Guardamar reclama dejar fuera de la Ley de Costas 200 casas en la avenida de la Libertad

Dos senadores del PP se entrevistan con el equipo de gobierno y los técnicos para estudiar sus propuestas

El Ayuntamiento de Guardamar ultima una nueva ofensiva para convencer al Estado de la modificación de la Ley de Costas, que afecta a las propiedades de 200 familias, concentradas todas ellas en la avenida de la Libertad, además de locales y parcelas.

Técnicos municipales y equipo de gobierno han preparado una serie de alegaciones para convencer a Costas del daño que podría causar si definitivamente se incluyera las cerca de 200 viviendas, en su mayoría casas unifamiliares y bloques residenciales, o a los solares con permiso de edificación residencial. El objetivo primordial es desafectar varias zonas estratégicas.

En un principio está prevista que la modificación de la Ley de Costas se publique entre febrero y marzo. Ante la urgencia de este asunto, la primera medida tomada por el actual equipo de gobierno ha sido la de convocar a los senadores Vicente Aparicio y Agustín Almodóbar "para que comprueben in situ la zona que sigue afectada y que sepan de primera mano los motivos por el que queremos llegar a un acuerdo", afirmó ayer Verdú.

Analizado

Vicente Aparicio, portavoz de Medio Ambiente del PP en el Senado, señaló que "queremos colaborar con la alcaldesa para resolver cuestiones específicas de estas playas. Hemos visto la zona del paseo y analizado el deslinde" y se comprometió "a trabajar para mejorar los efectos que este deslinde puede tener en el Plan General de Guardamar". Por su parte, Almodóvar, portavoz de Turismo del PP en el senado, dijo tras la reunión que "pretendemos que la nueva ley sea respetuosa con el medio ambiente, con el entorno, pero a la vez compatible con el ocio y con el disfrute" y, en definitiva, con una industria "tan importante como el turismo, que es número uno para nuestra provincia y muy en especial para Guardamar del segura".

La alcaldesa no ocultó su satisfacción por el interés de los senadores, aunque quiso ser cauta hasta que se publique la reforma de la ley "se ha trabajado mucho tanto desde el Ayuntamiento en la anterior legislatura como desde el Partido Popular cuando estaba en la oposición. Se crearon plataformas logrando 1000 firmas contra el deslinde de Costas"

http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2013/01/26/guardamar-reclama-fuera-ley-costas-200-casas-avenida-libertad/1337594.html

El nuevo deslinde de Platja de Muro ‘retorna’ a los propietarios originales 80.000 metros cuadrados que iban a pasar al Estado con el deslinde del 2010

La Demarcación de Costas en las Illes Balears propone un nuevo deslinde del dominio público marítimo-terrestre que substituye la propuesta del 2010 y que en la zona de la Platja de Muro ‘retorna’ a los propietarios originales 80.000 metros cuadrados de tierras que, en la primera propuesta, se preveía incorporar a la titularidad pública.

La propuesta de deslinde que hizo Costas, hecha por el equipo del socialista Celestí Alomar, supuso un fuerte varapalo y el consecuente enfado entre los propietarios de tierras en la Platja de Muro. La mayoría de los afectados de la propuesta de 2010 eran básicamente hoteleros, el propio Ajuntament de Muro y los titulares de algunos chalets o parcelas situadas en la primera línea del mar. La expropiación prevista era de 100.000 metros cuadrados de suelo.

A la vez en el año 2011 se hizo otra modificación que dejaba la cifra en 70.000 metros. Ahora, la última, y más reciente ya que todavía está en periodo de exposición pública, sólo prevé incorporar a la propiedad del Estado 22.000 metros cuadrados.

A todo ello el alcalde de Muro, Martí Fornés señala que «parecía que querían apropiarse de los solares municipales», en referencia  a la propuesta de 2010. «La línea de deslinde hacía cosas raras: en zonas retrocedía en otras estaba más adelante. No tenía sentido».

En definitiva Fornés se muestra moderadamente satisfecho con la nueva propuesta de deslinde, pero no completamente, y anuncia que el Ajuntament hará alegaciones. «Hay cosas que todavía se pueden mejorar»

http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/part-forana/ley-costas-expropiara-000-metros-cuadrados-menos-superficie-playa-muro.html

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO DEMARCACIÓN DE COSTAS EN LAS ISLAS BALEARES

• Información pública y nueva audiencia en el expediente de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de unos siete mil treinta y un (7,031) metros de longitud, corresponde al tramo de urbanización las gaviotas y barra antropizada (tramo 1) , en el término municipal de Muro (Islas Baleares). REF. ª DES01/08/07/0001
  http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8068/507470/informacio-publica-i-nova-audiencia-en-l-expedient

El cínico e impresentable discurso de la Vicepresidenta Saenz de Santamaria sobre los desahucios mientras ordenan confiscar y demoler las viviendas de familias que no deben nada a nadie

Muy pocos sentimientos ha demostrado tener para las familias a quienes despoja de su propiedad, las expulsa de su entorno, le destruye sus hogares y los deja con lo puesto y con las hipotecas; porque cuando confiscan la propiedad no se quedan con las deudas, les dejan sin vivienda pero con hipoteca.

Esto es lo que hizo su gobierno por el derecho a una vivienda digna.

Cuando Saenz de Santamaria tan sólo era diputada, esta Asociación ha tratado de que les reciba para informarle de la problemática que iban a heredar . 
Ni aún intercediendo por nosotros gente cercana a ella logramos concertar una entrevista, siempre se negó saber nada de nada, a si es que ahora que no venga haciendo pucheros. No cuela. Tiene el corazón de hielo.

