Un grupo inversor proyecta una isla artificial de lujo frente a Barcelona

Una isla artificial, como las construidas en Dubái, en plena costa de Barcelona. Una inversión de 1.500 millones de euros que incluye hoteles y viviendas de lujo, con forma de una gran nave espacial. Pisos a partir de 495.000 euros y áticos de 20 millones. Todo conectado a tierra firme con una gran pasarela. Y ecosostenible, aseguran sus promotores. 

Parece un bulo de los que corren por las redes sociales, pero sus responsables insisten en que la idea va en serio. Para ello ya han hecho un primer proyecto, que venden con aires de lujo y seguridad inversora en la página de Internetwww.barcelonaisland.com. El Ayuntamiento de la capital catalana, por su parte, confirmó ayer que los promotores —el fondo de Apogee Investors y Mobilona, ambos estadounidenses— ya han comunicado oficialmente sus intenciones. Una portavoz de Barcelona Island asegura que también están en contacto con las autoridades catalanas y españolas, aunque ninguna lo confirma.

“Será la isla artificial más grande de Europa y su Torre Galaxy tendrá 300 metros de alto, el hotel más alto del continente”, asegura vía correo electrónico Jerome Bottari, presidente de Mobilona, que también tiene proyectos similares en Hong Kong y Los Ángeles. La empresa se creó solo hace un año y el pasado 2 de mayo firmó un acuerdo con Apogee —creada en 2009 en Delaware, Estado de EEUU conocido por su laxa fiscalidad— para dirigir la financiación de las obras de la isla. Bottari, de origen francés, tiene un gran recorrido en el mundo de los yates de lujo y trabajó en Singapur en una empresa de pequeñas aeronaves.

Los promotores son herméticos sobre el sitio donde hipotéticamente se construiría la isla o sobre sus dimensiones, alegando la necesidad de “confidencialidad debido al volumen de la operación”. “Estamos trabajando con Barcelona y Cataluña para determinar la mejor ubicación para el proyecto, una que sea favorable para los vecinos y atractiva para los visitantes. También buscamos una buena localización para nuestras plantas de energía verde, que aseguran la sostenibilidad de la isla y la región”, explica Bottari.

Se trata de un difícil puzle teniendo en cuenta el litoral catalán. La Autoridad Portuaria de Barcelona está prácticamente en el centro de la ciudad. El aeropuerto de El Prat siempre se planteó una posible extensión utilizando una isla artificial, como lo hace el de Kansai, en Japón, aunque la crisis apagó el plan. Una portavoz del Ministerio de Agricultura recuerda que este tipo de proyectos necesita demostrar “un uso compatible con el interés general, como lo manda la Ley de Costas” y deja la pelota en el techo de la Generalitat. El Departamento de Territorio y Sostenibilidad dice que la decisión tendría que tomarse en Madrid. Líos burocráticos en un país donde las islas artificiales no son, de momento, muy comunes. Bottari argumenta que la isla “tendrá parques y playas públicas”.

El Ayuntamiento de Barcelona asegura que tiene la obligación de analizar y atender cualquier petición que llegue. Sin embargo, aclara que “cualquier proyecto que quiera tirar adelante se ha de ajustar y encajar con el modelo de ciudad”. Fuentes el Consistorio, sin embargo, ven la iniciativa con recelo. Las críticas no solo ponen en duda la estética, sino que objetan el tiempo que tardarían los permisos medioambientales. A diferencia de Dubái, apuntan otras fuentes, el litoral catalán es profundo cerca de la playa.

Bottari asegura que está en el proceso de “hacer de Barcelona su casa y su primera residencia”, y que todo el equipo administrativo del proyecto “será residente de Cataluña”. “Queremos crear empleo y haremos negocios con compañías locales”, asegura. Y como ejemplo pone que el diseño de los edificios está firmado por Erik Morvan, un arquitecto francés radicado en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona). El despacho de Morvin declinó a hacer declaraciones.

La inspiración espacial de los edificios no solo se ve en las fachadas de los edificios. También estará en el interior de las habitaciones. “Estarán dotadas de sistema de Internet, habrá un observatorio astronómico y paneles de inmersión para que huéspedes y habitantes disfruten de las imágenes más asombrosas vistas del universo”.

A pesar del escepticismo, la historia reciente de Barcelona está llena de ideas polémicas. Aún se espera la llegada de un hotel-barco desde Malasia. Cuando se negociaba si Eurovegas llegaba a Cataluña, se llegó a plantear que los edificios estuvieran inspirados en la obra de Antonio Gaudí.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/18/catalunya/1368873642_884288.html

Costas y la realidad gallega

El impacto de la reforma de la Ley de Costas en Galicia en gran medida tiene que ver con la disposición transitoria tercera. Gran parte de la conflictividad que esta norma plantea en Galicia tiene que ver con los asentamientos poblacionales de hecho existentes, pero de derecho no reconocidos (a efectos urbanísticos); tal como es el caso de Aduana de Corón?As Sinas, en Vilanova de Arousa. La problemática consiste en que a situaciones consolidadas e incluso fomentadas por la administración, jurídicamente no se les reconoce la cualidad de asentamiento, es decir no se los reconoce como suelo urbano o suelo de Núcleo Rural, y determina, que la servidumbre de protección en esas zonas sea de 100 metros. Con la reforma de la Ley de Costas, tal y como se configura en este momento, los parámetros exigidos para el reconocimiento jurídico de los núcleos (y la consiguiente rebaja de la servidumbre de protección de 100 a 20 metros) dan más posibilidades que la norma actual, pero, no obstante, siguen siendo unas exigencias estrictas y referidas al año 1988, por lo que es posible que siga sin conseguirse la adaptación de la realidad jurídica a la realidad física y social; y así incluso antes de entrar en vigor esta reforma ya es una norma obsoleta en ese sentido.

