Guardamar reclama dejar fuera de la Ley de Costas 200 casas en la avenida de la Libertad

Dos senadores del PP se entrevistan con el equipo de gobierno y los técnicos para estudiar sus propuestas

El Ayuntamiento de Guardamar ultima una nueva ofensiva para convencer al Estado de la modificación de la Ley de Costas, que afecta a las propiedades de 200 familias, concentradas todas ellas en la avenida de la Libertad, además de locales y parcelas.

Técnicos municipales y equipo de gobierno han preparado una serie de alegaciones para convencer a Costas del daño que podría causar si definitivamente se incluyera las cerca de 200 viviendas, en su mayoría casas unifamiliares y bloques residenciales, o a los solares con permiso de edificación residencial. El objetivo primordial es desafectar varias zonas estratégicas.

En un principio está prevista que la modificación de la Ley de Costas se publique entre febrero y marzo. Ante la urgencia de este asunto, la primera medida tomada por el actual equipo de gobierno ha sido la de convocar a los senadores Vicente Aparicio y Agustín Almodóbar "para que comprueben in situ la zona que sigue afectada y que sepan de primera mano los motivos por el que queremos llegar a un acuerdo", afirmó ayer Verdú.

Analizado

Vicente Aparicio, portavoz de Medio Ambiente del PP en el Senado, señaló que "queremos colaborar con la alcaldesa para resolver cuestiones específicas de estas playas. Hemos visto la zona del paseo y analizado el deslinde" y se comprometió "a trabajar para mejorar los efectos que este deslinde puede tener en el Plan General de Guardamar". Por su parte, Almodóvar, portavoz de Turismo del PP en el senado, dijo tras la reunión que "pretendemos que la nueva ley sea respetuosa con el medio ambiente, con el entorno, pero a la vez compatible con el ocio y con el disfrute" y, en definitiva, con una industria "tan importante como el turismo, que es número uno para nuestra provincia y muy en especial para Guardamar del segura".

La alcaldesa no ocultó su satisfacción por el interés de los senadores, aunque quiso ser cauta hasta que se publique la reforma de la ley "se ha trabajado mucho tanto desde el Ayuntamiento en la anterior legislatura como desde el Partido Popular cuando estaba en la oposición. Se crearon plataformas logrando 1000 firmas contra el deslinde de Costas"

http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2013/01/26/guardamar-reclama-fuera-ley-costas-200-casas-avenida-libertad/1337594.html

El nuevo deslinde de Platja de Muro ‘retorna’ a los propietarios originales 80.000 metros cuadrados que iban a pasar al Estado con el deslinde del 2010

La Demarcación de Costas en las Illes Balears propone un nuevo deslinde del dominio público marítimo-terrestre que substituye la propuesta del 2010 y que en la zona de la Platja de Muro ‘retorna’ a los propietarios originales 80.000 metros cuadrados de tierras que, en la primera propuesta, se preveía incorporar a la titularidad pública.

La propuesta de deslinde que hizo Costas, hecha por el equipo del socialista Celestí Alomar, supuso un fuerte varapalo y el consecuente enfado entre los propietarios de tierras en la Platja de Muro. La mayoría de los afectados de la propuesta de 2010 eran básicamente hoteleros, el propio Ajuntament de Muro y los titulares de algunos chalets o parcelas situadas en la primera línea del mar. La expropiación prevista era de 100.000 metros cuadrados de suelo.

A la vez en el año 2011 se hizo otra modificación que dejaba la cifra en 70.000 metros. Ahora, la última, y más reciente ya que todavía está en periodo de exposición pública, sólo prevé incorporar a la propiedad del Estado 22.000 metros cuadrados.

A todo ello el alcalde de Muro, Martí Fornés señala que «parecía que querían apropiarse de los solares municipales», en referencia  a la propuesta de 2010. «La línea de deslinde hacía cosas raras: en zonas retrocedía en otras estaba más adelante. No tenía sentido».

