LA INOCENTADA DE MARIANO RAJOY ¡¡NO TIENE NINGUNA GRACIA!!

POLÍTICA ESPAÑOLA EN EL EXTRANJERO

Artículo 2. Principios y objetivos de la Política Exterior.

1. La Política Exterior de España tiene como principios inspiradores el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La Política Exterior de España defenderá y promoverá el respeto y desarrollo del derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Promoverá los proyectos de construcción europea y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como el multilateralismo en el seno de la comunidad internacional.

2. Son objetivos de la Política Exterior de España:

c) La promoción y consolidación de sistemas políticos basados en el Estado de Derecho y en el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas;

Artículo 16. Acción Exterior en materia de derechos humanos.

1. La Acción Exterior en materia de derechos humanos promoverá la extensión, reconocimiento y efectivo cumplimiento de los principios fundamentales defendidos por la comunidad internacional de Estados democráticos y reconocidos en la propia Constitución Española, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los demás pactos y tratados ratificados por España en esta materia, en especial las Directrices de derechos humanos de la Unión Europea.

2. Asimismo, promoverá la cooperación internacional en materia de defensa y garantía de los derechos humanos y contará para ello con el trabajo de proyección exterior de los órganos constitucionales.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3248

POLÍTICA INTERNA ESPAÑOLA VISTA DESDE EL PARLAMENTO EUROPEO

Conclusión: a falta de la intervención de los peticionarios, prevista para el día siguiente, la comisión concluye que existe un problema de seguridad jurídica y de indemnización justa, que las declaraciones de los representantes del Gobierno español y de la Comisión no son satisfactorias y que el Parlamento proseguirá el examen del asunto.

Decisión: solicitar al Presidente Buzek que remita un escrito al Presidente del Gobierno español, haciendo hincapié, entre otros, en la aplicación arbitraria de la ley, la falta de seguridad jurídica y la indemnización injusta; escribir una carta a la Comisaria Viviane Reding para solicitarle una aclaración de los aspectos de las peticiones relacionadas con la Carta de los Derechos Fundamentales y el CEDH. Los coordinadores debatirán otras posibles medidas de seguimiento.

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/pv/810/810130/810130es.pdf

LA AEPLC LES DESEA ¡¡ FELIZ NAVIDAD !!

Costas admite la plena consolidación de todos los núcleos del litoral de Marín

El ministerio asume los criterios del gobierno local y confirma el asentamiento urbano de Casás, Teoira, Loira y Aguete » El próximo martes se reunirá la comisión de seguimiento

Costas del Estado ha admitido finalmente el grado de consolidación de los núcleos de Casás, Teoira, Loira y Aguete Sur, siguiendo los argumentos presentados por el Concello de Marín en julio del año pasado. En un informe remitido por la Dirección General de sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, se asumen los argumentos de Marín para defender los asentamientos urbanos que aún quedaban por aclarar en su litoral, adaptándose a la nueva ley de Costas de 2013.

"Se puede concluir que los citados núcleos cumplen con el grado de consolidación exigido para aquellas áreas que no contaban con servicios urbanísticos a la entrada en vigo de la Ley 22/1988, informando favorablemente a la aplicación de la Disposición transitoria primera de la Ley 2/2013", expone en sus conclusiones el informe remitido por el ministerio.

Se incluye a Marín en la disposición transitoria de la ley, que se refiere a los municipios que ya disponían de plan urbanístico antes de la entrada en vigor de la ley de Costas del año 1988, porque el municipio disponía de normas subsidiarias con similar consideración.

Marín había resuelto en gran parte el problema de los núcleos del litoral, al aprobar el nuevo plan xeral de ordenación municipal. Sin embargo quedan pendientes de ordenación estos cuatro lugares.