Requisitos excesivos

El que la servidumbre de protección en una zona sea de 20 o 100 metros estriba en que en tal zona se reconozca la entidad jurídica del asentamiento poblacional y en la actualidad para tal reconocimiento se exige que los terrenos tuviesen la clasificación de suelo urbano o núcleo rural en el año 88. La modificación de la disposición transitoria tercera de la Ley de Costas puede dar una oportunidad para el reconocimiento de los núcleos en la costa, no obstante, no será un reconocimiento inmediato, sino que para el mismo será necesario que los ayuntamientos realicen las correspondientes modificaciones de planeamiento o planes especiales de delimitación de núcleos, justificando cumplir unos requisitos quizá excesivos para la tradición gallega.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2013/05/19/costas-realidad-gallega/0003_201305A19C19914.htm

¿A quién pertenecerán las viviendas que Rajoy evita mirar cómo impiden el libre paso por la playa? 

Perjudicados por la Ley de Costas (por Ricardo Melchior Navarro - Presidente del Cabildo Insular de Tenerife)

El Gobierno del Estado sigue empleando un rasero distinto con Canarias, cuando se nos mide con otras comunidades autónomas. El hecho podría entenderse positivo si estuviéramos refiriéndonos al respeto de las singularidades isleñas, en relación al distinto -y distante- territorio continental. Pero no van por ahí los tiros, sino todo lo contrario. Como acabamos de comprobar con la reciente aprobación de la reforma de la Ley de Costas, a cargo del Congreso de los Diputados, el Partido Popular vuelve a menospreciar a las Islas, al atender las peculiaridades de puntos del litoral mediterráneo o del archipiélago balear y hacer caso omiso de situaciones pendientes de resolver en Canarias.
 
Tales situaciones no responden a capricho sino que están relacionadas con las particularidades de índole histórica, cultural y etnográfica que reúnen muchos núcleos costeros de las Islas, donde queda abierta la puerta a la acción de las palas. Sin embargo, a tenor de la reforma que acaban de aprobar las Cortes, no sucederá lo mismo en una serie de localidades de la Península y Baleares, que salen airosas en esta criba. Podría parecernos bien, en la salvaguarda de sus intereses, si no fuera por ese trato diferente -y pernicioso- con el que se legisla para Canarias.
 
El perjuicio recaerá sobre gente sencilla, que habita desde hace décadas en núcleos

EL SAUZAL (Tenerife)

marineros con valor etnográfico, y en instantes difíciles como los presentes, cuando se agudiza la crisis. Muchas de esas personas fueron visitadas, en tiempo de campaña electoral, por algunos de los que ahora se sientan en el Congreso y el Senado para votar con sumisión lo que ordene su jefe de filas. Da igual qué tipo de promesas les hicieron sobre la supervivencia de sus propiedades en el litoral, que no son ni mansiones con piscina ni complejos turísticos en primera línea.

 

La situación es sencilla: Canarias, el territorio del Estado con más kilómetros de costa, queda fuera de las excepciones dispuestas por el PP para la isla de Formentera y una docena de núcleos mediterráneos. Así de claro y rotundo. Como sostiene la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que se ha rebelado contra esta injusta situación, la norma omite aquellos núcleos costeros y pesqueros tradicionales existentes con anterioridad a la Ley de 1988, cuya realidad social y económica nunca fue considerada adecuadamente, y cuyos valores etnográficos o arquitectónicos tampoco hallan protección en el nuevo texto, que únicamente establece la prelación de bienes de interés cultural. 

EL SAUZAL (Tenerife)

Por si fuera poco, los populares también impidieron que prosperase la enmienda presentada por los nacionalistas canarios acerca de la paralización de derribos en núcleos afectados por demoliciones, allá donde estén aprobadas operaciones de reposición de viviendas por la administración competente, en tanto no se cuente con dichos inmuebles y se garantice el traslado de los ciudadanos. Tampoco por ahí quisieron entrar estos mudos representantes de las Islas, por más que en sus memorias, seguramente, figuran todavía las dramáticas imágenes de un desalojo que dieron la vuelta a España. 

 

Como hemos comentado en otras ocasiones, abogamos por la cogestión del litoral, una vieja reivindicación del Cabildo de Tenerife, de tal manera que no sólo sea Madrid quien tome las decisiones relativas al litoral isleño sino que participen también las administraciones locales, como de hecho sucede en otros territorios. Estamos seguros de que evitaríamos así situaciones tan injustas y desproporcionadas como las comentadas, que ponen también de manifiesto -una vez más- la falta de consideración del Gobierno central hacia los derechos singulares de las Islas.

http://www.universocanario.com/opinion/politica/ricardo-melchior-navarro/311533

La Ley de Costas y Berriel

Vecinos de la playa de Nules reivindican el mismo indulto que el Gobierno ha concedido a las viviendas de Xilxes

La reforma de la Ley de Costas, aprobada la semana pasada en el Congreso, no ha satisfecho a los 242 vecinos de Nules afectados por el dominio público marítimo-terrestre. Valoran que la nueva normativa amplíe las concesiones de las viviendas hasta 75 años, ya que las autorizaciones iban a caducar en 2018 con el consiguiente riesgo de derribo. Sin embargo, lamentan que el texto legal no reconozca la propiedad a aquellos vecinos que tienen las escrituras de sus parcelas. 

La presidenta de la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen de Nules, Marisol Ballester, cree que el municipio debería recibir la misma consideración que Xilxes, cuyas viviendas de playa han sido indultadas con la nueva normativa, como en otras 11 localidades españolas.

Una de las opciones que barajan los vecinos para regularizar sus viviendas es la de impugnar el deslinde, es decir, pedir una revisión del dominio público marítimo-terrestre de manera que las construcciones queden fuera de la zona de protección. Y es que la ley recoge la posibilidad de pedir un nuevo deslinde en aquellas playas que ganen terreno al mar. Sin embargo, no es el caso de Nules. La presidenta de la asociación vecinal denuncia que en los últimos años el Gobierno no ha invertido en conservar los espigones y evitar la regresión de la costa, por lo que no podrán pedir la revisión del dominio público si no se regenera antes la playa. 