Los negocios ocultos de la Ley de Costas. El fiscal pide cinco años de cárcel para Garau (ex jefe de Costas) por cobrar comisiones

El Ministerio Público atribuye al histórico jefe de Costas Antonio Garau un delito

continuado de cohecho por recibir sobornos / Reclama una multa de un millón de euros

La Fiscalía pide cinco años de prisión contra el histórico jefe de Costas de Baleares Antonio Garau y una multa de un millón de euros por cobrar comisiones. 
Atribuye a Antonio Garau la comisión de un delito continuado de cohecho por percibir sobornos y reclama para su mujer, Concepción Obrador, una pena de dos años de prisión por el mismo motivo al considerarla cooperadora necesaria en la recepción del dinero. Por ello le reclama también una multa de 300.000 euros. Asimismo pide que ambos sean juzgados por un tribunal del jurado.

El Ministerio Público se pronuncia en estos términos tras examinar la operaciones reveladas por EL MUNDO/El Día de Baleares en agosto de 2007. Tal y como desveló este diario, Garau exigió al hotelero Jaime Moll una comisión de 30.000 euros al año por no torpedear la concesión de los chiringuitos, las hamacas y las sombrillas de la playa de Sa Coma. Esta exigencia abarcaba el plazo de la concesión y, tal y como estipularon ambas partes, debía pasar de padres a hijos en el caso de que falleciera alguno de ellos. Por este motivo la Fiscalía reclama para Moll una pena de dos años de cárcel al considerarle culpable también de un delito de cohecho y pide que le sea impuesta una multa de 300.000 euros.

Tal y como relata la Fiscalía en su escrito de acusación, «durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 1990 y 2003, Antonio Garau, en su condición de funcionario
público y ostentando hasta el año 1992 el cargo de jefe de la Demarcación de Costas de Baleares, instó a Jaime Moll el pago de la cantidad de cinco millones de pesetas anuales».
«Dicho requerimiento», añade, «lo efectuó Garau mediante constantes presiones ejercidas sobre Moll merced de los contactos e influencias que en el ámbito de la Demarcación de Costas tenía». 
«Mediante la exigencia de la mencionada cantidad se ofrecía favorecer y en todo caso no perjudicar los intereses de Moll y los de su empresa Redo, S.A., al objeto de no resultar entorpecida la renovación anual de la autorización para la ocupación de bienes de dominio público-terrestre estatal con instalaciones desmontables de temporada en la playa de Sa Coma». 

Para camuflar la operación delictiva, y «al objeto de otorgar a la exigencia anteriormente descrita apariencia de legalidad, Garau confeccionó un documento sin fecha denominado «Contrato M-O» que debía firmar Jaime Moll y en el que la esposa del primero y también acusada Concepción Obrador, consciente y voluntariamente y de acuerdo con aquél figuraba como receptora de la mencionada cantidad de 30.000 euros
que, según el contrato, debía entregarle Moll a cambio de unos supuestos trabajos técnicos prestados por Obrador, ama de casa, que en realidad nunca se realizaron». 

Para intentar justificar posteriormente estos trabajos ficticios prestados al Grupo Royaltur, Garau aportó informes repletos de obviedades en los que llegaba a incluir aseveraciones del tipo de que «en la Playa de Palma hay muchos alemanes».

Tras poner Garau encima de la mesa la exigencia de la comisión, «los pagos se efectuaron por Moll por miedo a sufrir represalias en caso de no hacerlo y ante el temor de soportar cuantiosas pérdidas económicas para el caso de producirse los obstáculos administrativos anunciados por Garau». El pacto se cumplió y, por ello, «no constan expedientes de infracción graves impuestos a la mercantil Redo, S.A., durante los años en que Garau percibió dinero de Moll». 
«Los mencionados pagos se realizaron de forma periódica por anualidades, habiéndose materializado el último de ellos el 8 de noviembre de 2003».
En total Garau y Obrador percibieron mediante esta operativa más de un millón de euros. 

Tal y como relató el propio Moll en el juzgado los pagos los libraba anualmente en la sede del Banco de Crédito Balear, donde el ex jefe de Costas tenía una caja fuerte. En el hall de la entidad bancaria el hotelero le entregaba «paquetes de dinero negro bien hechos» que contenían la referida cantidad de 30.000 euros. Junto a estos pagos, Garau impuso a Moll la compra de obras de artes de nulo valor a precios astronómicos.

"Garau me dijo: ‘Tu hotel invade la  servidumbre de  Costas,  con 30.000 € de por vida te lo arreglo"

‘Doña Urraca’, ante el juez final (ESTEBAN URREIZTIETA)