Estudio

Para solventar la situación, el gobierno local presentó a los integrantes de la comisión de litoral un estudio de consolidación elaborado por el equipo redactor del planeamiento, con el objetivo de reducir la línea de servidumbre para justifica una consolidación de dos tercios en los núcleos del litoral de Casás, Teoira, Loira y Aguete Sur.

El estudio de la consolidación elaborado por el equipo redactor, realizado teniendo en cuenta los cuatro documentos que ya se realizaron anteriormente en el municipio, trataba simplemente de "plasmar la realidad existente", como explicó entonces la alcaldesa, María Ramallo.

Para adaptarse a la Disposición transitoria de la ley, que da cabida a estas excepciones, se tomaron unos parámetros de consolidación, según los cuáles, a la entrada en vigor de la ley de Costas de 1988, Casás tenía un grado de consolidación del 78,48%, para el núcleo de Aguete Sur se establecía un 92,03%, para Teoira un 73,67% y, finalmente, para el núcleo de Loira un 76,04%.

El cálculo se realizó aplicando un método gráfico, que pone en relación la suma de las superficies de las parcelas consolidadas en 1988, con la superficie total del ámbito, tras descontar los viales y zonas verdes existentes en dicha fecha.

El reciente informe de Costas informa favorablemente a la argumentación del Concello para consolidar dichos núcleos, con lo que el gobierno local da por concluida la incertidumbre que pesaba sobre las viviendas afectadas.

Reunión

Para determinar las conclusiones definitivas del informe recibido por el Concello, el próximo martes se reunirá la comisión de seguimiento de la ley del litoral, con la presencia de los responsables de Xunta y Costas del Estado.

http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2014/12/14/costas-admite-plena-consolidacion-nucleos/1149907.html

El Gobierno canario recurre ante el Supremo el Reglamento General de Costas

El Gobierno de Canarias ha recurrido ante el Tribunal Supremo el real decreto por el que se aprobó el Reglamento General de Costas, al considerar que esta normativa vulnera sus competencias autonómicas.

Canarias cuestiona en su recurso varias disposiciones sobre los núcleos de población en la costa, la clasificación de playas, la limitación de celebración de eventos y la ampliación de las afecciones a las parcelas sujetas a servidumbre de protección, según informa el Ejecutivo regional en un comunicado.

La comunidad autónoma alega que la determinación de qué suelos son merecedores de tener la condición de urbanos, a los efectos de aplicarles o no la servidumbre de protección de costas, es una competencia urbanística (por tanto, local y autonómica), de forma que no debería ser el Estado el que adopte esa decisión.

El Reglamento General de Costas obliga además a los gobiernos autonómicos a distinguir en las playas tramos urbanos y naturales y establece un régimen jurídico para cada uno de ellos.

El Gobierno canario entiende que esa obligación se excede de las competencias estatales, toda vez que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya al respeto y tiene reconocidas las competencias para la ordenación de las playas a las comunidades autónomas.

El reglamento también limita la celebración de eventos deportivos o culturales en las playas urbanas y establece que éstos tienen que tener relevancia nacional o internacional.

El Gobierno de Canarias recuerda que en las islas "existe una multitud de eventos deportivos, como campeonatos de windsurf o surf, que se vienen desarrollando en playas o tramos de playa naturales, y cuya prohibición no sólo perjudicaría los intereses de la comunidad autónoma, sino que iría en contra de la competencia que ésta tiene en materia de Deportes y Ordenación del Litoral".

El Ejecutivo de Paulino Rivero se opone además a que solo se autoricen eventos de ámbito nacional o internacional, "pues existen numerosísimos campeonatos insulares y locales en todo el archipiélago que son también de interés turístico y deportivo", argumenta.

La comunidad autónoma rechaza, asimismo, que el reglamento amplíe las afecciones en parcelas que se encuentran en la actualidad sujetas a la servidumbre de protección de la costa.

El Estado pretende con este documento ampliar la figura de protección a la totalidad de la parcela que tenga alguna parte afectada por las servidumbres costeras, aun cuando la mayor parte de ella se encuentre fuera de esa protección.

