El Ayuntamiento de Santa Cruz se compró a sí mismo el frente de la playa de Las Teresitas

SUSPENDIDA LA AUDIENCIA PREVIA DEL PROCESO CIVIL

El grupo de gobierno aporta a la Fiscalía nueva documentación que acredita que los terrenos comprados en 2001 por 53 millones de euros a Inversiones Las Teresitas eran de propiedad municipal desde 1967.

El caso de Las Teresitas da un vuelco de 180 grados. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha descubierto unos documentos que acreditan que el frente de la playa que la corporación compró a Inversiones Las Teresitas (ILT), de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, por 53 millones de euros en 2001, siendo alcalde el actual senador Miguel Zerolo, ya era de su propiedad.

El área de Urbanismo ha rescatado unos papeles que fueron entregados la pasada semana a la Fiscalía y que prueban que los terrenos pertenecían a la institución municipal desde el año 1967.

El primero de los documentos hallados por el consistorio santacrucero es un título de propiedad del año 1967 por el que la Junta de Compensación cedía el frente de Las Teresitas a cambio de que el Ayuntamiento hiciera la playa artificial. Este convenio recogía que, en caso de que no se ejecutara la playa, la Junta de Compensación recuperaría el frente, aunque debería pagar 50 millones de pesetas al Ayuntamiento como cesión por aprovechamiento urbanístico. El Ayuntamiento cumplió con lo estipulado y, por lo tanto, el frente de la playa quedó registrado a su nombre. 

Otro de los papeles descubiertos por Urbanismo es una ficha de Patrimonio del año 1998 en el que aparece el frente de Las Teresitas registrado a nombre del Ayuntamiento.

Entre la documentación entregada la pasada semana a la Fiscalía, también se encuentran unas notas de altos funcionarios del consistorio que probarían que habían maquinado una operación para devolver el frente de la playa de Las Teresitas a la Junta de Compensación, a través del abogado Mauricio Hayek, para que éste vendiera los terrenos a Antonio Plasencia e Ignacio González, de Inversiones Las Teresitas, la empresa a la que el Ayuntamiento le compró el frente en 2001.

La audiencia previa en el proceso civil donde se está dilucidando la reclamación de cantidad pagada por Santa Cruz por la compraventa del frente ha quedado suspendida después de que el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Jose Ángel Martín, se reuniera la pasada semana con la fiscal delegada de Delitos Económicos de la fiscalía de Tenerife, María Farnés,y le entregara la documentación descubierta.

Las fuentes consultadas por este periódico han explicado que lo más probable es que, una vez incorporada esta documentación a la causa, la fiscal se dirija al Tribunal Supremo, por el aforamiento de Miguel Zerolo, al encontrar elementos indiciarios de un delito de estafa en la operación de compraventa realizada en 2001.

En la causa se mantienen imputados trece empresarios, funcionarios, el exalcalde Miguel Zerolo, y otros exconcejales. Los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González han reclamado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 116 millones de euros por un presunto delito de lucro cesante tras no haber podido construir en el frente desde que se hicieran con las parcelas en 1998.

Cabe recordar que los empresarios adquieron los terrenos gracias a un préstamo de CajaCanarias de 5.500 millones de pesetas cuando aún no habían registrado Inversiones Las Teresitas y después de que se produjeran presiones a miembros del Consejo de Administración de la entidad para que votasen a favor de la concesión del crédito.

http://www.canariasahora.es/articulo/tenerife/ayuntamiento-santa-cruz-compro-mismo-frente-teresitas/20131002083720415146.html

Costa aprueba dos nuevos deslindes en Baleares realizados con la normativa de 1988 y sin haber aprobado aún el Reglamento

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la O.M. de 30 de septiembre de 2013, del deslinde del tramo de costa correspondiente a las islas menores e islotes de la isla de Mallorca, en los términos municipales de Palma, Calvià, Capdepera, Artà, Alcúdia, Soller y Andratx (Illes Balears). Ref. DES01/11/07/0001.

"I) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos trece mil ciento treinta y ocho (13.138) metros de longitud, correspondiente a las islas menores, anejas a la islas de Mallorca, Imperial, Na

Radona, Sa Galera, Conills, Malgrats, D´Es Sec, Toro, Sa Porrasa, D’En Salas, De La Torre, D’Es Mig, Sa Caleta, D´Es Freu, Faralló D’Aubarca, Aucanada, S´Illeta (isla de Sóller), Pantaleu, Escull D’Es Dos Pans, Dragonera, Cabrera y sus islotes y Conejera´, en los términos municipales de Palma, Calvià, Capdepera, Artà, Alcúdia, Soller y Andratx de la isla de Mallorca (Illes Balears), según se define en los planos a escala 1/1000 fechados el 9 de febrero de 2012, salvo los de las islas Conills, Malgrats, y Sa Porrasa, que son fechados el 7 de septiembre de 2012, y firmados por el Jefe de la Demarcación de Costas en Illes Balears y un Técnico de esa Demarcación.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/02/pdfs/BOE-B-2013-36525.pdf

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la O.M. de 30 de septiembre de 2013, del deslinde de un tramo de costa de unos 8.669 metros de longitud, correspondiente a las islas menores e islotes anejas a la isla de Menorca, en los términos municipales de Mao, Es Mercadal y Sant Lluís (Illes Balears). Ref. DES01/11/07/0002.

"I) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio público de unos ocho mil seiscientos sesenta y nueve (8.669) metros de longitud, correspondiente a las islas menores, anejas a la isla de Menorca, Plana, Lazareto, D´en Colom, D´Addaia Gran y D´Addaia Petita, en el término municipal de Mao, Sa Nitja y Bledas, en el término municipal de Es Mercadal, y L´Aire, en el término municipal de Sant LLuis (Illes Balears), según se define en los planos a escala 1/1000 fechados el 9 de febrero de 2012, excepto los 1/4 de la isla D´en Colom, 1/3, 2/3 y 3/3 de Lazareto y 1/2 y 2/2 de L´Aire que están fechados en 14 de noviembre de 2012 y firmados por el Jefe de la Demarcación de Costas en Illes Balears y un Técnico de esa Demarcación

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/02/pdfs/BOE-B-2013-36526.pdf

¿Costa pública o privada? (PABLO TORÁN)

Pese a que los medios de comunicación hayan silenciado este problema, la aplicación de la Ley de Costas ha provocado un enorme sufrimiento para un gran número de familias en España. De hecho, según informaciones que maneja la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, http://perjudicadosporlaleydecostas.blogspot.com.es/, la aplicación de esta norma ha supuesto el derribo de, nada más y nada menos, 13.000 propiedades a lo largo de la costa española y además, cerca de 400.000 viviendas están afectadas en la actualidad.