La corrupción alcanza su paroxismo con la figura de Antonio Garau. A lo largo de la democracia española han aflorado las más diversas variantes de latrocinio pero no existe ningún caso comparable con el del que fuera durante casi tres décadas seguidas jefe de la Demarcación de Costas de Baleares. 
Con una codicia sin par este octogenario funcionario exigió impunemente a miles de concesionarios, sin importarle su edad y condición, un peaje para tramitar sus servicios. 
Su caso adquiere tintes extravagantes al revestir su corrupción de una falsa condición de marchante de arte. 
A todo aquel que necesitaba renovar un permiso le citaba en su domicilio particular de Illetas, Villa Conchita, que convirtió en una cueva atestada de lienzos en la que extorsionaba a sus víctimas. 
Un ex presidente de la Asociación de Clubs Náuticos de las Islas resumía la operativa a la perfección: «Un chiringuito, un cuadro». No había posibilidad de negociar. Por eso todos los clubes y marinas de las Islas están decorados con sus horripilantes acuarelas y su incalculable fortuna se cuenta en dinero negro. A tal extremo llegó su patológica usura que con la inmensa mayoría de sus fechorías prescritas, decidió, ebrio de avaricia, reclamar judicialmente los sobornos que veía percibiendo religiosamente de manos del otrora gigante hotelero Moll y recurrió para ello al portavoz socialista en el Parlament Antoni Diéguez.
El empresario menorquín renovó su concesión y se despojó de los pagos. Y Garau, enfurecido como un sátrapa africano, decidió interponer contra este empresario, que fue el único que se atrevió a decirle «no», una demanda civil.
Denunció ante un juez el impago de sus comisiones. Se celebró la preceptiva vista oral y
Moll contó la cruda verdad de los hechos. Doña Concha, la mujer de Garau, se derrumbó, y con ella se vino abajo todo el entramado tejido durante décadas por Doña Urraca, que tendrá que afrontar, por voluntad propia, el juicio final a su figura, pero también a toda una época.

¿Cómo es posible que no se enterara nadie en Madrid durante 30 años? En el Ministerio se sabe absolutamente todo, incluso ahora, que llevamos denunciando las arbitrariedades que se cometen con los deslindes, que hemos denunciado públicamente el gran negocio que supone para algunos la Ley de Costas, es como hablar con la pared. Obtenemos la callada por respuesta.
El Ministerio sabe que se han derribado viviendas sin orden judicial; que se construyen paseos y se llevan la arena de un sitio para otro sin evaluaciones de impacto ambiental, sin proyectos de ningún tipo, sin pagar las tasas correspondientes a Minas, sin medidas de seguridad...y todo por la avaricia y porque se han sentido inmunes.  
¿Cómo es posible que unos simples funcionarios crean que tienen Patente de Corso? ¿Por qué nadie ha querido investigar la cara oculta de la Ley de Costas?

¿Dónde estaba Costas mientras se destruía el litoral de Lanzarote y se hacían millonarios unos pocos?

La Fiscalía de Medio Ambiente denuncia corrupción urbanística en Lanzarote

La Fiscalía General del Estado ha confirmado oficialmente que ya ha dado por “ultimada” la Operación Yate, también conocida como caso “Reyes”, que investiga delitos urbanísticos en el municipio de Yaiza. En un comunicado, la Fiscalía hace público que el pasado 20 de diciembre dirigió un escrito al Juzgado que instruye la causa solicitando que se incoe el procedimiento abreviado, previo a la celebración del juicio oral.

Además, la Fiscalía ha adelantado que dirigirá acusación contra doce personas, sobre las que se han encontrado “altos indicios de criminalidad”. Hasta ahora, continuaban imputadas en el procedimiento trece personas, por lo que una de ellas quedará fuera de la causa.

Hasta ahora continuaban imputados el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, y otros tres técnicos del Consistorio, así como la mujer y tres hijos de Reyes, por blanqueo de capitales. Junto a ellos, también están imputados Simeón Camacho, Antonio Marcelo Machín, Benito Mesa Ferrer y Rafael Mesa Ferrer, por su presunta colaboración para realizar ese blanqueo, a través de las sociedades Acuimar Cachazo y Sea Sun Lanzarote.

Entre los delitos que se imputan están los de prevaricación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales, actividades y negociaciones prohibidas a funcionario público, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

"Un plan para enriquecerse"

La Fiscalía considera, “tras realizar una laboriosa Investigación”, que José Francisco Reyes, “actuando desde su cargo de alcalde, ideó un plan para enriquecerse durante el ejercicio de su cargo, abusando de la situación de poder que ostentaba en el ámbito urbanístico de la localidad de Yaiza”.

El fiscal decano de Medio Ambiente y Urbanismo en Las Palmas, Javier Ródenas, y el fiscal en Lanzarote de la sección de Medio Ambiente Ignacio Stampa, que ha llevado esta investigación desde su inicio, detallan en el escrito remitido al Juzgado cómo el imputado “logró recaudar ilícitamente una importante cantidad de dinero derivada de la masiva concesión de licencias urbanísticas que como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Yaiza fue otorgando de forma selectiva durante su mandato, provocando el nacimiento de un urbanismo a la carta que propició por la vía de hecho una alteración total de la realidad urbanística del municipio de Yaiza, logrando de este modo hacerse con un enriquecimiento no justificado que alcanza la cantidad mínima de un millón de euros”.

Los fiscales pormenorizan los indicios que revelan que el origen del patrimonio que consiguió amasar durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento de Yaiza, “en ningún caso puede estar vinculado o proviene de los ingresos conocidos del mismo, ni se justifica por los cobros que legítimamente percibió como alcalde, sino que ha sido adquirido como consecuencia directa de su delictiva política municipal instaurada en el delictivo otorgamiento de licencias urbanísticas”.