En definitiva Fornés se muestra moderadamente satisfecho con la nueva propuesta de deslinde, pero no completamente, y anuncia que el Ajuntament hará alegaciones. «Hay cosas que todavía se pueden mejorar»

http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/part-forana/ley-costas-expropiara-000-metros-cuadrados-menos-superficie-playa-muro.html

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO DEMARCACIÓN DE COSTAS EN LAS ISLAS BALEARES

• Información pública y nueva audiencia en el expediente de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de unos siete mil treinta y un (7,031) metros de longitud, corresponde al tramo de urbanización las gaviotas y barra antropizada (tramo 1) , en el término municipal de Muro (Islas Baleares). REF. ª DES01/08/07/0001
  http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8068/507470/informacio-publica-i-nova-audiencia-en-l-expedient

El cínico e impresentable discurso de la Vicepresidenta Saenz de Santamaria sobre los desahucios mientras ordenan confiscar y demoler las viviendas de familias que no deben nada a nadie

Muy pocos sentimientos ha demostrado tener para las familias a quienes despoja de su propiedad, las expulsa de su entorno, le destruye sus hogares y los deja con lo puesto y con las hipotecas; porque cuando confiscan la propiedad no se quedan con las deudas, les dejan sin vivienda pero con hipoteca.

Esto es lo que hizo su gobierno por el derecho a una vivienda digna.

Cuando Saenz de Santamaria tan sólo era diputada, esta Asociación ha tratado de que les reciba para informarle de la problemática que iban a heredar . 
Ni aún intercediendo por nosotros gente cercana a ella logramos concertar una entrevista, siempre se negó saber nada de nada, a si es que ahora que no venga haciendo pucheros. No cuela. Tiene el corazón de hielo.

Los negocios ocultos de la Ley de Costas. El fiscal pide cinco años de cárcel para Garau (ex jefe de Costas) por cobrar comisiones

El Ministerio Público atribuye al histórico jefe de Costas Antonio Garau un delito

continuado de cohecho por recibir sobornos / Reclama una multa de un millón de euros

La Fiscalía pide cinco años de prisión contra el histórico jefe de Costas de Baleares Antonio Garau y una multa de un millón de euros por cobrar comisiones. 
Atribuye a Antonio Garau la comisión de un delito continuado de cohecho por percibir sobornos y reclama para su mujer, Concepción Obrador, una pena de dos años de prisión por el mismo motivo al considerarla cooperadora necesaria en la recepción del dinero. Por ello le reclama también una multa de 300.000 euros. Asimismo pide que ambos sean juzgados por un tribunal del jurado.

El Ministerio Público se pronuncia en estos términos tras examinar la operaciones reveladas por EL MUNDO/El Día de Baleares en agosto de 2007. Tal y como desveló este diario, Garau exigió al hotelero Jaime Moll una comisión de 30.000 euros al año por no torpedear la concesión de los chiringuitos, las hamacas y las sombrillas de la playa de Sa Coma. Esta exigencia abarcaba el plazo de la concesión y, tal y como estipularon ambas partes, debía pasar de padres a hijos en el caso de que falleciera alguno de ellos. Por este motivo la Fiscalía reclama para Moll una pena de dos años de cárcel al considerarle culpable también de un delito de cohecho y pide que le sea impuesta una multa de 300.000 euros.

Tal y como relata la Fiscalía en su escrito de acusación, «durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 1990 y 2003, Antonio Garau, en su condición de funcionario
público y ostentando hasta el año 1992 el cargo de jefe de la Demarcación de Costas de Baleares, instó a Jaime Moll el pago de la cantidad de cinco millones de pesetas anuales».
«Dicho requerimiento», añade, «lo efectuó Garau mediante constantes presiones ejercidas sobre Moll merced de los contactos e influencias que en el ámbito de la Demarcación de Costas tenía». 
«Mediante la exigencia de la mencionada cantidad se ofrecía favorecer y en todo caso no perjudicar los intereses de Moll y los de su empresa Redo, S.A., al objeto de no resultar entorpecida la renovación anual de la autorización para la ocupación de bienes de dominio público-terrestre estatal con instalaciones desmontables de temporada en la playa de Sa Coma». 

