LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2012) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

martes, 24 de junio de 2014

Los que expolian la costa para "PROTEGERLA". Imputan al delegado del Gobierno en Murcia por “prevaricación” urbanística

El delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, ha sido imputado este martes por un presunto delito de prevaricación por su implicación, cuando era consejero regional de Obras Públicas, en la recalificación de unos terrenos protegidos junto al Mar Menor para construir la macrourbanización de 20.000 viviendas, campos de golf y marina financiada inicialmente por la CAM. El mismo auto ofrece a la alcaldesa de Cartagena y diputada en el Congreso, Pilar Barreiro, “declarar voluntariamente como imputada” por el mismo delito, antes de trasladar el asunto al Tribunal Supremo, puesto que es aforada.
En el procedimiento están también imputados el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y varios cargos políticos y funcionarios de la Consejería de Obras Públicas que intervinieron en la aprobación del proyecto de la promotora Hansa Urbana -participada por la familia alicantina Galea y la CAM, ahora Sabadell-CAM-.
Bascuñana y Cerdá han sido citados para declarar el próximo día 2 de julio en el TSJ de Murcia. Los funcionarios Luis Romera Agulló Antonio Alvarado lo harán dos días después. El día 8 declarará el director general José María Bernabé (exjefe de Costas) y el funcionario Manuel Alfonso Guerrero. El consejero Cerdá declarará por segunda vez.
La imputación de Bascuñana fue solicitada en un informe por el fiscal anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, al TSJM por considerarlo la persona que “dio el beneplácito final como consejero de Obras Públicas entre 2003 y 2005 al proyecto urbanístico conocido como Novo Carthago en el que la promotora quería integrar los terrenos del paraje protegido del Saladar de Lo Poyo, única zona costera sin construir en la ribera sur del Mar Menor, frente a La Manga. Lozano consideraba también a la alcaldesa de Cartagena como “formalmente imputada” a expensas de su condición de aforada; el magistrado pide en su auto que se acredite “documentalmente la condición de diputada de doña Pilar Barreiro”.
El magistrado instructor Manuel Abadía estima así las razones aducidas para la imputación del representante gubernamental en Murcia por el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano, quien consideraba en su auto del 12 de junio que la aprobación definitiva del proyecto se hizo por orden expresa de Bascuñana y “pudiera entenderse como elemento del tipo de la prevaricación”. Las responsabilidades penales afectan al otorgamiento de Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto y a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual 113 del Plan General de Cartagena.
“Como ha puesto de manifiesto el fiscal en su informe con gran acierto, estamos en presencia de un delito de prevaricación continuada”, dice el magistrado Abadía en su auto. Las actuaciones administrativas de los imputados, con el actual delegado del Gobierno a la cabeza como consejero de Obras Públicas, hicieron que suelos de espacios naturales protegidos, que tienen ex lege por los artículos 9 y 65 de las leyes del Suelo Estatal y Autonómica la calificación de Suelo No Urbanizable de Protección Especial fueron “calificados como urbanizables”, vulnerando la Ley de Protección de Espacios Naturales y la Ley de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, y provocando que la Comisión Europea abriese “un proceso de Infracción Comunitario sobre el proyecto Novo Carthago”, precisa Abadía.

domingo, 15 de junio de 2014

Propietarios de El Copo derrotan a Medio Ambiente en el Supremo

Los suelos de El Copo de Torre del Mar no están dentro de dominio público marítimo terrestre, según el Tribunal Supremo. La sentencia es firme y sobre ella no cabe recurso. Una entidad mercantil ha llevado hasta el final la orden de 28 de mayo de 2009 del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino por la que se aprobó el deslinde del tramo de costa de unos 1.948 metros de longitud, comprendido desde el extremo occidental del paseo marítimo hasta cien metros al este del colegio público Antonio Checa, espacio ocupado por los locales de la tan conocida zona de bares. Después de que la Audiencia Nacional desestimara el recurso contencioso administrativo contra orden del Gobierno, han ganado en el Tribunal Supremo tras interponer un recurso de casación. 

El auto señala que dicho deslinde ordenado por la Dirección General de Costas es "contrario a Derecho" y tras recurrir a la doctrina jurisprudencial, da trascendencia al hecho "de no haberse pronunciado la Administración de Costas acerca de si los terrenos del deslinde practicado, que han perdido sus características naturales de playa o zona marítimo terrestre, son o no necesarios para la protección o utilización del dominio público marítimo terrestre" dado que "es la propia administración de Costas la que reconoce que tales terrenos han perdido sus características naturales de playa o zona marítimo terrestre". 

De hecho, tal y como consta en la sentencia ese tramo de costa objeto de deslinde están incluido en "una zona totalmente urbana desarrollada principalmente en los últimos 30 años" y que ha tenido "como última actuación relevante la construcción del paseo marítimo de Torre del Mar". Así, el conjunto de bares de El Copo se encuentran separados de la playa por esta infraestructura, una carretera y un parque público. Así, en el auto hacen referencia a esos casi 2.000 metros que ocupa el tramo hasta el colegio Antonio Checa y recuerda que coincide que el límite de la concesión otorgada por una Orden Ministerial en 1934 y que se deslindaba al amparo del artículo 4.5 de la Ley de Costas. Así, hace referencia a estos suelos en los que se levantaban los llamados 'Baños de Octavio' que contaban con la autorización del Gobierno y donde ya quedaba patente que "por cualquier causa habían perdido sus características naturales de playa, acantilado o zona marítimo terrestre". 