Testaferros y "grandes inversiones"

Para tratar de legitimar los beneficios obtenidos durante esos años, según el escrito de la Fiscalía, “el que fuera Alcalde de Yaiza se valió de diferentes procedimientos tales como utilización de testaferros, amortización en efectivo de un número considerable de préstamos bancarios y seguros, fraccionamiento de operaciones de efectivo de origen desconocido y, sobre todo, grandes inversiones mobiliarias e inmobiliarias abonadas con dinero en efectivo e ingresos constantes de otras tantas y cuantiosas cantidades de dinero en efectivo, en una multiplicidad de cuentas corrientes instrumentales, así como la creación de sociedades interpuestas a modo de empresas pantalla”.

Los fiscales concluyen que existen “claros indicios de que se prescindió de manera grosera en los expedientes administrativos de concesión de licencias urbanísticas de un trámite absolutamente esencial del procedimiento, dirigido a hacer valer y velar por el cumplimiento de los intereses insulares que legalmente tutela el Cabildo Insular de Lanzarote”, y de que “omitió deliberadamente requisitos insoslayables como la falta de informes jurídicos y la autorización turística de la que dependía la validez de la autorización municipal”.

Crecimiento "desenfrenado" que afecta a servicios básicos

Además, la Fiscalía subraya que al autorizarse “de forma desenfrenada miles de camas turísticas en contra de las propias determinaciones del Cabildo”, se impidió el necesario control del crecimiento, destinado a evitar un desarrollo “incontrolado” y que “pudieran afectarse servicios básicos de la Isla de Lanzarote”, como el agua y la luz. En este sentido, el Ministerio Fiscal señala que “una superación de las camas turísticas y edificabilidad mas allá de los límites previstos acarrea restricciones de servicios básicos que no pueden cubrir las desorbitadas áreas turísticas aprobadas por el citado alcalde”.

Durante la Instrucción, realizada en coordinación con la Brigada Provincial de la Policía Judicial, Sección UDYCO, la Fiscalía recuerda que se han analizado “con evidente signo incriminatorio una treintena de expedientes de concesión de licencias para la construcción de complejos hoteleros”. En esa lista se encuentran los expedientes administrativos para la construcción del hotel Meliá Volcán, del hotel princesa Yaiza, del hotel Papagayo Arenas, del hotel Dream Gran Castillo, de los apartamentos Iberostar la Bocayna, de los apartamentos Iberostar Papagayo Park, de los apartamentos Río Playa Blanca, del hotel Son Bou, del hotel Rubicón Palace, del hotel Iberostar Papagayo, del hotel Hesperia Puerto Calero, de los apartamentos Coloradamar en la parcela 12 plan parcial las coloradas, de los apartamentos Cay Beach papagayo en la parcela 14 plan parcial las coloradas, del hotel Natura Palace en la parcela 45 y 46 plan parcial montaña roja.

"Manifiesta y flagrante ilegalidad"

Además de licencias hoteleras, en la causa también se han analizado los expedientes administrativos para el otorgamiento de licencia de obras a la entidad “Puerto Deportivo Marina Rubicón, S.A”. y el expediente administrativo para la aprobación del Plan Parcial Playa Blanca.

Según la Fiscalía, en todos esos expedientes, el ex alcalde “otorgó entre los años 1998 a 2003 las licencias a sabiendas de su manifiesta y flagrante ilegalidad”. Además, subraya que esas licencias “vulneran al menos indiciariamente los acuerdos de suspensión del otorgamiento de licencias adoptados por el Cabildo durante la Revisión del PIOT (1998-2000), y fueron concedidas por un órgano municipal que en aquel momento tenía suspendida la potestad para otorgarlas y, lo que es más grave, se concedieron con pleno conocimiento de la vulneración de la legalidad que con la concesión de esas licencias iban a cometer, a sabiendas, además, de que autorizaban edificaciones turísticas incompatibles con el Planeamiento Insular (en ocasiones incluso incompatibles con las ordenanzas del propio Plan Parcial) y con los postulados introducidos en la revisión en tramitación (que era lo que se pretendía salvaguardar), sin tener en cuenta la carga edificatoria de la Isla”.

http://www.lavozdelanzarote.com/article74776.html

La respuesta a la pregunta es....

En Costas estaban muy ocupados planificando como destruir los poblados tradicionales que aún respetan el medio ambiente, el desarrollo sostenible y que viven en armonía con la naturaleza. 

foto Vanesa García Perez 

Propietarios de viviendas declaradas ilegales pese a tener licencia recurren a Estrasburgo

Un matrimonio de jubilados británicos que vive en Albox, en una casa sobre la que se ha dictado orden de demolición a pesar de que contaba con licencia municipal, llevará su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para intentar que éste resuelva una situación que hasta ahora la justicia española no ha podido solucionar.

La pareja, que no quiere dar a conocer su nombre para evitar la preocupación de sus familiares, presentará la acción bajo el respaldo de dos organizaciones –AUAN y SOHA- que agrupan a cientos de propietarios de viviendas del Almanzora y la Axarquía, en Málaga, y que denuncian la desprotección que padecen, pues muchos de ellos, como este matrimonio, se encuentran con órdenes de demolición aunque compraran sus casas «de buena fe» e incluso con licencias municipales.

En este caso, la Junta de Andalucía impugnó la licencia ante los tribunales, al igual que ocurrió con al menos otra media decena de afectados en Albox en 2009, y pretende que sean demolidas, como explica Gerardo Vázquez, el abogado de la asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora No' (AUAN), que sobre todo agrupa a propietarios británicos de esta comarca almeriense.