Para camuflar la operación delictiva, y «al objeto de otorgar a la exigencia anteriormente descrita apariencia de legalidad, Garau confeccionó un documento sin fecha denominado «Contrato M-O» que debía firmar Jaime Moll y en el que la esposa del primero y también acusada Concepción Obrador, consciente y voluntariamente y de acuerdo con aquél figuraba como receptora de la mencionada cantidad de 30.000 euros
que, según el contrato, debía entregarle Moll a cambio de unos supuestos trabajos técnicos prestados por Obrador, ama de casa, que en realidad nunca se realizaron». 

Para intentar justificar posteriormente estos trabajos ficticios prestados al Grupo Royaltur, Garau aportó informes repletos de obviedades en los que llegaba a incluir aseveraciones del tipo de que «en la Playa de Palma hay muchos alemanes».

Tras poner Garau encima de la mesa la exigencia de la comisión, «los pagos se efectuaron por Moll por miedo a sufrir represalias en caso de no hacerlo y ante el temor de soportar cuantiosas pérdidas económicas para el caso de producirse los obstáculos administrativos anunciados por Garau». El pacto se cumplió y, por ello, «no constan expedientes de infracción graves impuestos a la mercantil Redo, S.A., durante los años en que Garau percibió dinero de Moll». 
«Los mencionados pagos se realizaron de forma periódica por anualidades, habiéndose materializado el último de ellos el 8 de noviembre de 2003».
En total Garau y Obrador percibieron mediante esta operativa más de un millón de euros. 

Tal y como relató el propio Moll en el juzgado los pagos los libraba anualmente en la sede del Banco de Crédito Balear, donde el ex jefe de Costas tenía una caja fuerte. En el hall de la entidad bancaria el hotelero le entregaba «paquetes de dinero negro bien hechos» que contenían la referida cantidad de 30.000 euros. Junto a estos pagos, Garau impuso a Moll la compra de obras de artes de nulo valor a precios astronómicos.

"Garau me dijo: ‘Tu hotel invade la  servidumbre de  Costas,  con 30.000 € de por vida te lo arreglo"

‘Doña Urraca’, ante el juez final (ESTEBAN URREIZTIETA)


La corrupción alcanza su paroxismo con la figura de Antonio Garau. A lo largo de la democracia española han aflorado las más diversas variantes de latrocinio pero no existe ningún caso comparable con el del que fuera durante casi tres décadas seguidas jefe de la Demarcación de Costas de Baleares. 
Con una codicia sin par este octogenario funcionario exigió impunemente a miles de concesionarios, sin importarle su edad y condición, un peaje para tramitar sus servicios. 
Su caso adquiere tintes extravagantes al revestir su corrupción de una falsa condición de marchante de arte. 
A todo aquel que necesitaba renovar un permiso le citaba en su domicilio particular de Illetas, Villa Conchita, que convirtió en una cueva atestada de lienzos en la que extorsionaba a sus víctimas. 
Un ex presidente de la Asociación de Clubs Náuticos de las Islas resumía la operativa a la perfección: «Un chiringuito, un cuadro». No había posibilidad de negociar. Por eso todos los clubes y marinas de las Islas están decorados con sus horripilantes acuarelas y su incalculable fortuna se cuenta en dinero negro. A tal extremo llegó su patológica usura que con la inmensa mayoría de sus fechorías prescritas, decidió, ebrio de avaricia, reclamar judicialmente los sobornos que veía percibiendo religiosamente de manos del otrora gigante hotelero Moll y recurrió para ello al portavoz socialista en el Parlament Antoni Diéguez.
El empresario menorquín renovó su concesión y se despojó de los pagos. Y Garau, enfurecido como un sátrapa africano, decidió interponer contra este empresario, que fue el único que se atrevió a decirle «no», una demanda civil.
Denunció ante un juez el impago de sus comisiones. Se celebró la preceptiva vista oral y
Moll contó la cruda verdad de los hechos. Doña Concha, la mujer de Garau, se derrumbó, y con ella se vino abajo todo el entramado tejido durante décadas por Doña Urraca, que tendrá que afrontar, por voluntad propia, el juicio final a su figura, pero también a toda una época.

