LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2012) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

domingo, 11 de noviembre de 2012

DESALOJO Y DERRIBO DE 9 VIVIENDAS EN EL POBLADO MARINERO DE CHO VITO (TENERIFE)


DESALOJO Y DERRIBO DE 9 VIVIENDAS EN EL POBLADO MARINERO DE CHO VITO (TENERIFE)

El próximo lunes día 12 es el plazo marcado para que las 9 familias que aún permanecen en el en el barrio marinero de Cho Vito sean desalojadas y sus viviendas derribadas por orden del Gobierno de España. Su delito: ser un impedimento para un proyecto especulativo acordado por el Gobierno de Canarias y el Gobierno español en 1998 contando con la complicidad necesaria del Ayuntamiento de Candelaria.

Estas familias han demostrado con documentos de la propia Administración que todo el procedimiento se ha llevado a cabo de manera irregular. No deben nada a nadie. Han cumplido con todas las obligaciones tributarias, son propiedades totalmente LEGALES, inscritas en el Registro de la Propiedad...y sin embargo, el lunes, si nadie lo remedia, serán expulsados de sus hogares y tendrán que seguir pagando sus hipotecas a pesar de quedarse sin el bien hipotecado. ¿Tiene que suicidarse alguien para que se paralice el derribo?

Es incomprensible que ningún Partido Politico alce su voz contra un derribo que viola los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de los Derechos Fundamentales y la Constitución Española y que la sociedad permanezca  impasible cuando se han unido en contra de los dasahucios bancarios. ¿Por què todos callan cuando el abuso lo comete el Estado? ¿Por qué el PSOE clama airado contra la Ley Hipotecaria cuando fueron ellos los que aprobaron una ley muchísimo peor, la Ley de Costas, que ha permitido quitarle la propiedad a 400.000 familias llevándolas a la ruina económica, social y familiar? 

La Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) hace un llamamiento a todos los politicos, jueces, sindicatos, periodistas, ONG's y sociedad civil en general para que demuestren su repulsa e impidan que siga adelante la mayor injusticia que se va a cometer en España.

Carmen del Amo

Pte Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC)

Contacto Cho Vito
Antonio Alonso
email lapeando@hotmail.com 
Tfno 0034 656 42 60 04

sábado, 10 de noviembre de 2012

Cho Vito corre el riesgo de derribo al terminar el plazo de desalojo el lunes


Los vecinos están preocupados y acudieron ayer al juzgado ante el temor de que Costas traslade al poblado la maquinaria para proceder al derribo de las casas. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar tiene constancia documental de que el deslinde marítimo-terrestre de 1969 fue alterado en 2001. 

El 16 de octubre, un día después de que se comprometieran con ellos a lo contrario, fue cuando el Servicio Provincial de Costas comunicó a los vecinos de Cho Vito, mediante un escrito, que tenían de plazo hasta el próximo lunes para desalojar sus viviendas. Los habitantes de las nueve construcciones que existen en el poblado se muestran "muy preocupados" ante la "más que probable" actuación de derribo y por la "nula respuesta" obtenida en su intento de suspender cautelarmente la aplicación de la medida.

Ayer, los vecinos se personaron en el Juzgado de Güímar al objeto de plantear que "se pretende acceder a las casas para derribarlas sin estar autorizados a ello", toda vez que la población defiende que la sentencia existente "solo alude a que se permite la entrada, pero no se refiere en ningún momento a que se autorice el derribo".

La población se moviliza ante "la inminencia de una acción que seguimos considerando injusta y un atentado a nuestros derechos". Una convicción que ahora parece haber encontrado un argumento "de peso" que lo justifica.

Los vecinos de Cho Vito disponen de documentos oficiales emitidos por la Dirección de Sostenibilidad de la Costa y el Mar "en los que se constata que los mojones que delimitaban el dominio público marítimo-terrestre en el año 1969 fueron alterados notablemente en el deslinde que terminaron de definir en 2001".

En el primero de los casos, y en aplicación de la Ley de Costas del momento, "Cho Vito estaría fuera del ámbito del dominio público marítimo-terrestre". Sin embargo, cuando el Gobierno central cambió la legislación "movió los mojones dejando a todo el poblado dentro del área, por tanto, afectando a todas las casas".

Certificó que coincidían
Se da la circunstancia de que en el mes de septiembre del año 2000, el ingeniero jefe de la Demarcación de Costas en la provincia, Manuel Barrios Martínez, informó y certificó que "la línea de deslinde que obra en el proyecto de deslinde de Punta del Rey a Playa de Cho Vito (...), definida conforme a los criterios de delimitación del dominio público marítimo-terrestre contenidos en la Ley de Costas de 1988, coincide con la línea de deslinde que hubiera resultado de haberse aplicado los criterios derivados de la ley de Costas de 1969".

Los vecinos se muestran actualmente "más convencidos que nunca" de que ha habido "algo muy oscuro" en todo el proceso que ha vivido Cho Vito. Para ellos, esta nueva documentación "es una pieza fundamental" cuya puesta en escena "hubiera alterado notablemente el devenir de los acontecimientos que nos ha tocado y nos tocará, parece, seguir sufriendo".