Se trata de un caso similar al de Len y Helen Prior, cuya casa en Vera fue demolida hace cinco años, el 9 de enero de 2008, «como resultado de una disputa entre su Ayuntamiento y La Junta de Andalucía», señala AUAN. En ambos casos las propiedades tenían todas las licencias necesarias.

Los Prior, tras la demolición de su casa, siguen viviendo en la que era su cochera, después de que según la organización el Ayuntamiento de Vera no le facilitara una vivienda similar a la suya, como resolvió la justicia con posterioridad al derribo, sino un pequeño apartamento.

Ahora este matrimonio, que ya había agotado prácticamente toda esperanza de que su casa no fuera demolida, llevará su caso al tribunal europeo. No obstante, el abogado Gerardo Vázquez es más ambicioso y se plantea la posibilidad de iniciar una acción en grupo para luchar conjuntamente contra "el laberinto jurídico del sistema español", viciado a su entender por "un defecto básico": el hecho de no considerar el derecho a la propiedad como un derecho fundamental, como sí ocurre en la Unión Europea. Sin embargo, España como país miembro de la UE ha suscrito el artículo 1 del Protocolo número uno del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho fundamental a la propiedad.

De hecho, en base a otra acción similar en España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dictado medidas cautelares para evitar la demolición de una vivienda en Madrid, algo que se espera conseguir también en Almería y para todos los incluidos en la acción iniciada desde aquí.

«Mi intención, a través de un procedimiento piloto, es informar al Tribunal Europeo de la existencia de este defecto del sistema jurídico español que afecta a muchísima gente», explica Gerardo Vázquez. «Si tenemos éxito, España tendría que modificar su sistema jurídico para que este defecto dejase de existir», añade.

La cuestión radica, a su entender, en el hecho de que en España el derecho a la propiedad está considerado como estatutario, muy limitado por su supuesta función social. «El problema es quién determina esa función social, ¿los políticos?, y la tensión que se plantea entre el derecho del individuo a tener su casa y el derecho de la sociedad», plantea el letrado.

No hay otra opción

«Creemos que no hay otra opción que acudir al Tribunal Europeo», dice la presidenta de AUAN, Maura Hillen. «En el caso de Len y Helen Priorel Tribunal Constitucional deliberó durante dos años sobre la cuestión de demoler o de no demoler la casa, mientras ya había sido aplastada. E incluso si la indemnización es en realidad otorgada por los tribunales españoles, se puede tardar hasta 15 años para recibir el dinero. No debe haber más demoliciones sin indemnización previa», señala.

Por su parte, Philip Smalley, presidente de SOHA (Save Our Homes in Axarquía), mantiene que «a pesar de que los problemas en la Axarquía son, en muchos aspectos, muy diferentes a los que hay en Albox, todos comparten una injusticia que debe ser corregida». «Si sólo uno de nosotros puede establecer este derecho fundamental de vivir en paz enuna casa comprada de buena fe, seguramente esto le ayudará a cambiar la intransigencia del sistema jurídico español y será un dinero bien gastado», concluye.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/09/andalucia/1357735949.html

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos suspende cautelarmente el desahucio de una familia en Madrid

La corte ordenó al Estado español paralizar el desalojo de una vivienda del Instituto de Vivienda de Madrid

El pasado 13 de diciembre, a las diez de la mañana, una familia más iba a ser desahuciada de la vivienda en la que residía. Se trata de una mujer de 24 años y sus dos hijos pequeños, que, en situación de exclusión, ocupaban irregularmente una vivienda vacía del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) en la zona de Vallecas desde hace tres años. La familia explica haberse visto en la tesitura de ocupar este piso después de haber solicitado en reiteradas ocasiones a las autoridades competentes una solución habitacional sin obtener ninguna respuesta. 

La Comunidad de Madrid dictó en febrero de 2011 un acto administrativo por el que acordaba la “recuperación posesoria” de la vivienda y un juzgado de lo Contencioso-Administrativo acordó proceder a la expulsión a pesar de las alegaciones del abogado de la familia, César Pinto Cañón (Abogados Díaz Pinto), designado por el turno de oficio en mitad del proceso. Pinto procedió entonces a interponer un recurso de apelación, “pero éste no suspende la ejecución del acto de entrada”, explica a DIAGONAL. Cuando el caso parecía irremediablemente resuelto a favor del IVIMA, el letrado decidió recurrir a una última opción: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, que tiene el poder de actuar cuando se haya producido o se vaya a producir la violación de un derecho fundamental.

 

Suspensión cautelar urgente

“El 6 de diciembre remití vía fax al TEDH una solicitud de medida cautelar de suspensión urgente ante la grave situación de la familia en precariedad económica y exclusión social”, explica Pinto, que alegó una posible vulneración del artículo 3 del Convenio de Roma [Convenio Europeo de Derechos Humanos], que establece que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”, además del artículo 8, que hace referencia a la protección de la familia. “Alegamos tratos inhumanos y degradantes porque se deja a una familia con menores en la calle sin adoptar ninguna medida, quedando ésta abocada a la precariedad y al desamparo”, afirma Pinto. 

 

El día 11, el TEDH remitió una pregunta al Estado español sobre qué “soluciones de realojo alternativas van a proponer [a la familia] y en qué plazos” para evitar la posible violación del artículo 3 del Convenio, y recibió una respuesta del IVIMA, firmada por su director gerente, Juan Van-Halen, en la que se hace hincapié en el hecho de la “ocupación ilegal” y se afirma que “la demandante no pretende la defensa de un derecho sino el reconocimiento de un privilegio”, para después referirse a una “amplia red de servicios de asistencia”, pero sin aportar ningún tipo de solución concreta.