¿Qué ocurriría si una vivienda, que ha pertenecido a una familia desde la época de los Reyes Católicos, dejara de serlo a través de un acto administrativo? ¿Y qué pasaría si además de expropiarla no se pagase nada a los dueños por esa pérdida? ¿Sería un escándalo, verdad? Pues, en España, ha ocurrido.

Pese a que la Ley de Costas aprobada en 1988 –modificada en el presente año 2013- nació con el objetivo oficial de proteger el litoral español –objetivo que puede ponerse en duda al leer la exposición de motivos de la norma- lo cierto es que un simple vistazo a nuestras zonas costeras acredita que no se ha cumplido.  De hecho, el urbanismo salvaje ha sido una constante en la costa española durante la burbuja inmobiliaria.

¿Tiene la Ley de Costas una finalidad confiscatoria?

Para quienes no lo sepan, la aplicación de la Ley de Costas genera situaciones tan surrealistas como las siguientes: Una persona adquiere una vivienda ante Notario, paga los impuestos correspondientes y nadie, absolutamente nadie, le advierte de que el inmueble que acaba de comprar puede haber ocupado una zona ilegal.

Una vez adquirida la vivienda, su titular ve cómo el Estado, de repente, se adueña de su vivienda sin darle ningún tipo de compensación económica, alegando que el terreno ocupado por su vivienda es de dominio público.

Es decir, de la noche a la mañana, lo que era legal ya no lo es. Así, a través de un simple acto administrativo, el Estado declara que una vivienda de tu propiedad se ubica en una zona de dominio público y, sencillamente, la pone a su nombre.

 ¿Paga el Estado alguna cantidad a quién un buen día se ve despojado de su propiedad? Nada. Solamente le otorgan una concesión sobre ese terreno; concesión que adicionalmente puede “rescatar” el estado por una cantidad ínfima, pues una concesión vale mucho menos que un derecho de propiedad.

Otra de las cuestiones polémicas es lo que ocurre con los préstamos hipotecarios que gravan las viviendas que adquiere el Estado. ¿Se hace cargo de ellos la Administración Pública cuando pone a su nombre una vivienda? Para nada. Será el ciudadano, el mismo que ha visto cómo se quedaban con su vivienda, quién deberá seguir pagándolo.

Al igual que cuando a Winston, el protagonista de la novela 1984, le obligaban a aceptar que 2 + 2 eran 5 porque lo decía el Partido, la Ley de Costas tienes ciertos tintes orwellianos, pues obliga al ciudadano a aceptar una realidad distinta a la material. Es decir, el ciudadano tiene que aceptar que su vivienda, aquella que compró legalmente, nunca ha sido suya porque lo dice la Administración Pública.

A tenor de lo indicado, no resulta posible equiparar la expropiación de un terreno cualquiera con la expropiación de una vivienda a través de la Ley de Costas, pues la primera requiere (i) una declaración de utilidad pública y (ii) el pago de una indemnización al antiguo propietario en forma de justiprecio, que supone una garantía mucho mayor que la contemplada por la Ley de Costas, pues al menos el ciudadano recibe algo a cambio de la expropiación.

Es decir, la Ley de Costas se superpone y vacía de contenido tanto al derecho a la propiedad privada reconocida en el artículo 33 de la Constitución Española como al artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala la imposibilidad de privar a un sujeto de una propiedad privada, a través de la aplicación retroactiva de una polémica norma. La propiedad privada ya no es privada, sino pública.

En cuanto a las personas que hay detrás de la frialdad de las cifras, debe destacarse que, según datos facilitados por la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, en España existen aproximadamente unas 400.000 familias afectadas por su aplicación. De este número, aproximadamente un 70% son familias españolas y un 30% extranjeras, con el coste que a nivel de imagen supone para España que un extranjero vea cómo un estado se apropia de su vivienda sin abonarle ni un solo euro a cambio. ¿Se imaginan lo que supondría a nivel de opinión pública que un estado extranjero se adjudicase las viviendas de decenas de miles de familias españolas sin abonarles nada? Y, por otro lado, ¿cómo le explicamos a un ciudadano extranjero que su casa ocupaba una zona de dominio público y que ya no es suya? Esa persona se preguntará, cómo es lógico, cómo es posible que se la vendiesen y nadie le advirtiese sobre su posible ilegalidad, como es lógico.

Y, lo que es más preocupante, quienes han sufrido la aplicación de la Ley de Costas destacan tanto la tremenda arbitrariedad de su aplicación como la “creatividad conceptual” de quienes hacen los deslindes. De hecho, lo que es un acantilado junto a un monte puede ser en realidad  –porque lo dice la Administración- una playa, pues bajo todo ese terreno subsiste un sistema dunar que fue una playa hace miles de años, allá por el pleistoceno.

Por otra parte, también resulta preocupante que la esperanza de los afectados radique en los eurodiputados europeos, quienes han puesto el foco en el enorme problema generado por la Ley de Costas Española, no en los políticos españoles. De hecho, la Comisión de Peticiones del Parlamente Europeo ha emitido un informe dirigido a la Comisión Europea para que se investigue si la Ley de Costas Española incumple la normativa comunitaria y reclamando una compensación económica justa para quienes perdieron sus viviendas.

Finalmente, llama poderosamente la atención que el PSOE haya recurrido ante el Tribunal Constitucional la aprobación de la Ley de Costas, olvidando que fueron ellos quienes aprobaron una Ley de Costas que permitía vulnerar flagrantemente el derecho de propiedad privada de las personas. Será que ahora toca hacer política con el sufrimiento de quiénes no pueden defenderse. Nada nuevo bajo el sol.

http://www.mallorcadiario.com/costa-publica-o-privada/

El Parlamento Europeo pedirá a la Comisión que investigue la legalidad de la Ley de Costas

Un informe de la Comisión de Peticiones califica como «deplorable» que no se mejore la garantía de la propiedad

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo instó a la Comisión Europea (CE) a que investigue si la Ley de Costas española, que entró en vigor a finales de mayo, cumple las directivas comunitarias en un informe publicado ayer. En un escrito en el que también pidieron un sistema de compensaciones «justo» para todos los propietarios cuyas casas fueron demolidas o expropiadas en aplicación de la antigua ley, los eurodiputados calificaron como «deplorable» que con la nueva legislación «no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica con respecto a los derechos de propiedad» y lamentaron sus «deficiencias y ambigüedades» en cuanto a protección ambiental.