El colectivo de Cho Vito no participó esta semana en la reunión a la que habían sido convocados por la Subdelegación de Gobierno al objeto de avanzar en una solución a su problemática. Se marcharon porque no permitieron la presencia de quienes ellos eligieron como sus representantes, entre los que se encuentra uno de los vecinos a los que derribaron su vivienda en 2008.

Los vecinos y las administraciones municipal, insular, regional y central habían acordado que la población de Cho Vito sería reubicada antes de proceder a la demolición de las viviendas para construir el paseo litoral. Es más, el Ayuntamiento de Candelaria hizo pública su propuesta de que esas casas sean construidas en un solar situado sobre el poblado.

Menos casas y más población
Las fuentes consultadas confirmaron que de las 13 viviendas que inicialmente se les había prometido (9 de los que aún viven en Cho Vito y 5 para otros tantos a los que les derribaron sus casas), ahora las han reducido a 5, por lo que ni siquiera se atendería la necesidad de aquellos a los que dejaron en pie las viviendas porque es la única que tienen. Además, una de las casas que había sido tapiada por Costas está ocupada por una pareja con un niño de corta edad. Asimismo, el PP realizó varias visitas a Cho Vito durante el proceso previo a los derribos realizados en 2008 en defensa del lugar y demandando mantener en pie las construcciones. Hoy es el PP, desde el Gobierno central, el que comunica que deben desalojar las viviendas.
http://www.eldia.es/2012-11-10/sur/1-Cho-Vito-corre-riesgo-derribo-terminar-plazo-desalojo-lunes.htm
 

miércoles, 7 de noviembre de 2012

El alcalde de Candelaria, obsesionado con derribar Cho Vito, se construye su vivienda ilegalmente

La Oficina Técnica Municipal de Candelaria ha informado en contra de dar la licencia de primera ocupación a la vivienda del alcalde, Gumersindo García, y de su esposa, inmueble situado en un asentamiento rural del municipio sureño, por “superar la edificabilidad y ocupación máximas permitidas” en la ordenanza pormenorizada del Plan General de Ordenación (PGO).

En un informe fechado el pasado 4 de octubre y firmado por el arquitecto municipal, se concluye que “las edificaciones en la parcela no se ajustan al proyecto presentado para la obtención de la licencia de obras, ni al proyecto reformado ni a la documentación obrante en la solicitud [presentada por la esposa de García ]de licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad”. Tampoco la alineación del muro de cerramiento de la calle se ajusta a la concedida por el Ayuntamiento, según otro infor-me técnico de igual fecha y autoría que el anterior.
Ambos documentos fueron ayer facilitados a este diario por el portavoz municipal del PP, José Fernando Gómez, quien ha denunciado el caso ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que, durante la investigación que está llevando a cabo, ha requerido un informe sobre este asunto a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), agregó el edil popular.
Gómez, que hoy tiene previsto solicitar explicaciones durante el pleno municipal al equipo gobernante, destaca que la Oficia Técnica Municipal, tras una inspección realizada al lugar, detectó “una nueva construcción: un salón barbacoa de 107,28 metros cuadrados junto a un cuarto de aperos de 30 metros cuadrados”.
El concejal del PP explica que la parcela del asentamiento rural admite una edificabilidad máxima de 300 metros cuadrados, y que la superficie apta para la vivienda debió calcularse descontando lo ya edificado a partir de los 30 metros cuadrados permitidos, “por lo que se ha excedido en 107 metros cuadrados”.
En este punto la Oficina Técnica Municipal constata que “la construcción situada al fondo de la parcela, de hace aproximadamente 12 años”, “se omitió en el proyecto” para el que se dio la licencia de obras, otorgada por el concejal de Urbanismo, Domingo Ramos, en 2006.
A juicio del concejal popular, “el alcalde debe ser el primero en respetar y hacer respetar la ley, algo que ahora queda en entredicho con el procedimiento abierto por la Fiscalía y los informes de la Oficina Técnica”. Además, recuerda que “siendo concejal de la oposición, Gumersindo García denunció públicamente la construcción de la casa del entonces secretario del Ayuntamiento por motivos similares a los que ahora le son aplicables a él”. A la vista de todo ello, Gómez se preguntó “con qué autoridad moral el alcalde puede denunciar ahora ilegalidades urbanísticas o llamar ilegales a Cho Vito”.
Este diario contactó con el gobierno local para conocer su versión sobre este asunto, y manifestó que, por el momento, prefería no hacer declaraciones.
“Un planeamiento hecho a la carta”
El portavoz municipal del PP afirma que el aspecto de la casa del alcalde y su esposa no se adapta al paisaje ni a las condiciones estéticas de este núcleo, catalogado como asentamiento rural, sino que es más propio de zonas urbanas, con un diseño “vanguardista”. Pues bien, Gómez denuncia que “el gobierno municipal ha promovido ajustar el Plan General a esta vivienda, con el fin de garantizar la posibilidad de legalizarla a través de un cambio de definición de la armonización estética aplicable en la zona en que se encuentra esta casa” del regidor municipal, algo que para el PP equivale a hacer “planeamiento a la carta”.

sábado, 3 de noviembre de 2012

LA GRAN INJUSTICIA DE CHO VITO

Con documentos en la mano, demostró que las viviendas de Cho Vito son legales y que los derribos se deben por tanto a un interés especulativo con los terrenos donde se sitúa el poblado costero. En este sentido, afirmó que es lamentable que a día de hoy, cuatro años después de la caída de gran parte del barrio, nuestros dirigentes políticos se permitan el lujo de hablar de ilegalidades y de sentencias para justificar sus intolerables actuaciones.