 

Ante esta situación, el día 12 a las 20h el TEDH acordó de urgencia, “en interés de las partes y del buen desarrollo del procedimiento ante el Tribunal, no expulsar a la demandante y a sus hijos de la vivienda que ocupan”, además de la tramitación de urgencia de este caso y de mantener el anonimato de la familia para proteger su intimidad.

 

En la comunicación remitida al TEDH junto al informe del IVIMA por Francisco de Asís Sanz Gandasegui, abogado del Estado, previamente a la decisión del tribunal de suspender el desahucio, mostraba su desacuerdo porque “someter a la consideración del Tribunal el criterio de la adopción de una medida cautelar en este caso, además de injustificada, puede ocasionar un precedente perjudicial (sic) para las personas que se encuentran en situación de necesidad”. 

 

Con una opinión totalmente opuesta, el abogado César Pinto considera que este precedente es muy positivo, pues “en cierta manera es incluir dentro de los derechos fundamentales los derechos sociales como el de la vivienda”, y si el tribunal emite finalmente una sentencia condenatoria “sentaría también un precedente que puede servir como una línea de defensa”.

 

De momento, el tribunal, tras la presentación de una demanda formal por parte de Pinto antes del 10 de enero, deberá decidir si la admite a trámite, algo muy probable dada su decisión de suspender cautelarmente el desalojo por posible vulneración del artículo 3. En este caso, el Gobierno español tendrá la opción de negociar con la familia una solución o bien esperar la sentencia, sabiendo que si es condenatoria significará el pago de una indemnización o el subsiguiente realojo de la familia, además de ahondar en el desprestigio del Estado, que ya ha sido condenado en varias ocasiones por el TEDH por vulneración de derechos fundamentales.

http://www.diagonalperiodico.net/global/tribunal-europeo-derechos-humanos-suspende-cautelarmente-desahucio-familia-madrid.html

Ayamonte. El alcalde alerta de una "posible reactivación" del deslinde urbano

Rodríguez Castillo asegura que Costas "sigue avanzando en sus trabajos con dicho expediente" La medida expropiaría propiedades legales en toda la zona portuaria norte

El alcalde de Ayamonte, el socialista Antonio Rodríguez Castillo, ha mostrado a este periódico su temor por el hecho de que pueda ser reactivado en próximas fechas el expediente de deslinde que tanta alarma social despertó en la localidad en 2011 por afectar a buena parte del casco urbano, especialmente a su fachada fluvial, y que quedó en suspenso tras realizar el Consistorio distintas gestiones ante la Dirección General de Costas 

Según precisó el regidor, "aunque sabemos que el deslinde sigue parado, las noticias que me llegan de forma extraoficial son de nuevo alarmantes porque la Dirección General de Costas sigue avanzando en sus trabajos con dicho expediente de deslinde". 

El expediente de deslinde que afectaba al casco urbano "quedó paralizado antes de que saliese el Gobierno socialista, y podría ser reactivado ahora que gobierna el Partido Popular en Madrid". No obstante, insistió, "es algo que conocemos de forma extraoficial y por estamos esperando noticias sobre el tema". 

Rodríguez Castillo también dejó claro que "si al final se confirma la información que tenemos y la Dirección General de Costas sigue adelante con el expediente de deslinde del casco urbano ayamontino, nos vamos a oponer a ello, como ya hicimos cuando gobernaba el PSOE en Madrid, con todas las herramientas jurídicas y políticas que tengamos en nuestras manos para evitar que el deslinde sea una realidad" 

Unos 200 vecinos ya fueron citados por la Dirección Provincial de Costas el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2011 al objeto de ser informados sobre el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de la margen izquierda del río Guadiana colindante con el casco urbano de la ciudad fronteriza que tramitaba la entonces Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM). A dichas reuniones los vecinos afectados fueron citados en plena calle, y los técnicos de Costas mostraron sobre el terreno la delimitación provisional del dominio público correspondiente al deslinde, mediante su apeo, levantándose acta donde se hacía constar la conformidad o disconformidad de los vecinos, que en este último caso dispusieron de un plazo de 15 días para presentar alegaciones y proponer de forma justificada una delimitación alternativa. 

Este hecho venía causando desde dos meses antes a sendas actas de apeo un importante revuelo en la ciudad fronteriza entre los 200 vecinos cuyos bienes inmuebles se verían afectados por el deslinde ya que el entonces MARM iba a delimitar al detalle los terrenos que pertenecen al dominio público marítimo-terrestre al amparo de la Ley de Costas de 1988, que definía como tales las playas, dunas, marismas, acantilados, espacios ganados al mar y en general todos aquellos terrenos que van desde la marea más baja hasta donde llegasen las olas en los mayores temporales. 

El deslinde propiciaría por tanto que numerosas propiedades desde la zona portuaria norte de Ayamonte hasta el estero de la Nao, pasasen a ser de titularidad del Estado. Daba igual que fuesen totalmente legales y estuviesen perfectamente inscritas en los registros de la propiedad para que el Estado las considerase suyas, ordenase la anulación de las inscripciones registrales, y sus actuales dueños perdiesen todos los derechos de propiedad sobre ellas. 