El alcalde de Vélez-Málaga, Francisco Delgado Bonilla (PP) que desconocía la sentencia ha celebró la decisión del Tribunal Supremo ya que "abre nuevas posibilidades a Torre del Mar. "Es una excelente noticia que llevamos muchos años reivindicando los vecinos, los afectados y el propio Ayuntamiento. Nosotros ya habíamos hecho esta misma reivindicación por escrito a la Dirección General de Costas pidiéndole una modificación en la zona de deslinde", manifestó el regidor, quien también había considerado en sus demandas que "no tenía aplicación el artículo 4.5 de la Ley de Costas de proteger un suelo que ya había cambiado de uso". Delgado Bonilla expuso que el auto del Supremo "posibilita nuevos planteamientos al Ayuntamiento" que desde hace años trabaja por potenciar esa zona de Torre del Mar con nuevos equipamientos turísticos. "Ya hemos planteado varias veces a los propietarios algunos proyectos que pasan por la construcción de algún hotel o algún plan ambicioso que active este enclave", indicó el alcalde para quien "empieza una etapa ilusionante con el nuevo deslinde". "Ahora tendremos que ver cómo se resuelve y qué condiciones está ese suelo. Habrá que ver cuál es la desafección, si es un bien demonial, si existía algún tipo de concesión administrativa o los terrenos son todos propiedad de particulares", señaló el regidor quien comentó que a partir del lunes comenzará a trabajar junto a los servicios jurídicos municipales cuáles son los pasos a seguir. "Esto confirma que nuestros planteamientos eran acertados. Me alegro por los compradores de esos inmuebles que lo hicieron de buena fe, y por todos los vecinos de Torre del Mar para cuyo núcleo se abre ahora un nuevo futuro gracia a los posibles usos de esos terrenos", recalcó el alcalde.

¿Quién compensa a esta gente del daño que ha hecho Costas, de su gusto por lo ajeno y su prepotencia?

5 años de lucha en los tribunales, la propiedad secuestrada, los negocios sin patrimonio que avale una posible y necesitada financiación ¿quién compensa de esta ruina? ¿quién compensa del sufrimiento que conllevan los deslindes?

martes, 10 de junio de 2014

El Dia Mundial del Medi Ambient Compromís exigeix més aigua per l’Albufera i regenerar les costes dels efectes produïts per l’ampliació del Port

El Parc Natural de l’Albufera es troba en una situació crítica per la reducció continua de les aportacions hídriques arreplegades al Pla de Conca del Xúquer

Joan Ribó ha ressaltat el valor medi ambiental, agrícola i turístic de l’Albufera i ha apostat per la seua sostenibilitat

Compromís per València ha ressaltat hui Dia Mundial del Medi Ambient, la pèssima situació en què es troba el llac de l’Albufera com a conseqüència de la manca d’aportacions suficients d’aigua neta procedent del riu Xúquer i han aprofitat per a cridar l’atenció de què el Pla de Conca d’este riu, que està pendent d’aprovació, no comptarà amb els recursos hídrics suficients per a frenar aquesta degradació.

Joan Ribó, portaveu de Compromís, ha censurat el retall d’aigua continu que està patint l’Albufera. Si en 1970 arribaven 500 Hma l’Albufera, estos s’han reduït a 300 Hm3 en l’actualitat i es preveu en el nou pla tornar-los a reduir fins als 167 Hm3.  A més ha denunciat la manipulació del Pla de Conca que està fent el Govern de l’Estat del PP, per no indicar la procedència de l’aigua. No es pot acceptar l’aigua procedent de depuradora al anar aquesta aigua carregada de nutrients que afavoreixen l’eutrofització del llac i la seua consegüent degradació.

Per a Compromís el problema és que des de Madrid es donaren drets d’ús d’aigua tant a la Manxa Oriental com al Vinalopó molt per damunt dels recursos disponibles. No poden passar per davant de l’Albufera ni els interessos dels regants de Castella La Manxa, ni els urbanístics del Vinalopó.

Però malauradament els problemes del Parc Natural del Saler i l’Albufera no acaben ací. L’amenaça de regressió de les seus costes cada dia és un fet més evident que ja només no vol veure l’Autoritat Portuària de València responsable de la desfeta per l’ampliació del Port tant de l’acumulació d’arena en les platges del Nord (Malva-rosa, Cabanyal) com per la regressió de les platges del Saler i Pinedo. Ribó ha exigit a l’Autoritat Portuària que complisca amb les obligacions que li va assignar la declaració d’impacte ambiental en el sentit de regenerar les costes dels efectes produïts per l’ampliació.

Pero desgraciadamente los problemas del Parque Natural del Saler y la Albufera no acaban aquí. La amenaza de regresión de las sus costas cada día es un hecho más evidente que ya solo no quiere ver la Autoridad Portuaria de Valencia responsable del descalabro por la ampliación  del Puerto tanto en la acumulación de arena en las playas del Norte (Malvarrosa, Cabañal) como por la regresión de las playas del Saler y Pinedo. Ribó ha exigido a la Autoritad Portuaria que cumpla con las obligaciones que le asignó la declaración de impacto ambiental en el sentido de regenerar las costas de los efectos producidos por la ampliación. 

Joan Ribó, portaveu de Compromís, ha declarat: “En el dia Mundial del Medi Ambient, València té tasques estratègiques que afrontar i que, per desgràcia, Barberà mira cap a un altre lloc per a no molestar als seus companys de Partit del govern estatal. L’Albufera és un recurs medi ambiental estratègic per a la ciutat de València, a més d’una font de recursos provinents tant de l’agricultura, com del turisme sostenible


sábado, 7 de junio de 2014

Fomento explica a Benzú que el nuevo PGOU incluye la construcción de casas en la barriada