Esta reivindicación también la comparte el alcalde de Nules, Mario García, quien ha pedido mayor inversión al Gobierno en la regeneración de la costa. Eso sí, García justifica la amnistía exclusiva de Xilxes, el único municipio de la provincia cuyas viviendas han sido indultadas. Recuerda que esta localidad, al contrario que Nules, ya sufrió derribos hace tres décadas y que entonces se inició un trámite para regularizar el resto de viviendas. Un trámite que no llegó a cerrarse y que ahora el Gobierno ha zanjado con el indulto.

En la provincia hay unas 600 viviendas de playa afectadas por el dominio público repartidas entre Almenara, Xilxes, Moncofa, Nules, Burriana, Almassora, Benicàssim y Cabanes. Ahora tienen un plazo de dos años para presentar la documentación y pedir la prórroga de las concesiones para un máximo de 75 años.

http://www.radiocastellon.com/index.php?noticia=20173

Cho Vito reitera que Costas le tapó datos sobre el “verdadero”deslinde

 La jefa de la Demarcación de Costas, Teresa Sánchez, aseguró el viernes que este organismo entregó a los vecinos de Cho Vito “toda la documentación que legalmente se les ha podido dar”, con lo que, preguntada por este diario en rueda de prensa, negaba de plano las acusaciones de que ha sido objeto por parte de los afectados, en el sentido de que se les negó el acceso a consultar el expediente completo mientras duró el litigio judicial que acabó con el derribo de sus casas para recuperar el dominio público y construir un paseo.

Pero las familias del desaparecido Cho Vito no dan por buena esta explicación ni la ratificación de estas palabras por la delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento. Por eso, ayer anunciaron que presentarán un recurso contencioso administrativo para intentar demostrar que las sentencias firmes que avalaron los derribos se dictaron con “un documento falso” porque el deslinde fijado en 2001 debía coincidir con el de 1969, según certificó en 2000 el entonces ingeniero jefe, Manuel Barrios, cosa que al final no fue así, por lo que casi todo el poblado quedó en el corredor de la muerte.

“Nuestras condenas firmes se basan en un acto administrativo, el del deslinde, que es nulo por erróneo, y los jueces nunca vieron estos papeles, por lo que no se puede decir que lo nuestro sea ya sea cosa juzgada, porque han aparecido nuevas pruebas”, manifestó ayer un portavoz de Cho Vito, Antonio Alonso, quien confirmó que el Ministerio de Medio Ambiente ya les ha rechazado su alegación en este sentido, lo que les aboca a intentar el más difícil todavía: reabrir un caso con sentencia ya firme. El viernes, la jefa de la Demarcación ya dejó claro que las alegaciones y los recursos de Cho Vito “se han tramitado y los tribunales han dado la razón a Costas”. ¿Pero dio realmente este organismo público todos los documentos que solicitaron los afectados antes de las sentencias? La técnico responsable de este organismo ha dicho que sí, pero los vecinos afirman que no, y para intentar acreditarlo han remitido a este diario cinco escritos, dos de 2010, con peticiones, no satisfechas, para obtener el expediente administrativo completo relativos a dos viviendas y otras tres peticiones de acceso al expediente del paseo marítimo, registradas en 2012.

Y es que las familias que vivían en Cho Vito sostienen que la tramitación de este proyecto, con el que se justificó la demolición incluso de casas en servidumbre, no las tiene todas consigo. “Consideramos que se cometieron irregularidades,como que el Consejo de Ministros no lo declarara de utilidad pública ni aprobara una declaración de impacto ambiental con el argumento de que son solo proyectos de mantenimiento y conservación, cuando no es así, y además, creemos que se han usado indebidamente fondos europeos para demoler nuestras casas ”, sostuvo Alonso, cuya vivienda se tiró pese a que, como comprobó luego, fotos y planos situaban el mojón del deslinde delante de la edificación.

A su juicio, “ha habido un secreto enorme sobre todo este asunto, vulnerando derechos” reconocidos en la ley 27/2006 que obliga a las administraciones públicas a dar acceso a la información sobre medio ambiente, y el Convenio internacional de Aarhus sobre esta materia.

Los nuevos papeles aportados por Cho Vito los publicó este diario en noviembre pasado, días antes de los últimos derribos, y la Subdelegación del Gobierno no quiso dar entonces su versión al respecto, pese a la insistencia de este diario. Le dieron seis meses después, el viernes, la delegada del Gobierno y la jefa provincial de Costas, a preguntas de este periódico, en rueda de prensa sobre la recién aprobada Ley de Costas.

http://www.diariodeavisos.com/cho-vito-reitera-costas-tapo-datos-sobre-verdaderodeslinde/

La ley del embudo

 EL Consejo de Ministros ha aprobado una nueva ley de costas y varios miles de familias en Galicia, cuyo único delito era tener una casa en la zona de protección de costas, podrán dormir más tranquilas. Pero en estos años he visto tantas injusticias y tantas barbaridades consentidas que se me revuelven las tripas.

La llaman ley de costas pero debiera llamarse la ley del embudo: ancha para unos y estrecha para otros. En estos años he visto derribar viviendas unifamiliares de pobres diablos, total o parcialmente, porque al rehabilitarlas la altura o la forma del tejado excedía 50 cm. Y he visto chalés de personas influyentes construidos ilegalmente desde el primer ladrillo que siguen y seguirán en pie. Hagan memoria de lo que han leído en la prensa o escuchado en el Parlamento.

He visto edificios ilegales en primera línea de playa que reportaron pingües beneficios a sus promotores, en algunos casos políticos, que ni se han demolido ni han pagado la correspondiente sanción porque se le ha perdonado por ley. Otros pobres diablos no solo tuvieron que pagar a tocateja sus sanciones, sino que con intereses. Conozco casos.

He visto, en fin, construir chalés de personas pudientes y bien relacionadas encima de la playa porque a su tiempo se declaró urbanizable su parcela. ¿Casualidad? Y he visto edificios cuya licencia se concedió antes de la ley de costas, aunque se construyeran mucho después. ¡Qué previsión!

Podría seguir, mas ¿para qué?