Sobre Cho Vito no hay más engaños y abusos de poder por parte de unos dirigentes políticos que por un lado quieren eliminar a un pueblo que ha defendido sus derechos y su dignidad y, por otro, pretenden especular con los terrenos, dijo para añadir que Costas toma la decisión de demoler las viviendas sin tener en cuenta el drama social que ello conlleva, porque ahora han entrado las prisas por construir un paseo  hasta el muro de Unelco.

Tomás González dejó claro que los vecinos están dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre para evitar que el 12 de noviembre caiga Cho Vito, tras lo que hizo un llamamiento a la sociedad canaria para que les ayuden a no caer en la indigencia que les está preparando el Gobierno estatal con estos desahucios.
¿Cómo es posible que en 1969 el mojón estuviera delante de las casas y en 2001 Costas jura y perjura que estaba detrás?


¿Cómo es posible que aparezcan documentos "perdidos" que demuestran la injusticia que se ha cometido con Cho Vito y no haya ninguna interpelación parlamentaria ni en el Parlamento Canario ni en el Congreso? ¿Nadie tiene nada que preguntar, nada que investigar?

En los últimos días se ha formado un frente común entre los políticos, jueces, ecologistas, sindicatos...en defensa de los afectados por las hipotecas. En cambio no he oído que se levante ni una sola voz a favor de los afectados por la Ley de Costas.

¿Cómo es posible que los mismos que se unen en defensa de los desahucios hipotecarios, se unan para pedir que se confisque, desahucie y derribe las viviendas de quienes han cumplido con todas sus obligaciones y sólo han cometido el error de vivir en unos terrenos que todos desean?

¿Hay un ejemplo más claro de violación de Derechos Humanos que en el caso de Cho Vito?




jueves, 1 de noviembre de 2012

Los vecinos de Cho Vito "esperarán a las palas" y presentan nuevas pruebas

Los vecinos del poblado costero de Cho Vito, en el municipio de Candelaria, anunciaron hoy que "esperarán a las palas" el 12 de noviembre, cuando se ha anunciado la ejecución de la demolición de sus casas, al tiempo que han pedido a los tribunales la reapertura judicial del caso y medidas cautelares ante la aparición de nuevas pruebas sobre este "engaño".
Unas treinta casas de este núcleo costero fueron derribadas en octubre de 2008 pese a la oposición de los vecinos ante las fuerzas antidisturbios y las palas excavadoras, y el 12 de noviembre es el límite que tienen las familias de las nueve viviendas que siguen en pie para abandonar sus hogares, según ha anunciado la Delegación del Gobierno.
Representantes de la asamblea de vecinos insistieron hoy en que la determinación de los habitantes de Cho Vito es oponerse "sin violencia pero con dignidad" a "la confiscación" de sus viviendas, con el apoyo en el lugar de cuatro eurodiputados el día de los derribos.
PROYECTO DE 15 CHALETS EN CHO VITO (PGOU Candelaria)
"Por la dignidad morimos", advirtió en rueda de prensa Tomás González, uno de los representantes vecinales, quien hizo un llamamiento a todos los partidos, sindicatos y movimientos sociales a acudir el 12 de noviembre a Cho Vito para evitar "el desahucio" que piensa ejecutar el Gobierno central, con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Candelaria para favorecer la especulación urbanística a costa de los derechos humanos de las familias afectadas.

Reclamó en concreto el apoyo del "Partido Socialista Obrero Español" que mientras estaba en el Gobierno es el que promovió el derribo de Cho Vito.
Antonio Alonso, también representante vecinal, anunció que entre hoy y el viernes se van a presentar nuevas pruebas en los tribunales a partir de documentación que hasta ahora les había negado la Dirección General de Costas, la cual demuestra, según señaló,que numerosas viviendas, algunas ya derribadas, no estaban en dominio público hasta el deslinde de 2001.
En 1969 se realizó un deslinde y en 2001 otro, y los planos de ambos difieren, a pesar de que Costas ha certificado por escrito que sí coinciden.
Con estas pruebas documentales los vecinos quieren que se reabra judicialmente el caso y que se tomen medidas cautelares frente al derribo de sus casas a partir del 12 de noviembre.

"Cómo es posible que todas las administraciones, por intereses urbanísticos hayan propiciado este engaño que lleva "a confiscar viviendas en propiedad para construir un paseo marítimo con fondos europeos, ilegal porque carece de informe de impacto ambiental y que no lleva a ninguna parte", se preguntó Alonso.
Esto no es un paseo, son unas escaleras que vulneran la Ley de Accesibilidad

Advirtió de que si cae Cho Vito, el destino de los otros 111 núcleos costeros canarios será el mismo, y por tanto se trata de una batalla "por la dignidad del pueblo canario", no sólo de los vecinos afectados.