Román trasladó a Mokhlis que existe presupuesto para la promoción, aunque no tiene fecha de inicio.
Aunque la reunión entre la consejera de Fomento, Susana Román, y la presidenta tanto de la Plataforma en Defensa de Benzú como de la Asociación de Vecinos de esta barriada, Rahma Mokhlis, “debió mantenerse antes”, la cita quedó pospuesta por motivos de agenda y hasta que el Ejecutivo local tuviese ultimados los detalles. Un encuentro finalmente celebrado ayer y que fue valorado como “muy positivo” por la portavoz de los afectados por la aplicación de la Ley de Costas. La presidenta se llevó un mensaje “tranquilizador” que trasladará a los residentes.
Román explicó ayer a Mokhlis, como los representantes vecinales reclamaban, que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla la construcción de unas 40 viviendas donde se alojará a aquellos vecinos cuyas casas recibieron la notificación de recuperación posesoria por ocupar el dominio público marítimo terrestre y cuyos expedientes quedaron archivados por su caducidad. Es decir, que los vecinos no tendrán que abandonar la barriada porque “se les alojará en esta nueva promoción en Benzú”, como reivindicaba el colectivo.   
En cuanto a la financiación, el PGOU incorpora una memoria económica en la que figura el presupuesto para este fin. No obstante, como paso previo, el Pleno de la Asamblea tiene que aprobar este documento.
“Román me comunicó que los vecinos de Benzú no tienen por qué preocuparse ya que pueden quedarse en sus casas hasta que se formalice todo y eso es para largo”, reprodujo Mokhlis tras la conversación con Román.
Sin fecha aún para la ejecución de este proyecto, la retirada de vehículos del depósito de Benzú –donde se construirá– ya ha comenzado a pesar de que es a “cuentagotas”. Esta promoción tendrá que adaptarse a las características del terreno ya que esta zona comprende parte de la Red Natura 2000 o la cantera, lo que requiere la realización de un estudio técnico previo.
Una cuestión que va por el “buen camino” pero, señaló Mokhlis, “si volvemos a las mismas, nos volveremos a manifestar y lo haremos aunque sea solo por un vecino”. La presidenta de la barriada se preguntó por qué cinco expedientes abiertos por supuesta usurpación del espacio público continúan adelante en Madrid, mientras que el resto fue archivado por su caducidad. “Esperamos que todos se paralicen y sigan el mismo cauce ya que se tramitaron en la misma fecha”, indicó. 

viernes, 23 de mayo de 2014

Tienen que pagar el IBI seis años después del derribo de Cho Vito

Parece surrealista, pero es pura realidad. Varios vecinos de Candelaria, que perdieron su vivienda de la playa de Cho Vito en 2008, cuando fueron derribadas por sentencia firme, por estar situadas en dominio público marítimo terrestre, tienen ahora que hacer frente al pago del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) por unas casas que fueron pasto de las palas mecánicas. Por lo pronto, algunos exvecinos de Cho Vito tendrán que hacer frente al pago de la llamada contribución y, posteriormente, reclamar ante el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, que es quien sigue gestionando el cobro de esos recibos en el municipio de Candelaria.
La cantidad, al demostrar que ya no existe propiedad ni suelo ni edificación, les será devuelta. Otra cosa es que el trámite para la devolución sea “muy lento”, como ayer reconoció el concejal de Urbanismo de Candelaria, Javier Rivero, sorprendido y molesto por la insistencia en el error por parte del Consorcio.
Desde la Concejalía de Hacienda se aclara que, como la mayoría de los municipios de la Isla, tiene la gestión de la recaudación del impuesto del IBI delegada al Consorcio de Tributos.
Por otro lado, el concejal del área, Javier Rivero, comunica que desde 2009 el Ayuntamiento de Candelaria alertó de la necesidad de causar la baja del padrón de estos inmuebles tanto al Consorcio como a la Dirección General de Catastro, por lo que los recibos no tendrían porque haberse emitido.

El concejal de Hacienda de Candelaria recomienda a los vecinos afectados que acudan a la Oficina del Consorcio para interrumpir el procedimiento de cobro del recibo del IBI, y pide disculpas por los posibles perjuicios ocasionados por la emisión de los recibos, la cual no debería haberse producido nuevamente, cuando la incidencia está comunicada desde hace cinco años.
Rivero: “Es un error grave que daña al Consistorio”
“Ha sido un grave error del Consorcio de Tributos, pero al que realmente daña es a la imagen del Ayuntamiento”, afirmó el concejal Javier Rivero, quien no tuvo reparo en “pedir disculpas a los vecinos afectados”, sin llegar a explicar por qué sucede un error que “termina siendo motivo de crítica en las redes sociales”. Y con razón porque “es inexplicable que se repita algo así”, subrayó el responsable de Urbanismo.
¿Nadie siente vergüenza de ver cómo se ha destruido un poblado lleno de vida para dejar tanta desolación con un ¿paseo? que no conduce a ningún sitio?

EL MINISTERIO LICITA LOS NUEVOS DESLINDES DE FORMENTERA Y VARIOS TRAMOS DE DESLINDES ANULADOS


V. Anuncios

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

18105 Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la que se anuncia licitación del servicio "Realización del deslinde del dominio público marítimo-terrestre en diversos tramos, incluida la Isla de Formentera, en Illes Balears".




sábado, 10 de mayo de 2014

El Jefe de Costas de Tenerife, el alcalde de Santiago del Teide y dos técnicos imputados por homicidio involuntario

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arona ha cerrado una fase de instrucción del caso del desprendimiento del talud de la playa de Los Guíos, en Los Gigantes, donde fallecieron sepultadas una mujer británica de 57 años de edad y una española de 34 años en noviembre del 2009. En un auto dictado por dicho órgano judicial que se ha encargado de la instrucción hasta ahora se determina que el proceso continúe como procedimiento abreviado y que continúan imputados el alcalde de Santiago del Teide, Juan Damián Gorrín Ramos; dos arquitectos técnicos del ayuntamiento y el jefe provincial de la Demarcación de Costas, Carlos González Pérez, por un supuesto delito de homicidio imprudente.

Por el contrario, dicho juzgado de Arona decreta el archivo o sobreseimiento libre en el caso de la comunidad de aguas El Jurado (propietaria del canal que discurre por donde se produjo el derrumbe); el Consejo Insular de Aguas, representado actualmente por Jesús Morales; así como el actual concejal de Hacienda, Emilio Navarro, y los exconcejales Germán Jiménez y Rafael Cuadrado Socas.

La piedra angular de la investigación desarrollada en su momento por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil con base en Las Américas y posteriormente con la instrucción del citado juzgado fue un primer desprendimiento ocurrido el 2 de octubre del 2009, donde no hubo víctimas.

