La comunidad de propietarios de la parcela PUC1 de El Portil (Punta Umbría), ha denunciado sentirse “agraviada” tras la aprobación de la actual Ley de Costas, con la que el Gobierno ha sustituido definitivamente la famosa y polémica Ley de Costas de 1988, por “indultar” no sólo en Huelva, sino en todo el litoral español, miles de edificaciones construidas en primera línea de playa, “en muchos casos mucho más cerca que las nuestras”, dejando fuera las nuestras.
Así lo ha puesto de manifiesto a VIVA LA COSTA José Luis Velasco, secretario de dicha comunidad de propietarios de El Portil, que ha añadido que en total están afectados por la nueva Ley de Costas en esta zona unos 300 propietarios, sumando los 108 de esta comunidad, los 120 de la Urbanización Puerta Mar, también en Punta Umbría, y los 70 de La Barra, en Cartaya
También exigen que el Ministerio de Medio Ambiente les dé “inmediatamente” una respuesta, ya que “antes de entrar en vigor la nueva Ley mantuvimos un encuentro con el Director General de Costas, quien nos dijo que esperásemos a su aprobación”. Según lamenta, la Ley se ha aprobado y “no hemos tenido ninguna respuesta sobre cómo queda nuestra situación”.
Según ha apuntado, “creemos que sufrimos un agravio comparativo” frente a otras situaciones similares en nuestro litoral, como La Antilla, Punta Umbría o El Rompido, y con otras muchas en el litoral español, “donde hay construcciones indultadas a menor distancia de la línea de costa (en algunos casos hasta a menos de 20 metros) que en El Portil, donde la zona afectada oscila entre esa distancia y los 600 metros”. Según asegura, en esta zona del litoral onubense “el deslinde de 1994 al amparo de la Ley del 88 se separa de la costa y se mete tierra adentro”. Todo ello con el “agravante” de que “estamos en una ría, la del Piedras, mientras que en otras rías como la del Carreras (Isla cristina) o la de Punta Umbría, se ha indultado a las edificaciones ubicadas en sus márgenes”.
Larga historia
La historia de estos 300 propietarios viene de lejos y como explica Velasco, según reflejó el Boletín Oficial del Estado del 1/6/66, con esa fecha fue aprobada la planificación turística de la zona de El Portil, lo cual se refrendó dos años más tarde con su declaración como Centro de Interés Turístico Nacional (BOE del 22/01/68).
Una vez los ayuntamientos de Cartaya y Punta Umbría contaron con estas aprobaciones, iniciaron su Plan de Ordenación Urbana de El Portil de forma conjunta, aprobado el 18 de febrero de 1969.
“A partir de ahí -relata- se construye la urbanización con todos los requisitos legales aprobados, cumpliendo los estrictos controles establecidos en el plan, y abonando los propietarios todos los impuestos exigidos”.
No obstante, señala, en 1994 se aprobó un deslinde al amparo de la polémica Ley del 88, “que dejó en el dominio público marítimo terrestre las viviendas de los afectados”, que perdieron unos años más tarde sus derechos como propietarios de las parcelas, para pasar a ser concesionarios. Fueron los propietarios los que pudieron comprobar cómo en 2007, los que habían adquirido “de forma legal” una parcela y habían edificado en ella, “hasta ese año constaban en el Registro de la Propiedad como propietarios, y a partir de ese año pasó a ser según el mismo Registro titularidad del Estado”.
“Las parcelas dejaron de ser nuestras para estar concesionadas por el Estado, por lo que en ellas no se nos permiten ahora tocar un ladrillo por haber quedado tras el deslinde dentro del dominio público marítimo terrestre”.
“Es incongruente -se queja- que el mismo Estado que nos vendió unos terrenos dentro del marco de una declaración de Interés Turístico Nacional, venga ahora a decirnos que esto no es nuestro”.
Además, en las actuales circunstancias, los terrenos tampoco pueden venderse y “con la Ley en la mano sólo se podría vender las concesiones, que es lo que nos ha quedado. Pero nadie está interesado en adquirir concesiones, que además tienen una fecha de caducidad de 30 años que finaliza en 2024”. Y pese a que ésta puede ampliarse por otros 30 años, “eso hay que solicitarlo y puede que te la renueven, o no, y hasta incluso puede que te la expropien por alguna causa que ellos consideren oportuna”.
Piden que se aplique la Ley estudiando “caso por caso”
Esta situación ha sido denunciada en numerosas ocasiones por la comunidad de propietarios de la parcela PUC1 de Punta Umbría en distintas instancias a lo largo de los últimos años, llegando incluso en 2010 hasta el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que incluso emitió in informe en el que decía que apreciaba “disfunciones” en la Ley de Costas de 1988. “Los deslindes -dice literalmente dicho informe- son una constante en las reclamaciones de los ciudadanos, y los criterios necesarios para hacer dichos deslindes, deberían aplicarse con igualdad en toda la costa española”.
Igualmente argumenta que “La Ley de Costas de 1988 no respeta las situaciones de propiedad privada anteriores a ella, y creemos que no debieran pasarse por alto las situaciones de propiedad u ocupación preexistentes durante a los y años”.
Por otra parte asegura que “la ausencia de claridad de las instrucciones relativas a la aplicación de la Ley de Costas de 1988, ha tenido como consecuencia que las líneas de deslindes sean trazadas, por ejemplo, en zigzag”, motivo por el que se queja esta comunidad de propietarios, cuya línea de deslinde se introduce tierra adentro al menos en unos 600 metros en algunos tramos.
El informe también pone en duda la anulación, gracias a la Ley del 88, del registro de propiedad de los inmuebles incluidos tras la misma en zona de dominio público marítimo terrestre.
Judicialmente, estos propietarios también iniciaron un pleito en 1994, cuando se produjo el deslinde, que perdieron. También han pedido amparo al Defensor del Pueblo Andaluz. Finalmente, Velasco asegura que su único objetivo es que la nueva Ley del Ministerio de Medio Ambiente, que dirige Miguel Arias Cañete, “se aplique estudiando razonadamente caso por caso porque nos sentimos discriminados frente a otras zonas del litoral español”.
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privilegiadas edificaciones en primera línea del puerto de Mahón en Menorca. La Autoridad Portuaria de Baleares era consciente de que en esa fecha se extinguía de un manera improrrogable el título concesional que permitía a lafamilia Milà y a Víctor Manuel y Ana Belén la citada ocupación, y que le había concedido el gobierno socialista de Felipe González en octubre de 1992, casualmente sólo un mes antes de que entrara en vigor la famosa Ley de Puertos (27 de Noviembre de 1992), en la que se prohibía de manera expresa el uso residencial o de vivienda en el dominio público portuario.
marítimo.