"Todas y cada una de las administraciones nos han engañado para especular con nuestras viviendas", denunció Alonso, pero advirtió de que la Unión Europea está encima del asunto y varios eurodiputados acudirán el 12 de noviembre al poblado para apoyar a los vecinos.
Declaraciones de Cristina Narbona poco antes de derribar Cho Vito

Tomás González dijo que la supuesta "buena voluntad" de las administraciones no se traduce en soluciones para los vecinos y sus problemas sociales, y afirmó que el Gobierno pretende desahuciarlos y dejarlos en la indigencia.
"Hacemos lo imposible para defender nuestras casas, pero tienen prisa en construir el paseo marítimo" para poder cobrar los fondos europeos y dárselos a la empresa Tragsa, cuyos "esbirros" han ido a  amenazar a los vecinos para que dejen sus casas, aseguró.

Los afectados denunciaron que ahora se pretende reformar la Ley de Costas "a la carta", para excluir de la misma a urbanizaciones en Formentera y en otros puntos del litoral español porque están habitadas por 45.000 extranjeros y evitar así que el asunto lleve a la intervención de la Unión Europea.
Pero en la reforma legal no se tiene en cuenta los poblados costeros canarios, aunque sí a las construcciones hoteleras para poder seguir especulando, aseguró, y se preguntó para qué sirven el Gobierno y el Parlamento de Canarias si no pueden defender su territorio.
"En 2008 luchamos, entonces no podíamos demostrar el engaño; pero ahora sí podemos, hemos aprendido a defendernos con sus documentos", afirmaron los representantes vecinales en referencia a las nuevas pruebas presentadas en los tribunales.

¿Cómo consigue Costas que los alcaldes abandonen a su gente y permitan que se destruyan pueblos enteros? EXTORSIONÁNDOLOS.
Lo declara públicamente el primer Director General de Costas del Gobierno socialista, Fernando Palao, el mismo que hizo la Ley de Costas.

El BOCG (Boletín Oficial de las Cortes Generales) está repleto de contestaciones del antiguo gobierno de ZP, donde confirman que si un Ayuntamiento quiere que Costas pague las obras de los paseos, tendrán que ponerles en "bandeja de plata" todas aquellas viviendas que ellos señalen.

Código Penal español, Art 243 "El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados"

¡¡¿Dónde está la fiscalía anticorrupción que no se entera de nada?¡¡

miércoles, 31 de octubre de 2012

Vídeo: Los vecinos de Cho Vito demuestran que sus casas no estaban en dominio público


Los afectados por la demolición en 2008 han presentado este miércoles dicha documentación en los juzgados.

Los vecinos afectados por la demolición de las viviendas de Cho Vito en 2008 llevaron este miércoles a los juzgados pruebas de que sus casas no estaban en dominio público. 

Las 12 familias afectadas piden justicia y la movilización de la ciudadanía el próximo día 12 de noviembre. Fecha en la que está prevista la demolición de las casas que aún quedan en pie.

(ver video abriendo el link)

martes, 30 de octubre de 2012

CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA. VECINOS DE CHO VITO.


CONVOCATORIA
RUEDA DE PRENSA.
VECINOS DE CHO VITO.

       En relación con las noticias aparecidas recientemente en la prensa local, los vecinos de Cho Vito,  ofrecerán una rueda de prensa el miércoles, día 31 de octubre a las 11.00 horas, en la sala Guayarmina del hotel Príncipe Paz, para explicar las medidas adoptadas ante la nueva amenaza de derribo del día 12 de Noviembre, por parte de la Demarcación de Costas de Tenerife y la falta de soluciones por parte de todas las Administraciones implicadas, y que nos llevan, si no se soluciona el problema social de las viviendas de los afectados, a revivir  las imágenes del derribo del 2008
      En esta rueda de prensa, se mostrarán nuevos documentos que señalan graves errores por parte de la Administración, y que demuestran claramente la legalidad de las viviendas de este pueblo costero.


Tomás González.
Antonio Alonso.
José Antonio Luís.
656426004
lapeando@hotmail.com

lunes, 29 de octubre de 2012

LA SOMBRA DEMOLEDORA DE LA LEY DE COSTAS PLANEA SOBRE EL POZO DE LAS CALCOSAS (Aránzazu Gutiérrez Ávila Consejera del Cabildo de El Hierro)