Desde ese derrumbe de parte del talud, los bomberos voluntarios de Santiago del Teide realizaron un primer desalojo, pero posteriormente el seguimiento y cumplimiento del cierre de esa zona quedó en manos de la Policía Local, "quien, sin tener instrucciones claras y precisas por parte del alcalde, (...) que asumía las competencias en materia de Seguridad y Policía, no cursó las correspondientes instrucciones para la vigilancia permanente de la playa, ni tampoco ordenó la colocación de ningún cartel advirtiendo del peligro de desprendimiento", según consta en el auto judicial al que tuvo acceso EL DÍA. En cuanto al balizamiento de la zona afectada, uno de los arquitectos técnicos municipales entendió suficiente delimitar el lugar del desprendimiento con varillas metálicas clavadas en la arena, pero se trataba de una franja intermareal con fuerte presencia del oleaje, por lo que la medida fue "insuficiente", según consta en la documentación del juzgado. El mismo aparejador remitió a Costas un proyecto de gunitado (proyección de cemento en el acantilado) en el talud y protección de la zona de baño el 15 de octubre y una semana después pidió autorización para la obra. Pero, según el informe de un perito, dicho "proyecto" era un "informe irrealizable por falta absoluta de definición y contenido acorde con el objeto del mismo", ya que no cumplía ningún requisito exigido por la legislación. Por ejemplo, dicho arquitecto técnico consideró que no era necesario un estudio geotécnico del terreno, mientras que el perito estima que sí era prioritario dicho análisis.

2009 - El Alcalde indignado con Costas

Esto es lo que pasa cuando Costas decide quedarse con todos los terrenos que se le antoja, pero se niega a asumir las responsabilidades que conlleva ser el dueño y señor del litoral español.

Costas es como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer.... hasta que sucede una desgracia. Luego las culpas para los demás.

viernes, 9 de mayo de 2014

Portugal copia lo peor de España. British expats in Portugal face losing homes

New laws require landowners with waterfront properties to produce hard-to-find paperwork that proves their home was built legally

British expats who own waterfront property in Portugal face losing their homes if they are unable to locate documents that prove the land has been privately owned for 150 years.
The Portuguese government is targeting properties built on valuable waterfront land that is within 50 metres of the ocean or 30 metres of other waterways such as lakes and rivers. It claims it wants to protect the environment and crack down on illegal buildings. It reintroduced an old law in 2005 that allows it to reclaim land if property owners fail to produce records proving long-term private ownership by July 1 this year.
Many home owners claim Portugal’s land registry archives are not comprehensive and the necessary documents simply do not exist. They argue the land registry approved their purchase of the land, so the government should not have the power to seize it.
Residents lobbied against the law and last month the government agreed to limit the new rules to any property built after 1951. It also scrapped the July 1 deadline.
The requirement, which applies to local and foreign residents, is most likely to come into force when people want to sell their property, but the government has the ability to demand the documents at any time.
Under the law it can choose to reclaim the land, impose additional taxes on owners or give them the right to live in the property under a 30-year lease.
Jersey-born Paul Abbiati and his Portuguese wife Iva bought a seafront three-bedroom property for €150,000 in 2008 in the fishing village of Paul do Mar, on Madeira Island.
He said his ownership papers have been stamped by the land registry and a notary acknowledging the sale was legal. However, last month he was forced to search for documents proving the land has been in private ownership since 1864.
“I, and other private home and landowners in the same situation, have spent hours and much money trying to discover documents proving private ownership in Government archives but it’s impossible," he said.
“There are thousands of ordinary people affected by this, not just the wealthy. There are local fishermen with houses dating back 300 years that are unable to find the documents they need.”
He said he complained to the European Commission, but was told he had to battle it out in the Portuguese legal system.
The situation is being compared to Spain's notorious "land grab" law, under which hundreds of expatriate Britons lost homes on the Costa Blanca in the early 2000s.
Under a loophole in the law, known as the Ley Reguladora de la Actividad Urbanista (LRAU), property agents could compulsorily purchase prime rural land by saying it was for urban development.
In 2005 the European Commission wrote to the Spanish government saying that the law breached EU regulations as well as human rights statutes.

sábado, 3 de mayo de 2014

LANZAROTE: LEGALIZACIÓN DE LOS HOTELES Y PUERTOS ILEGALES MIENTRAS SE ILEGALIZAN Y SE AMENAZA DE DERRIBO A LOS POBLADOS TRADICIONALES COSTEROS


Canarias prepara una ley para regularizar los hoteles ilegales de Lanzarote

El Gobierno de Canarias está preparando una ley que servirá, entre otras cosas, para encajar dentro de la legalidad a casi todos los establecimientos hoteleros con licencias anuladas que no encajaban dentro del nuevo Plan General de Ordenación de Yaiza.
El anteproyecto de Ley de medidas tributarias, administrativas y sociales, que es como se llama, se tomó en consideración el pasado mes de diciembre en Consejo de Gobierno y deberá pasar por los informes del Consejo Consultivo de Canarias y del Consejo económico y social antes de llegar al Parlamento.
Lo que hace este anteproyecto es redundar en la solución prevista en el Plan General, que a su vez recogía lo que preveía la nueva Ley de Modernización Turística, que permite el aumento de la edificabilidad en un cincuenta por ciento para aquellos hoteles que vayan a mejorar sus zonas comunes sin aumentar el número de camas. Esta medida estaba pensada para la rehabilitación de establecimientos pero en la práctica se van a poder acoger a ella los hoteles con licencia anulada que hubieran superado el número de plazas que se les permitía, y así convertir esas plazas en zonas comunes y adaptarse al planeamiento.
Ahora la nueva ley recoge, según la página web del Gobierno, que "el incremento de edificabilidad será igualmente admisible en parcelas con establecimientos turísticos que pretendan la mejora de sus zonas comunes, sin aumento de la capacidad de plazas establecida, cuando así lo prevea el planeamiento o el plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad, sin que en ningún caso se supere el doble del coeficiente de edificabilidad de la parcela". Es decir, dobla el aumento de la edificabilidad, que en el Plan de Yaiza se había fijado en el cincuenta por ciento, hasta el cien por cien.
La ley pretende aclarar «diversas leyes en vigor que requieren ahora su actualización para una mejor aplicación efectiva». Los cambios afectan a materias como hacienda, agricultura, ganadería y alimentación, obras públicas, transportes, etc. En política territorial, también establece criterios de interpretación del contenido que han de tener los planes y normas de los espacios naturales o los órganos competentes para evaluar el interés general.
Con el aumento de la edificabilidad del cincuenta al cien por cien se facilita a varios establecimientos que acaben encajando en el planeamiento municipal, insular y regional. A cambio del aumento, los hoteles deberían obtener la licencia y pagar las plusvalías correspondientes, así como abonar el 15% del aprovechamiento urbanístico.