Hasta ocho directivas europeas, además de otras normas, podría infringir la Ley de Costas, según el informe del Parlamento, que solicitó a la CE que se pronuncie al respecto antes de diciembre de 2013. En concreto, recomendó a la Comisión que examine si la legislación española se ajusta a la Directiva Hábitat, la Directiva relativa a las aves silvestres, la Directiva marco del agua, la Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño, la Directiva relativa a las aguas residuales urbanas, la Directiva de evaluación ambiental estratégica, la Directiva relativa a las inundaciones y la nueva Directiva marco relativa a la gestión integrada de las zonas costeras.

El informe de la Comisión de Peticiones, redactado tras una visita de sus miembros a Madrid en marzo y aprobado por 16 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones, aseguró el «desarrollo económico, que, por desgracia, coincide casi totalmente con el sector de la construcción», es «incompatible con la protección de una zona costera muy vulnerable y ecológicamente frágil». Además, señalaron que el hecho de que la línea de demarcación pueda revisarse cada vez que se produce un cambio en la línea de la costa genera una inseguridad adicional, «pues lo que es legal hoy podría dejar de serlo mañana».

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/09/18/parlamento-europeo-pedira-comision-investigue/1033579.html

Europa no acaba de ver las bondades de la Ley de Costas

Piden una compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos

Cuando a comienzos de la pasada primavera estuvo por España una comisión del Parlamento Europeo para conocer de primera mano que había detrás de tantas denuncias recibidas en torno a la aplicación de la Ley de Costas por parte de las autoridades españolas, sus miembros ya dejaron entrever que el informe que iban a emitir. con destino a la Comisión Europea, iba a ser muy crítico. Y así ha sido.

En primer lugar, la Comisión del Europarlamento ha pedido a la Comisión que examine en profundidad si la nueva norma española de Ley de Costas cumple con la Legislación de la EU, incluida, incluida la ley de contratación pública europea cuando la infraestructura pública se construye sobre las propiedades expropiadas. Esto, por un lado. Por otro han remitido al Gobierno español una serie de recomendaciones, en todo caso no vinculantes.

Así, piden una compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares fueran objeto de derribo y expropiación, que refleje el valor de la propiedad de las personas afectadas por la Ley de Costas en lugar de conceder una concesión.

En cuanto a las construcciones ilegales en zonas costeras o próximas, meten presión a los jueces para que diluciden quienes, en cada caso, han sido los agentes privados o autoridades públicas que han concedido licencias de construcción, y por tanto, los compradores de buena fe tengan esa compensación.

Tampoco estaría de más, entienden los eurodiputados, una moratoria o paralización de todos los casos pendientes en los tribunales sobre viviendas en zonas costeras que puedan se objeto de una modificación de la linea de demarcación, al objeto de salvar del derribo aquellos edificios que después podrían quedar fuera del terreno público.

Otro asunto espinoso, como es la delimitación del terreno público, requeriría de la aplicación de criterios técnicos objetivos y a garantizar que donde se puedan necesitar derogaciones se justifiquen de manera clara.

De igual modo, instan a las autoridades españolas a mejorar la cooperación con las comunidades autónomas para regenerar el medio ambiente costero, degradado gravemente en muchas ocasiones debido a obras frecuentes y excesivas de construcción y proyectos inmobiliarios de probada ilegalidad.

Desde el punto de vista administrativo, otro punto a mejorar pasaría por actualizar los datos registrales y catastrales, de manera que los propietarios con intereses en las zona de demarcación sean debidamente informados sobre sus derechos y sus posibilidades de acceso a la justicia, algo que dejan entrever no ha resuelto adecuadamente la nueva Ley de Costas

http://www.inmodiario.com/144/17577/europa-acaba-bondades-costas.html#

VOTACIÓN COMISIÓN DE PETICIONES PE - INFORME PROPIEDAD PRIVADA Y LEY DE COSTAS

Proyecto de Informe

Deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre los derechos de propiedad y la Ley de Costas de 1988 en España, incluida una visita de investigación a España, los días 21 y 22 de marzo de 2013

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-510.751%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES

Enmiendas (Inglés)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/dv/madridworkingdocument-ams_/madridworkingdocument-ams_en.pdf

Jódar pide ayuda para declarar nulo el deslinde de Calnegre

El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, pidió ayer ayuda al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para que se declare nula la orden de deslinde de Puntas de Calnegre. El encuentro se llevó a cabo de forma privada en el Parador de Turismo minutos antes de que se iniciara un almuerzo oficial. Jódar le explicó que el Consistorio pretende alegar «indefensión» para reclamar al Ministerio que declare nula la orden que declara que el poblado pesquero de Puntas de Calnegre invade el dominio público-marítimo terrestre y debe ser demolido. «Le conté que mantuve una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, al que le di traslado de un dictamen jurídico sobre este asunto, en el que se acredita que la orden ministerial de 2005 no ratificó en realidad el deslinde del 77, como estaba previsto por el Gobierno, al no cumplir los requisitos formales que exige ese trámite, entre ellos el de audiencia a los interesados», explicó ayer a 'La Verdad'. 

El alcalde añadió que con esta base legal «se puede instar al Ministerio a que, de oficio, declare nula de pleno derecho esa orden del año 2005 y volveríamos de nuevo al deslinde del año 1977». Todos estos argumentos fueron planteados por el máximo mandatario al ministro quien aseguró -según Jódar- que «tomaba nota de todo lo que le hacía llegar». El alcalde reconoce que la situación del poblado de Puntas de Calnegre «es difícil», ya que la solución que se plantea es «una excepcionalidad» en la Ley de Costas. El ministerio, agregó Jódar, considera nuestra postura «razonable» y «se ha comprometido a estudiar la nulidad». En los últimos años todas las iniciativas para evitar su desaparición han sido infructuosas.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20130918/lorca/jodar-pide-ayuda-para-20130918.html

Bruselas pide compensaciones justas para los afectados por la antigua Ley de Costas española

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ha pedido un sistema de compensaciones justo para todos los propietarios cuyas casas fueron demolidas o expropiadas en aplicación de la antigua Ley de Costas española. Así lo establece un informe aprobado por la mayoría de los miembros de la comisión parlamentaria, que realizaron hace unos meses una visita a Madrid para reunirse con las autoridades españolas tras haber recibido en la Eurocámara un gran número de quejas de ciudadanos europeos afectados.