En principio, tengo que hacer una referencia histórica, pues no se entendería cual ha sido el devenir del Pozo de Las Calcosas. Este paraje sin igual en Canarias, que se encuentra ubicado en una isla baja, ofrece un paisaje singular donde se asentaron nuestros antepasados desde el S. XVII, para descansar y aprovechar los recursos que nos ofrece este magnífico lugar, practicando una de las tradicionales mudadas que han caracterizado la historia de El Hierro.
El Pozo de Las Calcosas toma su nombre del pozo de agua, entorno al cual, se formó el núcleo poblacional y también por la abundancia de calcosas que existen en la zona. Este núcleo se caracteriza por una arquitectura respetuosa con el medio, como es la arquitectura rural de El Hierro, una arquitectura donde los materiales que priman son: la piedra, la madera y el colmo, que le dan protagonismo y lo convierten en el único lugar con este tipo de arquitectura que permanece vivo en España, porque sus habitantes se han encargado de mantener lo que heredaron de sus abuelos. Esa relevancia y la falta de documento escrito, llevó a la Dirección Gral. de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, que en aquel momento yo dirigía, a encargar y publicar "Piedra, madera y colmo" un estudio del modelo arquitectónico tradicional y un inventario de cuatro núcleos representativos de la isla: La Albarrada y Tejeguate, como antiguos asentamientos; Guinea como poblado restaurado y reconvertido en Ecomuseo, y el Pozo de Las Calcosas como expresión viva de una comunidad.
Después de esta publicación, se refuerza la importancia del Pozo de las Calcosas y cobra protagonismo en el II Congreso Internacional de Cubierta Vegetal, que se celebró en Tenerife, La Palma y El Hierro, en octubre de 2009; donde una de las conclusiones que se sacaron en dicho Congreso es que había que empezar a actuar en El Pozo de Las Calcosas, porque existían fortalezas, para que se convirtiera en un modelo de sostenibilidad y de conjunción del pasado, el presente y el futuro que estaba teniendo algunas debilidades, que se podían convertir a su vez en amenazas y contribuir a la desaparición de esa singularidad y valores naturales, culturales y turísticos que tiene este pequeño enclave. Sin embargo, la amenaza mayor era la Ley de Costas vigente en aquel momento, por eso el Cabildo Insular del Hierro a través de Asunción Amaro, Consejera del Territorio en aquél entonces trabajó con Gesplan un Documento Catálogo del Pozo de Las Calcosas.
Ante las conclusiones del Congreso y la preocupación por lo que estaba sucediendo en algunos núcleos costeros de Canarias, donde la Ley de Costas estaba siendo contundente, la Dirección Gral. de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias da el primer paso para un proyecto de Revalorización del Pozo de Las Calcosas, que se le encomendó a la Asociación Pinolere, cuyo objetivo era trabajar con los vecinos para que transmitieran todos los conocimientos de los que eran portadores, trabajando en pequeños grupos y dando información pero también intercambiándola a través de encuentros y charlas. Posteriormente, se plantea un segundo paso, que es el documental audiovisual, donde se recogen los valores intangibles como la pesca, la recogida de sal, la hoguera de San Lorenzo y las trastadas nocturnas de ese día, donde todo cambia de sitio, el Charco para los chochos, la traída de los mimbres y un sinfín de pinceladas que pintan la idiosincrasia del Pozo de las Calcosas.
Este documental fue presentado el pasado miércoles 24 de octubre en el Centro Cultural de El Mocanal, con la presencia del actual Director Gral. de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Aurelio González, a quien acompañaron en la mesa el Vicepresidente del Cabildo, Atilano Morales y la 2ª Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Valverde, Francisca Casañas. Estos últimos resaltaron y alabaron los valores patrimoniales del Pozo de Las Calcosas, sin embargo ninguno mostró ni un ápice de preocupación ni compromiso por la pica que planea sobre este pueblo costero con la nueva modificación de la Ley de Costas, debe ser que como es mandato del PP desde Madrid acatan lo que les mandan sin importarles ni sonrojarse con lo que tanto alabaron en la presentación. El despiste no nos vale, máxime cuando esa misma mañana se hablaba del desalojo de Chovito, como tampoco podemos obviar la pasividad y desinterés mostrados por el PSOE en El Hierro. 
La preocupación de la AHI ha quedado patente por su trabajo con los vecinos, con la moción que defendió el senador Narvay Quintero para que las competencias de esta materia pasaran a la Comunidad Canaria. Sin embargo, la aprobación de la modificación de la Ley de Costas ha dado al traste con las esperanzas de los vecinos y vecinas del Pozo de Las Calcosas que confiaban en que el cambio normativo librase a sus viviendas de la pica.
La AHI tiene claro que seguirá luchando junto a los vecinos, para que el Pozo de las Calcosas siga siendo ese paraje singular impregnado de historia, cultura y tradición, sin someterse a mandatos de España, donde el gobierno del PP se ha olvidado una vez más a Canarias, y sin someterse a la desidia que una vez más caracteriza al grupo de gobierno PPPSOE del Cabildo y del Ayuntamiento de Valverde.

miércoles, 24 de octubre de 2012

La Fiscalía de Medio Ambiente abre diligencias penales sobre los posibles daños causados por los buques en El Saler


La Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia abrió de oficio la pasada semana diligencias de investigación penal por las consecuencias medioambientales que podrían haber causado los barcos encallados en la playa de El Saler.
La Fiscalía determinará así si los hechos pudieran ser constitutivos de delito contra el Medio Ambiente y quién ha de responder por él.
Las investigaciones están encaminadas a averiguar si los buques varados desde el pasado 28 de septiembre han provocado daños enla flora y la fauna del ecosistema marino.
Estas diligencias se abrieron previas a la denuncia interpuesta el martes por el grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, en la que solicitaban las consecuencias medioambientales de los intentos de reflotamiento de las embarcaciones.