Catedrático de Filosofía

http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/ley-embudo/idEdicion-2013-05-13/idNoticia-806235/

La Ley de Costas arrasa Canarias

Decenas de núcleos tradicionales costeros podrían acabar siendo demolidos

La reforma de la Ley de Costas, que acaba de ser aprobada tras su paso por el Senado, puede suponer el derribo de al menos setenta núcleos de población canarios, algunos de ellos con casas de más de doscientos años de antigüedad. Mientras que en la Península y Baleares se salvarán miles de viviendas irregulares, pueblos enteros y toda la isla de Formentera, la ley se ensaña con Canarias, que no ha conseguido la amnistía para ninguno de sus asentamientos históricos.

Aquí va a pasar como con los desahucios; mientras no empiece a suicidarse la gente, no cambiarán la ley”. Antonio Alonso, miembro de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), no encuentra mejor manera de ilustrar qué efectos va a tener la modificación de esta norma en las Islas Canarias. Según sus cálculos, en el archipiélago hay unas 10.000 edificaciones afectadas, repartidas en 109 núcleos costeros tradicionales, de los cuales más de setenta están seriamente amenazados por la piqueta. Todos, en mayor o menor medida, incumplen la nueva normativa, cuya modificación más relevante es la reducción de 100 a 20 metros de la zona de servidumbre de protección. Esto, que se ha interpretado como una amnistía para cientos de edificaciones y que puede abrir la puerta a un nuevo ladrillazo en toda España, apenas afectará a los núcleos costeros tradicionales canarios, muchos de los cuales tienen casas construidas dentro Marítimo Terrestre (DPMT), algunas con sentencia firme de derribo dictada por el Tribunal Supremo. Ejemplo de ello son los barrios de Tufia y Ojos de Garza, en Telde (Gran Canaria), donde distintas autoridades isleñas es están presionando para que al menos se retrase la demolición hasta que los propietarios sean realojados.

El senador de El Hierro por CC, Narvay Quintero, ha intentado introducir, entre otras enmiendas a la ley, una que recogiera el valor etnográfico, arquitectónico e histórico de muchos de estos núcleos poblacionales, pero no ha conseguido su propósito. “Hay un claro agravio comparativo. En la reforma figuran hasta doce pueblos indultados en la Península con similares condiciones que otros canarios. Hace unos días metieron con calzador Moaña, en Pontevedra, y Xilxes, en Castellón, mientras que no se salva ni un solo pueblo del archipiélago.

Se están riendo de nosotros”, señala el senador herreño. Precisamente, la isla de El Hierro reúne similares características que Formentera, amnistiada en la nueva normativa “debido a su especial configuración geológica”. “Si le han dado ese estatus a Formentera, también se lo podían dar a El Hierro”, añade Quintero, que no solo carga las tintas contra el Gobierno central: “Los políticos canarios tenemos nuestra parte de culpa por no haber hecho la defensa necesaria de las poblaciones afectadas”. No duda, por otra parte, que el hecho de que no haya un pacto de Gobierno entre el PP y CC “ha influido decisivamente en que Canarias se vea perjudicada frente a otras comunidades”.

Del valor etnográfico de sus casas dan cuenta Montserrat Acosta y Daniel Morales, presidenta y secretario de la Asociación de Vecinos del Pozo de las Calcosas, un asentamiento de El Hierro que cuenta con edificaciones de más de doscientos años de antigüedad a pie de mar y que está condenado a desaparecer si se aprueba la nueva normativa. “Hemos intentado mantener el estilo arquitectónico tradicional, construyendo las casas con piedra, madera y colmo, la paja del centeno. No son casas de residencia habitual, sino que se ocupan un mes al año, en agosto, con la llamada ‘mudada’, un cambio de residencia estacional que se viene practicando en El Hierro desde el siglo XVII”, afirma Montserrat. Salvo dos o tres construcciones, todas datan de antes de 1988, fecha en que se aprobó la Ley de Costas. En principio, deberían quedarse en pie, pero no cumplen ninguno de los dos requisitos que contempla la nueva normativa: que antes de esa fecha tuvieran agua, luz, acceso rodado y sistema de evacuación de aguas residuales; o bien, que al menos un tercio de la zona afectada estuviera considerado  como núcleo urbano consolidado. El acceso rodado no existe: “Todo lo hemos bajado a mano, durante años, los vecinos del Pozo”, dice Daniel, cuya familia lleva tres generaciones allí instalada. Además, El Pozo está calificado como suelo rústico y ninguna de ellas es primera vivienda. Hay edificios que tienen abierto un expediente de recuperación posesoria, trámite previo a la orden de demolición. Y también otros que, aun siendo legales, rompen con sus paredes de cemento y sus ventanas de aluminio el aspecto tradicional de todo el entorno.

Otras poblaciones de El Hierro, como El Tamaduste o La Caleta, tienen edificaciones expedientadas por Costas.

TENERIFE, LA MÁS AFECTADA

De toda Canarias, la isla de Tenerife es la que cuenta con mayor número de núcleos afectados por la Ley de Costas.

Uno de ellos, Bocacangrejo, antiguo barrio pesquero de El Rosario, sigue dando cobijo a 930 vecinos, gente en su mayoría de origen muy humilde que habita en su primera y única vivienda. Todos pagan contribución urbana, muchos tienen escritura de propiedad anterior a 1988 y algunos, como Isaura Cruz, llevan allí más de setenta años. Su casa, una cueva habilitada como vivienda, llega casi al borde del mar. “¿Por qué me van a echar ahora? –se pregunta–. Al menos, que me den un cuartito donde no estorbe hasta que me muera”. Más claro lo tiene su vecino Rafael, un pescador retirado que también habita una cueva al pie de una pequeña caleta: “Esta es mi vida. Si me vienen a echar, antes me rajo el cuello y aquí me quedo para siempre”. Muchas casas de este enclave invaden el dominio público marítimo terrestre y tienen los días contados. Pero no deja de sorprender que, pese a que lo prohíbe la ley vigente, aún se sigue construyendo dentro de la servidumbre de protección, tal como denuncia Estéfana, representante de los vecinos de Bocacangrejo.