La inclusión en el Plan General de esa disposición que aumentaba la edificabilidad ya había recibido críticas y alegaciones en el Plan, por considerar que después de haber incumplido la normativa, se regalaba a esos hoteles la posibilidad de ampliarse usando una disposición pensada para la rehabilitación. La Fundación César Manrique consideraba en sus alegaciones al Plan que, en caso de poner en práctica esa medida se estaría "generando una gran inseguridad jurídica", una "clara desviación de poder» y "se quebraría el principio de igualdad, en relación con los establecimientos que desde el principio se ajustaron a las leyes".
El Gobierno, cuando se anunció esa medida que ahora se pretende aumentar, argumentó que no estaba hecha ad hoc para legalizar los hoteles de Playa Blanca. Responsables de la Consejería de Política Territorial aseguraron entonces que «está pensada para toda las parcelas, no para las que tienen las licencias anuladas".
¿Donde estaba Costas cuando todo esto ocurría? Haciendo deslindes en los poblados de la isla para ilegalizarlos, nacionalizando la propiedad y amenzándoles con el derribo mediante la Ley de Costas. Una ley que no ha existido para los grandes especuladores inmobiliarios que, lejos de caerles encima todo el peso de la ley, les premian con la legalización de todas las contrucciones ILEGALES POR SENTENCIA JUDICIAL.
¿Álguien puede todavía defender la Ley de Costas sabiendo que solo se emplea con la gente humilde e indefensa ante semejante abuso de poder?

martes, 29 de abril de 2014

NUEVA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE.......¡¡ Y VAN 5 EN SEIS AÑOS !!

Real Decreto 303/2014, de 28 de abril, por el que se nombra Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a doña Isabel García Tejerina.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62.e) y 100 de la Constitución, y a propuesta del Presidente del Gobierno,
Vengo en nombrar Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a doña Isabel García Tejerina.
Dado en Madrid, el 28 de abril de 2014.

lunes, 14 de abril de 2014

La Justicia ampara a los dueños de un inmueble que Costas quiso tirar

El TSJ de Murcia da la razón a los propietarios de la edificación situada a pie de playa y anula la resolución ministerial de recuperar de oficio la posesión del dominio público

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha dado la razón a los propietarios de una edificación ubicada en la playa cartagenera de Los Urrutias en el enfrentamiento que tenían con la Demarcación de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el ayuntamiento de Cartagena.
Al estimar su recurso, la sentencia de la Sala de lo Contencioso ha anulado la resolución de Costas de junio de 2007, que acordó recuperar de oficio la posesión del dominio público y la restitución de la servidumbre de tránsito en esta playa.
En su apelación, los dueños del inmueble reclamaron a la Sala que declarara la nulidad de aquella resolución o que, de formar subsidiaria, se reconociera su derecho a seguir ocupándolo mediante concesión administrativa.
Al estimar el recurso, el tribunal afirma que los demandantes han acreditado que no se les notificó la orden por la que se aprobada el deslinde de la zona.
Y añade que al no haber demostrado la administración que esa notificación sí se produjo, "solo cabe afirmar que la orden ministerial de deslinde no era eficaz respecto de ellos y, por tanto, decaía el presupuesto para acordar la recuperación posesoria".
SENTENCIA
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6962122&links=los%20urrutias&optimize=20140217&publicinterface=true

lunes, 31 de marzo de 2014

La mafia rusa presionó a Costas para legalizar las obras del hotel de Calvià

Romanov asistió con tres personas más a una reunión con un alto cargo, que les tramitó en tiempo récord la licencia de una escalera - Su mujer le aconsejó que no utilizara la fuerza para solucionar el tema