Compromís pide a la Fiscalía investigar los barcos varados

Ribó denuncia que los intentos de reflotar los buques "han provocado en la playa una intensa erosión que prácticamente la ha hecho desaparecer"
El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia ha solicitado a la Fiscalía de Medio Ambiente que investigue el varado de los dos buques que permanecen encallados en la playa de El Saler desde finales de septiembre ante los daños ambientales causados por los intentos de reflotamiento.

El portavoz municipal de Compromís, Joan Ribó, ha asegurado hoy en rueda de prensa que, respecto a los cargueros varados, "todo esto se ha de clarificar y se han de delimitar responsabilidades".

En el escrito presentado hoy a la Fiscalía, Compromís denuncia que los intentos de remolcar las embarcaciones "han provocado, en la playa, una intensa erosión que prácticamente la ha hecho desaparecer".

Los visitantes que se han desplazado para verlas han ocasionado también, según Compromís, "un impacto muy negativo" en las dunas de El Saler.

Ribó ha lamentado el "retraso" de la Policía Local en acudir a las playas ante la "gran afluencia" de visitantes y ha acusado al Ayuntamiento de Valencia de "negligencia" porque "no se entera de lo que hace la gente de esta ciudad".

Asimismo, Compromís también señala, en el texto de la Fiscalía, que el Ayuntamiento ha actuado "con mucha lentitud" y que el plan de rescate de los buques "no contaba con el debido estudio previo de impacto ambiental pese a haber sido autorizado por Salvamento Marítimo".

Desde Compromís han apuntado, además, que los jefes de máquinas de los buques "habían abandonado su responsabilidad" durante la tormenta que provocó su accidente, dado que "se encontraban en tierra".
El portavoz ha criticado que "ahora se planteen como solución sacar las 800 toneladas de tuberías que hay en uno de los barcos", algo que, a su juicio, "deberían haber pensado antes".
Para Ribó, "se ha abordado este problema para ver si se resolvía pronto y salir corriendo todo el mundo sin querer arreglar los temas adecuadamente, y quien ha pagado es el parque natural de El Saler".

La concejala de Compromís Pilar Soriano ha afirmado que en el próximo pleno su grupo solicitará al gobierno municipal que elabore un protocolo de actuación ante situaciones de emergencia, para que la respuesta sea "mucho más rápida".

Soriano ha añadido que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 se ha previsto una reducción de la partida del mantenimiento de las costas "en torno al 61 %", con lo que corresponderían "alrededor de 800.000 euros" a la provincia de Valencia para casos de emergencia.

La edil de Compromís ha señalado exigirá a la corporación municipal que pida un aumento en esta partida del presupuesto, ya que el coste de desencallar los buques "estará en torno a los dos millones de euros, con lo cual supera en una gran cuantía la cantidad que tendríamos el año que viene".

martes, 23 de octubre de 2012

PP. "El Gobierno canario alarga el calvario de los afectados por la antigua Ley de Costas"

La vicesecretaria de Acción Sectorial del Partido Popular de Canarias y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Tavío, acusó hoy al Gobierno Regional de "tomar el pelo a los afectados por posibles demoliciones en el litoral de las Islas a consecuencia de la actual Ley de Costas, alargando su calvario sin necesidad".

Tavío se entrevistó hoy con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, responsable en materia de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con quien coincidió en la necesidad de exigir que el Gobierno canario elabore "cuanto antes" un censo de viviendas del litoral isleño, en colaboración con las Corporaciones locales, con el fin de delimitar qué poblados marineros reúnen valor etnográfico y paisajístico que aconseje su conservación".

"Decenas de familias llevan tres años de agonía con una sentencia en la mano, esperando una decisión sobre su realojo, que es competencia exclusiva de las Instituciones canarias", denunció la parlamentaria del PP, quien recordó que Costas solo podrá legalizar aquellos núcleos de las siete Islas incluidos en ese listado, a través de los instrumentos que facilitan las leyes de la comunidad autónoma. 

"Para el Gobierno de España es imposible saber cuántas viviendas canarias están afectadas, porque el Gobierno de Rivero incumple desde 2009 la obligación de remitir un catálogo de los asentamientos que merecerían ser conservados, en cumplimiento de nuestra propia legislación", indicó la diputada del PP, que recordó que el Ministro de Medio Ambiente estima en 2.000 las viviendas de toda España en esta situación.

"Esta sería la única forma de acogerse a la beneficiosa regulación de la nueva Ley de Costas, que permitiría preservar los núcleos que tuvieran valor paisajístico y etnográfico, según la propuesta de las Instituciones canarias, y garantizasen uso sostenible del litoral", apostilló Tavío, para quien "sería un desastre que solamente el Archipiélago se quede fuera porque las Administraciones de la comunidad autónoma no quieran colaborar".
Seguridad jurídica

El encuentro entre Ramos y Tavío, celebrado en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, permitió repasar las singularidades de las Islas en la nueva Ley que elabora el Gobierno de España y ahondar en la necesidad de que las Administraciones colaboren para dar seguridad jurídica a los propietarios.