Pocos kilómetros más al sur se alza Radazul, una urbanización de alto standing donde cambia totalmente la situación:
“Aquí se permitió, pasado 1988, que se echara relleno al mar [una medida prohibida por la ley], a fin de ganar unos metros y que muchos edificios quedaran fuera del deslinde del DPMT. Costas debería explicar por qué lo autorizó”, asegura Antonio Alonso. Una estrategia a la que hay que sumar la destrucción de medio acantilado para encajar en él hasta diez edificios de ocho plantas.
La mayoría de los afectados se quejan de que, mientras ven peligrar sus casas, decenas de hoteles ubicados por todas las costas canarias podrían ver ampliada a 75 años su concesión. Un caso muy ilustrativo es el del Oliva Beach, en plenas dunas de Corralejo (Fuerteventura), que lleva años pleiteando sobre su legalidad. E incluso cuenta con el apoyo de senadores como el socialista Domingo Fuentes Curbelo, preocupado por salvar “los más de 400 puestos de trabajo directos y muchísimos indirectos” que dependen de este hotel, tal como afirmó hace unos días en el diario La Provincia.

DOBLE RASERO

En El Médano (Granadilla, Tenerife) se alza el hotel del mismo nombre, con toda su terraza sostenida por unas columnas que se adentran en el mar. Costas dio permiso para arreglarlas ante el riesgo de derrumbe. Así lo afirma el actual dueño del edificio, Álvaro Alcalá Galiano, que alega gozar de una concesión “muy anterior a la Ley de Costas y que era por tiempo ilimitado”. Un asunto que tienen recurrido ante los tribunales.
“El caso está sub iúdice, y andamos a la espera de lo que ocurra con la reforma de la ley. Se habla de que podrían ampliar la concesión 75 años más. Aparte, aquí nadie quiere que se tire el edificio, pues mantiene comercialmente a todo El Médano”, dice el hotelero.
Unos metros más allá del hotel, en toda la línea de casas que invaden el deslinde del DPMT –y que también podrían ser derribadas–, se puede ver estos días cómo una empresa constructora está rehabilitando una casa recientemente adquirida por una propietaria rusa. Algo que contrasta con muchas otras edificaciones de Tenerife, condenadas a la ruina precisamente por la prohibición de Costas de hacer obras de rehabilitación, con la excusa de que están invadiendo el DPMT. Es el caso del barrio marinero de El Caletón de La Matanza, donde viven unas 120 familias y donde está planeada, además, la construcción de un paseo marítimo que afectará a casas que podrían haberse salvado tras la aprobación de la nueva Ley de Costas. “Nos quieren tirar
por feos”, dice Elena Hernández, propietaria de una casa comprada en 2003 y representante vecinal de El Caletón.

“La casa es anterior a 1988 y se podría salvar, pero ahora, con el proyecto del paseo, y con el deslinde recurrido, puede peligrar nuestro futuro y el de muchas otras edificaciones”, asegura. Frente a su terraza, colgadas de un acantilado, se ven las ruinas de un inmenso edificio destinado a apartamentos que no se terminó por la quiebra de la constructora:
“Se están cayendo los paneles de cemento al mar, con el peligro que eso conlleva. Y sin embargo Costas no hace nada”, añade Elena. Su marido, Eduardo, es abogado y lleva años luchando por defender a las familias de El Caletón.

Como tantos otros dueños de casas anteriores a la Ley de Costas de 1988, tiene muy claro que el desalojo supone “una vulneración del derecho fundamental de la propiedad”. A falta de su definitiva aprobación en el Congreso y el posterior desarrollo del reglamento, la nueva Ley de Costas podría abrir la puerta a un nuevo ladrillazo en detrimento de numerosos núcleos costeros tradicionales. Así lo afirma Carmen del Amo, presidenta de la AEPLC: “Toda la costa está programada. Existen nuevos proyectos en los que es imprescindible la desaparición de los núcleos tradicionales costeros”. No anda desencaminada. 
Antonio Alonso dice que hay planeados varios campos de golf en el litoral norte de Gran Canaria, “que estarán ubicados más allá de los veinte o cien metros que marquen la servidumbre de protección, y serán legales, pero no quieren tener la mala imagen de nuestros viejos poblados costeros en primera línea de playa”.


EL TRISTE EJEMPLO DE CHO VITO

■ El futuro de muchos núcleos costeros canarios se refleja en el triste presente de los vecinos de Cho Vito, un barrio del municipio tinerfeño de Candelaria cuya demolición, iniciada en 2008, fue portada de todos los medios informativos.

Las últimas casas fueron derruidas el pasado mes de noviembre; entre ellas la de David Luis, tataranieto de Cho Vito, el fundador de este enclave. “David sigue pagando a duras penas el crédito que pidió por amueblar la casa que le han tirado”, dice José Antonio Luis, su padre, también desalojado de una casa aledaña. Mientras las autoridades insulares presumen del nuevo paseo marítimo construido donde se alzaba el barrio marinero, sus antiguos moradores siguen clamando justicia.

Como única indemnización solo consiguieron que les pagaran un alquiler social por 24 meses. “Hemos pasado de ser propietarios a vivir de la caridad de la Administración”, dice Soledad, una de las desalojadas de lo que fue su primera vivienda, con escritura pública incluida. Como ella, muchos otros vecinos tienen recurrido el derribo de sus casas y han llevado el asunto a la Comisión Europea. Una vez que se pronuncie, trasladarán su caso al Tribunal de Justicia Europeo.

No deja de ser chocante que la Administración local continúe cobrándoles, por ese hogar que ya no tienen, el recibo del IBI, y que aún sigan declarándolo a Hacienda. “Implícitamente están reconociendo nuestros derechos. Ellos sabrán”, ironiza Soledad desde una gruta abierta al mar que fue, durante años, la cocina de su casa-cueva.