Los eurodiputados "recomiendan a las autoridades españolas que establezcan un sistema de compensación financiera completa y justa para todos los propietarios legales cuyos bienes inmuebles hayan sido objeto de demolición o expropiación por aplicación de la Ley de Costas", dice el texto. Esa compensación, según el informe -aprobado con 16 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones-, "debe reflejar el valor de la propiedad".

Asimismo, recomiendan a las autoridades españolas mejorar la cooperación con las comunidades autónomas para promover y regenerar el medioambiente costero, "que con frecuencia se ha degradado gravemente en muchas ocasiones debido a obras frecuentes y excesivas de construcción y proyectos inmobiliarios de probada ilegalidad".

Según reclama el informe, "las zonas de protección costera no deben ser utilizadas más para construir nuevas propiedades, edificios o viviendas". Igualmente, los eurodiputados reclaman que se actualicen los datos sobre el registro de propiedad y el catastro y que "todos los propietarios con intereses en las zonas de demarcación sean debidamente informados sobre sus derechos y sus posibilidades de acceso a la Justicia".

Por otro lado, reconocen en el texto "el esfuerzo significativo llevado a cabo por el Gobierno al aprobar la nueva Ley de Costas y resolver la mayoría de los problemas actuales", como "la situación de indefensión en que muchos europeos se han encontrado al construir de buena fe en la costa", así como "conciliar la protección de las costas españolas con el crecimiento económico".

Sin embargo, en otro informe sobre los trabajos de la Comisión de Peticiones del PE también aprobado, los eurodiputados expresan su temor a que "la nueva ley no resuelva los problemas de los peticionarios". Fuentes parlamentarias han explicado a Efe que los eurodiputados llaman así la atención sobre el hecho de que los eurodiputados confían en que se puedan resolver con la nueva ley los casos futuros, pero no las quejas anteriores a su aprobación.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó Madrid para analizar las denuncias presentadas por diferentes organizaciones y ciudadanos sobre la reforma de la Ley de Costas y estudiar si ésta vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y propiedad privada. Participaron en esa visita, entre otros eurodiputados de distintas nacionalidades, los españoles Carlos Iturgaiz (PP), Dolores García Hierro (PSOE) y Willy Meyer (IU). Esta comisión parlamentaria ha recibido más de un centenar de quejas sobre la Ley de Costas en los últimos años.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/17/suvivienda/1379429469.html

El PE lamenta que Ley de Costas no mejore protección jurídica de viviendas y pide a la Comisión que investigue

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha recibido cerca de 60 denuncias de ciudadanos de la UE contra la Ley de Costas española entre 2008 y 2012, considera "deplorable" que con la nueva española aprobada en mayo "no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica" sobre los derechos de propiedades. Por ello, cuestiona que esté "a la altura" de sus objetivos de "mejorar la protección concedida al medio ambiente costero", en un informe aprobado este martes por 16 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones.

    De este modo, la Eurocámara ha instado a la Comisión Europea examinar "a fondo" si la nueva norma española cumple la legislación de la UE, incluida la ley de contratación pública europea cuando la infraestructura pública se construye en propiedades expropiadas.

   Los eurodiputados han aprobado este martes un informe crítico con la Ley de Costas elaborado tras la visita de una delegación encabezada por la eurodiputada liberal austriaca Angelika Werthmann, principal autora del informe, el 21 y 22 de marzo a Madrid. El texto traslada más de una decena de recomendaciones no vinculantes a las autoridades españolas.

PIDEN COMPENSACIÓN ECONÓMICA JUSTA

  Entre ellas, piden la creación de "un mecanismo de compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares pudieran ser objeto de derribo o expropiación" por aplicar la Ley de Costas, rechazando así una enmienda del eurodiputado popular Carlos Iturgaiz para suprimir esta recomendación.    

   También han aprobado varias enmiendas del eurodiputado popular Peter Jahr en las que instan a las autoridades españolas a "conceder una compensación que refleje el valor de la propiedad de las personas afectadas por la Ley de Costas en lugar de conceder una concesión". Sin embargo, han rechazado otra enmienda de Iturgaiz que defendía que la sentencia del Tribunal Constitucional de 1991 "confirmó que las concesiones concedidas a todos los propietarios de viviendas legales dentro del dominio público marítimo-terrestre pueden ser consideradas como compensatorias".

   Por lo que se refiere a las propiedades calificadas de "construcciones ilegales" en zonas costeras o próximas, los eurodiputados piden a las autoridades judiciales españolas que "investiguen y enjuicien más rápidamente a los agentes privados o autoridades públicas que han actuado al margen del marco jurídico formal concediendo licencias de construcción" y que "las víctimas" que compraron "de buena fe" tengan "una compensación plena y justa" de las autoridades españolas.

   También reclaman en el informe aprobado "directrices claras" sobre la atribución de las concesiones a los actuales propietarios de viviendas en zonas costeras en base a "criterios objetivos y no discrecionales". No obstante, reiteran sus "serios reparos" en general a la existencia de tales concesiones, rechazando una enmienda de Iturgaiz para eliminar este punto sobre las reservas a las concesiones.

   La eurodiputada verde Margrete Auken ha retirado, por su parte, una enmienda en la que pedía diferenciar mejor "las condiciones para los regímenes concesionarios" especialmente entre las concedidas como compensación a los propietarios y las nuevas concesiones para actividades económicas en dominio público, donde debería primar "las condiciones medioambientales más estrictas".  Sí han aprobado otra de Jahr que defiende un equilibrio proporcional entre la protección costera y de las propiedades en esta zona.  

RECLAMAN MORATORIA O PARALIZACIÓN

   También han reclamado "una moratoria o paralización de todos los casos pendientes ante los tribunales" sobre viviendas en zonas costeras que puedan ser "objeto de una modificación de la línea de demarcación para salvar del derribo aquellos edificios que después podrían quedar fuera del terreno público", rechazando así también otra enmienda de Iturgaiz para suprimir esta petición.

   En relación con la delimitación del terreno público, la comisión europarlamentaria insta a las autoridades españolas a aplicar "criterios técnicos objetivos y a garantizar que donde se puedan necesitar derogaciones" se "justifiquen de manera clara y transparente", tras aprobar una enmienda de Iturgaiz, el único español que las presentó.