"En una comunidad que basa buena parte de su economía en el turismo asociado a los usos costeros, esta medida podría tener un efecto demoledor", advierte el Gobierno canario, "pues con ello se impediría, entre otras repercusiones, gran parte de la política que se está llevando a cabo de modernización de núcleos turísticos".

El Gobierno de Canarias también ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Costas, la ley que ahora desarrolla este reglamento.

http://eldia.es/agencias/7851742-LEY-COSTAS-Gobierno-canario-recurre-Supremo-Reglamento-General-Costas

Rebelión en Benidorm al proteger Costas 3.000 pisos del frente litoral

Más de 3.000 viviendas de la primera línea del Paseo de Levante de Benidorm quedarán afectadas por la nueva revisión del dominio marítimo terrestre que plantea Costas y que vuelve a situar el linde en la parte interior del paseo. Desde 1964, la zona de afección discurre por la línea pegada a la arena de la playa, pero Costas plantea ahora modificarla y devolverla a como estaba antes de esa fecha. La propuesta deja una servidumbre de paso de 6 metros y otra de protección de 20 metros.

Como ya publicó EL MUNDO, las alegaciones presentadas al deslinde por comunidades de propietarios y Ayuntamiento de Benidorm fueron desestimadas por el Ministerio salvo dos, las correspondientes al Hotel Selomar y Hotel Colon. La decisión no era definitiva puesto que el plazo de alegaciones aún permanece abierto y el consistorio ya ha anunciado que volverá a recurrir la línea de afección por considerarla «un atentado al modelo turístico y urbanístico de Benidorm», según dijo la edil de Turismo, Gema Amor.

La demarcación afecta a viviendas y hoteles de las calle Virgen del Sufragio y las avenidas Alcoy y Madrid, viales que dejarían de ser patrimonio municipal para ser propiedad del Ministerio. Desde los años 90, con la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, las calles de la primera línea de playa quedaron fijadas como bien municipal algo que ahora se pretende revocar.

Un total de 3.000 unidades que se verían obligadas a retranquear balcones y voladizos hasta la línea de la fachada si decidieran hacer cualquier tipo de obra puesto que dichos elementos vuelan sobre la zona afectada. Desde el Ayuntamiento de Benidorm afirman que esta condición repercutiría «en la imagen de la ciudad y, sobre todo, la seguridad de los transeúntes» puesto que dichos inmuebles no obtendrían permiso de obras ni para realizar restauraciones de las fachadas sin la condición de eliminar los salientes.

Cualquier actuación que el ayuntamiento necesitara realizar en los viales afectados requeriría de la pertinente autorización de Costas e, incluso, algunas propiedades tendrían que dejar de ser privadas para cambiar a titularidad estatal. «Cambiar una bombilla, repintar una farola o reformar un balcón requerirá de un trámite burocrático farragoso e innecesario entre administraciones», lamentó Gema Amor, quien advirtió de que tal circunstancia «va a provocar retrasos y un importante deterioro en la zona más valiosa de nuestra escena urbana». Por ello el gobierno cree «trascendental» tumbar la propuesta del Ministerio a como dé lugar para no «permitir esta tropelía» que terminaría por «quebrar un modelo que parte en los años 50 y que es pionero en el desarrollo urbanístico de España».

No se verán afectados por estas cuestiones los hoteles Selomar y Colón que quedan fuera del dominio marítimo terrestre. Estas excepciones han despertado los recelos de las autoridades municipales. El propio concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, dice no entender que se excluya del dominio marítimo terrestre sólo las confluencias del Hotel Selomar, Bilbaíno, edificio Túgar y apartamentos anexos al Hotel Colon. Por ello y aplicando el mismo criterio pide «que se amplíe a la totalidad el Paseo de Levante, ya que cuenta con las mismas condiciones de trama urbana e instalaciones de servicios públicos que la planteada por Costas».