 

INTERVIÚ 29/04/2013 reportaje de CARLOS BARRIO       cbarrio.interviu@grupozeta.es

Los afectados por la Ley de Costas en Vilaboa plantean retomar las protestas

Se sienten agraviados respecto a otros núcleos históricos reconocidos - Piden a la Xunta que "salve" el centenar de viviendas excluidas en el municipio o "habrá movilizaciones"

Los afectados por la ley de Costas en Vilaboa no descartan retomar las movilizaciones para demandar el reconocimiento de los núcleos costeros históricos en este municipio. "Todo dependerá de cómo vaya transcurriendo esto", indicó uno de sus portavoces. "No sabemos si la Xunta nos va a apoyar para solucionar todos los casos, o si va a aplicar la ley al pie de la letra, desde luego mientras haya afectados seguiremos luchando", advirtió Diego Canosa.

"Nos vamos a quedar fuera, no nos van a solucionar el problema". Es el temor que expresó otro de los portavoces de la comisión de afectados de Vilaboa, Enrique López, que junto a representantes vecinales y portavoces políticos de este municipio, encabezados por su alcalde, José Luis Poceiro, se reunió ayer en Pontevedra con el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández.

Son aproximadamente un centenar de viviendas las que se quedarán fuera de los núcleos costeros en este municipio. "Pedimos que se legalicen esas viviendas porque están en núcleos tradicionales", añadió López.

Los vecinos de Vilaboa quieren un trato equitativo respecto a los residentes de otros núcleos costeros que fueron finalmente desafectados de la franja costera. "Nos alegramos de que otros solucionasen su problema, pero evidentemente sentimos un agravio comparativo", añadió este portavoz. "Otros solucionaron la cuestión del dominio público, cuando nosotros estamos mucho más allá de los 20, 50 o 60 metros y estamos discriminados", añadió Enrique López. "Tal y como quedó la ley no nos soluciona prácticamente nada", indicó por su parte Diego Canosa, quien asume que "muchos nos vamos a quedar fuera de ordenación".

A pesar del pesimismo declarado por los vecinos de Vilaboa, la plataforma de afectados sigue exigiendo "que se solucione el cien por cien de los núcleos, no nos vale que a unos sí y a otros no; usan el sistema de divide y vencerás pero eso no vale con nosotros, vamos a seguir luchando para que se solucionen todos los casos", subrayó Canosa.

Por su parte, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, manifestó la voluntad de colaboración del gobierno gallego con el Concello de Vilaboa, para conseguir que "el mayor número de vecinos" pueda beneficiarse de las medidas establecidas en la nueva ley de Costas. Hernández indicó que con el nuevo texto los ayuntamientos de la costa gallega podrán dotar de seguridad jurídica y normalidad a las viviendas de los núcleos costeros.

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/11/afectados-ley-costas-vilaboa-plantean-retomar-protestas/808341.html

La rebelión de Ana Blanco por un reportaje sobre la Ley de Costas

La veterana presentadora del informativo de mediodía en La Primera, Ana Blanco, junto a su equipo de edición, se quejó por un reportaje emitido el pasado jueves en la cadena.

El contenido era un reportaje sobre la Ley de Costas, en la que no había ninguna opinión contraria a la misma, motivo por el que el equipo se revolvió contra la dirección de informativos. 

Según informa el diario El Mundo, TVE alegó falta de tiempo para cubrir otras opiniones sobre este contenido, y la presentadora trató de suavizar esta información sesgada introduciéndola con una entradilla en la que dejó patente la postura en contra de partidos como IU y otras organizaciones civiles.

Sin embargo, el reportaje volvió a utilizarse en la segunda edición de informativos a las 21 horas, sin incorporarse cambio alguno en el contenido.

http://ecoteuve.eleconomista.es/informativos/noticias/4817384/05/13/La-rebelion-de-Ana-Blanco-por-un-reportaje-sobre-la-Ley-de-Costas.html

La Ley de Costas de 1988 y su modificación no sólo ha terminado con el derecho fundamental de la propiedad, sino con el de la libre expresión. Pero lo extraño es que se quejen en RTVE ahora, después de 25 años de no dejar que se opine en contra de la ley. Mucho han tardado en darse cuenta.

La Ley de Costas 'erosiona' el 'Telediario' de Ana Blanco

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/10/comunicacion/1368213495.html

Costas prevé concluir en dos o tres meses el nuevo deslinde que respetaría la propiedad de El Gaitero

El jefe de la Demarcación de Costas en Asturias, Ramón Galán, prevé un plazo de entre dos o tres meses para que se ejecute el nuevo deslinde de terrenos en la zona de la Ría de Villaviciosa que afecta a las instalaciones de la Fábrica de sidra El Gaitero, y que dejaría fuera del dominio público a esta actividad.

   Así lo ha señalado, preguntado por los periodistas sobre este tema, en una rueda de prensa que ha concedido junto al delegado de Gobierno, Gabino de Lorenzo, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Costas.

   Galán ha recordado que tras presentarse una serie de recursos (por parte del fábrica y del Ayuntamiento de Villaviciosa), se anuló el anterior deslinde, que situaba a esta planta en dominio público, y hay que empezar otro nuevo que, en todo caso, no partiría de cero, porque "se retomarían muchas acciones ya realizadas". Según ha explicado, Costas estaba esperando la entrada en vigor de la nueva normativa para afrontar esta medida, que en todo caso se  prolongaría dos o tres meses.

   Preguntado si confirma que el nuevo deslinde dejará la fábrica fuera del dominio público, y por tanto respetará la propiedad privada de El Gaitero sobre los terrenos, Galán ha respondido: "parece ser que va por ahí, pero hasta que no se haga el deslinde eso no es definitivo".

http://www.europapress.es/asturias/noticia-costas-preve-concluir-dos-tres-meses-nuevo-deslinde-respetaria-propiedad-gaitero-20130510144622.html

Sentencia (caducidad del procedimiento)
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6385043&links=deslinde%20Villaviciosa&optimize=20120528&publicinterface=true

La sentencia sólo dice que existe una caducidad del procedimiento. Si ésto exime de estar en dpmt una propiedad, debe devolverse a todos aquellos afectados cuyos procedimientos que se encuentran caducados. De no hacerlo así, sería arbitrariedad de los poderes públicos, lo que sería delito.