La mafia rusa consiguió legalizar las obras de reforma del hotel de Peguera presionando a un alto cargo del departamento de Costas. Así lo asegura la Guardia Civil en el atestado policial, en el que mantiene que Alexander Romanov contactó con tres individuos, (dos de ellos extranjeros) que le ayudaron a solucionar estos problemas burocráticos.
Antes de que la mafia comprara este hotel, la antigua propiedad tuvo que derribar una parte del edificio porque estaba cometiendo una infracción de costas. Romanov estaba dirigiendo personalmente las obras de reforma del edificio, que pretendía abrir al público este próximo verano. En el proyecto se incluía una escalera exterior, que enlazara el hotel con la playa. Para construirla era necesario la aprobación del departamento de Costas.
La Guardia Civil averiguó, a través de las conversación intervenidas, que Romanov consiguió legalizar la escalera gracias a las influencias que ejerció mediante “presiones” a un alto cargo administrativo, al que identifica con nombre y apellido. Esta supuesta coacción, según los investigadores, la ejercieron tres personas que contrató Romanov, a los que denomina “sus chicos”.
Romanov se reunió en un conocido bar de Puerto Portals con un individuo que se mostró dispuesto a solucionar el problema de la licencia. Ese mismo día, el mafioso ruso llamó a su mujer y le comentó que había encontrado una solución al problema de las obras. Su esposa le aconsejó que no solucionara el problema “como lo hacían en Rusia”, es decir, a través de la fuerza, porque después “iba a deber un favor”. El empresario de Moscú acudió en persona a la reunión que tuvieron con el funcionario de Costas. La Guardia Civil destaca que esta reunión se consiguió en un tiempo récord, debido a la “influencia de uno de sus chicos”. Se trata de un hombre que presumía de tener influencia ante determinados políticos. Romanov no habló en la reunión, porque no domina el castellano, pero sí lo hicieron sus dos acompañantes. “Estuvieron peleándose con el jefe, que les acusaba de cambiar el proyecto, así que tuvieron que presionar y este prometió estudiar el caso”. Romanov le comunicó a su mujer por teléfono los detalles de esta reunión, que se celebró el pasado día 20 de diciembre de 2012.
“¿Te gusta esta manera de solucionar problemas para que no nos tomen por tontos?”. El individuo extranjero al que contrató para que le ayudara, también le comentó por teléfono a Romanov sus impresiones tras la reunión con este alto cargo de Costas.
De las conversaciones telefónicas se concluye que Romanov informó de este problema con la legalización de las obras a su jefe, Alexander Torshin, el vicepresidente del senado ruso, al que la Guardia Civil sitúa como propietario del hotel de Peguera. “He hablado con el Padrino (así denomina a Torshin) y si funciona, recibiréis unos incentivos”.
El informe policial destaca que el tiempo medio para conseguir la legalización de este tipo de construcción ronda el año. Sin embargo, la mafia rusa consiguió esta autorización en apenas tres meses, casualmente después de visitar a este alto cargo de la administración.
Además, estas gestiones se tramitaron durante las fechas navideñas. Precisamente, el día 3 de enero la Guardia Civil intercepta también una interesante conversación telefónica que mantiene una empleada de Romanov con la arquitecta que ha redactado el proyecto de la escalera. “Bueno, se ve que la reunión que tuvieron ha dado fruto (se ríe), se ve que ha mirado el proyecto y han intentado buscar una solución”.
Cinco días más tarde, esta empleada mantiene otra conversación con su jefe. Le comunica otra reunión que ella ha asistido con la administración. Le dice a Romanov que “el jefe de Costas le manda recuerdos”. El mafioso ruso da muestras de su satisfacción porque el problema burocrático se está resolviendo. Este responsable de este departamento oficial realizó un viaje a Madrid para defender el proyecto de la nueva escalera del hotel y conseguir la autorización.
El pago
La Guardia Civil detectó que Romanov tuvo que hacer frente a un pago por las gestiones que se habían realizado para legalizar la escalera exterior. El pago se lo hizo a uno “de sus chicos”. Le facilitó un sobre con dinero en metálico, si bien los investigadores no han podido determinar la cantidad que le entregó. El sobre no lo entregó Romanov, sino que lo hizo su esposa. Ello sorprendió a este individuo, que no solo se mostró algo decepcionado por la cantidad económica que recibió en metálico, sino que no encontró lógico que fuera la mujer quien le entregara en persona este sobre.

El hotel Mar i Pins de Peguera es la única inversión que logró realizar este grupo mafioso ruso en Mallorca. Sin embargo, a través de Romanov, estaba urdiendo un ambicioso proyecto para adquirir otros establecimientos turísticosRomanov se había interesado por la compra de otros dos hoteles, todos ellos en la costa de Calvià. Uno de ellos tenía un precio de 15 millones de euros. Este dinero, según la Guardia Civil, procedía de los delitos cometidos en Rusia.
Curiosa manera que tiene de actuar Costas. La Administración del Estado en vez de denunciarlo a la policía, ceden a las pretensiones de un mafioso con rapidez asombrosa. ¿No se llama a esto prevaricación y negociaciones prohibidas? 
¿No debería tomar medidas la Fiscalía Anticorrupción  contra los funcionarios que intervinieron en el asunto?

jueves, 20 de marzo de 2014

Víctimas de la Demarcación de Costas ( TRINIDAD CARVAJAL LÓPEZ )

La Administración local vende un terreno en 1929, lucrándose con ello, y la Administración central, en 2014, nos derriba e incauta la propiedad pasando por encima de nuestros derechos en el propio procedimiento y sin opción a tener ni siquiera una concesión que por ley nos pertenecía o, en todo caso, una indemnización por la expropiación de una propiedad privada.

El 11M (11 de marzo) de 2014 la Demarcación de Costas volvió a cometer un atentado, esta vez contra mi familia, derribando nuestra vivienda en Bolnuevo (Mazarrón) cuya titularidad hemos ostentado durante 65 años. 
La historia de esta vivienda se remonta a 1929 cuando el terreno donde se situaba la misma fue comprado por Pedro Acosta Fernández al Muy Ilustrísimo Ayuntamiento de Mazarrón para construir un almacén de aperos de pesca que al poco tiempo pasó a ser una vivienda, inscribiéndose el título en el Registro de la Propiedad en 1932.
El 2 de mayo de 1949, nuestro abuelo Ginés Carvajal Paredes compra la vivienda efectuando el pago de los correspondientes impuestos e inscribiendo la escritura en el Registro. Por herencia, pasó a ser propiedad de nuestro padre, Ginés Carvajal Sánchez, en 1954 y asimismo pasó a ser propiedad de la Sociedad Carvajal Aborica cuando en 1992 fallece nuestro padre.
En 1995 se aprueba por OM de 19 de julio el deslinde de la playa de Bolnuevo, donde curiosamente se retrotraen los mojones solamente en la zona donde están las viviendas pasando estás a ser de dominio público marítimo terrestre, y rodeando los mojones el cámping, respetando su propiedad privada que actualmente se encuentra a escasos veinte metros del rompeolas del mar. Y es a partir de ese año cuando nuestra querida Demarcación de Costas nos pone en el punto de mira. 
Sin notificación. Con mucha gentileza, la Administración a cambio, ofrecía (según ellos a través de la ley) a todos los propietarios unas concesiones de 75 años que jamás nos fueron comunicadas (razón por la cual ningún propietario las solicitó) ni, por supuesto, concedidas. 
En 2006 nos notifican la incoación de oficio de un expediente de recuperación del dominio público marítimo terrestre (latronicio por ley).
Durante diecinueve años hemos estado luchando para defender un derecho fundamental como es la propiedad privada, gastando mucho dinero, presentando toda clase de recursos hasta que en octubre de 2013 la sala segunda de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia dictó sentencia estimando, cómo no y una vez más, la petición de Costas, sentencia que no fue recurrida por expiración del plazo. 