Además tilda de «incongruente" que se declare zona de tránsito la Punta Canfali cuando las edificaciones existentes se asientan directamente sobre las rocas del acantilado «difícilmente transitables».

Sin embargo sí se declaró excepción a esta zona de tránsito el edificio municipal El Torrejó, antigua casa consistorial de Benidorm.

Así pues Ayuntamiento de Benidorm, propietarios afectados y hoteleros locales han decidido ir de la mano a la hora de presentar alegaciones para hacer «frente común».

Existen precedentes en municipios como Santa Pola, Guardamar o Alicante de zonas catalogadas de excepción al deslinde y Benidorm pide las mismas condiciones que estas localidades.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/11/20/546cf1ebca474150168b4582.html

LOS OTROS 'PEROS'

• Protección. El nuevo dominio marítimo terrestre delimita la ribera del mar con una servidumbre de paso de 6 metros y otra de protección de 20 metros.
• Zonas afectadas. 3.000 viviendas y unidades hoteleras de las avenidas Alcoy y Madrid y calle Virgen del Sufragio quedan afectada.
• 50 años atrás. La demarcación devuelve la zona de afección a la posición anterior a 1964.
• Punta Canfali. Las edificaciones situadas sobre los acantilados quedan afectadas por la servidumbre de paso.
• Calles. Las calles de la primera línea de la Playa de Levante dejarán de ser patrimonio municipal para pasar a ser propiedad del Ministerio de Medio Ambiente.

¡¡NOTICIÓN!! Jueces y fiscales se dan cuenta del "colapso en el Estado de Derecho" en España

Confianza de los ciudadanos en la Justicia (fuente: Comisión Europea)

Las principales asociaciones de jueces y fiscales denuncian en un comunicado conjunto el riesgo de colapso del Estado de Derecho ante la avalancha de casos de corrupción y la injerencia de la política en la Justicia

Las asociaciones de Jueces y Fiscales no quieren permanecer ajenas ante la grave situación de "máxima alarma" por la avalancha de casos de corrupción y han emitido un comunicado conjunto "apelando a la lealtad institucional y sentido del deber y responsabilidad constitucional de los poderes públicos para, de una vez por todas, atajar esta situación".

Riesgo de colapso

Según las asociaciones , "la sociedad española atraviesa por una situación de máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que nos sobresaltan en los últimos tiempos. Casos que socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho".

Perversión del sistema

Según el comunicado de jueces y fiscales, "el desarrollo del modelo constitucional de Poder Judicial realizado por las sucesivas legislaturas democráticas ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes que toda Constitución debe salvaguardar, tratando los partidos políticos -de uno y otro signo- de preservar relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber juzgarles".

Debilitamiento

La consecuencia según denuncian jueces y fiscales, "no es otra que el debilitamiento del Poder Judicial, único garante de corregir las desviaciones de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española".

Por ello, las asociaciones firmantes entienden que resulta necesaria la adopción de las siguientes medidas:

Evitar inaceptables injerencias del poder político en la elección de los integrantes del órgano del Poder Judicial.

Incremento inmediato del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de Jueces y Fiscales en España a la media europea.

Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).

Instauración de un nuevo modelo procesal penal, apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción.

Revisión del Código Penal a fin de sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos.

Mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.

Reducción del número de aforados en el ámbito político y limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.

Reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su eje.

El comunicado lleva la firma de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, el Foro Judicial Independiente, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales no han suscrito este texto.

http://cadenaser.com/ser/2014/11/06/tribunales/1415268931_965956.html

¿Cómo se han dado cuenta tan tarde? En 2009, en el Informe Auken ya se denunciaba: "14. Considera alarmante la falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español como un medio eficaz para obtener reparación y justicia" 

¿Cuándo ha existido en España el Estado de Derecho? NUNCA. Y mucha culpa de ello la han tenido los mismos jueces y fiscales, que ahora lo denuncian, por aplicar leyes que van contra todos los principios del Derecho de la Unión, cuando tiene en sus manos el poder inaplicarlas. 