Los afectados alertan del ataque al derecho a la propiedad privada

Miembros de la plataforma de perjudicados por la Ley de Costas de la provincia de Huelva han rechazado la reforma aprobada ayer por el Parlamento, ya que entienden que vulnera la normativa europea de la propiedad privada. 

La mayoría de los afectados considera insuficiente el sistema compensatorio de la reforma, que se basa en alargar las concesiones de uso de la vivienda hasta 75 años, en lugar de contemplar una compensación económica. 

Los propietarios de las viviendas denuncian que con la nueva ley no se produce ninguna expropiación, lo que conllevaría una compensación económicas, y sí una "confiscación", porque no contempla ni una indemnización ni un justiprecio. La nueva normativa tan solo permite el disfrute de la vivienda; esto es de "algo que ya tengo", como dicen gráficamente los afectados. Y además, "pretenden indemnizarnos con algo que ya es nuestro", añaden. 

Los afectados están convencidos que la reforma va contra la propiedad privada, un derecho "sagrado", según la Carta Europea y que se salta la Constitución Española y el Derecho Internacional. 

Tampoco aborda, en su opinión, el concepto de dominio público. Así, la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas entiende que con la reforma "se pueden realizar deslinde indefinidamente", ya que permite que en cualquier momento pueda producirse una ampliación. 

La Comisión de Peticiones de la Unión Europea estudia ya si la reforma de la Ley de Costas vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y de la propiedad privada y redactará un informe de conclusiones antes del verano. 

La modificación de la ley podría vulnerar la Carta Europea de Derechos Fundamentales ya que "ataca" al concepto de propiedad privada. Y es que, según la Comisión, las compensaciones a los propietarios afectados por la normativa se han pensado de forma muy extraña, porque el Gobierno español no paga nada, no compensa y se queda con la propiedad, y solo otorga una "concesión, o en tal caso la ampliación de una concesión que no es una compensación económica". 

La reforma de la Ley de Costas sigue sin ofrecer la protección jurídica suficiente para los propietarios de casas en la costa y plantea varios interrogante sobre protección medioambiental, según la Comisión. Ésta determina que se necesita una clara definición del concepto dominio público marítimo terrestre y que el registro de la propiedad no es satisfactorio, porque se tendría que saber si una propiedad está afectada o no por la normativa antes de comprar. 

La plataforma considera ni de lejos concilia la necesidad de proteger el medio ambiente y la obligación de respetar los derechos y garantías jurídicas de los propietarios de pequeñas casas en la costa. 

La nueva normativa obliga por ejemplo a incluir en el registro de la propiedad civil todas

las casas que se verían afectadas por el deslinde, para que nadie pueda adquirir una vivienda sin saber que podría ser expropiada en el futuro. 

La asociación no está convencida de que la reforma vaya a mejorar las cosas ni logre compensar a los propietarios ya afectados de forma satisfactoria, porque además incluye una cláusula que establece que las concesiones podrían revocarse en cualquier momento sin causa justificada. 

Los afectados denuncian también que las líneas de deslinde que definen qué casas expropiar se han fijado de manera muy arbitraria, amnistiando en algunos casos a hoteles o fábricas contaminantes en detrimento de muchos pequeños propietarios, que sí se han visto expropiados.

http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1520086/los/afectados/alertan/ataque/derecho/la/propiedad/privada.html

Oramas (CC): El PP se ha olvidado de Canarias en la Ley de Costas

"Canarias", explicó Oramas mediante un comunicado, "es la comunidad autónoma con más kilómetros de costa, con unas especificidades distintas, no aparece en la ley, pero sí algunos núcleos de otras zonas geográficas".

La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, expresó hoy, tras la aprobación de la Ley de Costas, su rechazo a un texto en el que el Partido Popular (PP) "atiende las singularidades de determinados núcleos del Mediterráneo y de Formentera, y se olvida deliberadamente de Canarias, pese a sus promesas electorales y sus compromisos públicos durante su tramitación".

"Canarias", explicó Oramas mediante un comunicado, "es la comunidad autónoma con más kilómetros de costa, con unas especificidades distintas, no aparece en la ley, pero sí algunos núcleos de otras zonas geográficas".

La diputada nacionalista preguntó al PP por las diferencias entre Formentera y La Palma o Lanzarote, "estamos hablando de miles de afectados en Canarias con los que ustedes, en campaña electoral y durante la tramitación de la ley, adquirieron determinados compromisos que no han cumplido", añadió.

Oramas agregó que "en Canarias no estamos hablando de chalés con piscina ni de hoteles afectados en primera línea de mar; estamos hablando de gente sencilla con sus casas de hace treinta, cincuenta o sesenta años, que habitan en núcleos vinculados con el mar, con valores etnográficos importantes y que forman parte de nuestra historia".

La diputada nacionalista lamentó que el PP no aceptase la enmienda presentada por los nacionalistas canarios en la que se solicitaba que "aquellos núcleos afectados por demoliciones que tuvieran aprobada las operaciones de reposición de viviendas por las administraciones competentes, se paralizaran los derribos hasta que estuviera realizada esa reposición y traslado de los ciudadanos".

"No tienen vergüenza", concluyó Oramas. "Hablamos de desahucios, hablamos de situación social de crisis económica y vamos a dedicar dinero a tirar determinadas viviendas que están aprobadas y en trámite las reposiciones por parte de las administraciones públicas".