A los dos meses, la Administración pública (Costas)  nos envía un presupuesto valorando el derribo en casi 24.000 euros; lógicamente nos opusimos, presentado un presupuesto contradictorio realizado por un aparejador junto con la empresa especializada en derribos, valorándolo en apenas 4.000 euros, a lo que nos contestaron que sí tan barato era la derribáramos nosotros o en un plazo de tres días entregáramos las llaves de la vivienda.
Nosotros, asesorados por nuestro abogado, con el que contactamos a través de la presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, doña Carmen del Amo, esperamos a que se nos notificara del Juzgado la autorización a Costas de entrada en nuestro domicilio, para en su caso desalojar la vivienda, aunque esperábamos la notificación para recurrirla directamente al Tribunal Europeo.
Pues bien, sin haber sido notificados de nada, el martes 11 de marzo se presentan sin previo aviso en nuestra casa el vigilante de Costas, señor don Pedro, y la representante de la demarcación, la señora Trinidad Pérez, acompañados de todo un séquito de personal, efectivos de la Guardia Civil y un despliegue de maquinaria, enseñándonos un auto con orden judicial que no habíamos recibido, para hacer uso abusivo e ilegal, ya que ni siquiera tenían proyecto de derribo ni licencia municipal del ayuntamiento de Mazarrón (lo que permitieron a pesar de las advertencias que les hicimos), y ni mucho menos hemos recibido indemnización alguna por habernos arrebatado una propiedad.
Ante tal espectáculo, porque más que personal administrativo parecían un ejército, intentamos por todos los medios demostrar que estábamos ajenos a toda notificación, pidiéndoles que, por favor, nos dieran un día para sacar las cosas de la casa, a lo que todo eran respuestas negativas, pero lo peor fueron las formas y el abuso de autoridad con que nos intimidaron y amenazaron, y después de literalmente rogarles, tuvieron la gentileza de darnos quince minutos para sacar los objetos personales de nuestra casa. 
viviendas 1940
Era una casa antigua, pero equipada con todo lo necesario para vivir una familia dignamente y, sobre todo, con todos sus recuerdos. Sólo tuvimos tiempo de sacar los alimentos del frigorífico, ya que transcurrido el ínfimo tiempo, el perro de presa don Pedro, su compañera Trinidad y un tal Fernando nos echaron de nuestra propia casa, haciendo caso omiso a mi resistencia para sacar los objetos y recuerdos de nuestros padres. Nos amenazaron con la Policía y tuvimos que salir por última vez dejando dentro de aquellos portales toda una vida, mi infancia y todos los recuerdos inmateriales que allí se quedaron. Y con mucha impotencia, mi hermano Ginés y yo abandonamos nuestra casa de Bolnuevo donde crecimos con nuestros padres y donde han crecido nuestros hijos, despidiendo todas las vivencias tanto buenas como malas que habíamos tenido hasta ese día.
Trato despótico. Acto y seguido, cuando sus ´nuevos dueños´ la asaltaron, cumplieron su objetivo, que era, con un plumazo de una excavadora, destruirla, y lo peor de esta historia es como mi familia y yo vimos las risas y la satisfacción que mostraban mientras nosotros llorábamos de pena, rabia, impotencia y dolor por ver parte de nuestra vida rompiéndose en pedazos, que pocos minutos después pasó a ser un montón de escombros y para estos desalmados un buen atentado contra sus víctimas.
La situación fue dantesca y desoladora, no dábamos crédito a lo que estábamos viendo.
Por parte de esta Administración española y sus secuaces fuimos tratados de una forma hitleriana y lo único que nos queda ahora es pelear y remover cielo y tierra para demostrar la indefensión que nos han causado saltándose la Justicia un paso esencial en un procedimiento como es la notificación a las partes, tal y como expresamente exponía el auto de fecha 26 de febrero de 2014 del Juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo que nos enseñaron y que mientras derribaban nuestra casa nos entregaron: «La entrada se llevará a cabo en un plazo de treinta días, notifíquese a las personas afectadas por la medida y partes del proceso, haciéndoles saber que contra el mismo cabe interponer   recurso de apelación, admisible en un solo efecto, mediante escrito fundado, ante este mismo órgano y en el plazo de quince días desde la notificación».
Primera escritura 1929
Leyes y derechos. En resumen, la Administración local vende un terreno en 1929, lucrándose con ello, y la Administración central, en 2014, nos derriba e incauta la propiedad pasando por encima de nuestros derechos en el propio procedimiento y sin opción a tener ni siquiera una concesión que por ley nos pertenecía o, en todo caso, una indemnización por la expropiación de una propiedad privada. Era nuestra casa y estos atracadores nos la han robado.
Vamos a ir hasta donde haga falta para demostrar que las leyes son muy extensas y aunque no todos los españoles las conocemos, para eso hay personas con conocimientos y humanidad que están dispuestas a ayudarnos y a abrir los ojos a todos los ciudadanos, pues la Administración aplica dentro de esas leyes únicamente las que a ellos les benefician y no a los ciudadanos.
Con este relato quiero que todos se enteren de que más allá de nuestras fronteras existen otras leyes que derogan las que indebidamente nos aplican a nosotros, a las víctimas que somos todos. Mi familia ha sido parte de su carnaza, me han arrancado parte de mi corazón a tirones y esto es imperdonable.
Sólo pedimos justicia ante tal acto vandálico. La justicia en España favorece a todos los delincuentes como son los políticos y Administraciones, sobre todo Costas y sus secuaces. Que nadie calle; os animo a que salgáis a la calle a reivindicar los derechos que nos están arrebatando.

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2014/03/20/victimas-demarcacion-costas/544924.html

lunes, 10 de marzo de 2014

¿Por qué nadie se pregunta donde estaba Costas cuando aparecen casos de corrupción donde se ha comerciado con el dominio público marítimo terrestre?