   Igualmente, instan a las autoridades españolas a mejorar la cooperación con las comunidades autónomas para promover y regenerar el medio ambiente costero "que con frecuencia se ha degradado gravemente en muchas ocasiones debido a obras frecuentes y excesivas de construcción y proyectos inmobiliarios de probada ilegalidad". "Las zonas de protección costera no deben ser utilizadas más para construir nuevas propiedades, edificios o viviendas", reclaman en el informe.

    Los eurodiputados piden, además, que se actualicen los datos sobre el registro de propiedad y catastro y que "todos los propietarios con intereses en las zonas de demarcación sean debidamente informados sobre sus derechos y sus posibilidades de acceso a la justicia", rechazando una enmienda de Iturgaiz para reconocer que la nueva Ley de Costas española "ha resuelto ahora los problemas con el registro de propiedades".

   Piden justicia "a tiempo y efectiva" en los procesos judiciales abiertos sobre propiedades porque "los retrasos excesivos en la administración de la justicia" es "inaceptable"  y subrayan la utilidad "posible" de remitir cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE.

   Los eurodiputados han aprobado otra nueva enmienda de Jahr para dejar claro que en las zonas declaradas como protegidas bajo la legislación europea o nacional deben ser protegidas "en lugar de reconstruir propiedad en ese terreno".

ESFUERZO DEL GOBIERNO

   Los eurodiputados sí han aceptado varias enmiendas de Iturgaiz que al informe, entre ellas, una en la que "reconocen que el Gobierno español  ya ha hecho un esfuerzo significativo aprobando una nueva legislación costera que resuelve la mayoría de los problemas pendientes" y "por tanto para proveer una mayor incertidumbre legal para los propietarios de propiedades".  

   También han aprobado otra enmienda que deja claro que la Comisión Europea siempre ha constatado que el régimen de propiedades sigue siendo una competencia del Estado miembro "y que sólo puede intervenir en circunstancias donde ha habido una presunta violación de la UE".

     La delegación, que se reunió con las autoridades españolas, ciudadanos afectados por expropiaciones y demoliciones y con representantes de las asociaciones ecologistas durante su visita, estuvo encabezada por Werthmann. También formaron parte de la delegación los eurodiputados 'tory' Marta Andreasen, la ecológica Auken y los populares Peter Jahr y Rainer Wieland, a los que acompañaron los españoles Iturgaiz (PP), Dolores García-Hierro (PSOE) y Willy Meyer (IU).

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-pe-lamenta-ley-costas-no-mejore-proteccion-juridica-viviendas-pide-comision-investigue-20130917131245.html

El TSJRM ordena a Costas tramitar una solicitud de obras para una casa de playa

Playa de la Pava (foto playasmur.blogspot.com.es) 

El afectado alegaba que su propiedad no está incluida e la zona marítimo-terrestre, por lo que la Demarcación no podía ampararse en que se iba a realizar un deslinde para no acceder.

La Demarcación de Costas de Murcia deberá tramitar, "a la mayor brevedad posible", la solicitud presentada por el propietario de una vivienda ubicada en la costa de Mazarrón para realizar obras de reparación y conservación, según lo ha dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM).

La sentencia indica que el solicitante pidió licencia para acometer las obras en su casa, que está ubicada entre la playa de La Pava y la de Nares, pero se encontró con que la administración le respondía que debía abstenerse de realizar cualquier obra y que debería solicitar una concesión.

En su demanda, el afectado señalaba que la decisión administrativa suponía una desautorización tácita de obras en su propiedad, para añadir que como propietario de la vivienda tenía derecho a realizarlas.

Asimismo expuso que, al contrario de lo afirmado por la administración, su propiedad no está incluida e la zona marítimo-terrestre, según el deslinde practicado en febrero de 1978, por lo que Costas no podía ampararse en que se iba a realizar otro para no acceder a lo solicitado.

Al estimar el recurso, la Sala de lo Contencioso del TSJRM señala que "la administración debió dar trámite a la solicitud de autorización de obras, requiriendo la documentación que estimara pertinente si entendía que la remitida no era suficiente".

Y añade que "transcurridos cuatro años, no se ha incoado el expediente de deslinde que se iba a practicar de oficio por la propia Demarcación de Costas, ni se ha comunicado al recurrente si tiene derecho o no a que se le autoricen las obras aunque sea en precario".

http://www.laverdad.es/murcia/20130905/local/mazarron/costas-jueces-ordenan-demarcacion-201309051009.html

SENTENCIA

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6804989&links=playa%20de%20La%20Pava&optimize=20130718&publicinterface=true

Lo de Costas es de juzgado de guardia. Imagínense por un momento que un condenado por cualquier delito ha cumplido su condena y cuando va a salir de la cárcel le dicen que no, que va a cambiar la ley y su delito se amplia en el nuevo Código Penal. El escándalo sería a nivel internacional. Jueces, abogados, ONGs y ciudadanos en general se llevarían las manos a la cabeza.

Pues ya ven, con la Ley de Costas ocurren cosas así y pasan desapercibidas. Costas decide que manda en la propiedad privada porque algún año, cuando se les antoje, harán un nuevo deslinde que te confiscará la casa, y como ya han decidido que es suya, no cambias ni un cristal. ¿Cuál es el objetivo? dejar que las casas se caigan a pedazos por falta de mantenimiento, se vuelvan inhabitables y den la sensación de chabolas, así nadie dirá nada cuando quieran derribarlas. 

Otro gran problema es que la Ley de Costas autoriza al Estado a hacer deslindes indefinidamente, o sea, que cuando existe una compraventa de una vivienda en la playa, todo puede estar perfectamente legal, pero como las "intenciones" de Costas no aparecen en el Registro de la Propiedad, meses o años después, quién compro dentro de la ley, se encuentra que ha perdido la propiedad y toda su inversión porque se la ilegalizan con un nuevo deslinde.

¿En qué otro país sucede esto? ¿Cómo se le explica esta situación Kafkiana a un extranjero? Imposible, es imposible de explicar.

EL NEGOCIO REDONDO DEL ESTADO: vende parte de su patrimonio y lo repone confiscando a los ciudadanos europeos sus legítimas propiedades con la Ley de Costas. Así siempre tendrá un nuevo stock para sacar a subasta.