En esta ley quedan exentos doce núcleos de la Península y un deslinde para Formentera, pero no se incluye Canarias, la Comunidad con más kilómetros de costa, pese a las singularidades de muchos de sus núcleos, que ahora quedarán a expensas de los informes que emita el Gobierno de turno. 

http://www.rtvc.es/noticias/oramas-cc-el-pp-se-ha-olvidado-de-canarias-en-la-ley-de-costas-101333.aspx

Orihuela advierte que parte de las casas dentro del deslinde del dominio público marítimo terrestre que ejecuta Costas son viviendas consolidadas y legales

La Junta de Gobierno Local (JGL) ha dado cuenta hoy de la advertencia hecha por el departamento de Planificación a la Servicio Provincial de Costas que está ejecutando la marcación del dominio público marítimo terrestre en la franja costera de Orihuela, iniciada desde el linde con Torrevieja, en Punta Prima, a petición del Ayuntamiento. Según ha dicho la portavoz municipal y edil de Planificación, Antonia Moreno, se ha advertido a Costas de que en una zona de Campoamor existen “viviendas consolidadas con el plan general actual e incluso están fijadas en un plan de 1978 y que están de acuerdo con el planeamiento antiguo”, a pesar de que se quedan dentro de la franja de reserva de 100 metros desde la línea de pleamar hacia el interior, según establece la Ley de Costas. Algunas viviendas están incluso a 20 metros del mar, pero se ajustan al planeamiento y tienen licencia de obras, según la Concejala, por lo que deberían ser incluidas dentro del dominio público sin mayor problema.

http://www.elperiodic.com/orihuela/noticias/235587_orihuela-advierte-parte-casas-dentro-deslinde-dominio-publico-maritimo-terrestre-ejecuta-costas-viviendas-consolidadas-legales.html

El PP nacional rechaza en el Congreso tramitar una iniciativa del PP gallego para cambiar la Ley de Costas

El PP no va a tomar en consideración en el Pleno del Congreso la proposición de ley impulsada por su partido en Galicia para modificar la Ley de Costas de 1988, fundamentalmente porque este jueves las Cortes Generales culminan la reforma de dicha legislación que ha impulsado el Gobierno de Mariano Rajoy.

   El Pleno del Congreso de los Diputados ha iniciado su orden del día de este martes con el debate de la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Parlamento de Galicia que sólo contaba con el respaldo del PP de Alberto Núñez Feijóo, pues tanto el PSdeG como el BNG se negaron en su día a avalarla.

   El objetivo de esta iniciativa consistía en reformar la Ley de Costas de 1988 para que se reconocieran a los 12.000 asentamientos rurales de población gallegos a los que afectó la aplicación de aquella Ley.

   "Se trata de una circunstancia que ha creado indefensión e incertidumbre a las personas y bienes afectados de 12.000 hogares. Estamos ante construcciones previas a 1988 de propiedad vecinal que se han visto atrapadas por el limbo jurídico y desde el PP se ha promovido la modificación de la normativa en una línea coherente", según ha defendido el parlamentario autonómico gallego del PP Ramón Rodríguez González.

   Ante las críticas de algunos parlamentarios, el diputado nacional del Grupo Popular, Guillermo Collarte, ha reconocido que existen diferencias con el PP gallego en materia de Costas pero considera que la reforma que ha promovido el Gobierno de Mariano Rajoy, que este jueves culmina su tramitación en las Cortes con la votación de las enmiendas introducidas en el Senado, ya da respuesta suficiente a las demandas.

"LA FARSA ESPECULATIVA"

   Desde el PSOE, tanto el diputado autonómico José Antonio Sánchez Bugallo como la parlamentaria nacional Paloma Rodríguez han denunciado "las interesadas contradicciones" y las "incongruencias intolerables" entre el PP en Galicia y en Madrid" y han calificado de "absoluta farsa especulativa de la Xunta de Feijoo y del Gobierno de Rajoy" la reforma que el PP hace de la Ley de Costas.

   A su juicio, los cambios impulsados por el Gobierno contradicen la iniciativa del PP gallego, dejan las costas españolas a merced de la especulación y la privatización, y ni siquiera incorporan la especificidad de los núcleos costeros tradicionales de Galicia y sí otros de Valencia, Andalucía o Cataluña".

   En este sentido, Sánchez Bugallo ha recordado que, en el caso de Galicia, la nueva Ley solo admite a Moaña y ha instado al PP a ampliar la protección a Marín, Vilaboa, Redes y Palmeira, y sobre todo la de la Illa de Arousa.

   Por su parte, la portavoz de IU-ICV-CHA, la catalana Laia Ortíz,  ha subrayado que tanto la proposición de ley del Parlamento gallego como la reforma del Gobierno salen adelante con el PP "en solitario", y siempre "en favor de la especulación inmobiliaria".

LA PROBLEMÁTICA DE ENCE

   Igalmente, desde Alternativa Galega de Esquerdas (ALE-EU), el diputado autonómico Antón Sánchez, ha reivindicado el derecho de Galicia a proteger su costa porque, según ha defendido, la gallega no tiene nada que ver con la del resto del Estado y supone el 35 por ciento del litoral español. Igualmente ha criticado la política de especulación inmobiliaria que ha mantenido el PP en materia de costas.

   Es más, ha criticado que esta ley se supedite a los intereses industriales, como los de la empresa ENCE, al que el PP "soluciona la papeleta", según señala.

   A juicio de la nacionalista gallega del BNG, Olaia Fernández Davila, esta proposición de ley supone "un guante" que el Gobierno recoge en el Parlamento nacional, de la mano del gallego, para la aprobación este jueves de la nueva Ley de Costas que se aprueba este jueves, con su voto en contra.

   "Esta ley va a hacer posible que una industria contaminante como ENCE pueda continuar en la ría durante 75 años más cuando teníamos el compromiso del PP de que se garantizaría que esta empresa, junto con otras contaminantes, dejarían de tener la concesión administrativa en 2018", ha agregado.

   Sobre este tema, el 'popular' Guillermo Collarte, ha criticado la "obsesión permanente" de la diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, sobre la empresa ENCE, a la vez que ha subrayado que no es cierto que se vaya a producir la prórroga automática de la concesión de actividades de 75 de años.

   Por último, el portavoz nacionalista vasco en la materia, Joseba Agirretxea, ha anunciado en su intervención que el PNV se abstendrá en la votación porque se trata de una iniciativa "anacrónica", que sólo se tenía que haber tratado en Galicia y este jueves se votan sus enmiendas al Senado.

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-pp-nacional-rechaza-congreso-tramitar-iniciativa-pp-gallego-cambiar-ley-costas-20130507194722.html