Hernández cambió a un constructor la mayor zona verde de La Manga por un trozo de mar

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que se desplazaron hasta la zona de Veneziola, en el tramo final de la larga lengua de tierra que es La Manga del Mar Menor, tuvieron que mirar varias veces a su alrededor para convencerse de que sus ojos no les estaban jugando una broma pesada. En aquel lugar delimitado en los planos municipales vieron cómo los 68.466 metros cuadrados de terreno que la promotora Ladera Dos Mares había cedido al Ayuntamiento de San Javier a cambio de hacerse con la que iba a ser la mayor zona verde de La Manga, simplemente no existían. Allí había un trozo de playa y más allá una vasta, vastísima, extensión de mar. Un Mare Nostrum de incomparable belleza, pero sobre el que difícilmente se iban a poder abrir algún día exuberantes jardines, ni mucho menos instalar bancos y juegos infantiles.
El avance de las investigaciones sobre el denominado 'caso Valhalla', que desde hace seis años se siguen en el Juzgado de Instrucción número 1 de San Javier, ha permitido conocer ahora hasta qué extremos llegaba el supuesto trato de favor que el exalcalde del PP José Hernández Sánchez -quien siempre se definió a sí mismo como un promotor, aunque estuviera ocupando responsabilidades públicas- otorgaba a otros colegas del sector inmobiliario y, en muchos casos, socios suyos en diversos negocios.
De todas las conclusiones alcanzadas hasta el momento por los agentes de la UCO y los inspectores de la Agencia Tributaria la más llamativa se refiere, sin duda, a la permuta que firmó en 2004 entre José Hernández, como primer edil del consistorio de San Javier, y Antonio Javier Sánchez Reyes como representante de la sociedad Ladera dos Mares del Mediterráneo. Estas dos personas ya fueron arrestadas en 2010, dentro de la 'Operación Valhalla', y continúan desde entonces imputados en las diligencias, aunque ahora se van conociendo con más detalle el carácter de las relaciones que ambos mantenían.
Zonas verde por arena y agua
En un reciente informe del fiscal anticorrupción de la Fiscalía Superior de la Renión, Juan Pablo Lozano, fechado el pasado 19 de febrero, se pone de relieve que el Ayuntamiento marmenorense aceptó hace casi diez años ceder a Ladera Dos Mares un terreno municipal de 45.463 metros cuadrados que estaba calificado como «sistema general de espacios libres y parque público y deportivo». A cambio de esta parcela, que estaba llamada a a convertirse en el mayor parque público de toda La Manga, el municipio recibiría otro terreno, de 68.466 metros cuadrados, que estaba escriturado a nombre de la mencionada promotora y al que, «fraudulentamente», según el fiscal, en documentos del Ayuntamiento era denominado como «dominio público local».
Esta permuta llamó la atención de los investigadores desde el primer momento, toda vez que sobre ese terreno que en origen era público la promotora había abierto un campo de golf (jardín privado), que se había construido además con una mera solicitud de licencia de obra y que en apariencia estaba funcionando sin licencia de apertura.
Aunque tales hechos ya resultaban sospechosos, lo que en ningún caso esperaban, y es con lo que se toparon cuando se desplazaron hasta la zona, era que el terreno cedido por Ladera Dos Mares al Ayuntamiento simplemente no existiera. Se trata -reseña el Ministerio Público- de un área que desde el deslinde de 1969 estaba calificada como Dominio Público Marítimo Terrestre, propiedad por tanto del Estado español, conformada por un trozo de playa y una amplia extensión de mar y, por lo tanto, completamente inexistente a efectos jurídicos.
«Permuta delictiva»
«La sociedad del Grupo Ladera -insiste el fiscal en su informe- fue beneficiada por José Hernández mediante una permuta delictiva de parque público a cambio de un trozo de mar y playa».
Un dato que podría aportar luz a las razones de ese supuesto trato de favor es que en documentación incautada a José Hernández, durante el registro efectuado por los UCO en su domicilio en 2010, éste se atribuye en una relación de bienes ser dueño del 5% del 'Polígono A', una zona urbanizable de La Manga propiedad del Grupo Ladera. Hernández valora esa participación en nada menos que 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros).
Otro de los datos que el fiscal registra en su informe, y que también resulta en apariencia muy revelador, es que el proyecto urbanístico del 'Polígono A' fue realizado por el arquitecto Juan Pedro Sánchez Trapero, a quien el acusador público se refiere como «socio del arquitecto municipal Miguel Botella». Estos dos profesionales también están imputados en el caso.
Para apuntalar sus sospechas de que la permuta fue una burda maniobra delictiva, con la que se logró que un terreno público destinado a jardines fuera incorporado como campo de golf en un proyecto urbanístico, el Ministerio Público desvela un documento hallado en el ordenador de Sánchez Trapero. El mapa recoge por dónde iban los límites de la parcela de playa y mar cedida al Ayuntamiento (se aprecia en la infografía que acompaña esta información), «y permite comprobar fácilmente el fraude empleado en la permuta, observándose que no había nada que permutar».
En virtud de estos nuevos datos surgidos de la investigación judicial, el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano ya ha solicitado que el exalcalde sea citado de nuevo por el juzgado para que aporte explicaciones al respecto. Una petición que previsiblemente será aceptada por el juez instructor.
José Hernández fue detenido en julio de 2010 por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, entre otros. Unos cargos por los que sigue estando imputado en la actualidad. En concreto, los datos de la investigación apuntaban a que durante los ocho años en que fue alcalde habría favorecido a destacados promotores de la zona, como Santiago Martínez Esparza, de Urdemasa, o el principal propietario de Grimanga, Jaime Vicente Navarro, con quienes además tenía sus propios negocios privados.
¿Y la policia de dominio no vió nada? Pues tienen ojos de lince cuando de gente humilde se trata.
Es imposible que sucedan estos trueques sin que la Demarcación de Costas se entere. 
No se porqué la Fiscalía nunca les llama para que aclaren cuales son sus responsabilidades en todos los asuntos donde aparece que se ha comprado/vendido/permutado el dpmt.