¿Por qué no hablan de su responsabilidad en este "colapso"?

Costas S.A. salva a otros dos hoteles modificando la línea de dominio público. A los demás, ciudadanos europeos corrientes y sin agaraderas, se les confisca la propiedad

El Ministerio sólo ha atendido a las alegaciones del Selomar y Colón a la hora de variar su propuesta.

La Dirección General de Costas sólo ha atendido a las alegaciones de dos hoteles de Benidorm -Selomar y Colón- sobre la demarcación marítimo-terrestre que propone para esta localidad, según indicaron a este diario fuentes de la concejalía de Urbanismo. El caso del hotel Selomar, propiedad de la familia del senador Agustín Almodóbar, era de los más problemáticos, ya que su venta estaba bloqueada al pasar la línea de dominio público por debajo de los volados del edificio, lo que no permitía la concesión de licencia de obra si no se producía un retranqueo de todo el bloque.

El Ayuntamiento, en el mes de mayo, mantuvo reuniones con la Dirección Territorial de este organismo para tratar de buscar una solución a este problema. Aunque el objetivo del Consistorio iba más allá del Selomar. El área de Urbanismo intentaba que el Ministerio tuviera en cuenta que el Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm y el deslinde del año 1964 marcaba dicha línea junto a la zona del paseo que está pegada a la arena. De hecho, según el gobierno municipal, todavía están los mojones que así lo señalan. Costas, por contra, dibujaba esta línea por todo el frente fachada de los edificios de la zona, pasando además por bajo de los balcones del Selomar.

El objetivo del Consistorio era que esta línea no afectara a ningún edificio situado en primera línea de la playa de Levante. Es decir, en las avenidas de Alcoy y de Madrid. Sin embargo, de las 8 alegaciones que se presentaron (una municipal y siete particulares) sólo se han atendido dos: una del Hotel Selomar y otra del Hotel Colón. Cabe destacar, según fuentes de Costas, que no se trata de una aprobación definitiva, ya que todavía se está tramitando el deslinde. De hecho, tanto particulares como gobierno municipal pueden presentar nuevas alegaciones.

En la del Selomar sólo se desplaza la línea que había fijado Costas una serie de metros por la zona en la que se encuentra dicho hotel. Desde la Plaza del Torrejó a la avenida Martínez Alejos. Desafectando, por tanto, sólo tres edificios. Según fuentes municipales, el Ministerio ha esgrimido que "no es necesario" contemplar esta zona como dominio público. En la del Hotel Colón el desplazamiento que se realiza de la línea sólo se efectúa sobre este edificio, tal y como indican fuentes del área de Urbanismo municipal.

También reseñan algunas agrupaciones de vecinos estaban indignadas esta mañana en el Ayuntamiento con la decisión de Costas. Entre ellos algunos propietarios de establecimientos de la Punta Canfali, a los que les han marcado una zona servidumbre de seis metros sobre las rocas que dan al mar y que lindan con sus edificios.

Fuentes de la concejalía de Urbanismo subrayan que si Costas hubiera seguido los mismos criterios que en los hoteles Colón y Selomar, también desbloquearía la situación de Punta Canfali, "en la que un edificio ha solicitado licencia de obra para arreglar un problema por el que se están desprendiendo cascotes al mar, lo que supone un peligro para los bañistas".

