Los eurodiputados cuestionan la reforma de la Ley de Costas e instan a pagar indemnizaciones justas a los afectados.
El Saler, Urbanización la Casbah. La playa en 1977 |
Los vecinos, cuyas casas han quedado ahora dentro del deslinde como consecuencia de la desaparición de la playa, denuncian la connivencia del Ayuntamiento de Valencia con la Dirección General de Costas y la APV a la que reclaman que lleva a cabo la regeneración de la playa del mismo modo que va a hacer en las Arenas y la Malva-rosa, afectadas por la reciente ampliación norte del puerto.
El informe de los eurodiputados recoge las quejas de los propietarios de la playa de Santa Pola que, en aplicación de la ley de Costas, perdieron sus casas mientras los bares y restaurantes han podido permanecer. En Valencia, el ayuntamiento ha hecho bandera de la defensa de los chiringuitos de la playa. "En cambio, a nosotros nos ha abandonado", apunta una propietaria de la Casbah, miembro de la Asociación Europea de Perjudicados por la ley de Costas.
En sus recomendaciones, el informe insta al Gobierno español a "establecer un esquema completo y justo de compensación financiera para los propietarios legales de propiedades cuyos hogares puedan ser objeto de demolición o expropiación por la ley de Costas". Propone que los registradores de la propiedad informen de la situación legal de las viviendas de la costa e insta a perseguir a los agentes privados y autoridades públicas que hayan propiciado las construcciones ilegales en la costa. Los eurodiputados recomiendan mayor celeridad al sistema de justicia español puesto que los "retrasos en la justicia son una injusticia inaceptable".