gijón».
«Lo veo mal, muy mal. Ahora es todo pagar». Así de rotunda se muestra Laura Orviz, propietaria de un bar en el paseo marítimo que une Candás con Perlora. Orviz considera que la medida que prevé la nueva normativa es «un abuso». Opina que en el caso de que el paseo marítimo local sea reformado, los propietarios en la costa no serían los únicos beneficiados, por tanto cree que la medida debería extrapolarse al resto de vecinos del concejo.
Luis Argüelles, de 45 años, de Perán (Perlora), llevaba años esperando como agua de mayo por la nueva ley de Costas, para poder reformar y disponer de un inmueble ubicado en la bahía de Perán actualmente en ruinas, del que es copropietario con su familia. «La ley de 1988 no nos permite tocarlo. Yo nací allí y me gustaría poder vivir en él», explica. Argüelles manifiesta su desacuerdo absoluto con la norma. «No pienso pagar», sentencia. Además, «¿qué culpa tenemos nosotros de vivir en la costa?, se pregunta. «Muchos no lo hemos elegimos; igual que compré un piso en Perlora lo podría haber cogido en otro punto de Candás», insiste.
«Es una barbaridad». Así de contundente se muestra el ex alcalde de Castrillón por el PP José María León Pérez, actual militante de Foro. «Estoy indignado. Con esa decisión los ministros evaden responsabilidades y lo pagamos, como siempre, los ciudadanos», afirma. «Costas cuando tiene un problema cambia las leyes para solucionarlo», añade.
En Luanco algunos hosteleros estiman que pagar por las mejoras en el paseo marítimo puede ser positivo si repercute en la llegada de más visitantes. «De lo contrario, nos seguirán hundiendo en la miseria», señalan. Aún así, «todo lo que sea pagar no es bueno y más aún con la crisis actual», precisa uno de los empresarios.
Luis Pablo González, propietario de un hotel en primera línea de playa de Ribadesella, califica la medida de «barbaridad» y «abuso total». Critica que se haya tramitado «a traición». Más aún porque los propietarios de primera línea soportan unos valores catastrales «que están fuera de mercado» y «son, en buena parte votantes del PP», asevera.