Tavío agradeció personalmente la sensibilidad demostrada por el Ministerio con las características del litoral canario, que quedaron de manifiesto cuando el propio Arias Cañete garantizó en la presentación de la Ley que Canarias ha de tener una regulación específica en materia de deslindes.

En este sentido, puso como ejemplo de la "bochornosa actitud del Gobierno de Canarias", la "delicada situación" de una docena de vecinos del núcleo tinerfeño de Cho Vito, en Candelaria, que llevan dos años esperando una solución a su realojo que nunca llega. 

La dirigente popular reiteró que "en los difíciles momentos de crisis que vivimos, no se puede consentir que haya familias esperando tres años por el realojo, lo cual alarga su agonía".

Cristina Tavío recordó que desde septiembre de 2010, los vecinos aguardan a que el Ayuntamiento, el Cabildo Insular de Tenerife y la Consejería de Medio Ambiente cumplan con su compromiso de buscar una solución que permita la ejecución de las resoluciones judiciales firmes que el Gobierno de España desea que se cumplan con la menor afección posible. 

Por este motivo, citó el caso de Güímar, también en Tenerife, "cuyo Ayuntamiento logró salvar las propiedades y actividad económica de varios núcleos de su litoral, poniéndose a disposición de sus vecinos y facilitando una aplicación de la vigente Ley que favorezca el uso sostenible de la costa".

La inmadurez de los políticos españoles no tiene nombre. No afrontan su responsabilidad jamás. 
Cristina Tavío conoce desde hace tiempo el problema de los poblados costeros canarios y no ha ha hecho absolutamente nada para encontrar una solución. 

Hace varios años que se les planteó el problema, porque tarde o temprano iban a gobernar, y ya que parecía preocuparles las nefastas consecuencias de la Ley de Costas, que tan furibundamente aparentaban combatir, fueran informándose de las afecciones y las posibles soluciones. Han pasado olímpicamente de todo y ahora la culpa es de otros.

¿No es el PP el que gobierna? ¿No tiene un Proyecto de ley que puede dar la solución que piden a los demás? ¿Para qué quieren calificar de BIC los poblados si la nueva ley seguiría confiscándoles la propiedad al convertirlos automáticamente en concesiones? ¿Cómo es posible que el Gobierno de España no sepa cuantas viviendas hay afectadas cuando ha sido el promotor del problema y el que las ha afectado? 

Sra Tavío, la solución es muy simple y está en manos de su Partido. Sólo hay que poner en la nueva Ley de Costas que las propiedades anteriores a 1988 SERÁN RESPETADAS Y DEVUELTAS A SUS LEGÍTIMOS DUEÑOS. 

sábado, 13 de octubre de 2012

Cho Vito no se rinde y pedirá reabrir su caso




Esta semana se han cumplido cuatro años de los derribos de las viviendas de Cho Vito ordenados por la Dirección General de Costas para recuperar el dominio público y construir un paseo, con un desalojo a la fuerza que incluyó un amplio despliegue de fuerzas y cuerpos del Estado.
Quedan nueve casas por tirar, de las 31 afectadas, pero los vecinos de este poblado de Candelaria -que en este tiempo han llevado sus quejas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo- no se dan por vencidos contra lo que consideran “una injusticia”. Ahora quieren pedir a los juzgados la reapertura de su caso -pese a que la sentencia ya es firme- tras descubrir lo que consideran nuevas pruebas do-cumentales a su favor.
Estos documentos constatan que con el deslinde de 1969 las edificaciones quedaban fuera de dominio público, tal como se aprecia en mapas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), lo que explica que en 1968 los propietarios firmaran su conformidad con la delimitación fijada, según explicó ayer Tomás González, portavoz de los afectados, cuya casa es una de las que faltan por demoler.
Un papel clave para Cho Vito es un escrito firmado en 2000 por el ingeniero jefe de la Demarcación, Manuel Barrios, en el que certificó que “la línea de deslinde probable” en la revisión iniciada en 1998 para este tramo litoral “coincide” con las aprobadas desde 1966 y 1969 “por encontrarse conformes con las definiciones de la Ley” de Costas de 1988. Pero la realidad es que, para “sorpresa e indignación” de este vecindario, el nuevo deslinde aprobado en 2001 finalmente se retranqueó frente al barrio, dejandolo de lleno en franja pública para “cometer la injusticia de derribar las viviendas sin respetar derechos, sin indemnización alguna”, en palabras de otro portavoz vecinal, Antonio Alonso, cuya casa ya fue demolida, aunque pague aún por el terreno el IBI y en el IRPF.
“Si los deslindes de 1969 y 2001 debían coincidir”, se preguntan tanto González como Alonso, “cómo es que luego eso no fue así, cómo es que desde 1994 nos abrieron expediente de recuperación posesoria del dominio público, y cómo es que todas las viviendas tienen escrituras de propiedad, cédula de habitabilidad, pagan el IBI; algunas fueron hipotecadas por bancos y hasta en un caso se recibió una subvención del Gobierno canario”. A estos documentos añaden uno de Costas en el que el suelo de Cho Vito figura como “urbano edificación intensiva”, así como otros con ubicaciones “arbitrarias” de los mojones que delimitan el deslinde.
Así las cosas, 9 familias siguen su “suplicio” en Cho Vito, a la espera de que Costas, el Gobierno canario, el Cabildo y el Ayuntamiento resuelvan el problema social de su realojo, al tratarse de su única vivienda. Mientras, continúa la obra del paseo marítimo, con un presupuesto de unos 924.000 euros.
“Un paseo que no lleva a ninguna parte, a no ser a la central de Unelco, y que, con la demolición de Cho Vito, deja un bonito frente marítimo a una unidad de actuación para 15 adosados que ahora quedarán en primera línea de costa; una futura urbanización de un conocido promotor en terrenos que además fueron cedidos en su día por sus antiguos dueños al Ayuntamiento para equipamiento público, pero no para que otras personas hicieran negocio”, denunció González, quien además recordó que en este litoral está planificado un puerto deportivo.
“Todo esto lo sacamos a la luz, y contarlo públicamente nos ha costado a alguno hasta amenazas de muerte”, manifestó, antes de advertir: “En Canarias hay más de cien Cho Vitos, muchos con sentencia, pero no se ha tirado nada desde que se hizo aquí; y en todos los casos siempre hay urbanizaciones que saldrían beneficiadas de derribar las casas de la gente humilde”.
Hoy, acto público
Los vecinos de Cho Vito celebrarán hoy, a las 18.00 horas, junto a lo que queda del poblado, un acto público en recuerdo del cuarto aniversario del desalojo y del comienzo de los derribos. Por megafonía, los asistentes podrán escuchar las intervenciones, vía telefónica, de portavoces de afectados por la Ley de Costas en toda España. Una conmemoración que concluirá con una paellada. “Hemos ido cuatro veces a Bruselas para que no se cometan más abusos de poder y se tiren casas sin indemnizaciones”, afirman.
¿Por qué tanta destrucción?
¿Para conseguir fondos europeos?
¿Para engordar las arcas de la empresa pública TRAGSA?
Además de para todo lo anterior, para conseguir a coste cero una playa para los 15 chalets programados y poderles hacer un pantalán, tal y como está programado en el PGOU. La Ley de Costas fue pensada para poner al servicio de los poderosos los terrenos de la gente humilde. La foto lo dice todo.