Palacios, locales, terrenos... A la venta un 25% del patrimonio del Estado

El Plan Estatal de venta de activos inmobiliarios engloba viviendas, oficinas, solares, locales comerciales, fincas rústicas, edificios industriales, garajes, trasteros, inmuebles asistenciales y edificios singulares como la sede del la CNMV, valorado en 28,7 millones de euros

El programa impulsado por el Gobierno pretende deshacerse de todas estas propiedades públicas, entre las que se encuentran espacios naturales y edificios emblemáticos, en un periodo de tres años.

El palacio centenario, antigua sede de la CNMV, situado en el centro de Madrid, valorado en 28,7 millones de euros; la finca de la Almoraima en Cádiz, con una superficie de 14.109 hectáreas, dentro del Parque Natural de los Alcornocales o el antiguo edificio de Radio Televisión Española, también situado en Madrid, son algunos de los 15.135 inmuebles que el Gobierno ha decidido liquidar a través del Plan de ventas de inmuebles del Estado aprobado el mes de julio. El diario francés Le Monde se hace eco de adelgazamiento de activos públicos que llevará a cabo el Gobierno español y cuantifica la descapitalización inmobiliaria en una cuarta parte del total.

Este Plan que el Gobierno califica como "ambicioso"  se llevará a cabo en los ejercicios 2013, 2014 y 2015. Entre los activos públicos a liquidar aparecen viviendas (1.869, más 6.906 del Ministerio de Defensa), oficinas (126), solares (382), locales comerciales (805), fincas rústicas (4.832), edificios industriales (19), garajes y trasteros (16), inmuebles asistenciales (6) y edificios singulares (98).

La gestión de estos inmuebles está repartida por varios ministerios, así los centros encargados de venderlos dependen de Hacienda, Defensa, Fomento, Interior, Trabajo o Agricultura.

Fuentes de Hacienda aseguran que este plan "no sólo sirve para la reducción del déficit público, sino sobre todo la puesta en valor de muchos inmuebles o propiedades que tenían un uso deficiente o no estaban siendo utilizados para nada". Hacienda no ha dado respuesta acerca de qué porcentaje del total de inmuebles propiedad del Estado representan estas más de 15.000 propiedades.

Moncloa señala que "dentro de esa cifra global, destacan las previsiones de venta del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa con 8.170 inmuebles, si bien 6.906 son viviendas que deben venderse siguiendo los cauces especiales de la Ley 26/1999, que prevé que aunque éstas tengan la condición de enajenables, deben ser ofertadas, en primer término, dentro del colectivo de las Fuerzas Armadas".

El plan también subraya que "los inmuebles que, como algunas viviendas o locales comerciales, se encuentran actualmente arrendados, se intentarán vender de forma preferente a los actuales inquilinos" y añade que "en todo caso, el Programa tiene un carácter abierto, siendo susceptible tanto de ampliación, mediante la incorporación de nuevos inmuebles a las operaciones de venta, como de reducción, si se decide la reutilización de inmuebles inicialmente destinados a la venta". El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, confirmó ! que la finca de La Almoraima $Cádiz) no tenía comprador"y aseguró que "no se va a malvender".

El encogimiento del patrimonio inmobiliario del Estado ya comenzó en 2012 cuando el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, encargó vender 100 edificios en el centro de Madrid con el objetivo de ingresar 2.000 millones de euros por aquellos inmuebles que estuvieran en desuso.

http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-venta-inmuebles-publicos-propiedad_0_169733549.html

La Fiscalía del Estado investiga la venta de arena de la duna a Gibraltar

La Fiscalía General del Estado ha incoado las diligencias informativas 49/13 tras la denuncia de la asociación ecologista Verdemar de fecha 17 de julio por un "supuesto delito de hurto agravado y otros por la introducción de arena de la duna de Valdevaqueros en Gibraltar". 

El fiscal de la Sala de Medio ambiente y Urbanismo, Germán Gutiérrez, firma el acuse de recibo el día 2 y la pasada semana llegó a la sede del colectivo conservacionista en San Roque. En la denuncia de Verdemar contra el Ayuntamiento de Tarifa y otros, expone que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural solicitó consulta sobre el proyecto Retirada de arena de la duna de Valdevaqueros y aportes en las playas de los términos municipales de Tarifa y Algeciras. Esta consulta sobre las posibles afecciones del proyecto a la Red Natura 2000 del Estrecho se está estudiando en ese organismo. 

La asociación ecologista indica en su texto original que en el proceso de información pública "se ha estado extrayendo arena de la duna de Valdevaqueros y vendiéndola en Gibraltar". Esa arena habría sido utilizada para regenerar playas ganadas al mar en la zona este del Peñón de Gibraltar, lo que Verdemar denunció en la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea. 

Los ecologistas añaden que según la documentación aportada, el Gobierno de Gibraltar asegura que sólo ha comprado "2.950,23 toneladas de arena de Valdevaqueros", aunque este grupo ha "tenido conocimiento de que por la frontera han entrado más toneladas de las que aseguran", indicando que los registros pueden rescatarse de la Policía de la Frontera de Gibraltar. Así mismo destaca Verdemar que para introducir arena de la duna de Valdevaqueros en Gibraltar "se ha tenido que falsear la documentación y la procedencia de la arena". Estos hechos han sido denunciados ante el Ministerio de Medio Ambiente y de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España, sin tener ninguna contestación. 

"El hecho de que la Fiscalía General del Estado haya iniciado investigaciones por el supuesto delito de hurto agravado y otros es una buena noticia para el Medio Ambiente y para la defensa de un espacio protegido", indicó ayer el portavoz de Verdemar, Antonio Muñoz, quien solicitó que se depuren responsabilidades más allá de conflictos políticos puntuales. 

El ecologista aseveró que para introducir arena de la duna en Gibraltar, fue preciso falsear documentos y ocultar oficialmente la procedencia de esa arena, tal y como se especifica en la denuncia. Así mismo, destacó que "entre los supuestos implicados en la compra-venta de arena de Valdevaqueros podrían figurar empresas y autoridades españolas y gibraltareñas, que habrían preparado o aceptado documentos falsos. La investigación de los hechos debe favorecer la defensa de un espacio protegido y no intereses nacionales". 