¿Cómo es posible que no se enterara nadie en Madrid durante 30 años? En el Ministerio se sabe absolutamente todo, incluso ahora, que llevamos denunciando las arbitrariedades que se cometen con los deslindes, que hemos denunciado públicamente el gran negocio que supone para algunos la Ley de Costas, es como hablar con la pared. Obtenemos la callada por respuesta.
El Ministerio sabe que se han derribado viviendas sin orden judicial; que se construyen paseos y se llevan la arena de un sitio para otro sin evaluaciones de impacto ambiental, sin proyectos de ningún tipo, sin pagar las tasas correspondientes a Minas, sin medidas de seguridad...y todo por la avaricia y porque se han sentido inmunes.  
¿Cómo es posible que unos simples funcionarios crean que tienen Patente de Corso? ¿Por qué nadie ha querido investigar la cara oculta de la Ley de Costas?

¿Dónde estaba Costas mientras se destruía el litoral de Lanzarote y se hacían millonarios unos pocos?

La Fiscalía de Medio Ambiente denuncia corrupción urbanística en Lanzarote

La Fiscalía General del Estado ha confirmado oficialmente que ya ha dado por “ultimada” la Operación Yate, también conocida como caso “Reyes”, que investiga delitos urbanísticos en el municipio de Yaiza. En un comunicado, la Fiscalía hace público que el pasado 20 de diciembre dirigió un escrito al Juzgado que instruye la causa solicitando que se incoe el procedimiento abreviado, previo a la celebración del juicio oral.

Además, la Fiscalía ha adelantado que dirigirá acusación contra doce personas, sobre las que se han encontrado “altos indicios de criminalidad”. Hasta ahora, continuaban imputadas en el procedimiento trece personas, por lo que una de ellas quedará fuera de la causa.

Hasta ahora continuaban imputados el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, y otros tres técnicos del Consistorio, así como la mujer y tres hijos de Reyes, por blanqueo de capitales. Junto a ellos, también están imputados Simeón Camacho, Antonio Marcelo Machín, Benito Mesa Ferrer y Rafael Mesa Ferrer, por su presunta colaboración para realizar ese blanqueo, a través de las sociedades Acuimar Cachazo y Sea Sun Lanzarote.

Entre los delitos que se imputan están los de prevaricación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales, actividades y negociaciones prohibidas a funcionario público, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

"Un plan para enriquecerse"

La Fiscalía considera, “tras realizar una laboriosa Investigación”, que José Francisco Reyes, “actuando desde su cargo de alcalde, ideó un plan para enriquecerse durante el ejercicio de su cargo, abusando de la situación de poder que ostentaba en el ámbito urbanístico de la localidad de Yaiza”.

El fiscal decano de Medio Ambiente y Urbanismo en Las Palmas, Javier Ródenas, y el fiscal en Lanzarote de la sección de Medio Ambiente Ignacio Stampa, que ha llevado esta investigación desde su inicio, detallan en el escrito remitido al Juzgado cómo el imputado “logró recaudar ilícitamente una importante cantidad de dinero derivada de la masiva concesión de licencias urbanísticas que como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Yaiza fue otorgando de forma selectiva durante su mandato, provocando el nacimiento de un urbanismo a la carta que propició por la vía de hecho una alteración total de la realidad urbanística del municipio de Yaiza, logrando de este modo hacerse con un enriquecimiento no justificado que alcanza la cantidad mínima de un millón de euros”.

Los fiscales pormenorizan los indicios que revelan que el origen del patrimonio que consiguió amasar durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento de Yaiza, “en ningún caso puede estar vinculado o proviene de los ingresos conocidos del mismo, ni se justifica por los cobros que legítimamente percibió como alcalde, sino que ha sido adquirido como consecuencia directa de su delictiva política municipal instaurada en el delictivo otorgamiento de licencias urbanísticas”.

Testaferros y "grandes inversiones"

Para tratar de legitimar los beneficios obtenidos durante esos años, según el escrito de la Fiscalía, “el que fuera Alcalde de Yaiza se valió de diferentes procedimientos tales como utilización de testaferros, amortización en efectivo de un número considerable de préstamos bancarios y seguros, fraccionamiento de operaciones de efectivo de origen desconocido y, sobre todo, grandes inversiones mobiliarias e inmobiliarias abonadas con dinero en efectivo e ingresos constantes de otras tantas y cuantiosas cantidades de dinero en efectivo, en una multiplicidad de cuentas corrientes instrumentales, así como la creación de sociedades interpuestas a modo de empresas pantalla”.

