Medio Ambiente continúa con su tarea de deslindar los 10.157 kilómetros del litoral español, un trámite previsto en la Ley de Costas, de 1988. A final de 2009, ya estaba completo el 89,3% de la costa. El porcentaje delimitado ya ronda el 95% tras el impulso de los dos últimos años.
La provincia de Huelva era de las que iba más retrasada, con el 74% de su costa deslindada. Faltaba uno de los deslindes más conflictivos: los 36,8 kilómetros del Parque Nacional de Doñana, desde Matalascañas hasta la desembocadura del Guadalquivir, frente a Sanlúcar de Barrameda.
La ley da una definición muy amplia para el dominio público marítimo terrestre. No hay una distancia, sino que se basa en criterios geológicos. Así, incluye "el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos", "las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan" por las mareas o "las playas o zonas de depósito de materiales sueltos".
En esas definiciones entra todo el frente litoral de Doñana, con dunas de hasta 32,5 metros. "La playa sigue recogiendo las arenas traídas por el mar y el viento que hace 6.000 años cerraron el estuario del Guadalquivir", señala el informe técnico elaborado por la empresa pública Tragsatec y que ha sido aprobado sin "modificaciones sustanciales", según fuentes conocedoras del trámite.
Ese informe "constata el carácter de dominio público de la totalidad del brazo arenoso, que engloba la playa y las distintas cadenas de dunas hasta llegar a la marisma". Las dunas móviles llegan a engullir árboles enteros al avanzar empujadas por el viento.
Costas aún tiene que deslindar las marismas del interior del paraje, por lo que finalmente incluirá mucho más del parque en el dominio público.
La tramitación de la orden fue muy polémica. La Junta de Andalucía, que gestiona el parque nacional gracias a una sentencia del Constitucional, se opuso. Pero también estaba en contra Parques Nacionales, del propio ministerio, que consideró que solo el primer cordón de dunas debía ser expropiado. Inicialmente ambos departamentos pidieron una tercera opinión, la del catedrático de Granada Miguel Ángel Losada, que se inclinó a favor de Costas al considerar que "el brazo arenoso, sus riberas del lado del mar y del lado del estuario, los caños y las lagunas mareales, los ríos y los arroyos están relacionadas entre sí y forman un sistema físico inseparable". Luego Parques se desmarcó de esta opinión e insistió en retrasar el deslinde.
El tema llegó incluso a La Moncloa, porque la propuesta de deslinde incluye dentro del dominio público el palacio de Las Marismillas, de Patrimonio del Estado y en el que veraneó Zapatero en años anteriores.
Ante la división en el departamento, decidió la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, quien consideró que la declaración de dominio público era la mejor forma de proteger el espacio natural. Así, optó por ampliar todo lo posible el dominio público. El resultado es uno de los mayores deslindes jamás realizados desde que se aprobó la ley, hace más de 20 años, solo comparable a uno en Baleares. La directora general de Costas, Alicia Paz, firmó el deslinde hace unos días y en breve saldrá publicado en el BOE y será oficial. Ante esta declaración cabe recurso, pero Medio Ambiente gana el 89% de los pleitos en la Audiencia Nacional.
La declaración de dominio público supone una "muy singular forma de expropiación", como la definió el Tribunal Constitucional en 1991, en la sentencia en la que avaló la mayor parte de la norma. Los terrenos pasan a ser propiedad del Estado, pero este no paga dinero a los dueños. La compensación es una concesión por 30 o 60 años para mantener allí la actividad existente. Pero no pueden vender el suelo ni construir. Si los terrenos no tienen ningun uso -como ocurre en buena parte del brazo de arena- pasan directamente al Estado al no existir la posibilidad de pedir una concesión.
Aunque parte del suelo ya era público, quedan en el parque propietarios privados. Entre los dueños está la familia Morenés, antigua propietaria del Palacio de las Marismillas. Estos pleitearon y en 2003 el Tribunal Supremo les dio el derecho a ser expropiados por el parque "a la vista de la imposibilidad de desarrollar actividades en su finca", según recoge el BOE. Guillermo Morenés, uno de los propietarios, es el marido de Ana Patricia Botín, presidenta de Banesto.
La zona declarada de dominio público se convierte así en intocable, y cualquier actuación requiere el permiso de Costas. El Ayuntamiento de Matalascañas ha comenzado a reclamar una ruta en todoterreno a través de la playa que una el pueblo con Sanlúcar de Barrameda para no rodear todo el parque. Ahora la aprobación pasará a depender de Costas, mucho más conservacionista y reacia a autorizar actividades sobre la arena.
¿Álguien se pregunta por qué no fue uno de los primeros deslindes en hacerse, dejándolo para el final? El Estado podría haberse ahorrado la expropiación del Palacio de las Marismillas con ese maravilloso invento del Constitucional llamado "una muy singular forma de expropiación" que, traducido al castellano de toda la vida, sería "confiscación en toda regla", pero los politicos se han vuelto muy cuidadosos con el lenguaje...ahora derribar se llama "esponjar"; sacar una ley que nos va a machacar a todos la denominan "ley de economía sostenible"; destrozar una franja costera por la administraciones lo llaman "ecoparque"...Lo dicho, pongan ustedes delante de cualquier barbaridad "bio" "eco" "sostenibilidad" etc, y nadie se preguntará que hay detrás.