El Gobierno de Gibraltar reconoció el pasado 15 de julio que como parte de un proyecto inicial de regeneración de la playa de Sandy Bay, firmó un contrato con la empresa Van Oord que debía suministrar arena de la duna de Valdevaqueros. Además, destacó que la empresa presentó pruebas de los permisos necesarios expedidos por el Ayuntamiento de Tarifa. El suministro de arena comenzó el 29 de abril y finalizó el 6 de junio. Durante este periodo apunta que se suministraron 2.950,23 toneladas de arena. Posteriormente, el Gobierno de Gibraltar optó por contratar a otra empresa para la provisión de 7.000 toneladas de arena procedentes de una cantera de arena y no de una playa.

http://www.europasur.es/article/comarca/1586996/la/fiscalia/estado/investiga/la/venta/arena/la/duna/gibraltar.html

La Fiscalía podría aprovechar para investigar la juerga que se trae Costas desde hace años con las arenas, áridos varios y machaqueos, en las regeneraciones y playas artíficiales. Puede que se llevara una gran sorpresa.

La Caja vendió una casa en dominio público que ahora Puertos quiere derribar

Hace dos años, la Autoridad Portuaria de Las Palmas comenzó a recuperar para el dominio público y el uso portuario los terrenos junto a la Disa, en Arrecife, frente al Telamón, el barco maderero que hundió a principios de los años ochenta. En esos terrenos se habían ido levantando varias casas, la mayoría chabolas, de forma irregular y dentro de la zona de servidumbre, pegadas a la marea. Todas eran ilegales, o al menos no contaban con escrituras de propiedad. Todas menos una.

La Caja Insular de Ahorros de Canarias era titular de una de las casas que había obtenido por un embargo y la tenía inscrita como propiedad suya en el Registro de la Propiedad de Arrecife, a pesar de que estaba en zona de dominio público marítimo terrestre. Se la vendió a Pepe Díaz, que entonces trabajaba como depositario de la Caja de Ahorros.

Se hizo el correspondiente contrato privado de la compraventa pero cuando Díaz fue a registrar la casa no pudo. Y lo que no se explica es cómo pudo inscribir La Caja (ahora Bankia) la casa a su nombre y él no.

El caso es que incluso en la escritura de la casa aparece que se encuentra en zona urbana y también referencia catastral, aunque el catastro no había informado al Ayuntamiento de la existencia de la casa, sino que tuvo que hacerlo el propietario, que hace poco tiempo recibió una carta que le anunciaba que debía pagar el impuesto de bienes inmuebles.

Los años fueron pasando con esos inconvenientes pero sin más problemas. Díaz no vive en esa casa, no es su residencia habitual. Pero de repente la Autoridad Portuaria de Las Palmas decide recuperar esa zona y tirar la casa, junto con las demás.

La única que queda ya en pie es la suya y resulta que aunque no está registrada a su nombre es a él a quien le envían los requerimientos para el desalojo, al que se opuso, aunque ha acabado perdiendo la batalla judicial y recientemente le llegó la notificación de que el Juzgado ya ha autorizado a la Autoridad Portuaria a derribar el inmueble.

Díaz señala que tiene pensado ponerse en huelga de hambre para reclamar la casa o una indemnización si se la derriban y va a denunciar tanto al Registro de la propiedad, que permitió hace años que se inscribiera una casa que, aparentemente, no podía ser inscrita, y a Bankia por venderle una casa que no puede poner a su nombre.

Para la Fiscalía, venta nula

Díaz denunció el caso en la Fiscalía, que no apreció “hecho delictivo” pero sí que dejó claro que si se consuma el desahucio y derribo del inmueble por encontrarse en zona de dominio público, “la venta realizada por La Caja sería nula” al estar “fuera del comercio” los terrenos “comprendidos en la zona marítimo terrestre” y cabría una demanda judicial.

http://www.diariodelanzarote.com/2013/08/19/lanzarote01.htm

Costas revueltas

ANTONIO ALONSO ORIHUELA (*)

Parece que la cosa esta revuelta. Tratándose de las costas canarias, sería mejor hablar de “revoltura” que es una palabra mejor aplicada en nuestro léxico.

Es tal el descontrol informativo, la desidia política, el conformismo del falso nacionalismo, las falsas promesas, y las hipocresías desmesuradas, que no sabemos cómo va a quedar las costas canarias, después de todo este vaivén de declaraciones, amenazas, y denuncias contra esta nueva reforma de la desafortunada ley de Costas de 1988.

Si a esto le sumamos la participación de los ecologistas con su informe anual, y las criticas del Parlamento Europeo (ese sitio donde vamos a pedir dinero) pues como resultado tendremos una marejada de despropósitos y de medias verdades, que al final, en el caso de estas últimas, se convierten en grandes falsedades.

Que las costas canarias, están muy construidas, es un hecho. Que nos sobran bloques, cierto. Pero que, quienes tenían que protegerla, mediante una norma estatal, en vigor desde 1988, han sido los verdaderos culpables del estado de las mismas, también es verdad, muchas veces, motivados por el interés económico, urbanístico, o turístico.

Como ejemplo de eso, citemos el caso los municipios del sur de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana o Mogán, con cientos de hectáreas de playas artificiales, destrozando el litoral natural, para hacer, playas de ensueño, explotadas mediante concesiones, por grupos hoteleros importantes, y autorizadas, en su mayoría, por un canario, José Fernández, antiguo director general de Costas, actualmente, director general de la Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias. Raro, Raro, muy raro, es que aquel que defendía el acceso a la costa, permitió grandes trozos del litoral, privatizados, por hosteleros, donde colocar una toalla, en la arena, es casi imposible, entre la abundante marea de hamacas, tumbonas y sofás balineses, todo de pago y legal.

Igualmente extraño, o anómalo, es que la histórica guerrera del medio ambiente, la aludid de las hordas del ministerio en las costas, Cristina Narbona, hable ahora, de que la nueva norma es un retroceso y que invita a la especulación urbanística y a un nuevo boom del ladrillo, cuando ella, la que vino a tranquilizar a los vecinos de Cho vito, diciendo que no se quedarían en la calle, la que defendió en las Cortes que el hotel Algarrobico no estaba en domino público, en un parque natural y a quince metros del mar, la que defendió hoteles ilegales con sentencia firme de derribo en Lanzarote y Fuerteventura, la que regaló el dominio público (de todos) a Barcelona mientras confiscaba la propiedad privada a otros, la que defendía con uñas y garras el medio ambiente, es ahora consejera del consejo de seguridad nuclear….Cristi, quien te ha visto y quién te ve…Mejor, no hables, ni tú ni los históricos de tu partido, pues con una ley socialista, se han cometido los mayores desmanes urbanísticos en la costa. Curioso es, que sigan en pie… se ve que la ley no va con ellos. Un consejo, mejor calladitos...