Los fiscales concluyen que existen “claros indicios de que se prescindió de manera grosera en los expedientes administrativos de concesión de licencias urbanísticas de un trámite absolutamente esencial del procedimiento, dirigido a hacer valer y velar por el cumplimiento de los intereses insulares que legalmente tutela el Cabildo Insular de Lanzarote”, y de que “omitió deliberadamente requisitos insoslayables como la falta de informes jurídicos y la autorización turística de la que dependía la validez de la autorización municipal”.

Crecimiento "desenfrenado" que afecta a servicios básicos

Además, la Fiscalía subraya que al autorizarse “de forma desenfrenada miles de camas turísticas en contra de las propias determinaciones del Cabildo”, se impidió el necesario control del crecimiento, destinado a evitar un desarrollo “incontrolado” y que “pudieran afectarse servicios básicos de la Isla de Lanzarote”, como el agua y la luz. En este sentido, el Ministerio Fiscal señala que “una superación de las camas turísticas y edificabilidad mas allá de los límites previstos acarrea restricciones de servicios básicos que no pueden cubrir las desorbitadas áreas turísticas aprobadas por el citado alcalde”.

Durante la Instrucción, realizada en coordinación con la Brigada Provincial de la Policía Judicial, Sección UDYCO, la Fiscalía recuerda que se han analizado “con evidente signo incriminatorio una treintena de expedientes de concesión de licencias para la construcción de complejos hoteleros”. En esa lista se encuentran los expedientes administrativos para la construcción del hotel Meliá Volcán, del hotel princesa Yaiza, del hotel Papagayo Arenas, del hotel Dream Gran Castillo, de los apartamentos Iberostar la Bocayna, de los apartamentos Iberostar Papagayo Park, de los apartamentos Río Playa Blanca, del hotel Son Bou, del hotel Rubicón Palace, del hotel Iberostar Papagayo, del hotel Hesperia Puerto Calero, de los apartamentos Coloradamar en la parcela 12 plan parcial las coloradas, de los apartamentos Cay Beach papagayo en la parcela 14 plan parcial las coloradas, del hotel Natura Palace en la parcela 45 y 46 plan parcial montaña roja.

"Manifiesta y flagrante ilegalidad"

Además de licencias hoteleras, en la causa también se han analizado los expedientes administrativos para el otorgamiento de licencia de obras a la entidad “Puerto Deportivo Marina Rubicón, S.A”. y el expediente administrativo para la aprobación del Plan Parcial Playa Blanca.

Según la Fiscalía, en todos esos expedientes, el ex alcalde “otorgó entre los años 1998 a 2003 las licencias a sabiendas de su manifiesta y flagrante ilegalidad”. Además, subraya que esas licencias “vulneran al menos indiciariamente los acuerdos de suspensión del otorgamiento de licencias adoptados por el Cabildo durante la Revisión del PIOT (1998-2000), y fueron concedidas por un órgano municipal que en aquel momento tenía suspendida la potestad para otorgarlas y, lo que es más grave, se concedieron con pleno conocimiento de la vulneración de la legalidad que con la concesión de esas licencias iban a cometer, a sabiendas, además, de que autorizaban edificaciones turísticas incompatibles con el Planeamiento Insular (en ocasiones incluso incompatibles con las ordenanzas del propio Plan Parcial) y con los postulados introducidos en la revisión en tramitación (que era lo que se pretendía salvaguardar), sin tener en cuenta la carga edificatoria de la Isla”.

http://www.lavozdelanzarote.com/article74776.html

La respuesta a la pregunta es....

En Costas estaban muy ocupados planificando como destruir los poblados tradicionales que aún respetan el medio ambiente, el desarrollo sostenible y que viven en armonía con la naturaleza. 

foto Vanesa García Perez 

Propietarios de viviendas declaradas ilegales pese a tener licencia recurren a Estrasburgo

Un matrimonio de jubilados británicos que vive en Albox, en una casa sobre la que se ha dictado orden de demolición a pesar de que contaba con licencia municipal, llevará su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para intentar que éste resuelva una situación que hasta ahora la justicia española no ha podido solucionar.