sábado, 6 de octubre de 2012

Cañete argumenta que las ''demoliciones masivas'' darían mala imagen


El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha justificado la reforma de la Ley de Costas aprobada este viernes en Consejo de Ministros "por la imagen de España que se generaría" al efectuar "demoliciones masivas de viviendas" a partir del año 2018, fecha en la que expiran las concesiones de casi 2.000 viviendas, lo que obligaría a su demolición.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Arias Cañete ha indicado que, "dentro de cinco años, se tendrían que haber empezado a demoler, solo en 2018, cerca de 2.000 viviendas en el litoral, con la imagen de España que se generaría de muchísimas personas que habían invertido en el país y que luego veían que una modificación del sistema jurídico les desposeía de sus viviendas y obligaba a demolerlas con enorme coste".

En cualquier caso, el titular de Medio Ambiente ha señalado que "todo lo que sea ilegal en la costa será demolido y se actuará sobre ello", en alusión al hotel constuido en El Algarrobico (Almería). Cañete también ha hecho alusión a los deslindes que, gracias a la nueva normativa, se podrá consultar a través de Internet para que los ciudadanos puedan comprobar "si su vivienda o parcela está afectada por limitaciones de dominio público".
A juicio del ministro, estos cambios "tienen que mejorar la confianza de los inversores extranjeros y permita dar salida a los 'stocks' de vivienda que muchas veces, por la imagen de España de inseguridad juridica, lleva a frenar las inversiones en el litoral". Por ello, ha subrayado que no se trata de "una ley de amnistía" ya que establece "un marco regulatorio mucho más claro" que permitirá evitar "la sensación de arbitrariedad". "No es más laxa ni tolerante", ha reiterado.

En este punto, ha detallado que "lo ilegal será demolido, lo que era legal y estaba sometido a concesion se prorrogará a peticion de sus titulares; y las instalaciones industriales se analizarán desde el punto de vista medioambiental para ver si son sostenibles y afectan a los ecosistemas marinos o habitats naturales para tener una política de conservación real de las playas y el litoral".

Así, ha recordado que actualmente, en los cerca de 10.000 kilómetros de costa que hay en el litotal, existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo. Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y 3.000 'chiringuitos'. Como ejemplo de la dimensión del empleo relacionado con este sector, Cañete ha cifrado en 40.000 el número de empleos que se generan solo en Andalucía.

Y dentro de unos años, vuelven a repetir la historia haciendo nuevos deslindes y confiscando las propiedades a los incautos que las han comprado. 
Es exactamente lo que hicieron con la Ley de Costas de 1988, quitársela a los propietarios extranjeros que habían comprado su vivienda LEGALMENTE en los años 60-70 y a los españoles que llevan siglos viviendo en la misma casa familiar.

La imagen de España está dañada por las leyes bananeras que permiten la retroactividad, la confiscación y la violación de los Derechos Humanos.

La única manera de dar seguridad jurídica es derogando la ley y declarando públicamente que en España se respetará la propiedad privada.