Buena noticia para la familia del Selomar

El senador popular Agustín Almodóbar mostraba esta mañana su satisfacción por la decisión de Costas. "Los nuevos propietarios sólo tendrán que quitar un pequeño espacio de balconada, y con eso ya lo tendrían todo en regla", manifestó a este diario, además de precisar que la operación de venta, tras esta buena nueva para ellos, está casi cerrada y a final de año ya podría ser un hecho. Ahora, según dijo, sólo tiene que resolver su familia unos problemas administrativos al haber fallecido uno de sus miembros y existir una serie de trámites relacionados con la herencia. No obstante, dejó claro que el principal escollo que tenían ya está solucionado.

http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2014/10/31/costas-salva-hoteles-modificacion-linea/1562266.html

El comprador debería saber que estar en servidumbre de protección es estar fuera de ordenación, con todos los problemas que conlleva. Luego no se lleva ningún chollo.

Quieren tirar la casa de Quico y Fátima pero mueven los lindes por orden ministerial para salvar hoteles

(Pinchar en la imagen para agrandar)

PETICIÓN DE FIRMAS: Que no derriben injustamente la casa de Quico Bea

En el Derecho de la Unión, el derecho  a la vivienda es un derecho fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta. 

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha estimado que la pérdida de una vivienda es una de las más graves lesiones del derecho al respeto del domicilio  y que toda persona que corra el riesgo de ser víctima de ella debe en principio poder obtener el examen de la proporcionalidad de dicha medida 

Under EU law, the right to accommodation is a fundamental right guaranteed under Article 7 of the Charter.

In that regard, the European Court of Human Rights has held, first, that the loss of a home is one of the most serious breaches of the right to respect for the home and, secondly, that any person who risks being the victim of such a breach should be able to have the proportionality of such a measure reviewed.

Estamos intentando conseguir 5.000 firmas y necesitamos todo el apoyo que podamos conseguir. Puedes leer más y firmar lapetición aquí:

https://www.change.org/p/xunta-de-galicia-que-no-derriben-injustamente-la-casa-de-quico-bea?recruiter=51688755&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive

¡Gracias!
Juan Francisco

Concentración de apoyo ciudadano a los vecinos de O Grove a los que van a tirar su casa

Caricatura de Gogue en apoyo de Quico y Fátima

Las redes sociales son un clamor y en Facebook usan la noticia de FARO para una campaña de recogida de firmas

A las 21,30 horas comienza en la plaza grovense de O Corgo una concentración popular apoyo aJuan Francisco Bea Rodríguez (Quico) y Fátima Doçeu Bernabé, los dos vecinos de O Grove a los que Costas del Estado ha dado un ultimátum. En menos de un mes su casa, en el lugar de Ostreira, será derribada. La razón es que se trata de una vivienda ilegal, ya que ocupa el dominio público. Lo que sucede es que cuando la compraron, hace ya 15 años, no sabían de la existencia de expediente urbanístico alguno.

Ahora se exponen a perder su casa y todo el dinero invertido, además de quedarles pendiente aún una carga hipotecaria durante otros diez años.

Las redes sociales son un clamor, y la consigna utilizada, como se hará en la protesta vecinal, es "Todos somos Quico y Fátima".

A través de Facebook se ha organizado una campaña de recogida de firmas que como hilo argumental utiliza la información publicada en FARO DE VIGO hace unos días, cuando este caso salió a relucir.

Las firmas, a estas alturas más de medio millar, respaldan una petición que dice así: Juan Francisco Bea Rodríguez, al que todos conocen como "Quico Bea", es un conocido músico de O Grove que en menos de un mes puede perder su casa. Dice estar "desesperado" ante a difícil situación que debe afrontar, ya que además de perder su hogar, "y no tenemos dónde ir", puede quedarse también sin su único medio de vida y de trabajo, ya que este músico -un autónomo de 50 años- integra el dúo Prisma y en dicha residencia tiene instalado su estudio.