La pareja, que no quiere dar a conocer su nombre para evitar la preocupación de sus familiares, presentará la acción bajo el respaldo de dos organizaciones –AUAN y SOHA- que agrupan a cientos de propietarios de viviendas del Almanzora y la Axarquía, en Málaga, y que denuncian la desprotección que padecen, pues muchos de ellos, como este matrimonio, se encuentran con órdenes de demolición aunque compraran sus casas «de buena fe» e incluso con licencias municipales.

En este caso, la Junta de Andalucía impugnó la licencia ante los tribunales, al igual que ocurrió con al menos otra media decena de afectados en Albox en 2009, y pretende que sean demolidas, como explica Gerardo Vázquez, el abogado de la asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora No' (AUAN), que sobre todo agrupa a propietarios británicos de esta comarca almeriense.

Se trata de un caso similar al de Len y Helen Prior, cuya casa en Vera fue demolida hace cinco años, el 9 de enero de 2008, «como resultado de una disputa entre su Ayuntamiento y La Junta de Andalucía», señala AUAN. En ambos casos las propiedades tenían todas las licencias necesarias.

Los Prior, tras la demolición de su casa, siguen viviendo en la que era su cochera, después de que según la organización el Ayuntamiento de Vera no le facilitara una vivienda similar a la suya, como resolvió la justicia con posterioridad al derribo, sino un pequeño apartamento.

Ahora este matrimonio, que ya había agotado prácticamente toda esperanza de que su casa no fuera demolida, llevará su caso al tribunal europeo. No obstante, el abogado Gerardo Vázquez es más ambicioso y se plantea la posibilidad de iniciar una acción en grupo para luchar conjuntamente contra "el laberinto jurídico del sistema español", viciado a su entender por "un defecto básico": el hecho de no considerar el derecho a la propiedad como un derecho fundamental, como sí ocurre en la Unión Europea. Sin embargo, España como país miembro de la UE ha suscrito el artículo 1 del Protocolo número uno del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho fundamental a la propiedad.

De hecho, en base a otra acción similar en España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dictado medidas cautelares para evitar la demolición de una vivienda en Madrid, algo que se espera conseguir también en Almería y para todos los incluidos en la acción iniciada desde aquí.

«Mi intención, a través de un procedimiento piloto, es informar al Tribunal Europeo de la existencia de este defecto del sistema jurídico español que afecta a muchísima gente», explica Gerardo Vázquez. «Si tenemos éxito, España tendría que modificar su sistema jurídico para que este defecto dejase de existir», añade.

La cuestión radica, a su entender, en el hecho de que en España el derecho a la propiedad está considerado como estatutario, muy limitado por su supuesta función social. «El problema es quién determina esa función social, ¿los políticos?, y la tensión que se plantea entre el derecho del individuo a tener su casa y el derecho de la sociedad», plantea el letrado.

No hay otra opción

«Creemos que no hay otra opción que acudir al Tribunal Europeo», dice la presidenta de AUAN, Maura Hillen. «En el caso de Len y Helen Priorel Tribunal Constitucional deliberó durante dos años sobre la cuestión de demoler o de no demoler la casa, mientras ya había sido aplastada. E incluso si la indemnización es en realidad otorgada por los tribunales españoles, se puede tardar hasta 15 años para recibir el dinero. No debe haber más demoliciones sin indemnización previa», señala.

Por su parte, Philip Smalley, presidente de SOHA (Save Our Homes in Axarquía), mantiene que «a pesar de que los problemas en la Axarquía son, en muchos aspectos, muy diferentes a los que hay en Albox, todos comparten una injusticia que debe ser corregida». «Si sólo uno de nosotros puede establecer este derecho fundamental de vivir en paz enuna casa comprada de buena fe, seguramente esto le ayudará a cambiar la intransigencia del sistema jurídico español y será un dinero bien gastado», concluye.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/09/andalucia/1357735949.html

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos suspende cautelarmente el desahucio de una familia en Madrid

La corte ordenó al Estado español paralizar el desalojo de una vivienda del Instituto de Vivienda de Madrid

El pasado 13 de diciembre, a las diez de la mañana, una familia más iba a ser desahuciada de la vivienda en la que residía. Se trata de una mujer de 24 años y sus dos hijos pequeños, que, en situación de exclusión, ocupaban irregularmente una vivienda vacía del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) en la zona de Vallecas desde hace tres años. La familia explica haberse visto en la tesitura de ocupar este piso después de haber solicitado en reiteradas ocasiones a las autoridades competentes una solución habitacional sin obtener ninguna respuesta. 