Si nos vamos a la nueva ley, pues vemos que no soluciona nada, y si viene a añadir más confusión, en una norma, ya de por sí, muy complicada.

El PP, se ha metido en un mar con oleaje, y salir de él le va a costar caro, Eso sí, algo bueno si han logrado; han puesto de acuerdo a ecologistas, afectados por la ley, grupos minoritarios, la oposición política, y hasta al parlamento europeo, en contra de la Ley de Protección y Uso Sostenible de las Costas; por romper, han roto hasta la igualdad entre ciudadanos reflejada en nuestra carta magna, incluyendo, además, varias definiciones, no contempladas en nuestra Constitución, del dominio público marítimo terrestre; tantas como les haga falta: una para Formentera, otra para las Salinas. Parece, como si a la niña del Presidente, y a sus primos, primas, y demás allegados, les hubiera dado un golpe de calor, mientras se remojaban en cualquier playa del litoral español, redactando al mismo tiempo, esta reforma de la ley, que va camino de ser mucho peor que la anterior norma, cosa, ya de por sí, que me parecía imposible.

Mientras, el Parlamento Europeo, ha escuchado a los cientos de miles de afectados por la Ley de Costas, y al gobierno Español, en sus quejas, y explicaciones. El resultado de esta investigación, críticas a la anterior ley, y a la reforma de la misma. Para esta institución, son claramente insuficientes las mejoras, llegando a exponer en su informe, que el medio ambiente costero español ha sido motivo de especulación e irremediablemente destruido en extensos tramos, sobre todo a lo largo de la costa mediterránea y las islas, no por los individuos que poseían propiedades pequeñas, sino debido a la construcción especulativa que había tenido lugar durante los muchos años después de la original Ley de Costas de 1988, impulsado por la complacencia y, a veces las prácticas corruptas de las autoridades políticas.(Informe Wertmann sobre la Ley de Costas. Parlamento Europeo. Julio 2013) Lo curioso de este informe, es que aunque fue publicado en julio de este año, ningún medio nacional, ni local, lo han publicado, e incluso, las grandes organizaciones ecologistas, lo omitieron, claro, esta, no se puede estar a favor de la ley de costas de 1988, y denunciar que durante el tiempo en vigor de la misma, se ha destruido prácticamente el litoral. Eso, amigos ecologistas, no cuela en Europa.

A todo esto, el gobierno de Canarias, y los nacionalistas, están a media mar. Ni se mojan, ni se quieren mojar. Estancados, en el asunto de las competencias, sin dar, una respuesta clara al gobierno central, en el asunto de los núcleos costeros traiciónales.

Cientos de miles de canarios, con la amenaza del derribo, y nuestros políticos, se centran en la vulneración de competencias autonómicas. Ni siquiera tienen una constancia real, de los pueblos afectados, ni si tienen escrituras e hipotecas, si son su primera vivienda o no…simplemente, eso no les importa. Es cierto, que después del dramático derribo de Cho Vito, se han preocupado un poco más, pero siguen buscando más el discurso político tranquilizador, que la acción clara y determinante de defender nuestras costas.

Y los afectados. Esos, muchos de los cuales, ni si quiera saben lo que se les viene encima. Ellos son los verdaderos perjudicados, los que sólo aparecen en las noticias de los derribos, las imágenes con sangraza, propias del periodismo fácil, más preocupados de vender la imagen de las lagrimas, que de investigar la realidad de lo ocurrido.

Los afectados, son carnaza para abogados sin escrúpulos, para falsas asociaciones de afectados, totalmente politizadas, que cobran fortunas, y dan falsas esperanzas a aquellos, que están condenados, aún sin entrar en los juzgados.

Está la costa canaria revuelta. Quizás ese sea el motivo, por el cual, muchos canarios, nos vamos de vacaciones a las costas de Croacia, de Italia, de Grecia, y vemos esos pueblos costeros con encanto, con las casas pegadas al mar, tan pintorescos, e incluso nos preguntamos, si no podemos tener algo así en Canarias. ¿Hipocresía?

(*) Articulista y vecino de Candelaria

http://s369060448.mialojamiento.es/noticia82001.php

La Audiencia Nacional anula el deslinde sobre el suelo reservado para una marina en Moncofa

La Audiencia Nacional ha decretado la anulación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la zona de Belcaire Nord de Moncofa realizado en 2010 por la caducidad del expediente. Se atiende así el recurso contencioso-administrativo que presentó el ayuntamiento moncofense a través de los servicios jurídicos atendiendo el mandato del pleno del consistorio del 30 de septiembre de 2010.

En este caso la anulación viene dada por una sentencia del 9 de julio y según fuentes municipales, el recurso propició la apertura del procedimiento tras solicitarse la anulación de la Orden Ministerial del deslinde. 

Según informaron ayer fuentes del consistorio, el motivo de la derogación de dicha orden es la caducidad del expediente pues el ministerio ha tardado más de 24 meses desde el inicio del procedimiento. 

Cabe recordar que con el deslinde aprobado por Costas en 2010 y que ahora se anula pasaban a ser dominio público marítimo-terrestre los más de 70.000 metros cuadrados del PAI Belcaire Nord que el ayuntamiento tiene todavía reservados para la construcción de la marina proyectada en Moncofa. 

Cabe señalar que los 235 metros de costa afectados por el deslinde eran en su totalidad propiedad municipal, justo en la zona donde se ubicaban antiguamente los chiringuitos o discotecas de verano.

El alcalde de Moncofa, Jaime Picher, destacó que "con el recurso presentado en su día hemos conseguido que se anule el deslinde y por tanto defender los intereses de la localidad" y "conseguimos que no se aplique el deslinde de 2010" en la zona de Belcaire Nord, aseguró ayer el primer edil.

Prórroga fuera de ley

Además los magistrados entienden que se realizó una prórroga desde el ministerio con "fraude de ley" según informaron ayer fuentes municipales. Desde el Ayuntamiento de Moncofa entienden además que se ha estimado el recurso municipal "con la anulación de la Orden Ministerial por caducidad del expediente, todo ello tras las pruebas practicadas en el seno del procedimiento seguido en Madrid".

http://www.levante-emv.com/castello/2013/07/31/audiencia-nacional-anula-deslinde-suelo/1020991.html

SENTENCIA

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6811159&links=moncofa&optimize=20130729&publicinterface=true