Pero sabe que las piquetas van a llegar, salvo que ocurra "un milagro" en el Tribunal Constitucional, donde ha presentado los recursos pertinentes. Lo más llamativo de este asunto, quizás, es que Quico Bea ni siquiera discute la legalidad de la casa. Sabe que ocupa zonas de protección, incluida en el dominio público de Costas. Lo que sucede es que lo supo después de haber comprado la vivienda, hace ya quince años. Se sitúa entre Laxe de Rons y Virxe das Mareas, cerca de conservas Isabel de Galicia. Entre esta casa y el mar, a unos ochenta metros, se ubican una depuradora y un galpón. Pero su casa es la que, presumiblemente, va a ser derruida, ya que está considerada ilegalizable. "Llevo quince años pagando la hipoteca de esta vivienda y me enteré hace cinco de que tenía pendiente una orden de derribo", alega este vecino grovense. Según su testimonio, el anterior propietario no le habría dicho que la casa era ilegal, y mucho menos que ya le habían impuesto diferentes multas coercitivas por la infracción urbanística cometida. Así que, convencido de la idoneidad de aquella vivienda, Francisco Bea se fue al banco, pidió un préstamo hipotecario y adquirió la propiedad. Casado y padre de dos hijos -aunque ya son mayores y ahora solo viven él y su esposa en la citada casa-, Bea insiste: "No tiene sentido que sea yo el que pague las consecuencias de todo esto, puesto que no cometí ningún delito". Y mientras apela a la jurisprudencia que puede darle la razón, reconoce que la casa está afectada por la Ley de Costas, que le dieron "un ultimátum de un mes" y, sobre todo, insiste en que su casa "no molesta a nadie, ni afecta a la línea de costa o a la playa y, desde luego, no perjudica al medio ambiente".

Mientras reflexiona en voz alta sobre todo lo sucedido en "estos últimos quince años de lucha judicial", Quico Bea confiesa que Costas ya le ha impuesto ocho multas "y me tienen las cuentas embargadas, por eso para pagar la hipoteca y demás recibos mensuales tengo que ir al banco y entregar el dinero en mano, casi como si fuera un delincuente".Dicho esto, el grovense termina con una exclamación, casi con una súplica: "Lo único que hice, repito una vez más, fue comprar una casa sin saber que tenía orden de derribo, porque me lo ocultaron; una vivienda que es la única que tengo y cuya hipoteca aún tendré que pagar durante los diez próximos años".

http://www.farodevigo.es/galicia/2014/10/20/concentracion-apoyo-ciudadano-vecinos-o/1115739.html

La Administración está obligada por ley a poner en el Registro de la Propiedad la carga del deslinde, algo que no ha hecho y que ha traído enormes perjuicios a miles de compradores de buena fe que ahora se encuentran en la situación de Kiko y Fátima.

Para quién no conozca la zona y pueda pensar que se ha destrozado un paisaje virgen o idílico, la fotografía de abajo dice lo absurdo de la situación. Es una zona poblada, con cientos de viviendas y empresas conserveras delante de la vivienda y mucho más cerca del mar. 

La pregunta es ¿por qué y para qué quieren derribarla?  Es todo un sinsentido.

(Pinchar en la foto para ampliar)

Publicado en el BOE el nuevo Reglamento de Costas

El PP prometió cambiar la Ley de Costas para dar seguridad jurídica, pero cuando se lee el nuevo Reglamento, ni haciendo un curso de lenguas muertas se entiende. Mal se puede cumplir una ley que el ciudadano no comprende ni sabe a qué atenerse.

REGLAMENTO

https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/11/pdfs/BOE-A-2014-10345.pdf

RESUMEN DEL REGLAMENTO DE COSTAS

COSTAS S.A. destruye uno de los paisajes más bellos de Santander con ayuda de Dragados y 1.000.000 de euros de fondos públicos

http://playacostacan.blogspot.com.es/

SOBRAN LAS PALABRAS

(fotos Diario Montañés/ Alberto Aja)

 

¿POR QUÉ NO VUELVE LA MINISTRA AHORA PARA VER LO "NATURAL" QUE HA QUEDADO?