La zona afectada por este deslinde es la parte del casco urbano que discurre paralela al Guadiana. Se trata, sobre todo, de las avenidas Villa Real de San Antonio, Andalucía, Muelle de Portugal y Muelle Norte, muchos de cuyos inmuebles pasarían a régimen de servidumbre. Ello implicaría que sus propietarios, entre otras cosas, tuviesen que solicitar una autorización al MARM para hacer reformas, o que aquellas edificaciones que se vayan declarando en ruina tengan que ser derruidas, no pudiendo construirse nada sobre el terreno que ocupaban. 

Muchos afectados consideraron entonces el deslinde un ataque contra Ayamonte y todo un despropósito hacia muchas familias, cuyos inmuebles quedarían afectos al dominio público. Además, para muchos ayamontinos, también supondría un ataque contra el patrimonio paisajístico, histórico y etnológico de la localidad, al afectar a una de sus zonas más antiguas. 

Es por ello por lo que todos los afectados mostraron entonces su predisposición a presentar alegaciones al deslinde, incluido el Ayuntamiento, que incluso habilitó un mecanismo para facilitar a los ciudadanos la tramitación de éstas.

http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1429443/alcalde/alerta/una/posible/reactivacion/deslinde/urbano.html

El Constitucional declara nula la ley que permitía construir Marina de Cope

El TC ha declarado "inconstitucional y nula" una disposición de la Ley del Suelo de la Región de Murcia

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado "inconstitucional y nula"una disposición de la Ley del Suelo de la Región de Murcia de 2005, porque su indefinición "crea inseguridad jurídica sobre todos sus destinatarios", por equiparar Espacios Naturales y Lugares de Importancia Comunitaria.

El TC estima así el recurso promovido en el año 2001 por 65 diputados del grupo socialista en el Congreso, aunque advierte de que, en contra de lo sostenido por éstos, no se puede hablar de "arbitrariedad".

El tribunal, frente a lo alegado por los recurrentes de que la disposición ahora anulada -la adicional octava- abría la puerta a la desprotección automática de unas 11.000 hectáreas de la red básica de espacios protegidos -entre ellos, los del proyecto de Marina de Cope-,señala que "toda apreciación sobre la alegada arbitrariedad se movería en el terreno de la pura hipótesis".

"No es posible -añade la sentencia- realizar un análisis de las motivaciones posibles de la norma y de sus eventuales consecuencias".

El Alto Tribunal afirma que es procedente la declaración de nulidad de la disposición combatida porque "genera inseguridad jurídica, en último término, sobre todos los ciudadanos, en cuanto a las concretas partes del territorio autonómico acreedoras de protección ambiental, con las consecuencias de todo orden que ello conlleva".

La sentencia recoge también que la indefinición generadora de la inseguridad jurídica que detecta se produce porque la norma anulada dispone que los límites de los Espacios Naturales Protegidos "se entenderán ajustados a los límites de los Lugares de Importancia Comunitaria", cuando se trata de conceptos distintos generados, además, por instancias distintas y con efectos igualmente diferentes.

La citada disposición fue duramente criticada no solo por el PSOE, sino también por organizaciones ecologistas que vieron en ella la posibilidad de que por la Comunidad Autónoma se ejecutara finalmente el proyecto de Marina de Cope, que contemplaba la construcción de 9.000 viviendas y veinte mil plazas hoteleras en este espacio costero.

Precisamente el pasado 21 de mayo la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia una orden por la que "tomaba conocimiento del texto refundido de las modificaciones de los Planes Generales de Águilas y Lorca en desarrollo de la actuación de interés regional Marina de Cope de planeamiento"

http://www.abc.es/local-murcia/20121220/abci-constitucional-declara-nula-permitia-201212202041.html

Deplorable debate de la modificación de la Ley de Costas en el Congreso

PP - Arias Cañete

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, reiteró este jueves que la Ley de Costas de 1988 se ha demostrado ineficaz a la hora de proteger el litoral y no ha respondido a sus fines y objetivos.

"Un litoral sostenible medioambientalmente", indicó Arias Cañete, "debe conciliar la preservación, mantenimiento y mejora de nuestras costas con todas las actividades que sean respetuosas y compatibles con la conservación del litoral, incluidas las económicas". 

Durante su intervención en el debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas en el Congreso, el ministro situó esta reforma como "uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para esta legislatura".

Según indicó, la reforma de la Ley de Costas de 1988, tras más de 20 años de vigencia, está motivada porque no ha respondido a los fines y objetivos que pretendía: mantener y conservar el buen estado de "nuestro extenso y valioso litoral", y porque "ha fomentado una aplicación errática, contradictoria, deficiente y muy arbitraria en algunas ocasiones, lo que ha provocado inseguridad jurídica para propietarios y titulares de derechos en la costa".

En su exposición, el titular de Medio Ambiente aseguró que la Ley de Costas de 1988 no ha sido eficaz en su principal objetivo de proteger el litoral. "Entre 1988 y la actualidad se ha producido la mayor degradación de la costa, con la masificación urbanística y la expansión de grandes pantallas arquitectónicas", precisó.

A juicio del ministro, esta ley también ha generado una gran inseguridad jurídica, tanto en sus aspectos esenciales como en las dificultades de su aplicación, "que ha sido con frecuencia parcial o tardía". 

Puso como ejemplo la cuestión de los deslindes, que determinan qué es dominio público y qué es servidumbre de protección, los cuales "se han realizado con criterios no homogéneos, de diferente forma según los territorios y las épocas, creando la consiguiente sensación de arbitrariedad y agravio comparativo".