La Comunidad de Madrid dictó en febrero de 2011 un acto administrativo por el que acordaba la “recuperación posesoria” de la vivienda y un juzgado de lo Contencioso-Administrativo acordó proceder a la expulsión a pesar de las alegaciones del abogado de la familia, César Pinto Cañón (Abogados Díaz Pinto), designado por el turno de oficio en mitad del proceso. Pinto procedió entonces a interponer un recurso de apelación, “pero éste no suspende la ejecución del acto de entrada”, explica a DIAGONAL. Cuando el caso parecía irremediablemente resuelto a favor del IVIMA, el letrado decidió recurrir a una última opción: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, que tiene el poder de actuar cuando se haya producido o se vaya a producir la violación de un derecho fundamental.

 

Suspensión cautelar urgente

“El 6 de diciembre remití vía fax al TEDH una solicitud de medida cautelar de suspensión urgente ante la grave situación de la familia en precariedad económica y exclusión social”, explica Pinto, que alegó una posible vulneración del artículo 3 del Convenio de Roma [Convenio Europeo de Derechos Humanos], que establece que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”, además del artículo 8, que hace referencia a la protección de la familia. “Alegamos tratos inhumanos y degradantes porque se deja a una familia con menores en la calle sin adoptar ninguna medida, quedando ésta abocada a la precariedad y al desamparo”, afirma Pinto. 

 

El día 11, el TEDH remitió una pregunta al Estado español sobre qué “soluciones de realojo alternativas van a proponer [a la familia] y en qué plazos” para evitar la posible violación del artículo 3 del Convenio, y recibió una respuesta del IVIMA, firmada por su director gerente, Juan Van-Halen, en la que se hace hincapié en el hecho de la “ocupación ilegal” y se afirma que “la demandante no pretende la defensa de un derecho sino el reconocimiento de un privilegio”, para después referirse a una “amplia red de servicios de asistencia”, pero sin aportar ningún tipo de solución concreta.

 

Ante esta situación, el día 12 a las 20h el TEDH acordó de urgencia, “en interés de las partes y del buen desarrollo del procedimiento ante el Tribunal, no expulsar a la demandante y a sus hijos de la vivienda que ocupan”, además de la tramitación de urgencia de este caso y de mantener el anonimato de la familia para proteger su intimidad.

 

En la comunicación remitida al TEDH junto al informe del IVIMA por Francisco de Asís Sanz Gandasegui, abogado del Estado, previamente a la decisión del tribunal de suspender el desahucio, mostraba su desacuerdo porque “someter a la consideración del Tribunal el criterio de la adopción de una medida cautelar en este caso, además de injustificada, puede ocasionar un precedente perjudicial (sic) para las personas que se encuentran en situación de necesidad”. 

 

Con una opinión totalmente opuesta, el abogado César Pinto considera que este precedente es muy positivo, pues “en cierta manera es incluir dentro de los derechos fundamentales los derechos sociales como el de la vivienda”, y si el tribunal emite finalmente una sentencia condenatoria “sentaría también un precedente que puede servir como una línea de defensa”.

 

De momento, el tribunal, tras la presentación de una demanda formal por parte de Pinto antes del 10 de enero, deberá decidir si la admite a trámite, algo muy probable dada su decisión de suspender cautelarmente el desalojo por posible vulneración del artículo 3. En este caso, el Gobierno español tendrá la opción de negociar con la familia una solución o bien esperar la sentencia, sabiendo que si es condenatoria significará el pago de una indemnización o el subsiguiente realojo de la familia, además de ahondar en el desprestigio del Estado, que ya ha sido condenado en varias ocasiones por el TEDH por vulneración de derechos fundamentales.

http://www.diagonalperiodico.net/global/tribunal-europeo-derechos-humanos-suspende-cautelarmente-desahucio-familia-madrid.html