Además, Arias Cañete destacó la "inadecuada" regulación de la ley en relación con los Registros de la Propiedad, "que ha propiciado que adquirientes de buena fe con títulos registrales vean cuestionadas sus propiedades". 

Por otra parte, indicó que, hasta ahora, "ha primado una visión limitada de la protección de la costa, que no valoraba adecuadamente la idea de compatibilidad entre calidad medioambiental y actividad humana para alcanzar un desarrollo sostenible". 

En opinión del ministro, "este concepto erróneo ha producido regulaciones excesivamente restrictivas, que no propiciaban la realización de actividades económicas, deportivas, de ocio o culturales, respetuosas con la costa y con la garantía del uso público y común de las playas y del litoral por todos los ciudadanos".

"CLÁUSULA ANTI-ALGARROBICO" 

En relación con la nueva ley, Arias Cañete explicó que las previsiones para reforzar la protección del litoral van dirigidas a preservar "lo que tenemos mejor conservado", a impedir que continúe la degradación de las áreas costeras más vulnerables y a dotar al Estado de mecanismos excepcionales de respuesta, cuando exista un riesgo grave para la protección del dominio público. 

En este sentido, añadió que el proyecto de ley distingue entre los tramos "urbanos" de las playas y los tramos "naturales", situados en zonas protegidas o en suelo rústico y alejados de urbanizaciones. Para ello, explicó que la ley prevé un régimen diferente, con objeto de dotar a las playas naturales de un elevado nivel de protección y garantizar que se mantengan sus valores medioambientales.

Mientras, "en las playas urbanas se asegura su conservación y se permiten los servicios que satisfagan las necesidades de los ciudadanos y del turismo de calidad, siempre de forma compatible con el uso común", recalcó. 

Por lo demás, Arias Cañete señaló la conveniencia de que la Administración General del Estado disponga de un mecanismo de reacción rápido y eficaz, que evite que se produzcan y se consoliden situaciones ilegales. 

En concreto, "me estoy refiriendo a la conocida como 'cláusula anti-Algarrobico', que permite al Estado afrontar el problema desde el principio, con respeto a la autonomía local, y que sitúa en los tribunales la decisión de fondo", aclaró. 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/79482/arias-canete-insiste-en-que-la-ley-de-costas-de-1988-se-ha-demostrado-ineficaz-para-proteger-el-litoral

PREGUNTA: ¿Por qué entonces mantienen la ley de 1988 tal y como estaba? ¿Por qué el PP y su modificación de la ley sigue confiscando y derribando las propiedades legales?

PSOE - Jose Luis Ábalos

El portavoz socialista de medio ambiente, José Luis Ábalos, afirmó este jueves que la reforma de la Ley de Costas que plantea el Gobierno del PP "es una vuelta hacia atrás" que "desprotege el litoral".

Ábalos fue el encargado de defender en el Pleno del Congreso la enmienda a la totalidad, de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la reforma de la Ley de Costas, argumentando que lejos de mejorar la protección del litoral, las medidas que incorpora el proyecto del Gobierno lo que mejoran, en perjuicio de éste, es el patrimonio y la rentabilidad económica de los negocios de determinados colectivos.

Para el dirigente socialista, que reivindicó la actual Ley de Costas, apuntando que "cuestionó el derecho sacrosanto de la propiedad instalada en el dominio público, con desprecio de su función social", el proyecto de ley que propone el PP no cumple su propia denominación "de protección y uso sostenible del litoral". En su opinión, constituye un compendio de medidas "a la carta" que más bien responden a intereses privados y están lejos de la protección del litoral y de la defensa del interés general.

"No sólo no supone un avance en la protección medioambiental de nuestro litoral, sino que es más bien un claro retroceso respecto de la regulación vigente a fecha de hoy", subrayó el diputado, quien añadió que la modificación de la ley "contradice la propia normativa comunitaria y va en dirección radicalmente opuesta a la que se encaminan los estudios e investigaciones científicas en nuestros días".

Ábalos cimentó el rechazo de los socialistas en que el conjunto de medidas contempladas en el proyecto del Ejecutivo implican un total desconocimiento de las disposiciones y recomendaciones aprobadas por la UE en materia de protección y desarrollo sostenible del litoral.

Además, insistió en que contraviene preceptos constitucionales, la jurisprudencia y doctrina del Tribunal Constitucional, así como otras normas básicas, y refleja una imprecisión intencionada cuya concreción se remite a un futuro reglamento.

También denunció que el PP se ampara en el conflicto de las viviendas que, por estar situadas en dominio público, obtuvieron una concesión, para generalizar la prórroga de 75 años al resto de concesiones cuyo fin es el aprovechamiento lucrativo.

El portavoz socialista comentó que esta reforma ha conseguido aunar muchas voces en su contra, tanto de organizaciones ecologistas como de colegios profesionales y expertos que alertan de los múltiples riesgos que conlleva. "Es fácil saber a quién beneficia esta ley", dijo Ábalos. "Les gusta a quienes tienen intereses patrimoniales que conservar".

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/el-psoe-dice-que-la-reforma-de-la-ley-de-costas-es-una-vuelta-atras-que-desprotege-el-litoral.aspx

Alguien debería decirle que el derecho a la propiedad, la suya y la de los demás, está protegido en la Carta Universal de los Derechos Humanos.

¿El Diputado Ábalos sólo cuestiona las propiedades de los demás? ¿Dónde está la función social de sus 5 propiedades? ¿Sólo él tiene derecho a conservar su patrimonio? 

Y es que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo...